La junta militar podría extender el estado de emergencia por dos años

Este reportaje se realizó en asociación con el Centro Pulitzer

Desde que lanzaron su golpe militar el 1 de febrero, los generales de Myanmar han estado mayormente apartados del foco de atención, recluidos en la ciudad fantasma Naypyidaw, capital del país.

Tanto de forma figurativa como literal, las cámaras de resonancia que ahora son las salas cavernosas del Parlamento vacío, y ayudados por un exceso de hombres sumisos, los generales no escuchan a la población del país y justifican, además, la represión letal de las protestas contra el golpe de estado.

Hasta el momento, la prensa extranjera ha sido estrictamente mantenida al margen. Sin embargo, en una jugada inesperada pero aparentemente intencionada para mostrar el control del ejército sobre una situación cada vez más desesperada, una periodista del Southeast Asia Globe, informando en nombre de Al Jazeera, fue invitada a acompañar a periodistas de la CNN, en una visita de una semana de duración a Rangún y Naypyidaw que finalizó el 6 de abril.

Esta visita de la prensa extranjera, organizada por el controvertido Ari Ben-Menashe, que actúa de relaciones públicas de la junta militar, ofreció la visión, perspectiva y funcionamiento de un gobierno militar desconectado de la mayor parte de la ciudadanía. El 4 de abril, en una conversación de una hora de duración con el Globe, el General de Brigada Zaw Min Tun no se desvió en ningún momento del mensaje de justificación de la junta para consolidar su poder en Myanmar, tras derrocar al gobierno civil del país y utilizar tácticas violentas contra la población durante los dos meses transcurridos desde entonces.

El General de Brigada rehusó ofrecer el cronograma a seguir del ejército, también conocido como Tatmadaw, para especificar cuándo permitiría que Myanmar retornara a alguna forma de administración civil. Se retractó del cronograma inicial ofrecido de un año, sugiriendo que la junta militar podría extender la actual orden de estado de emergencia por dos años.

“Intentaremos estabilizar el país en un año. Pero si no lo conseguimos, tendremos que extender el periodo seis meses más. Y después de eso, otros seis meses. Pero eso es todo”, declaró Zaw Min Tun, refiriéndose a la máxima extensión permitida por la constitución elaborada por la misma junta militar en el año 2008. “Así que dos años máximo. Después de eso, invitaremos a actores internacionales para que monitoreen unas elecciones justas y libres.”

En un intento por justificar la toma de poder, además de la violencia utilizada contra la ciudadanía, el General del Alto Mando Min Aung Hlaing, comandante en jefe del ejército y el actual gobernante real de Myanmar, ha mencionado en repetidas ocasiones un supuesto fraude electoral en las elecciones del 8 de noviembre del año pasado. La comisión electoral, no obstante, declara que esas alegaciones son infundadas.

Zaw Min Tun comentó al Globe que se permitiría a todos los partidos políticos presentarse a cualquier elección futura. Rehusó, sin embargo, contestar a la pregunta de si esa promesa incluiría a la actualmente detenida Consejera de Estado Aung San Suu Kyi y su partido, la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), los cuales obtuvieron una rotunda victoria en las elecciones de noviembre del 2020.

El General de Brigada estuvo más interesado en comentar la investigación en marcha de la derrocada Consejera de Estado, con cargos presentados por fiscales militares como la supuesta importación de walkie-talkies sin registrar o los supuestos sobornos y violaciones a las medidas de seguridad establecidas en relación con la COVID-19, todos cargos que han sido utilizados para justificar el golpe de estado y el arresto domiciliario actual de Aung San Suu Kyi.

“No tengo ningún comentario a añadir sobre la puesta en libertad de Daw Aung San Suu Kyi o sobre si ella puede presentarse o no en próximas elecciones. Depende de lo que haya hecho en el pasado. Si descubrimos que actuó de forma incorrecta será castigada,” afirmó Zaw Min Tun. “El NLD, en su totalidad, es también parte de la investigación en marcha, pero eso llevará tiempo. Por ejemplo, si alguien ha cometido un asesinato, lleva tiempo determinar si es culpable.”

Este tipo de retórica dura ha sido constante en el mensaje del Tatmadaw tras el golpe de estado. El ejército sostiene representar principios democráticos, aunque sus fuerzas de seguridad hayan encarcelado a la mayoría del gobierno elegido de forma popular, además de ocasionar la muerte a más de 550 personas de su propia ciudadanía.

Cargos fabricados y juicios interminables han sido también centrales en el manual de la junta militar, especialmente en sus esfuerzos por controlar la influencia de Aung San Suu Kyi, icono tradicional de la democracia en Myanmar, y de su partido. Zaw Min Tun dejó entrever que la Consejera de Estado no escaparía en breve del control del Tatmadaw.

