La gran crisis del capitalismo está permitiendo a la plutocracia financiera dominante destruir una a una todas las grandes conquistas socioeconómicas de los pueblos. Parecería que nada puede resistir a esa brutal aplanadora que cotidianamente deja un tendal de desempleados y excluidos. Y Canadá no es una excepción. En Canadá el 2011 terminó y el […]
La gran crisis del capitalismo está permitiendo a la plutocracia financiera dominante destruir una a una todas las grandes conquistas socioeconómicas de los pueblos. Parecería que nada puede resistir a esa brutal aplanadora que cotidianamente deja un tendal de desempleados y excluidos. Y Canadá no es una excepción.
En Canadá el 2011 terminó y el 2012 comienza con dos importantes cierres patronales (lock-out) para cortar los salarios y destruir a los sindicatos. El primer lock-out es el de la empresa Electro-Motive Canadá de London, provincia de Ontario, una filial de la transnacional Carterpillar de Estados Unidos (EE.UU.) que exige de sus 420 trabajadores la aceptación de una baja de 50 por ciento en el salario, las pensiones y beneficios. El segundo lock-out es en la fundición de la transnacional minera Río Tinto Alcan en Alma, provincia de Québec, donde 780 trabajadores fueron impedidos de entrar al trabajo después de semanas de negociaciones infructuosas para renovar el contrato colectivo de trabajo, que expiró el domingo pasado.
Ambos casos no sorprenden. La baja de salarios y de las pensiones, y el debilitamiento o la demolición de los sindicatos se han convertido en la norma en Canadá bajo el gobierno del primer ministro conservador Stephen Harper, que además ha limitado -por no decir eliminado- el derecho de huelga en el sector público federal y en el sector privado de registro federal, como fue evidente durante la reciente intervención del gobierno para poner fin a las huelgas en Correos Canadá -una empresa autónoma- y en Air Canadá, una empresa privada.
El año comienza, si uno sigue los titulares de los grandes diarios canadienses, como el Globe an Mail (G&M), con el recordatorio de que en las primeras tres horas del 2012 los ricos empresarios o ejecutivos ya ganaron el equivalente del salario anual promedio de un trabajador en el 2010 (1), o sea 44 mil 366 dólares canadienses (el dólar canadiense está casi en paridad con el estadounidense), y que el ingreso promedio de los «grandes jefes de empresas» en el 2010 fue equivalente a 189 salarios anuales del trabajador promedio, o sea de ocho millones 385 mil dólares, según los cálculos del Centro Canadiense para Políticas Alternativas (CCPA, en su sigla en inglés). Por su parte el Toronto Star, diario de mayor circulación en el país, destaca la misma información, enfatizando que en el 2010 los 100 ejecutivos mejor pagados del país se concedieron un aumento del 27 por ciento, mientras que el trabajador canadiense promedio solo logró un alza de 1.1 por ciento, o sea menos que la tasa de inflación.
Implantando la desigualdad a marcha forzada
Para quienes han vivido en Canadá durante las últimas cuatro o cinco décadas, como es el caso de quien esto escribe, es visible y palpable la rápida demolición a partir de mediados de los 90 y con una fuerte aceleración desde mediados de la década pasada, cuando los conservadores de Harper llagaron al gobierno, de un sistema que había alcanzado – entro de las economías capitalistas avanzadas-, niveles de igualdad más comparables a los países nórdicos de Europa que a los de EE.UU., como es constatable en las gráficas que miden el «índice Gini» en las últimas tres décadas de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El último informe de la OCDE sobre el aumento de la desigualdad en los países miembros (2) revela que desde mediados de los años 90 del siglo pasado se agranda la brecha entre ricos y pobres en Canadá: El tope de la pirámide canadiense, el uno por ciento de los ricos, vio pasar su parte de los ingresos totales del país de 8.1 por ciento en 1980 a 13.3 por ciento en 2007, y la parte de la riqueza que se apropian los más ricos, el 0.1 por ciento, pasó del dos al 5.3 por ciento.
En gran medida esto se explica por la baja de impuestos que favorece a los más ricos: la tasa marginal sobre los ingresos personales que impone el Estado federal bajó 14 por ciento: de 43 por ciento en 1981 pasó a 29 por ciento en 2010, según las cifras de la OCDE.
