(Nota de edición: Este artículo forma parte de la serie de Just Security en referencia al golpe de estado del 1 de febrero de 2021 en Myanmar. La serie es una colaboración entre Just Security y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, y reúne voces expertas locales e internacionales sobre el golpe y su contexto más amplio.)
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Si la crisis actual en Myanmar es una crisis «nacida de la impunidad», cualquier respuesta basada en la rendición de cuentas debe reconocer que los crímenes de su ejército se extienden durante décadas por las regiones de las minorías étnicas. Entre la comunidad internacional posiblemente se haya conocido la existencia de las «operaciones de limpieza» en el contexto específico de los ataques devastadores de los últimos años que han destruido las aldeas de la minoría Rohingya, y forzado su éxodo a la vecina Bangladesh. Sin embargo, durante casi sesenta años, el ejército de Myanmar ha llevado a cabo desplazamientos forzados, violencia sexual, tortura y ejecuciones extrajudiciales contra la población civil en el marco de su actual conflicto contra los grupos armados en las regiones de minorías étnicas del país. Una adecuada rendición de cuentas en Myanmar debe incluir los crímenes cometidos contra todo su pueblo, e incluir a todas las comunidades que han sufrido a manos del régimen militar.
Breve relato de décadas de impunidad
Durante casi seis décadas, Myanmar ha sufrido una crisis de impunidad que la comunidad internacional no ha abordado nunca de forma adecuada. Casi inmediatamente después de su independencia del dominio colonial británico en 1948, estalló la guerra civil entre el Tatmadaw (el ejército de Myanmar) y las organizaciones armadas en las zonas de las nacionalidades étnicas del país. El Tatmadaw derrocó al gobierno civil en 1962 y reprimió toda amenaza a su poder, desde el periodismo y la disidencia política hasta los grupos armados de las zonas de minorías étnicas. A lo largo del periodo de gobierno militar (1962-2011), graves violaciones de los derechos humanos se hicieron habituales, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, violencia sexual y trabajos forzados.
Tras la represión sangrienta por parte del Tatmadaw de las protestas antigubernamentales en 1988, la comunidad internacional comenzó a responder lentamente a la crisis de derechos humanos en Myanmar. En 1991, la Asamblea General de la ONU adoptó su primera resolución sobre la «grave situación de los derechos humanos en Myanmar» y las Naciones Unidas crearon, en 1992, el mandato del Relator Especial para la situación de los derechos humanos en Myanmar.
Desde entonces, los relatores especiales han dado la voz de alarma en repetidas ocasiones, con escasa respuesta concreta por parte de la comunidad internacional. En 2010, Tomás Ojea Quintana informó al Consejo de Derechos Humanos, en referencia a las regiones de minorías étnicas del este de Myanmar, que «se ha forzado a comunidades completas a reubicarse, quemando sus casas y sus provisiones de alimentos para impedir su regreso». Entre 1996 y 1998, se desplazó a más de 300.000 personas del sur y el centro del estado Shan. Desde julio de 2009 hasta el momento en que el Relator Especial publicó su informe en marzo de 2010, el Tatmadaw había forzado la reubicación de casi 40 aldeas y quemado más de 500 casas y numerosos graneros en el estado Shan. El Relator Especial finalmente concluyó que las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Myanmar eran resultado de la política estatal y podían constituir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, ni el Consejo de Seguridad ni la Asamblea General de la ONU tomaron medidas para que Myanmar rindiera cuentas de estas violaciones o para evitar que volvieran a ocurrir.
Las elecciones celebradas a finales de 2010 supusieron los primeros pasos hacia la democratización. No obstante, como exponen Grant Shubin y Akila Radhakrishnan en su artículo en esta serie, el Tatmadaw mantuvo un control férreo del poder político. En unas elecciones boicoteadas por la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) se eligió como presidente a un general militar retirado. La Constitución de 2008 protegió a las fuerzas de seguridad de Myanmar de cualquier responsabilidad legal por los crímenes del pasado, allanando el camino para los crímenes del futuro. A pesar de la vuelta a un régimen casi civil, no hubo prácticamente rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas bajo la junta militar. Por lo tanto, continuaron las violaciones de los derechos humanos.