Con o sin la participación del NLD, el hecho de organizar unas nuevas elecciones ha sido denunciado de forma generalizada por la ciudadanía de Myanmar, que ha solicitado en las protestas resultantes que se respete el resultado de las elecciones del pasado noviembre y que Aung San Suu Kyi sea puesta en libertad.

Culpando a quien protesta

En ciudades y municipios de todo el país, una ciudadanía con diversidad de orígenes se ha unido para demostrar su apoyo al Movimiento de Desobediencia Civil (CDM, por sus siglas en inglés), reflejando su protesta en el aumento de manifestaciones compuestas por cientos de miles en las calles, protestas que en momentos han unido, en todo el territorio birmano, a millones de personas.

Las fuerzas de seguridad se unieron también para aplastar el movimiento, disparando con munición letal a las personas manifestantes y, en ocasiones, indiscriminadamente en el interior de hogares y negocios. Muchas de las personas que han perdido la vida en los caóticos contrataques del ejército y la policía eran simples observadores de las protestas, víctimas entre las que se encuentran, al menos, 46 menores.

Durante la visita de la prensa, restringida considerablemente, el ejercito intentó echar la culpa a las personas manifestantes. Parte de su esfuerzo incluyó el reclutar simpatizantes de la región de Rangún para que hablaran con la prensa extranjera. Este grupo de civiles recitaron, en discursos notablemente ensayados, relatos de supuestos ataques a manos de “infractores”, término escogido por la junta militar para referirse a las personas manifestantes en contra del golpe de estado.

Sayadaw U Thiri Dhamma, un monje del monasterio Wut Kway Taw Pyay de uno de los municipios del norte de Rangún, entró en la sala de conferencias con sus túnicas monásticas y un parche en el ojo visible tras sus gafas de sol oscuras. Contó que un grupo de 100 manifestantes le atacó, acusándolo de ser un espía del Tatmadaw. Nunca aclaró la fecha del supuesto ataque, dudando sobre la fecha del suceso, que durante el relato fue de entre un día sin especificar en febrero, a algún momento durante el mes de marzo.

“Había personas manifestantes haciendo ruido fuera del monasterio. Cuando les pedí que bajaran el tono, me atacaron con tirachinas y me acusaron de ser un espía del ejército,” dijo U Thiri Dhamma. “En Rangún, no solamente fue un monasterio. Hay otros tres monasterios que fueron también atacados por terroristas.”

Cuando U Thiri Dhamma mencionó la palabra “terroristas”, tanto traductores como responsables del Ministerio de Defensa interrumpieron para corregirlo porque, al parecer, se estaba desviando del guion establecido. Explicaron que había querido decir “infractores”, pero que su inglés era demasiado básico.

Le Le Naing Kyaw, una autoproclamada cantante proveniente de una familia de tradición militar, relató que también a ella la categorizaron de espía, con posters que la calificaban de traidora en las farolas de su vecindario. También vandalizaron su casa y dijo que, por cuestiones de seguridad, había tenido que marcharse y esconderse.

“Mi familia es una familia militar y, por tanto, apoyo al ejército y acepto el golpe de estado. Pero la mayoría de la gente en mi vecindario apoya al NLD y me amenaza de muerte,” relató Le Le Naing Kyaw. “Estas personas quieren destruir la nación.”

Aunque ha habido uso de tácticas violentas por parte de algunas personas manifestantes, no es comparable al uso de la fuerza en contra del movimiento antigolpista ejercido por los soldados al otro lado de las barricadas, con ataques arbitrarios y una violencia con consecuencias mortales.

En la misma visita de la prensa se pudo observar cómo actúa la junta militar. El 4 de abril, inmediatamente después de un tour guiado en dos mercados de Rangún, agentes de seguridad vestidos de paisano arrestaron a 11 personas sospechosas de haber interactuado, de una manera u otra, con las periodistas. Ocho de las personas detenidas han sido desde entonces puestas en libertad. Las personas que hablaron a la prensa extranjera dijeron que conocían el riesgo de hablar en contra de la junta militar. Sin embargo, querían asegurarse de que la verdad y sus relatos sobre las manifestaciones se registraban y divulgaban.

Una mujer y un hombre jóvenes, trabajando en una tienda en el mercado, salieron a la calle mostrando en alto los tres dedos, el símbolo de la población para mostrar su repulsa al golpe de estado. Pidieron ser mantenidos en el anonimato para proteger su seguridad.

