El mundo ve a los generales de Myanmar y a su ejército como a «una panda de matones». El problema, sin embargo, es que no se les trata como tal.
En una reciente entrevista con The Irrawaddy, el consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Derek Chollet, calificó a los militares gobernantes como «panda de matones».
El resto del mundo, sin duda, especialmente los países occidentales o democráticos, estará de acuerdo con el término tras observar, desde el golpe de estado del 1 de febrero de 2021, la brutalidad y la violencia del régimen contra su propia ciudadanía.
Sin embargo, los Estados Unidos y el resto del mundo no tratan a los generales como «matones». Países en solitario y la comunidad internacional, en su conjunto, los han estado tratando como a escolares traviesos a los que hay que disciplinar.
Sus mayores actuaciones han sido la imposición de sanciones económicas contra la junta militar y sus dirigentes, la condena de los generales y la emisión de declaraciones que expresan preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas. Nada ha servido, no obstante, para que los matones del ejército dejen de cometer sus atrocidades contra el pueblo birmano.
Durante el último año y medio desde el golpe, solo se han recibido noticias trágicas desde Myanmar. El despiadado régimen mata, arresta y tortura a civiles a diario, incendiando casas y destruyendo pueblos y ciudades, brutalizando día y noche a toda la población.
Según las Naciones Unidas, el régimen militar ha asesinado hasta el momento a más de 2.000 civiles, ha detenido a más de 14.000 y ha destruido 20.000 casas, lo que ha obligado a más de 750.000 personas a huir de sus hogares. Sobre el terreno, el número real de víctimas mortales y de destrucción puede ser mucho más alto de lo que muestran las cifras.
Cada día es un día sangriento en Myanmar.
Los escasos castigos que, desde el golpe, han impuesto los Estados Unidos y algunos países occidentales no han podido disuadir a la junta de cometer atrocidades, ya reconocidas como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
¿Y cuál es el resultado?
El mundo sigue observando mientras el régimen continúa masacrando.
Los generales están luchando una guerra contra la propia población birmana de 55 millones de personas. Quieren consolidar su poder tras derrocar, de forma ilegítima, al gobierno civil electo. Quieren borrar el resultado abrumador de las elecciones de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) que lidera Daw Aung San Suu Kyi obtuvo una victoria aplastante.
Principalmente, el golpe de estado de la junta militar y la guerra resultante tienen como objetivos poner fin a la democracia y acabar con sus principios y normas, además de erradicar todas las fuerzas democráticas que luchan sin descanso para instaurar la democracia federal que quiere el pueblo birmano. Los generales buscan monopolizar la economía y todas las industrias en su beneficio. Porque, como todos los demás dictadores del mundo, quieren dirigir el país como su feudo privado.
Es la continuación de una guerra de décadas contra la población y sus aspiraciones, iniciada por la junta militar en 1962.
Pero esta vez el pueblo de Myanmar, cuyas aspiraciones se han visto frustradas continuamente por los militares de los últimos 50 años, en los golpes de 1962, 1988 y 2021, ha respondido con una resistencia sin precedentes contra los generales golpistas.
Dada la experiencia previa de vida con el ejército en el poder, la ciudadanía ha aprendido la lección: no queda más remedio que luchar. Gran parte de la juventud ha tomado las armas y ha formado su propio ejército.
En lo que respecta a la comunidad internacional que lidera los Estados Unidos, el pueblo de Myanmar también sabe por experiencia, especialmente después de su levantamiento nacional en 1988, que es poco probable que apoye su lucha por la democracia o vaya más allá del respaldo moral. La ayuda internacional al movimiento democrático, y los esfuerzos de países extranjeros por castigar sucesivos regímenes opresores, nunca han resultado eficaces para detener las atrocidades o la crueldad de los generales.
La situación no ha cambiado nunca.
En cuanto a la junta militar, aumenta su brutalidad cada día que pasa, librando una guerra injusta contra su propio pueblo, utilizando medios cada vez más inhumanos y vengativos.
A principios de junio, el régimen ordenó la ejecución de civiles antigolpistas, entre ellos dos respetados y destacados activistas prodemocráticos: Ko Phyo Zeya Thaw, legislador de la destituida NLD, y el veterano activista prodemocracia Ko Kyaw Min Yu, también conocido como Ko Jimmy, por sus actividades de resistencia al golpe. En varias ocasiones, el portavoz del régimen ha confirmado sus ejecuciones, insistiendo en que la sentencia está justificada.
La noticia ha impactado al pueblo de Myanmar. Sin duda, las sentencias son una fuente de angustia constante, tanto para los activistas condenados a muerte como para sus familiares en el exterior.
La gente está furiosa y se siente impotente.
A finales de junio, los generales enviaron a la líder electa Daw Aung San Suu Kyi, quien ha estado bajo arresto domiciliario desde el golpe, a una prisión donde ahora se encuentra en régimen de aislamiento.
Es una noticia atormentadora para la ciudadanía birmana, que en su mayoría la votó en las elecciones de 2020. Enviarla a la cárcel, con sus ya 77 años, es una forma de tortura, piensan, ya que sufrirá las duras condiciones del encarcelamiento en prisión.
Esto también hace que la gente se sienta enfadada y todavía más impotente.
¿Y cómo ha respondido la comunidad internacional?
Como siempre, condenando «enérgicamente» al régimen por sus horrendas acciones.
El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, comentó: «Los Estados Unidos condena enérgicamente los planes del régimen militar birmano de ejecutar a los líderes opositores y en favor de la democracia, lo que ilustra su desprecio por los derechos humanos y el estado de derecho. Instamos a la liberación de todas las personas injustamente arrestadas».
