El 3 de diciembre 2024 el presidente conservador Yoon Suk-Yeol proclamó la ley marcial, una medida drástica pocas veces invocada en la historia reciente del país, que ha conmocionado a la sociedad surcoreana y a la comunidad internacional. Presentada por el gobierno como una respuesta a supuestas “amenazas al orden público”, esta decisión marca un claro intento de reforzar un poder en declive frente a la creciente oposición, tanto popular como parlamentaria.
Esta escalada autoritaria movilizó inmediatamente a la sociedad civil, a los sindicatos y los movimientos de izquierda, que denunciaron un ataque intolerable a las libertades democráticas. El suceso se produce en un momento de aguda tensión social y política, exacerbada por la gestión neoliberal de Yoon Suk-Yeol, que ha cristalizado la ira de amplios sectores de la población.
Ley marcial: una herramienta de dominación política disfrazada de seguridad
La ley marcial implica, por definición, una suspensión de las libertades fundamentales en favor de la ampliación del poder militar y ejecutivo, supuestamente en respuesta a una “amenaza excepcional”. Sin embargo, en la historia contemporánea de Corea del Sur este instrumento se ha utilizado a menudo no para proteger a la población, sino para imponer la represión y consolidar regímenes autoritarios en crisis.
Durante las décadas de 1970 y 1980, bajo los regímenes dictatoriales de Park Chung-hee y Chung Doo-hwan, la ley marcial se utilizó para aplastar la disidencia política y reprimir las reivindicaciones populares, con el falso pretexto de luchar contra el “comunismo” norcoreano. Lejos de ser una herramienta de seguridad pública, era un arma de control político, que bloqueaba las instituciones democráticas, amordazaba a la prensa y criminalizaba los movimientos sociales. La decisión de Yoon Suk-Yeol se inscribe en este contexto histórico. La justificación esgrimida, referida a la “inminencia de disturbios públicos”, carece de base concreta y se asemeja más a una reacción desesperada ante la pérdida del control político.
Esta elección revela un flagrante desprecio por el Estado de derecho y el deseo de utilizar medios autoritarios para imponer un poder en declive.
Cronología de los últimos acontecimientos: una sociedad enfrentada al autoritarismo
La proclamación de la ley marcial por Yoon Suk-Yeol se anunció en la mañana del 3 de diciembre de 2024 en un decreto presidencial en que se alegaba la necesidad de proteger la “estabilidad nacional” ante un presunto aumento de las tensiones sociales. Esta decisión fue inmediatamente acompañada del despliegue del ejército en los centros neurálgicos de la capital y de las principales ciudades del país. Se establecieron controles militares, se prohibieron las reuniones públicas y se impusieron severas restricciones a los medios de comunicación.
Sin embargo, la respuesta de la sociedad civil fue inmediata y decidida. Pocas horas después del anunci la Confederación Coreana de Sindicatos (KCUT), uno de los principales actores de las luchas sociales en Corea del Sur, declaró una huelga general indefinida. Activistas sindicales, a los que se unieron asociaciones feministas, estudiantiles y progresistas, organizaron manifestaciones espontáneas en varias ciudades del país, a pesar de las prohibiciones impuestas por el decreto, reunieron entre 300.000 y 400.000 personas en las calles. En Seúl miles de personas se congregaron en la plaza Gwanghwamun desafiando la presencia militar, para denunciar lo que consideraban un golpe de Estado.
Al mismo tiempo, la oposición política en el Parlamento intensificó la presión sobre el presidente, exigiendo explicaciones e iniciando procedimientos para impugnar la constitucionalidad de la ley marcial. Bajo la presión combinada de la calle y las instituciones, Yoon Suk-Yeol se vio obligado a levantar la ley marcial esa misma noche, en lo que supuso una gran humillación política. Pero lejos de calmar los ánimos, este giro reforzó las peticiones de dimisión y acentuó las críticas a su gobierno, acusado de una deriva autoritaria que pone en peligro los cimientos democráticos del país.
Una presidencia ya debilitada por los escándalos y una deriva reaccionaria
Desde su elección en 2022 Yoon Suk-Yeol, figura de la derecha conservadora surcoreana, ha visto cómo su popularidad caía en picado como consecuencia de su devastador historial económico y político. Las políticas neoliberales que ha aplicado ‒desregulación, reducción de la protección social y apoyo a los grandes conglomerados‒ han exacerbado las desigualdades sociales y precarizado a gran parte de la población. Las jóvenes y las trabajadoras soportan todo el peso de una crisis inmobiliaria que no cesa de agravarse, mientras que los más ricos, protegidos por un sistema económico atrofiado por la influencia de los chaebol1/ ‒conglomerados de empresas familiares que practican generalmente el accionariado cruzado y, por tanto, poseen acciones de sus propios accionistas‒, siguen enriqueciéndose.
