Mientras la liberación del único condenado por el crimen de Lockerbie -localidad escocesa donde ocurrió, en 1988, la explosión de un avión de la línea estadounidense Pan Am-, provoca un escándalo político en Gran Bretaña y la indignación de la Casa Blanca, ningún órgano de prensa denuncia que en Miami viven, en total libertad, dos […]
Mientras la liberación del único condenado por el crimen de Lockerbie -localidad escocesa donde ocurrió, en 1988, la explosión de un avión de la línea estadounidense Pan Am-, provoca un escándalo político en Gran Bretaña y la indignación de la Casa Blanca, ningún órgano de prensa denuncia que en Miami viven, en total libertad, dos responsables del horrendo crimen de Barbados contra un vuelo de Cubana de Aviación.
Peor aún, Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, quienes no niegan su responsabilidad en la muerte de las 73 víctimas de esa explosión ocurrida en 1976, siguen predicando el terror y conspirando con extremistas, con la inercia cómplice del FBI.
Está claro que para Washington, Barbados y Lockerbie no tienen nada en común, ni siquiera que George Bush padre era jefe de la CIA cuando ocurrió el primer crimen y vicepresidente encargado de la Inteligencia cuando sucedió el segundo, ¿simple coincidencia?
Una comparación entre los modos en que las sucesivas administraciones norteamericanas manejaron ambos atentados lo cuenta todo.
El crimen de Escocia tuvo prioridad absoluta. La CIA, el FBI y todos los dispositivos de inteligencia de Washington pusieron sobre el caso sus efectivos más confiables.
Pero algo raro ocurrió. En los tres primeros años todas las sospechas y evidencias se orientaron contra el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), organización supuestamente vinculada a Irán.
Acusaciones que variaron cuando se inicia la Guerra del Golfo y se reorientan los intereses geopolíticos. La investigación hizo un giro de 180 grados y los mismos sabuesos imperiales se buscaron convenientemente nuevos sospechosos, ahora del lado de Libia.
Tan grandes fueron las presiones, que Trípoli terminó por entregar al ciudadano Abdel-baset Ali al-Megrahi a la justicia escocesa.
El 31 de enero del 2001, el acusado fue juzgado por un panel de tres jueces reunido en una sala de audiencia especial preparada en una base de la US Air Force, en la ciudad holandesa de Zeist, declarada temporalmente territorio británico bajo jurisdicción de la justicia escocesa.
El juicio estableció un récord de duración (84 días) en los anales de las cortes de Escocia y costó más de 150 millones de dólares.
Las evidencias presentadas fueron tan dudosas que después de la condena del libio a 27 años de prisión, el caso terminó finalmente ante una corte de casación con la perspectiva de hundirse.
Sin embargo, el caso Posada-Bosch ha sido totalmente distinto. La CIA, el FBI y demás agencias se quedaron de brazos cruzados ante un crimen cuyos autores conocían muy bien, por haberlos contratado y estar al tanto, con antelación, de sus planes terroristas.
Aquí los distintos procedimientos judiciales navegaron ante varias cortes venezolanas en circunstancias siempre dudosas, en medio de la controversia y hasta de denuncias por parte de magistrados. Hasta que el entonces embajador en Caracas, el omnipresente Otto Reich, consiguió la liberación de Orlando Bosch ante un tribunal que engrasó con sus propinas.
Con Posada, se procedió de manera diferente. La CIA, por intermedio de la Fundación Nacional Cubano Americana, compró la evasión de su agente con el personal del centro donde se encontraba detenido y lo ubicó, luego, en la base aérea salvadoreña de Ilopango, a disposición de Oliver North y de su jefe, George Bush.
De Bosch ni se habla desde hace ya rato. El viejo asesino, afectado de senilidad intermitente, mira el televisor en su bungalow de Hialeah. Y el cómo se integró a la sociedad norteamericana, agilizado por la congresista Ileana Ros-Lehtinen, por aquel entonces aspirante al Senado, apenas se recuerda.
En cuanto a Posada, liberado por el «peculiar» aparato judicial de George W. Bush (hijo), espera por un hipotético juicio ante una corte en Texas cuya jueza, Kathleen Cardone, ya lo calificó de luchador anticomunista.
Por esto, en la Casa Blanca nadie se estremece, ni el presidente Obama, ni su secretario de Justicia, Eric Holder, quien acaba de decretar la creación de un mecanismo para la investigación de los torturadores de la CIA.
¡Qué casualidad! Posada era de la CIA. Y también torturó.