Se cumplen tres años de enfrentamientos en Sudán entre el ejército regular y las fuerzas paramilitares, pero son décadas de guerra civil ininterrumpida en la nación del Valle del Nilo. El coste en vidas humanas, a falta de una estadística oficial, es de 2,5 millones y el de desplazados supera los 15 millones. Se considera el conflicto bélico más mortal del continente africano, salpicado por continuos golpes de Estado.
El origen de la reciente violencia procede del conflicto de Darfur en 2003. Los fur —la tribu principal que da nombre a la región— junto con los zaghawa y los masalit, son minorías de etnia negra que se rebelaron contra el gobierno de Omar al-Bashir, acusándolo de racismo y marginación social. El dictador respondió creando la milicia janjaweed, una unidad paramilitar preparada para imponer una campaña de limpieza étnica contra la población no árabe; el resultado de la represión fue de cientos de miles de muertos. Entonces, Naciones Unidas documentó atrocidades masivas en Darfur, aunque nunca las calificó formalmente de genocidio debido a los intereses políticos y diplomáticos que convergen en el territorio.
El expresidente Al-Bashir gobernó durante su régimen autocrático en alianza con el fundamentalismo suní, aplicando la sharia (ley islámica) y el código penal islámico, que discriminaban legalmente a las minorías étnicas. En 2019, fue finalmente derrocado y el gobierno de transición aseguró que sería trasladado a la Corte Penal Internacional para ser juzgado por genocidio. Pero, a día de hoy, todavía permanece bajo arresto militar en Sudán.
Jornadas de movilizaciones convocadas por la coalición Fuerzas para la Libertad y el Cambio derrocaron al dictador. Reunidos los grupos opositores con el gobierno interino, acordaron abolir la sharia en la nueva constitución con un decreto que separó definitivamente el poder del Estado y la religión.
El Consejo Militar de Transición cedió el mando al general Abdel Fattah al-Burhan, un oficial sin relación con los crímenes de guerra sucedidos en Darfur; seguidamente, el presidente de facto aceptó la formación de un gobierno civil provisional. Cuando el economista Abdalla Hamdok fue nombrado primer ministro, decidió pedir ayuda a EEUU, adquiriendo créditos millonarios del Banco Mundial y el FMI. A cambio del apoyo económico, el Gobierno de Hamdok aceptó firmar los Acuerdos de Abraham y establecer relaciones diplomáticas con Israel. Para Donald Trump, el premier sudanés representaba la esperanza de instaurar una “verdadera” democracia en el Cuerno de África.
En 2021, el general Al-Burhan, presidente en funciones, da un golpe de Estado y Hamdok es destituido. En su comparecencia pública declaró: “Hemos iniciado nuestro camino hacia la libertad y la paz, pero algunos poderes políticos siguen intentando mantener el control absoluto, sin prestar atención a las amenazas políticas, económicas y sociales”. Dos años después estalla la guerra civil entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF son sus siglas en inglés), el grupo paramilitar formado con las antiguas milicias janjaweed.
El conflicto se ha extendido por parte del territorio, repitiéndose el escenario del genocidio: la capital de la región de Darfur, El Fasher, fue asediada desde 2024 durante 18 meses por los paramilitares árabes. Miles de civiles resultaron ejecutados por los janjaweed en una campaña de limpieza étnica que ha obligado al éxodo de millones de habitantes, provocando la mayor emergencia humanitaria del planeta. Al frente de los paramilitares se encontraba el general y exvicepresidente Mohamed Hamdan Dagalo, alias “Hemedti”.
Las Fuerzas de Apoyo Rápido de Hemedti se han establecido en el oeste de Sudán, el ejército mantiene su control en el resto del país y Jartum, la capital. El origen del armamento de las RSF es oscuro; se afirma que reciben apoyo principalmente de los Emiratos Árabes Unidos y de Rusia a través del Africa Corps, aunque Moscú está comprometida en apoyar de manera más directa al ejército regular tras la firma de un acuerdo que le permite usar la base naval de Port Sudan, a orillas del mar Rojo.
La colaboración de los EAU con los paramilitares es el factor más decisivo en el conflicto. Históricamente, el propósito de Abu Dabi ha sido erradicar el poder de la democracia islámica como teoría en defensa de los valores culturales del Islam inherentemente democráticos. La doctrina exterior emiratí se ha basado en el suministro de armamento y el respaldo político a líderes autoritarios: apoyar el golpe de Estado en Egipto o al mariscal libio Hafter.
Es habitual el desvío de armamento emiratí hacia Darfur. Se envía por vía aérea rumbo a Libia o Chad, y desde allí es dirigido por rutas terrestres con destino a los campamentos de las RSF. Un artículo en The Guardian afirma que se ha descubierto material bélico británico que, según Naciones Unidas, podría haberse vendido a los EAU, violando la normativa internacional sobre la exportación de recursos militares que pueden ser utilizados en contra del derecho humanitario.
Al general Hemedti, comandante de los janjaweed, se le considera una de las personas más ricas de Sudán. Participó en el genocidio de Darfur en 2014, por su actividad militar el propio Al-Bashir le recompensó con varias minas de oro. Con el tiempo, Hemedti tomaría personalmente el control de los yacimientos auríferos de Jebel Amir, en Darfur. Desde entonces, el general sátrapa ha creado la empresa familiar Al-Junaid, especializada en exportar el metal precioso. El contrabando a Emiratos Árabes Unidos es el principal recurso para financiar la guerra y pagar el elevado costo del armamento moderno.
Sudán ve a Rusia como su socio más confiable; prueba de ello es que, en varias ocasiones, el Kremlin ha vetado en la ONU resoluciones que amenazaban su soberanía nacional. La relación con EEUU es más coyuntural: la firma del Acuerdo de Abraham se realizó a cambio de eliminar al país de la lista negra del terrorismo. De hecho, Jartum se enfrenta a una de las principales potencias de la Coalición Abrahámica: los EAU.
El control marítimo del mar Rojo, crucial para el comercio entre Asia y Europa, está ampliando el conflicto sudanés a una fase global. Entidades políticas como Somalilandia, nacida a la sombra de Israel, ofrecen sus bases a EEUU para contener a China en su condición de socio comercial estratégico. Arabia Saudí, líder de la Coalición Islamista —integrada por Turquía, Argelia, Pakistán y Egipto—, ha declarado ser un contrapeso al eje abrahámico, acusándolo de provocar inestabilidad con su agresiva política regional. Por su parte, ellos los culpan de no haber sabido contener el yihadismo radical.
Los países firmantes del Acuerdo de Abraham pretenden reordenar las relaciones militares y económicas a la vez que intentan expandir la normalización de lazos con Israel. Sus miembros han proyectado el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC), un eje terrestre y marítimo con el que unir India y Grecia a través de la península arábiga, pasando por Tel Aviv. Su trazado perjudica los intereses comerciales tanto de Egipto como de Turquía y, aunque Arabia Saudí firmó el pacto original del IMEC, el rechazo social a las relaciones con Israel es total.
La inestabilidad derivada de la escalada bélica plantea interrogantes sobre cuáles son los vínculos entre los países árabes o la conveniencia de que Grecia y la Unión Europea participen junto a Israel en un proyecto estratégico común.
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