Publicamos aquí la traducción del editorial del prestigioso semanario indio Economic & Political Weekly, fundado en 1949. Este editorial permite aprehender la penetración acelerada del gran capital en la estructura agraria de los distintos estados de la India.
Es ese contexto se desarrolla la movilización masiva de los agricultores, que había empezado ya en agosto de 2020 en los dos estados de Punjab y Haryana. El movimiento se extendió después bajo el lema «Dilli Chalo»: «Vamos a Delhi». El 26 de noviembre, la movilización de unos 300.000 agricultores y campesinos (según India Today) fue respaldada por un movimiento de huelga solidaria que movilizó a unos 250 millones de trabajadores, entre los cuales 14 millones de camioneros, conductores de autobuses y de taxis, etc., para bloquear el transporte de los productos controlados por las grandes compañías.
El gobierno más que autoritario de Narendra Modi (del Partido Bharatiya Janata – BJP) se negó, en cada una de las negociaciones, a renunciar a los tres decretos promulgados en la primera semana de junio de 2020. El 8 de diciembre, los aproximadamente 50 sindicatos de agricultores reemprendieron un paro que tuvo lugar entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde «para no crear demasiados inconvenientes a la población».
El lunes 14 de diciembre, nueva convocatoria de huelga general masiva. Explícitamente y desde el principio, los agricultores se niegan a «ser las marionetas de los grandes grupos industriales» y quieren que se les garantice un precio mínimo para sus cosechas. Volveremos con más detalles sobre esta movilización sin precedentes en un futuro artículo. (Redacción de A l’encontre)
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En el momento de la independencia, la agricultura india era un ejemplo de todo lo que andaba mal en la economía de un país «subdesarrollado». Incluso cuando casi las tres cuartas partes de su población activa trabajaban en sus extensas tierras de cultivo, que estaban comunicadas por un gran número de ríos y sometidas a una gran variedad de condiciones climáticas, la India no podía producir suficientes alimentos para su población. El país recién independizado [desde el 15 de agosto de 1947] tuvo que importar una cantidad considerable de cereales de los países «desarrollados» del Primer Mundo, siendo Estados Unidos el principal proveedor. Si bien los países occidentales con un excedente de alimentos querían vender o incluso dar ayuda en alimentos, esos ofrecimientos iban acompañados de «condiciones» desfavorables para una nación que trataba de recuperar su dignidad perdida después de una larga historia de colonización.
Aunque estuvo limitada a unas pocas regiones prometedoras, la inversión del gobierno en la agricultura fue un acelerador. En un período breve de unos diez años, el país produjo suficientes alimentos para una población cada vez más numerosa. La Revolución verde fue posible no sólo gracias a los agricultores dinámicos, sino también al tipo de inversiones que hizo el Estado indio para construir la infraestructura agrícola. Desde la construcción de embalses y redes de canales de irrigación hasta el establecimiento de universidades agrícolas, redes de comercialización y la concesión de créditos baratos con carácter «prioritario» de manera institucional, el Estado indio desempeñó un papel fundamental para que sus agricultores pudieran continuar en la vía de la intensificación de la producción. Desde entonces, la idea de la Revolución verde se extendió también a otros enclaves «menos desarrollados», aunque la inversión necesaria para construir la infraestructura agrícola ya no procede de ningún organismo del gobierno central o estatal.
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Las reformas neoliberales de principios de los años 1990 cambiaron fundamentalmente la orientación del Estado indio sobre la agricultura y hacia sus poblaciones agrícolas. De manera más amplia, la orientación de la economía india también cambió. Una vez «liberado» [del sector estatal], el sector de las empresas privadas comenzó a desarrollarse rápidamente. Como resultado de ello, el tamaño de la economía nacional aumentó. Pero la economía empresarial se centraba en gran medida en el sector de los servicios. Por su parte y en contraste con las trayectorias de crecimiento «clásicas» de las naciones industrializadas del norte, incluso cuando la proporción de la agricultura india disminuyó con bastante rapidez, una proporción de la población activa mucho más elevada que la de esas economías siguió trabajando en la agricultura. Esa disminución del tamaño relativo de la economía agraria en términos de valor agregado produjo muchos desequilibrios, más allá de la esfera de los ingresos y el empleo. El tamaño y el poder cada vez mayores de la economía urbana y de las empresas marginalizaron la economía agraria en el imaginario nacional y las personas que trabajaban en el sector empezaron también a sentir los efectos de esta evolución.