Cuatro días después de que la líder detenida fuera trasladada a prisión, el consejero Chollet escribió en su cuenta de Twitter: «Los Estados Unidos denuncian enérgicamente el uso de la reclusión en solitario de Daw Aung San Suu Kyi por parte del régimen militar».
A nivel mundial, los Estados Unidos ha sido siempre el más firme defensor del movimiento prodemocrático en Myanmar. Numerosas personas birmanas sienten que la nación norteamericana ha sido siempre un país amigo en la necesidad. Pero sus «condenas» verbales, sin el respaldo de acciones efectivas, han sido recibidas por parte de la ciudadanía con frustración e incluso con burlas.
Al tratar con el anterior régimen militar, que gobernó el país desde 1988 hasta la década de 2010, los Estados Unidos parecía mostrar más iniciativa que ahora.
En esta ocasión, el pueblo de Myanmar está sufriendo más que nunca. Su sociedad ha quedado destrozada y su país destruido. La crisis sigue agravándose y la ciudadanía se siente cada día más impotente, despertándose a otro día trágico cada mañana.
Los Estados Unidos, y el resto de la comunidad internacional, únicamente aplican una estrategia de «hablar por hablar».
Dadas las experiencias y lecciones del pasado, las sanciones tienen una eficacia limitada como forma de presión para poner fin a la violencia militar y para el retorno a la senda democrática.
Y a los matones les importan poco. El mundo y los Estados Unidos lo saben, pero les falta iniciativa y esfuerzo.
Desde el golpe, los Estados Unidos no ha mostrado ni iniciativa ni liderazgo, limitándose a respaldar a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), tradicionalmente ineficaz para exigir nada a ninguno de sus miembros. Myanmar es un asunto difícil para la agrupación regional y ahora está haciendo honor a su mala reputación. El grupo fracasó en su intento de lidiar con el anterior régimen militar del país. Esta vez, el Consenso de Cinco Puntos de la ASEAN no ha aportado nada. Se puede predecir que nada cambiará; la junta birmana no ha cumplido sus compromisos del consenso, negándose a permitir las reuniones con las principales partes interesadas, que incluían los liderazgos electos, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés) actuando en la sombra, y las otras fuerzas democráticas y de las minorías étnicas.
Los Estados Unidos y el mundo han elegido, a sabiendas, permitir que la ASEAN lleve la iniciativa. Esto significa que no hay un interés real por liderar o proponer políticas más efectivas. Únicamente es hablar por hablar.
Esta falta de interés se traduce en políticas, iniciativas y apoyos ineficaces para el pueblo de Myanmar, aunque los Estados Unidos siempre diga que está al lado de la ciudadanía.
Después de haberlo escuchado en repetidas ocasiones, la población de Myanmar siente que no son más que palabras. Y entiende que ni los Estados Unidos ni la comunidad internacional apoyarán su revolución para derrocar al régimen, y que no llegará ayuda para impedir la destrucción de sus medios de vida.
La semana pasada, Tom Andrews, Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Myanmar, criticó a la comunidad internacional ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, haciendo hincapié en su incapacidad para enfrentar las presuntas violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de guerra en Myanmar.
«Las devastadoras y deterioradas condiciones en Myanmar deberían llevar a una sola conclusión: el enfoque actual de la comunidad internacional ante la crisis en el país no está funcionando», dijo. «Las palabras de apoyo a los derechos humanos en Myanmar, aunque son bienvenidas, deberían ir acompañadas de acciones decisivas».
Y añadió: «La falta de acciones contundentes y significativas será la sentencia de muerte para un número incalculable de personas».
El pueblo de Myanmar no tiene más remedio que valerse por sí mismo.
Por eso muchas personas birmanas, aunque no sean ricas, han hecho donaciones al NUG para la compra de armas con las que combatir a las tropas del ejército en todo el país. Recientemente, el NUG ha declarado que ha recibido más de 40 millones de dólares de la ciudadanía y que ha gastado el 95 por ciento de esa cantidad en su presupuesto militar, con la finalidad de proporcionar armas a su ejército, una red poco organizada de grupos colectivamente llamados Fuerzas de Defensa Populares, y también para las organizaciones armadas de las minorías étnicas que se han unido a la resistencia contra la junta militar golpista.
La cantidad que el NUG ha recibido hasta el momento está muy por debajo de los 1.000 millones de dólares, cantidad que algunas evaluaciones estiman sería necesaria para armar a las fuerzas de la resistencia. Y es una fracción mínima de la ayuda militar que el gobierno de Biden suministra actualmente a Ucrania.
El pueblo de Myanmar no quiere, ni siquiera por un día, ser gobernado por un grupo de matones abusivos, arbitrarios, brutales y corruptos. Por ello, merecería el apoyo del mundo entero.
Si los Estados Unidos y el resto del mundo quisieran actuar de forma responsable, no deberían permitir que las personas resistiendo en Myanmar fueran asesinadas. Llevarían a cabo acciones contundentes para facilitar su lucha y poner fin a la dictadura militar, recuperando con ello el futuro del país.
El mundo debería asumir responsabilidades y apoyar al pueblo de Myanmar. Y tratar a los generales como se merecen. Como a una panda de matones.
Naing Khit es un comentarista de asuntos políticos.
Fuente original en inglés: https://www.irrawaddy.com/opinion/commentary/a-toothless-international-response-to-a-merciless-myanmar-regime.html