En la siguiente década, el conflicto entre el Tatmadaw y las organizaciones armadas de las minorías étnicas continuó, en medio de ceses del fuego rotos, con hostilidades y violaciones persistentes de los derechos humanos. Aunque en esta guerra civil, la más prolongada a nivel mundial, se han cometido violaciones por todas las partes involucradas en el conflicto, los informes de observadores, tanto nacionales como internacionales, no dejan lugar a dudas de que el principal responsable es el Tatmadaw. La documentación recopilada por organizaciones de la sociedad civil birmana, como ND-Burma, la Liga de Mujeres de Birmania y la Red de Ayuda Legal, describe asesinatos, torturas, violencia sexual y de género, desapariciones forzadas y crímenes de guerra. Sin embargo, con las esperanzas puestas en la democratización, la comunidad internacional se limitó a observar la continuación de los abusos, incluyendo lo que Human Rights Watch describió en 2012 como la limpieza étnica del pueblo Rohingya y, a lo largo de 2015, el masivo desplazamiento forzado de las etnias Kachin y Shan.
La comunidad internacional continuó observando mientras comenzaba el genocidio de los Rohingya. A principios de octubre de 2016, en el norte del estado Rakhine, tres puestos de policía fueron atacados. La zona, limítrofe con Bangladesh, era principalmente hogar de personas musulmanas rohingya. El ejército respondió rápida y brutalmente, enviando una oleada de personas refugiadas a Bangladesh. A finales de noviembre, se había desplazado a 30.000 personas rohingya. A principios de enero de 2017, más de 65.000 personas habían huido a Bangladesh. En febrero de 2017, la ONU publicó un informe en el que se documentaban violaciones masivas colectivas, desapariciones forzadas y asesinatos de incluso bebés y menores. En marzo de 2017, el Consejo de Derechos Humanos acordó establecer una misión investigativa y, a finales de 2018, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Myanmar (FFM) publicó su informe de 441 páginas, en el que se detallan las numerosas violaciones de los derechos humanos internacionales y del derecho humanitario cometidas por el Tatmadaw en los estados Kachin, Rakhine y Shan desde 2011. Al mismo tiempo, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución por la que se establecía el Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar. Para entonces, el genocidio del pueblo Rohingya ya estaba en su segundo año y había más de un millón de personas refugiadas rohingya en Bangladesh.
Una rendición de cuentas parcial
No fue hasta 2019 que la comunidad internacional finalmente tomó medidas para que los autores de al menos algunas de las atrocidades en Myanmar rindieran cuentas. En primer lugar, el fiscal de la Corte Penal Internacional presentó una solicitud, en julio de 2019, para abrir una investigación sobre los crímenes internacionales cometidos contra el pueblo Rohingya. Varios meses después, Gambia inició un procedimiento contra Myanmar en la Corte Internacional de Justicia por incumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio, basándose en las operaciones del Tatmadaw contra los Rohingya. Se trata de avances positivos tras cerca de 60 años de impunidad.
No obstante, estas respuestas resultaron incompletas. Al centrarse exclusivamente en la rendición de cuentas legal por las violaciones cometidas contra la etnia Rohingya, la comunidad judicial internacional ignoró los graves crímenes cometidos por el Tatmadaw contra otras minorías étnicas, afianzando aún más la impunidad de la violencia sexual, los homicidios y las desapariciones forzadas que se habían convertido en señal de identidad de las operaciones del Tatmadaw contra las minorías étnicas en todo el país. Exacerbó las divisiones étnicas y sociales en un triste, aunque involuntario, eco de las tácticas de división y gobierno de la época colonial. Hizo oídos sordos a las personas defensoras de los derechos humanos en Myanmar que exigían responsabilidades por los crímenes cometidos contra todas las etnias y religiones.
