Estados Unidos planea trasladar prisioneros hacia el país ocupado, en grave violación al derecho internacional. La noticia fue revelada por un periódico de Los Ángeles. Estados Unidos está ayudando a construir una prisión en Afganistán a donde podrían ser enviados algunos prisioneros que se encuentran en la cárcel militar de Guantánamo, según reveló durante el […]
Estados Unidos planea trasladar prisioneros hacia el país ocupado, en grave violación al derecho internacional. La noticia fue revelada por un periódico de Los Ángeles.
Estados Unidos está ayudando a construir una prisión en Afganistán a donde podrían ser enviados algunos prisioneros que se encuentran en la cárcel militar de Guantánamo, según reveló durante el pasado fin de semana el periódico digital La Opinión, de Los Ángeles.
Sin embargo, destacó la misma fuente, «la Casa Blanca dijo ayer que eso no representa una alternativa al centro penitenciario establecido en Cuba».
El presidente George W. Bush admitió que planea el cierre del centro carcelario de Guantánamo y el desplazamiento de los detenidos en forma ilegal en ese campo de concentración hacia otros lugares. El periódico de Los Ángeles informó que «la decisión sobre el estatus de la prisión no es inminente».
Dana Perino, portavoz de la Casa Blanca, informó que el gobierno de Estados Unidos ha liberado alrededor de 80 de los 375 detenidos, y espera transferir varias docenas de afganos a su país, añadió La Opinión.
«Estados Unidos no tiene la intención de ser el carcelero del mundo», dijo Perino, y agregó que el gobierno quiere que otros países acepten de regreso a sus prisioneros de origen y los traten humanamente, pero que no les permitan regresar al campo de batalla, en una afirmación que es imposible conciliar con las miles de denuncias que se han realizado acerca de las graves violaciones cometidas por las fuerzas armadas y los carceleros estadounidenses.
Sin embargo, Perino destacó que Bush ha instruido a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, a trabajar con sus homólogos de otros países para tratar de repatriar a los detenidos a sus naciones de origen, «asegurándose de que sus derechos humanos sean respetados».
La prisión de Guantánamo, establecida en 2002 para alojar en forma ilegal a víctimas de la ocupación de Estados Unidos y de la OTAN en Afganistán, ha sido uno de los aspectos más criticados del gobierno de Bush, tanto en Estados Unidos como en otros países.
Defensores de los derechos humanos y líderes internacionales han pedido en repetidas ocasiones el cierre de la prisión, la cual ha sido considerada por muchos como una prueba del «doble estándar», en lo que se refiere a las libertades fundamentales en relación con la guerra contra el terrorismo, afirmó el periódico La Opinión.
Por otro lado, un oficial que conoce bien los procedimientos empleados en Guantánamo, dice que los tribunales militares del Ejército usaron información de inteligencia ambigua e incompleta y fueron presionados para declarar a los detenidos como «combatientes enemigos», aun cuando no contaban con pruebas suficientes.
Sus afirmaciones, hechas en una declaración jurada, son las primeras críticas de los procedimientos surgidas del seno de los tribunales que salen al público.
El teniente coronel Stephen Abraham, un veterano con 26 años en el servicio de inteligencia militar, quien es un reservista del Ejército y abogado en California, dijo que los fiscales militares disponían de información «genérica» que no resiste los menores cuestionamientos legales, destacó la publicación electrónica de Los Ángeles.
A pesar de numerosos pedidos, los servicios de inteligencia se negaron arbitrariamente a suministrar información específica a ninguna de las partes, según Abraham, quien sirvió de nexo entre los tribunales y los servicios de inteligencia.
«Lo que se presentó como hechos específicos carecían de los requisitos más fundamentales para ser considerados objetivamente como evidencia verosímil», manifestó Abraham en una declaración jurada presentada en un tribunal de Washington en nombre de un detenido de Kuwait, Fawzi Al Odah, quien está cuestionando su clasificación como «combatiente enemigo».
Actuando «valerosamente», Abraham aceptó hacer la declaración al ser contactado por los abogados de Al Odah, dijo uno de los representantes legales del detenido, David Cynamon.
«Esto demuestra lo que todos sospechamos, que los tribunales son una farsa completa», agregó.
Matthew J. MacLean, otro abogado de Al Odah, indicó que Abraham es el primer miembro del Tribunal de Revisión del Estatus de Combate identificado y que critica públicamente los procedimientos, destacó La Opinión.
Los tribunales estudiaron los casos de 558 detenidos en la base de Guantánamo en 2004 y 2005. Los presos se presentaban esposados ante paneles de tres oficiales. Eran representados por un militar, no por un abogado civil, y casi todos fueron catalogados como «combatientes enemigos». Sólo 38 se salvaron de esa clasificación.
A Abraham le pidieron que sirviese en uno de esos tribunales. Dijo que sus integrantes se sentían presionados para fallar en contra del detenido y que eran sometidos a un «intenso escrutinio» cuando dictaminaban que el reo no era un combatiente enemigo. En esos casos, se disponía una nueva vista para presentar más evidencia, señaló.
Su panel se mantuvo firme en su negativa a declarar al reo «combatiente enemigo». Abraham dijo que nunca más volvieron a pedirle que sirviese en uno de esos tribunales.
Abraham no respondió de inmediato a un mensaje dejado en su firma de abogados.
Un portavoz del Pentágono dijo que el Departamento de Defensa estaba preparando una respuesta a sus afirmaciones.