“No puedo aceptar el golpe militar. Están disparando a muchas personas en Myanmar. Cada día veo en Facebook que la policía y los soldados están matando a la gente,” declaró una mujer.

Además, los mismos miembros de las fuerzas de seguridad describieron cómo habían utilizado tácticas de línea dura contra personas manifestándose pacíficamente. El capitán de la policía Tun Min y el segundo teniente Zay Ye forman parte de las fuerzas de seguridad que patrullan Okkalapa Norte, uno de los municipios al norte de Rangún y ahora bajo ley marcial. Hablando para el Globe, admitieron que las manifestaciones que habían presenciado no eran violentas y que, a pesar de ello, habían utilizado métodos violentos para controlar las protestas.

“Estábamos enfrentándonos a infractores. En ocasiones, vi redadas en las calles con carreteras bloqueadas con basura, pero eso es todo. Por lo que yo pude ver, las personas manifestantes no eran violentas, pero nosotros utilizamos granadas de sonido” afirmó uno de los agentes.

‘No les culpamos por su rechazo’

El uso de fuerza letal, por parte del ejército, ha recibido la censura de socios internacionales involucrados en la transición democrática de Myanmar. El golpe de estado ha disparado nuevas series de sanciones extranjeras al comercio exterior, dirigidas hacia figuras militares y negocios propiedad del Tatmadaw, además de declaraciones preocupadas de la diplomacia.

De vuelta en Naypyidaw, Zaw Min Tun abordó este aumento del criticismo internacional en torno al uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, además de las declaraciones de oposición al golpe militar. Zaw Min Tun calificó la crítica internacional como, simplemente, una diferencia de opiniones.

“Sí, sabemos que la condena ha llegado de países occidentales, pero esta condena se basa en su propio criterio. Tenemos sus embajadas y a sus embajadores en nuestro país, y todavía tenemos diplomacia en sus países también,” comentó el General de Brigada. “No tenemos intención de culparlos por sus críticas. Las aceptamos, pero no nos importa.”

La indiferencia a los reproches internacionales mostrada por Zaw Min Tun no se alinea con el tono severo de las críticas extranjeras a este último capítulo de la junta militar en Myanmar, algunas de las cuales han llegado de países no occidentales como Japón y Corea del Sur.

En general, Zaw Min Tun negó cualquier acto criminal perpetrado por el Tatmadaw, mientras reiteraba las promesas de organizar, en algún momento, nuevas elecciones, aunque en un futuro incierto y sin especificar fechas.

“Cada acción que hemos tomado está de acuerdo con las provisiones establecidas en la constitución,” dijo el General de Brigada. “Nunca acabaríamos con el sistema democrático del gobierno de Myanmar.”

Dos meses después del golpe de estado y de su misión de borrar los resultados de las elecciones del 8 de noviembre, la junta ha pasado de cuestionar las votaciones, a cuestionar las cifras de personas fallecidas a consecuencia de acciones perpetradas por las fuerzas de seguridad. Según la junta militar, el número actual de víctimas mortales es de 248, menos de la mitad de las cuantificadas por los medios de comunicación independientes en Myanmar y confirmadas por grupos de derechos humanos internacionales.

Min Aung Hlaing hizo pocos comentarios sobre el total de víctimas, y ninguno sobre los planes del ejército para el futuro.

Zaw Min Tun se reafirmó en las recientes alegaciones de falsificación o desaparición de 10.4 millones de votos, cifras que que han sido negadas por observadores independientes de las elecciones.

Lo que sí parece preocupar a la junta es el CRPH (Committee Representing the Pyidaungsu Hluttaw), gobierno provisional de Myanmar, formado por representantes electos de las elecciones del noviembre pasado. Cuando se lanzó la pregunta sobre el CRPH, mencionando el llamamiento a la comunidad internacional para su reconocimiento como gobierno legítimo de Myanmar, el General de Brigada estuvo rápido en responder.

“No hay ni 15 partidos políticos que apoyen al CRPH. Si intentas discutir el CRPH, no son más que un gobierno en línea. Son ilegales y no vale la pena hablar sobre ellos,” Zaw Min Tun afirmó. “Nosotros [la junta militar] tenemos mucha experiencia con estos tipos de organizaciones,” dijo, refiriéndose a organizaciones anteriores que se formaron en oposición a los golpes militares previos de 1962 y 1988.

En ambos casos, el ejército respondió con la violencia de masas.

Este reportaje ha sido copublicado por Southeast Asia Globe y Al Jazeera.

Fuente original en inglés: https://www.aljazeera.com/news/2021/4/7/myanmar-military-may-extend-emergency-rule-by-up-to-two-years