El reciente intento de suicidio de varias docenas de taxistas en una concurrida calle de Beijing en protesta por su situación laboral ha vuelto a poner el dedo en la llaga de las graves carencias de la reforma en China. Más que un hecho aislado, el suceso revela el persistente malestar reinante en determinadas capas […]
El reciente intento de suicidio de varias docenas de taxistas en una concurrida calle de Beijing en protesta por su situación laboral ha vuelto a poner el dedo en la llaga de las graves carencias de la reforma en China. Más que un hecho aislado, el suceso revela el persistente malestar reinante en determinadas capas de la sociedad pero, sobre todo, la insuficiente articulación de mecanismos para la resolución de conflictos entre los colectivos, los gobiernos locales (los taxistas eran oriundos de la provincia de Heilongjiang) y el propio gobierno central.
En este caso de los taxistas, la misma reforma que a nivel general pretende debilitar el papel de los grandes monopolios públicos parece favorecer la instauración de los monopolios privados a pequeña escala eliminando de cuajo a los profesionales independientes o pequeñas sociedades familiares que explotan cupos de licencias. Esta es la razón inmediata de la desesperación ante la indolencia de unos funcionarios locales que se benefician de la inexistencia de plataformas sindicales y asociativas creíbles circunstancia unida a la sospecha de las inevitables corruptelas.
La quiebra de la negociación a nivel local se reconduce a través de la petición al gobierno central, donde los afectados esperan obtener la justicia que le niegan las autoridades locales. En Beijing, como en la vieja China, esperan recibir comprensión y apoyo, pero la actitud de las autoridades centrales también ha variado con el paso del tiempo, de forma que muy pocos casos se llegan a resolver por esta vía.
El problema tiende a agravarse también en el orden laboral ante los efectos de la nueva fase de la reforma en el ámbito de los salarios y las dificultades en materia de empleo. El Buró Político del PCCh instó recientemente a sus cuadros a mostrar una mayor preocupación por el malestar laboral, reconociendo que la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo está multiplicando los conflictos.
La acción social del gobierno chino, ya en curso durante el mandato de Hu Jintao (2002-2012) con su propuesta de «sociedad armoniosa», ha puesto el acento en la mejora de la educación, de la salud, de los servicios sociales, de los salarios, etc., con el propósito de crear una sociedad de consumo, pero viejos problemas, como los salarios impagados a los inmigrantes, se resisten a una solución. A ello se ha sumado el de las cotizaciones sociales impagadas, total o parcialmente, por los empresarios, un fenómeno cada vez más habitual. Todos han mirado hacia otro lado para primar la inversión y el mantenimiento del empleo, por precario que fuese. Con la desaceleración del crecimiento, el alza de los salarios, experimentada sobre todo desde 2010 en adelante, enfrenta resistencias ya que las autoridades locales desean evitar la fuga de empresas por aumento de los costos de producción. Los empresarios quieren mantener a toda costa sus márgenes de beneficios a costa de los salarios, lo que impide la mejora del nivel de vida y agrava las desigualdades.
Hay muchos orígenes diferentes en todos estos conflictos, pero además de los abusos de poder o su indolencia ante los excesos empresariales, tienen en común la inexistencia de sólidas e institucionalizadas vías de diálogo y negociación. En tiempos de gobierno según la ley, cuando el PCCh aspira a mejorar su gobernanza basándose en el ejercicio de la norma, el derecho laboral no puede ser un asunto menor ya que su realidad presente es claramente insuficiente para proteger los derechos de las capas más débiles de la sociedad. El agravamiento de la frustración de estos colectivos y su descontento puede traducirse en ira cuando la única respuesta es la revitalización de la vieja moral confuciana y sus prácticas asociadas.
En esta fase del proceso de modernización habría que idear también canales reglados de negociación, reconociendo la legitimidad de nuevos actores para poner sobre la mesa sus reivindicaciones. El magisterio del PCCh queda en entredicho cuando la inhibición o la represión se convierten en las vías prioritarias para encarar el desafío laboral chino.
Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China.
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