Los escándalos de corrupción y el nombramiento de figuras dudosas también han empañado su credibilidad, revelando la naturaleza profundamente clientelar de su gobierno. La percepción de un régimen al servicio de las élites económicas y los intereses privados ha reforzado la desconfianza popular y la oposición de las fuerzas sociales y democráticas.
Yoon también destacó por sus comentarios abiertamente antifeministas y su voluntad de aplicar políticas retrógradas destinadas a desmantelar los avances feministas, como la supresión del Ministerio de Igualdad de Género. Este ataque frontal a los derechos de las mujeres, y más ampliamente a las luchas progresistas, ha provocado una fuerte movilización militante y una oposición creciente, sobre todo entre las generaciones más jóvenes que rechazan esta agresión social.
Esta deriva autoritaria, alimentada por una política sistemática de represión de las voces disidentes, encuentra su expresión más evidente en el actual intento de golpe de fuerza. Lejos de contar con la base popular para gobernar, Yoon parece haber elegido la vía de la intensificación de la violencia de Estado para perpetuarse en el poder, demostrando una vez más su incapacidad para responder a las necesidades reales de la población y su rechazo a los principios democráticos fundamentales.
Un partido fracturado frente a una población unida
Desde hace varios días miles de manifestantes se concentran ante el Parlamento surcoreano para pedir la destitución del presidente Yoon Suk-Yeol. Sin embargo, la moción de destitución presentada por los seis partidos de la oposición fracasó el sábado 7 de diciembre, al no conseguir la mayoría necesaria de dos tercios, 200 votos de un total de 300. La votación fue invalidada después de que los diputados del Partido del Poder Popular (PPP), el partido del presidente, boicotearan en gran medida la votación, limitando la participación a 195 diputados. Solo tres diputados del PPP votaron a favor de la moción.
El PPP, el partido gobernante conservador fundado en 2020 por la fusión del Partido de la Libertad de Corea y otros partidos menores, está profundamente debilitado. La toma de poder del presidente Yoon Suk-Yeol ha exacerbado las divisiones internas, enfrentando a sus partidarios con los que respaldan a Han Dong-hoon, el líder del partido. Ante la creciente presión popular, Han Dong-hoon declaró recientemente que la dimisión anticipada de Yoon era “inevitable”, al tiempo que afirmaba tener pruebas de que el presidente había intentado detener a dirigentes de su propio bando. Sin embargo, la facción favorable a Yoon sigue rechazando la moción de destitución calificándola de venganza política y teme que una segunda destitución presidencial, tras la de Park Heun-hye en 2016, aseste un golpe fatal a la credibilidad de los conservadores. Estas luchas internas reflejan una verdadera batalla por el control del partido, mientras que el 73,6% de los surcoreanos, según una encuesta reciente, apoya el impeachment, lo que ilustra la creciente hostilidad de la opinión pública hacia Yoon y el PPP.
Ante el fracaso parlamentario, la movilización popular creció en escala. A pesar de las gélidas temperaturas, entre 150.000 manifestantes, según la policía, y hasta un millón, según los organizadores, rodearon la Asamblea Nacional. Los eslóganes prodemocráticos resonaban en las calles, dando testimonio de la creciente hostilidad hacia el presidente, cuyo abuso de poder unos días había conmocionado profundamente a la opinión pública.
En un discurso televisado el sábado por la mañana Yoon pidió disculpas a la población, explicando su toma de poder como una “desesperación” ante una oposición que bloqueaba sistemáticamente sus iniciativas. Sin embargo, se negó a dimitir, sugiriendo que podría delegar algunas de sus responsabilidades en su partido. Al mismo tiempo, está siendo investigado por “rebelión”, delito castigado con la pena de muerte en Corea del Sur, aunque esta pena no se aplica desde 1997.
Mientras persiste el bloqueo político en el Parlamento, la verdadera batalla parece librarse ahora en las calles. Los surcoreanos, animados por una movilización masiva, reafirman su rechazo a los excesos autoritarios y su determinación a defender la democracia. En cuanto al PPP, se encuentra en una encrucijada histórica: seguir apoyando a un presidente cada vez más aislado o arriesgarse a precipitar el hundimiento del partido.