Los devastadores sucesos ocurridos en Myanmar desde el 1 de febrero de 2021, sin embargo, han dejado claro que, cuando se trata de mantener su poder, el Tatmadaw no discrimina. La brutalidad con la que se ha enfrentado a grupos armados en las regiones de las minorías étnicas está ahora exhibiéndose en las calles de las ciudades contra las personas manifestándose pacíficamente. Poco a poco, la mayoría étnica Bamar de Myanmar está empezando a entender lo que las otras etnias han soportado durante décadas bajo el Tatmadaw, y el ajuste de cuentas que se precisa para que el país tenga éxito como democracia.
Una rendición de cuentas que refleje todo el alcance de los crímenes del Tatmadaw es necesaria y posible. Pero no puede lograrse sin el compromiso de la comunidad judicial internacional de responder a las necesidades expresadas por el propio pueblo de Myanmar. Durante años, la sociedad civil birmana ha documentado e informado sobre las violaciones cometidas por el Tatmadaw, a menudo con gran riesgo personal. Mucho antes de que las Naciones Unidas establecieran su FFM, las personas defensoras de los derechos humanos en Myanmar estaban recolectando pruebas de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en las regiones de las minorías étnicas y exigiendo responsabilidades por los crímenes cometidos contra todas las etnias del país. Muchas de estas mismas personas y grupos se dedican en estos momentos a la peligrosa y crítica labor de documentar los asesinatos de manifestantes, las desapariciones forzadas de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, y la tortura de presos políticos. La financiación de la justicia internacional debe estar disponible para apoyar a la sociedad civil de Myanmar que se dedica a la documentación de primera línea y que constituye la base de cualquier proceso futuro de rendición de cuentas.
Los que trabajamos en justicia internacional también debemos actuar con la intención de apoyar una rendición de cuentas exhaustiva de los crímenes cometidos contra todos los grupos étnicos y religiosos de Myanmar. El Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar ya tiene el mandato de recopilar evidencia sobre los graves crímenes y violaciones del derecho internacional cometidos en Myanmar desde 2011, lo que incluye crímenes contra los Shan, los Kachin y todas las demás nacionalidades étnicas que han sido brutalizadas por el Tatmadaw. Este es un buen primer paso hacia una rendición de cuentas más inclusiva. Sin embargo, así como sabemos que los crímenes del Tatmadaw van más allá del genocidio de los Rohingya, también sabemos que las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario se remontan incluso a antes de 2011. Una rendición de cuentas exhaustiva también puede requerir considerar alcanzar justicia por los errores históricos. Una vez más, aquí es donde el compromiso con la sociedad civil de Myanmar es fundamental. Dado el alcance de las violaciones cometidas por el Tatmadaw durante décadas, y los recursos relativamente limitados para la rendición de cuentas, es importante que la sociedad civil de Myanmar desempeñe un papel central a la hora de determinar hacia dónde deben dirigir su atención los procesos de justicia internacional. Asimismo, la rendición de cuentas puede adoptar muchas formas, desde el enjuiciamiento hasta la conmemoración y la reparación. La comunidad internacional debe adoptar una visión amplia de la rendición de cuentas y la justicia, pero debe ser el pueblo de Myanmar el que establezca la agenda política.
De cara al futuro, la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en Myanmar debe ser inclusiva en el sentido más amplio: inclusiva en el reconocimiento de los crímenes del Tatmadaw en su totalidad, e inclusiva de las comunidades afectadas y la creación de oportunidades para que sean participantes activas en la justicia. Sólo entonces podremos empezar a poner fin a la impunidad que nos ha traído hasta aquí.
Carmen Cheung es la directora ejecutiva del Centro de Justicia y Rendición de Cuentas
Fuente original en inglés: https://www.justsecurity.org/76234/beyond-the-coup-in-myanmar-the-need-for-an-inclusive-accountability/