En cuanto las grandes y medianas empresas canadienses y extranjeras establecidas en el país, que según la agencia Estadísticas Canadá tienen atesorados en reservas y depósitos bancarios más de 583 mil millones de dólares canadienses y 276 mil millones en divisas extranjeras – lo que significa un aumento del 9.0 por ciento desde el 2010 y del 27.3% desde el 2007 -, en el 2012 y por quinto año consecutivo recibirán una baja de su tributación federal, un regalo de dos mil 850 millones de dólares del gobierno conservador de Harper.
En efecto, en el 2012 se aplicará un recorte de 1.5% a la tributación de las empresas, que de esta manera tributarán una tasa del 15.0%, o sea 7.5 por ciento menos que en el 2007, y 15.0 por ciento menos que en la década de los 90.
Como se pregunta el economista Jim Stanford, del sindicato de Trabajadores Canadienses del Automóvil (CAW, en su sigla en inglés), ¿por qué razón en tiempos de déficits fiscales el gobierno se endeuda aun más para aumentar los flujos de capital de empresas que no están invirtiendo en la economía el capital sobre el cual están sentadas?
La creciente desigualdad de ingresos en Canadá se debe en gran medida a la combinación de varios factores, y en particular a la liberalización comercial que comenzó con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (EE.UU.) a finales de los 80 y fue ampliado a México (el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN) en los 90. Esta liberalización comercial condujo directamente a la aplicación de las políticas de «flexibilización» del mercado laboral, o sea al combate contra los sindicatos para eliminar los contratos colectivos laborales que aseguran el empleo a tiempo completo, a la reducción de salarios, pensiones, beneficios marginales y condiciones laborales, y a la instauración del «trabajo independiente», que como señala el informe de la OCDE sobre Canadá «incrementa la desigualdad de ingresos» porque los trabajadores «autoempleados» en general ganan menos, no tienen pensión asegurada ni tampoco gozan de beneficios marginales.
En otras palabras, en una economía capitalista la sindicalización asegura mejores salarios para los trabajadores adherentes, pero también impulsa el aumento del salario mínimo. La eliminación de los sindicatos, el objetivo de la política neoliberal, es para reducir los salarios, las pensiones y empeorar las condiciones laborales.
Craig Riddell, economista especializado en asuntos laborales de la Universidad de Colombia Británica, afirma que el 20 por ciento de la desigualdad en materia de ingresos que se produjo en las últimas décadas en Canadá puede ser atribuida «a la baja de la densidad sindical», y agrega que esto es particularmente constatable en el sector privado, donde la baja de «densidad sindical» ha sido mas pronunciada.
Al papel de los sindicatos en la reducción de la desigualdad de los ingresos se han unido, históricamente, las medidas de redistribución del ingreso adoptadas a mediados de la década de los años 30 para combatir la Gran Depresión, incluyendo la tributación progresiva y las políticas de pleno empleo – el llamado Estado benefactor -, políticas estas que han sido o están siendo abolidas en las naciones del capitalismo avanzado donde están siendo aplicados los programas de austeridad para «reducir» los déficits fiscales.
De ahí la importancia del decreciente papel del Estado en la redistribución de la riqueza a través de la fiscalidad: Hasta mediados de los años 90, según la OCDE, el sistema tributario y de redistribución fiscal canadiense era tan efectivo para contrarrestar la desigualdad como los existentes en los países Nórdicos de Europa, logrando compensar más del 70 por ciento de la desigualdad por los ingresos provenientes del mercado (ganancias bursátiles, etcétera). El efecto de la redistribución ha declinado desde entonces y ahora «los impuestos y los beneficios solo compensan menos del 40 por ciento del aumento de la desigualdad».
De Canadá al AcáNada
En el diario G&M del pasado 16 de diciembre el académico canadiense Gerald Caplan alerta, en un articulo titulado «Be very afraid: Stephen Harper is inventing a new Canada», que hay que temer mucho el «nuevo Canadá» que el primer ministro Harper «está inventando» desde que llegó al gobierno en el 2006, y que ya «ha transformado dramáticamente el viejo Canadá».
Caplan destaca que en Harper se ve la «naturaleza de los verdaderos creyentes e ideólogos que creen que cualquier medio justifica sus sagrados fines», y retoma lo expresado por el analista canadiense Laurence Martín -del G&M-, de que al igual que los conservadores estadounidenses de quienes los ‘harperitas’ tienen tanta envidia, nuestro gobierno ha fabricado una nueva realidad que está imponiendo al pueblo canadiense.