El levantamiento de Gwangju: un eco de luchas pasadas contra el autoritarismo
La historia de Corea del Sur, marcada por las luchas por la democracia y contra los regímenes autoritarios, encuentra uno de sus momentos más trágicos y simbólicos en el levantamiento de Gwangju en 1980. Este levantamiento, en el que miles de surcoreanos se alzaron contra un régimen militar represivo, ofrece un sorprendente paralelismo con la situación actual bajo la presidencia de Yoon Suk-Yeol. Hoy, como en el pasado, las fuerzas del orden responden a las aspiraciones democráticas con violencia y represión. Lejos de ser una mera página de la historia, el levantamiento de Gwangju sigue siendo un punto de referencia esencial para comprender la dinámica de resistencias que recorre la sociedad surcoreana.
En mayo de 1980 Corea del Sur estaba sometida a un régimen militar dirigido por Chun Doo-hwan, que había tomado el poder mediante un golpe de Estado en diciembre de 1979 tras el asesinato del dictador Park Chung-hee. La instauración de la ley marcial, la represión de las libertades civiles y la detención de opositores políticos provocaron la revuelta de una parte de la población. En Gwangju, ciudad del sur del país, miles de ciudadanos, principalmente estudiantes y trabajadores, se movilizaron para protestar contra las autoridades militares. Ante esta insurrección, el ejército lanzó una violenta represión y mató a entre 500 y 2.000 personas en pocos días.
Este levantamiento, aunque sofocado con derramamiento de sangre, se convirtió en un símbolo de la resistencia popular y la lucha por la democracia. En este contexto podemos entender los paralelismos con la situación actual bajo la presidencia de Yoon Suk-Yeol. Al igual que Chun Doo-hwan en 1980, Yoon ha optado por imponer un gobierno autoritario, en el que los derechos democráticos y las libertades individuales se ven constantemente amenazados para consolidar el poder.
El recuerdo de Gwangju sigue alimentando la memoria colectiva de Corea del Sur, un recuerdo de una época en la que los ciudadanos sacrificaron sus vidas para resistirse al régimen autoritario e intentar imponer la democracia. Hoy, frente a los excesos autoritarios de Yoon Suk-Yeol, hay muchos paralelismos: una población harta de la corrupción y la injusticia social, un gobierno que reacciona con represión y movimientos populares de resistencia que, como en Gwangju, se levantan para desafiar a un sistema político que los ignora. El levantamiento de Gwangju es, por tanto, más que un acontecimiento histórico: es el reflejo de una situación que podría repetirse hoy, en Corea del Sur como en cualquier otro lugar, dada la repetición de dinámicas de poder autoritarias.
Conclusión: un espejo del pasado, un reto para el futuro
Hoy, como en la sangrienta revuelta de 1980, la sociedad surcoreana se encuentra en una encrucijada histórica. La deriva autoritaria del presidente Yoon Syk-Yeol y su intento de golpe de fuerza, materializado en la imposición de la ley marcial, no son solo una respuesta a las actuales tensiones sociales, sino un síntoma de una profunda crisis del sistema político y económico del país, espejo de la actual situación mundial. Las medidas de represión y control refuerzan una preocupante tendencia a reducir las libertades y reprimir la disidencia, al tiempo que fortalecen a una oligarquía que defiende sus privilegios a costa de la mayoría.
Esta situación, aunque diferente en muchos aspectos, es un reflejo de luchas pasadas y de una tradición de resistencia populares. Es un recordatorio de que la democracia no puede conquistarse de una vez por todas, sino que debe defenderse a diario contra los intentos de quienes pretenden concentrar el poder y aniquilar toda oposición. Si el levantamiento de Gwangju sigue siendo un símbolo, hoy son las manifestaciones, huelgas y protestas populares las que están tomando el relevo como recordatorio de que la libertad y los derechos democráticos nunca deben darse por sentados.
El reto ahora no es sólo resistir a la deriva autoritaria, sino reconstruir un proyecto de sociedad radicalmente democrático, social, ecológico, feminista, antirracista y antiimperialista que responda a las necesidades reales de la gente. Se trata de luchar por una sociedad más justa, donde los derechos económicos, sociales y políticos no sean privilegios sino conquistas colectivas.
Lucie Choquet es militante de Gauche Anticapitaliste.
Publicado en Gauche Anticapitaliste Traducción: viento sur.
Nota:
1/ Cabe señalar que en muchos países esta práctica está prohibida, ya que permite manipular las elecciones de los consejos de administración y crear una forma de capital ficticio. Definición de eurofiscalis. En Corea del Sur hay una treintena de chaebol.
Fuente: https://vientosur.info/la-tentativa-de-golpe-de-estado-de-yoon-su-yeol/