Los países occidentales han sido permisivos a la hora de impedir que el ejército de Myanmar adquiera tecnologías que actualmente se utilizan para espiar a la ciudadanía.
«Encontraron esa foto y se la llevaron. Contó que utilizaron un dispositivo para revisar su teléfono, así que incluso se recuperaron las fotos borradas», dijo una persona del municipio de Hmawbi, relatando el caso de una mujer embarazada que sufrió un aborto después de que los soldados la golpearan al encontrar fotos suyas en manifestaciones. «Utilizaron el teléfono para arrestar a personas manifestantes».
Leer estas palabras me produjo un escalofrío desagradable. Justo el día anterior, una fuente bien informada me comentó que se cree que un reciente arresto de alto rango se basó en una llamada telefónica interceptada.
Sin embargo, no debería haberme sorprendido, porque durante los últimos tres meses y medio he estado investigando el acceso del ejército de Myanmar a exactamente este tipo de tecnología de vigilancia. Me refiero a las herramientas que pueden monitorear el Wi-Fi, descifrar contraseñas, extraer datos de los teléfonos, recuperar archivos borrados, mapear las redes sociales de las personas, etc.
Lo último que quiero hacer es alarmar de forma innecesaria a la ciudadanía de Myanmar, que ya tiene demasiadas cosas de las que preocuparse, pero es importante que conozca las herramientas que existen y cómo puede protegerse.
Mis esfuerzos por saber más sobre estas tecnologías formaban parte de una investigación dirigida por Lighthouse Reports, organización informativa con sede en los Países Bajos, que invita a periodistas de diferentes medios a profundizar en temas concretos. En esta ocasión, se trataba de la implicación de las empresas europeas en el suministro a Myanmar de herramientas de «doble uso» (aquellas herramientas que pueden utilizarse con fines civiles o militares), si se utilizaron fondos de la Unión Europea y si se infringieron las leyes de la UE.
Entrevisté a personas arrestadas con anterioridad, profesionales de la abogacía, activistas, antiguos legisladores y personas familiarizadas con estos temas en Myanmar. Estudiamos detenidamente cientos de páginas de documentos presupuestarios filtrados por el grupo activista Justice For Myanmar, así como otros datos filtrados y materiales de código abierto.
Aproximadamente 40 empresas occidentales aparecían en estos documentos, de entre ellas algunas provenientes de Suecia, Italia, Canadá, Estados Unidos e Israel. No sabemos cuántos de estos productos de vigilancia de alta gama se vendieron realmente, pero sabemos que algunos llegaron a Myanmar. Descubrimos documentos de licitación para adquirir muchas de estas herramientas, con información de quiénes ganaron estas licitaciones y los detalles del envío de algunas de ellas.
Publicamos nuestros hallazgos en múltiples medios de comunicación hace dos semanas, el mismo día en que la mujer embarazada fue detenida y golpeada. Dos días después, Al-Jazeera English o AJE, que formaba parte de la investigación liderada por Lighthouse Reports, emitió un documental escalofriante en el que se exponía tanto el uso, por parte del régimen militar de Myanmar, de la fuerza contundente de la violencia contra sus opositores, como su despliegue de herramientas tecnológicas de espionaje más suaves, pero no menos siniestras.
En declaraciones a AJE, la hija de un destacado activista detenido la mañana del golpe de estado del 1 de febrero reveló que su padre había sido acusado a partir de un correo electrónico borrado. En un debate con Ali Fowle, la reportera del documental, expresé mi preocupación de que era solo cuestión de tiempo que la junta empezara a utilizar ampliamente estas herramientas. Pero no esperaba que esto sucediera tan pronto.
Existen preguntas válidas sobre si el régimen tiene las capacidades o la mano de obra para hacer pleno uso de estas herramientas, pero dada la conducta pasada del ejército y su conocimiento de cómo nuestros dispositivos electrónicos pueden incriminarnos, no debemos subestimar los riesgos que presenta su acceso a dicha tecnología.
Los resultados
Los artículos que publicamos muestran un cuadro inquietante de cómo las normas establecidas para evitar que estas tecnologías caigan en manos de gobernantes brutales se aplican de forma débil o se interpretan de forma liberal, creando lagunas que los dictadores pueden explotar.
Por ejemplo, el periodista italiano Riccardo Coluccini escribió sobre el Rastreador BTS de la empresa italiana SecurCube para el Proyecto de Informes de Investigación Italia o IRPI. Este producto puede monitorear radiofrecuencias y medir la intensidad de las señales. Apareció en un presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o MoTC.
El Consejo de la Unión Europea endureció su embargo sobre este tipo de productos de doble uso a Myanmar en 2018 a raíz de la condena generalizada de las atrocidades del ejército contra la etnia Rohingya, pero SecurCube dijo a otro periódico italiano en 2019 que «no había ninguna restricción» que impidiera a la empresa vender su Rastreador BTS en el país. En otro artículo para el periódico italiano Domani, Riccardo se preguntaba cómo era posible que las exportaciones continuaran a pesar de la prohibición.
Zach Campbell y Caitlin Chandler, investigando para The Intercept, descubrieron cómo MSAB, una empresa sueca que aparecía en los presupuestos del MoTC y del Ministerio del Interior o MoHA, ha estado recibiendo financiación de la UE.