El elemento central de la «nueva realidad» es la repudiación, cuando no le conviene al gobierno, de cosas tan «irrelevantes como las evidencias, hechos concretos o la racionalidad», y después enumerar ejemplos bien concretos a partir de acciones ministeriales, Caplan enfatiza que los «valores (del Canadá de Harper) exigen cambios fundamentales en nuestro proceso de gobierno, como el ataque directo de los sindicatos, las medidas sin precedentes adoptadas para silenciar a las organizaciones no-gubernamentales, la mordaza de los ostensiblemente independientes supervisores federales, y el desprecio de décadas de valiosa diplomacia canadiense en la ONU.
«El nuevo Canadá es un lugar donde se le ha dado al militarismo un más preciado lugar que a las operaciones para mantener la paz», y cita a Martín, para quien «bajo Stephen Harper el gobierno devino totalmente intrusivo () Los controles de Estado están ahora en el punto máximo de toda nuestra historia moderna. Y todas las indicaciones muestran que seguirán extendiéndose».
Cualquier observador de la política canadiense puede constatar el desprecio manifestado por el actual Ejecutivo hacia el Parlamento; el cambio radical en materia de política exterior para alinearse con las políticas más agresivas de EE.UU. e Israel; la salida del Tratado de Kioto para torpedear cualquier avance destinado a frenar el recalentamiento global; la conclusión de tratados y acuerdos (como el relativo al perímetro de seguridad continental con EE.UU.) negociados sin consultas y a espaldas del Parlamento, entre otras muchas cosas más.
La lista es larga, y como escribe el analista Campbell Clark al hacer un balance del 2011 (G&M, 28 de diciembre 2011) «en un año en el que el mundo fue sacudido por la crisis financiera y las insurgencias árabes, también sufrió cambios la posición de Canadá. Antes de salirse del campo de batalla en Afganistán, en julio, (el gobierno) se unió a la guerra aérea en Libia. Al terminar (esta guerra) el señor Harper cantó victoria, y prometió que los militares estaban listos para más (misiones). (Harper) bloqueó parte de la declaración de la reunión de los lideres del G8 que exhortaba a negociaciones de paz en Israel, y resistió a la mayoría (de la Asamblea General) de Naciones Unidas al oponerse vocalmente al pedido de reconocimiento de un Estado palestino».
Entre las instituciones canadienses que peligran, porque los conservadores no aceptan criticas ni mención de otra opinión que la gubernamental, está la emisora pública Radio-Canadá/Canadian Broadcasting Corp.
El 2012 también comienza en este Canadá de Harper con la iniciativa gubernamental para establecer, dentro del ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina de Libertad Religiosa (OLR), vista por analistas como otro signo del viraje conservador en materia de política exterior, y sin duda uno que entrelaza de manera sólida al gobierno conservador canadiense con los movimientos religiosos con posiciones muy conservadoras en el país y el extranjero. La OLR, según el G&M, podrá criticar públicamente a los «regímenes» que maltraten a las minorías religiosas, y sin necesidad de pasar por los filtros moderadores de la diplomacia ni expresar la posición del Parlamento.
En el «viejo Canadá» de la democracia liberal en un capitalismo bastante regulado, con sus muchos defectos que siguen vigentes o se agravan aun más bajo el gobierno de Harper, como la terrible situación de muchísimas comunidades indígenas, había empero muchas cosas positivas porque en el marco de América del Norte era la única sociedad relativamente igualitaria, progresista, afable, tolerante social y políticamente.
País de instituciones respetadas y respetables, con un Parlamento vibrante por el respeto de la división de poderes, del procedimiento legislativo y la vigencia de la oposición, con una política exterior con una que otra arista de independencia, ese Canadá está siendo arrasado por un gobierno que, al final de cuentas y más allá de los taparrabos usuales, retórica populista, cuestiones morales o religiosas, está sin vergüenza alguna al servicio directo de intereses económicos privados. ¿Cuáles?: Los principales son las compañías petroleras que explotan el sucio petróleo bituminoso de Alberta y quieren acceder a explotar el petróleo y el gas natural en las aguas de Ártico para abastecer el mercado estadounidense; las compañías mineras y de transformación de metales que explotan yacimientos de oro, plata, cobre, cinc y demás minerales en todos los continentes, y particularmente en América latina; de los intereses de grandes bancos de depósitos e inversiones canadienses, como el Bank of Nova Scotia (Scotiabank), para citar uno que tiene tentáculos en casi toda América latina.
Notas
(1) El CCPA utiliza las cifras del 2010 porque no estaban disponibles las del 2011.
(2) OCDE: http://www.oecd.org/document/10/0,3746,fr_2649_33933_49147850_1_1_1_1,00.html
– Alberto Rabilotta es periodista argentino.