La situación de miles de inmigrantes en Bahrein, hacinados en casas que las autoridades reconocen son inseguras, se agrava en medio de las protestas populares contra el régimen del rey Hamad bin Isa Al Khalifa. Después de Túnez y Egipto, fue el turno de Bahrein. Al menos siete manifestantes pacíficos han muerto por la represión […]
La situación de miles de inmigrantes en Bahrein, hacinados en casas que las autoridades reconocen son inseguras, se agrava en medio de las protestas populares contra el régimen del rey Hamad bin Isa Al Khalifa.
Después de Túnez y Egipto, fue el turno de Bahrein. Al menos siete manifestantes pacíficos han muerto por la represión de las fuerzas de seguridad, aunque no se han producido enfrentamientos desde el 17 de febrero.
Los manifestantes se niegan a abandonar la plaza Pearl, a pocos kilómetros del centro financiero de Manama y del World Trade Center.
Los negocios en la zona están reportando pérdidas debido a la reducción del número de clientes, que ante la crisis optan por no salir de sus hogares. Entre los afectados se encuentra el mayor mercado de este país, que da empleo a miles de inmigrantes.
Las protestas también pusieron de rodillas a la industria hotelera. Numerosas reservas, conferencias, exposiciones e incluso fiestas de bodas han sido canceladas, señaló Anwar Abdulrahman, columnista y editor en jefe del primero periódico bahreiní, Akhbar Al Khaleej.
Las dificultades económicas imposibilitan que muchos empresarios continúen brindando alojamiento a sus empleados en los denominados «campamentos de trabajadores», zonas donde habitan los inmigrantes, fundamentalmente en viviendas de madera.
Isa Mohammed es propietario de una peluquería para hombres y tres comercios de venta de teléfonos móviles en los que emplea a ocho inmigrantes, todos los cuales rentan una antigua casa por menos de 150 dólares al mes.
«Aun antes de la inestabilidad que afectó tanto mis ingresos, no era capaz de trasladarlos a un lugar mejor, porque estoy pagando al menos 25 dólares de impuestos por cada uno de ellos», señaló Isa.
Un gran número de inmigrantes en Bahrein viven en casas inseguras y en ruinas, las únicas que pueden pagar.
«En 2009, se advirtió a 250 propietarios de casas que debían refaccionarlas antes de ofrecerlas en alquiler, y la Oficina del Fiscal Público ordenó la demolición de 80 viviendas en la misma ciudad porque no estaban en condiciones de ser habitadas», indicó el ministro de Municipalidades y Desarrollo Urbano, Juma Al Kaabi.
«Si todas las organizaciones oficiales involucradas hubieran aplicado las reglas y condiciones relacionadas con los campamentos de trabajadores, entonces 90 por ciento de estos habrían sido evacuados», agregó.
Estadísticas oficiales indican que en Bahrein había 290.000 trabajadores extranjeros en 2009. Más de dos tercios de ellos residen en Manama y Muharraq, la segunda ciudad más importante de este país.
El censo de 2010, divulgado en febrero, confirmó que un gran número de inmigrantes llegaron en los últimos nueve años, y es la razón por la cual la población saltó de 650.000 en 2001 a 1.234.571 en 2010.
Los inmigrantes, que constituyen 54 por ciento de los habitantes de este país, cubren una amplia gama de ocupaciones, desde peones rurales hasta presidentes de compañías.
Pero la mayoría tienen trabajos con escasa remuneración en fábricas, obras de construcción, comercios, o como sastres, artesanos o personal doméstico. La mayor parte son asiáticos, especialmente indios, bangladesíes y pakistaníes, que no pueden pagar alquileres altos o no logran obtener un mejor alojamiento de sus empleadores.
La situación de los inmigrantes llamó la atención pública luego de que Susheel Kumar, un indio de 33 años, murió cuando el techo de la habitación donde vivía colapsó por las fuertes lluvias de enero.
Su compañero de habitación, Nandhi Kishore Bimal, también indio, dormía sobre una mesa y sobrevivió aunque sufrió fracturas en sus piernas.
En 2006, 16 trabajadores indios fallecieron cuando su hogar, en la misma zona de Manama, se incendió.
Los accidentes son comunes en ese tipo de viviendas, ya que la mayoría son de madera. Los inmigrantes no tienen otra opción que preparar su comida en las habitaciones, pues las cocinas por lo general se han convertido en dormitorios adicionales para recibir a más ocupantes, explicó a IPS la concejera municipal Fatima Salman.
«El traslado de estos trabajadores de las casas antiguas a zonas residenciales no se hará pronto ya que, con estos problemas financieros, las empresas no se arriesgarán a pagar 20 dinares mensuales por el alojamiento de cada uno de ellos en el único campamento construido por el gobierno que ya está pronto, en Muharraq», dijo por su parte a IPS el concejero Ali Al Muqla.
«No tengo otra opción que vivir en casas viejas, y es lo que he hecho en los últimos 15 años que he pasado en Bahrein», dijo el bangladesí Anwar Mohammed, quien, paradójicamente, trabaja reparando viviendas.
«Mi sueldo mensual es de menos 200 dólares y la mayor parte se lo envío a mi familia, así que pagar 25 dólares para compartir una habitación es algo accesible», señaló.
Anwar no se preocupa por el riesgo de habitar esas casas tan antiguas. «A lo largo de los años he vivido en Bahrein, me mudé a tres casas y todas ellas estaban en malas condiciones, pero nada me ocurrió, así que esperemos que la suerte siga de mi lado», dijo. Poco después de la muerte de los 16 trabajadores indios en 2006, el gobierno anunció que construiría tres grandes campamentos para darle alojamiento a más de 600.000 inmigrantes en diferentes ciudades. Por ahora sólo uno está listo en la zona industrial de Salman, y pocos se han mudado a allí.
«El alojamiento lejos de las zonas residenciales no es una buena opción para muchos de nosotros», explicó a IPS el pakistaní Iqbal Aslam. «Trabajo de forma autónoma como plomero, y tengo que estar cerca de mis clientes porque no cuento con un auto y no quiero gastar dinero en transporte», añadió.
El secretario general de la Federación General de Sindicatos Bahreiníes, Salman Mahfoodh, acusó al gobierno de no esforzarse resolver el problema.
«Debe haber una adecuada legislación para manejar los campamentos de trabajadores y se le debe dar al Ministerio de Trabajo el poder de inspeccionarlos para garantizar su seguridad», dijo a IPS. «Sin una adecuada legislación, los trabajadores pobres seguirán en riesgo».
Fuente: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97685
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