Por ejemplo, el crecimiento anterior de la agricultura había dado suficientes ingresos y aspiraciones a las clases o castas propietarias de tierras para educar a sus hijos con la esperanza de que encontraran empleo fuera de la aldea. Sin embargo, los que controlaban el capital de las empresas preferían a los suyos, a los de las castas superiores urbanas y a las personas instruidas de las ciudades, que poseían el capital cultural necesario, dejando al margen a los que venían del mundo agrario.
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Luego, a medida que fue aumentando el poder y la influencia de las grandes empresas, éstas empezaron a diversificar sus inversiones económicas. Más allá de la producción tradicional y de la subcontratación de las actividades de software, la agricultura y la elaboración de alimentos se volvieron atractivas como posibles campos de inversión y posibles fuentes de ingresos. El creciente tamaño de la clase media urbana y el aumento de su capacidad de consumo se convirtieron en una capacidad firme de demanda de alimentos procesados. Además, los productos alimenticios elaborados pueden exportarse a los mercados emergentes del extranjero. Para los responsables de las políticas neoliberales del Estado indio, ésta parecía ser la solución más deseable en un sector agrícola que venía enfrentándose desde hacía mucho tiempo a crisis sucesivas.
Dada la diversidad de los marcos jurídicos que rigen las tierras agrícolas y las restricciones impuestas a las empresas que compran o arriendan tierras agrícolas, estos nuevos inversores no podían entrar fácilmente en la economía agropecuaria. La única modalidad disponible para su entrada en la agricultura era bajo forma de contratos [el agricultor debe cultivar en sus tierras las variedades exigidas por el inversor, debe cosechar y entregar la cosecha en un plazo fijo, a un precio fijo y en una cantidad fija; las transnacionales «perfeccionaron» este sistema proporcionando insumos como semillas y fertilizantes, para controlar mejor aún a los productores]. Tras la liberalización, las empresas agroindustriales mundiales ampliaron sus actividades en la India. Si bien ya habían invertido en el suministro de semillas y plaguicidas, siguieron ampliando sus actividades hacia bienes de consumo elaborados, desde las papas fritas y la salsa de tomate hasta los cereales procesados y los productos lácteos.
Las operaciones de agricultura por contrato no son, por lo tanto, nuevas en la India. Son legalizadas por los gobiernos estatales a través de los Agricultural Produce Market Committees (Comités de Mercado de Productos Agrícolas, APMC) o los Agricultural Produce and Livestock Market Committees (Comités de Mercado de Productos Agrícolas y Ganaderos, APLMC). Desde la producción de semillas hasta el abastecimiento en tomates y patatas, hay una cantidad importante de empresas que trabajan en diferentes regiones del país.
Éstas van desde compañías multinacionales como Nestlé, Monsanto y PepsiCo hasta grandes empresas indias como ITC [1], Reliance [energía, petroquímica, textiles, distribución, etc., con 195.000 empleados], Tata Rallis [una filial del gigantesco Grupo Tata, que opera en el sector agroalimentario], Mahindra [presente, en el sector de la maquinaria agrícola, pero no exclusivamente], Hindustan Unilever [bienes de consumo] y el Grupo Adani [una transnacional activa en la India en materia de energía, logística, agroindustria, infraestructura, etc.]. Son empresas que han ido ampliando lentamente sus actividades y los beneficios realizados en el sector alimentario, lo que les ha permitido la expansión de sus actividades en el sector agrícola.
Conociendo el gran entusiasmo del Estado indio por las inversiones privadas en el sector agrícola, presionan al gobierno para que haga el trabajo de base necesario que les permita esa expansión. Las nuevas leyes agrícolas [redactadas ya en 2017 y las tres ordenanzas emitidas en junio de 2020] deben considerarse en este contexto. Sin embargo, la experiencia de los agricultores con esta agricultura por contrato ha sido, en el mejor de los casos, ambigua. Los datos disponibles indican que, si bien es más fácil para los grandes agricultores trabajar con las empresas, a los pequeños agricultores les resulta difícil sacar provecho de la agricultura por contrato y a menudo dependen de artimañas comerciales burocráticas. Por otra parte, los agricultores pueden ver también cómo las nuevas leyes perturban el ecosistema de comercialización existente, que conocen bien, con el que están familiarizados y al que tienen fácil acceso [los mercados locales -mandis- con precios fijos]. El hecho de que todo esto se haga sin consultar activamente a los principales interesados crea aún más ansiedad y desconfianza.
Nota
[1] Inicialmente, Imperial Tobacco Company of India Limited y desde 1970 Indian Company Limited, y finalmente ITC desde 1974 y 2001, cuando se reorganizó de nuevo. Esta polifacética firma emplea a unas 25.000 personas y cuenta con 60 fábricas en la India. (Redacción A l´encontre)
Fuente: https://www.epw.in/journal/
Traducción de Ruben Navarro