MSAB dijo que sus productos, que pueden escanear y analizar datos de teléfonos inteligentes, se vendieron a la policía de Myanmar en 2019. La Oficina de Investigaciones Especiales, un departamento dependiente del MoHA, solicitó la compra de una licencia de tres años para un producto de MSAB en su presupuesto de 2020-2021. La licitación para adquirir ese producto fue ganada por MySpace International, rebautizada como Creative Exploration, una empresa dirigida por un ex militar y su esposa, cuyo padre fue general y embajador en Rusia, según un informe del New York Times.
El artículo de Nathan Vanderklippe en The Globe and Mail se centra en dos empresas canadienses, OpenText y Magnet Forensics, identificadas en la investigación dirigida por Lighthouse Reports. Estas empresas vendían potentes herramientas capaces de extraer y descifrar información de ordenadores y teléfonos móviles.
Todo esto demuestra que Myanmar ha estado construyendo un fuerte arsenal de herramientas de vigilancia de alta tecnología que pueden ser utilizadas para la represión interna, muchas de las cuales provienen de países occidentales.
Defensa débil
Las empresas han negado haber vendido los productos o han defendido las ventas, diciendo que se produjeron durante el gobierno civil. Pero una rápida búsqueda en Google les habría mostrado que el brutal ejército de Myanmar seguía teniendo muchos resortes del gobierno incluso entonces, incluido el control de tres ministerios clave. El MoHA es uno de ellos.
De hecho, dos ministros recientes del MoHA eran antiguos jefes de espionaje. El actual ministro, el teniente general Soe Htut, fue nombrado en febrero de 2020 y conservó esta función, una señal reveladora cuando la mayoría de los miembros del gabinete del gobierno de la Liga Nacional para la Democracia o NLD han sido detenidos o están escondidos.
El MoTC estuvo nominalmente bajo el gobierno del NLD, pero eso fue solo durante cinco años. Su personal está compuesto por antiguos funcionarios militares y estuvo detrás de lo que Human Rights Watch denominó el «cierre de internet más largo del mundo» en partes de los estados Rakhine y Chin, en el oeste de Myanmar. La crítica ha señalado que el NLD, que utilizó la ciberseguridad como excusa para comprar tecnologías intrusivas, no fue mucho mejor ni más partidario de la libertad en internet.
Por lo tanto, hay muchas pruebas, si las empresas hubieran investigado, para demostrar que no estaban tratando con un gobierno «civil» o con intermediarios «civiles». Las empresas no sólo tienen motivos éticos y morales para tener en cuenta estos contextos a la hora de hacer negocios, sino también la responsabilidad legal de hacerlo. Actualmente, la población de Myanmar puede estar pagando el precio del incumplimiento de estas responsabilidades.
La ciudadanía de Myanmar también debe aprender a protegerse. Se pueden encontrar buenos recursos sobre cómo mantener los datos seguros y aplicaciones útiles en internet.
Cuando el país se abrió drásticamente al mundo en 2011, y los precios de las tarjetas SIM bajaron de unos cientos de dólares a 1,50, Myanmar se conectó de repente. En la última década, muchos de nosotros olvidamos los años en los que vivíamos con miedo y en aislamiento, cuando nos preocupaba si nuestras líneas terrestres estaban intervenidas y si había informantes escuchando las conversaciones de las tiendas de té. En su lugar, empezamos a compartir números de teléfono móvil y ubicaciones en redes sociales, y a debatir temas delicados en aplicaciones no codificadas.
Tenemos que desprendernos de estos hábitos. Por supuesto, no siempre tenemos elección, como en estos momentos, en que el acceso a internet sigue siendo limitado en muchos lugares de Myanmar. Esto significa que muchas personas, incluidos periodistas, tienen que sopesar dos opciones malas: arriesgar sus vidas compartiendo información, o quedarse en silencio y permitir que las injusticias no se denuncien.
Sin embargo, si los países europeos se preocupan realmente, como dicen en sus declaraciones, por los derechos humanos, la justicia y la democracia en Myanmar, tienen que endurecer su embargo y regular mejor esta industria. Sin duda, liderazgos más amigos de la junta, como los de China y Rusia, podrían seguir proporcionando estas herramientas, pero eso no viene al caso. Los países occidentales deben defender los valores sobre los que siempre sermonean.
Thin Lei Win es una periodista multimedia galardonada, con más de 15 años de experiencia. Durante casi 13 años fue corresponsal de la Fundación Thomson Reuters, la rama sin ánimo de lucro de la agencia mundial de noticias Thomson Reuters, informando sobre cuestiones humanitarias, especialmente sobre cambio climático y seguridad alimentaria. Ha trabajado desde Myanmar, Singapur, Vietnam, Tailandia e Italia, donde se encuentra actualmente. También fue cofundadora de Myanmar Now en el período previo a las elecciones de Myanmar de 2015, y cofundadora de The Kite Tales, un proyecto único de narración y preservación que relata las vidas y las historias de gente corriente de todo Myanmar.
Fuente original en inglés: https://www.myanmar-now.org/en/news/myanmars-junta-wants-to-build-a-surveillance-state-western-companies-must-not-help-them