En la Semana Internacional de Acción contra los Tratados de Libre Comercio, Amigos de la Tierra y OMAL presentan el informe «Tratados comerciales y transnacionales europeas de la energía en Centroamérica», que caracteriza cómo la Unión Europea (UE) ha creado un marco jurídico y político que blinda los intereses de sus transnacionales en Centroamérica, por […]
En la Semana Internacional de Acción contra los Tratados de Libre Comercio, Amigos de la Tierra y OMAL presentan el informe «Tratados comerciales y transnacionales europeas de la energía en Centroamérica», que caracteriza cómo la Unión Europea (UE) ha creado un marco jurídico y político que blinda los intereses de sus transnacionales en Centroamérica, por encima de los intereses sociales, los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
En la actualidad está creciendo el rechazo público a los tratados comerciales y de inversión. La semana pasada se presentaron más de tres millones de firmas de la ciudadanía europea contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la UE (TTIP) y a lo largo de esta semana, la Semana Internacional de Acción contra los Tratados de Libre Comercio, se están convocando múltiples actos a nivel mundial.
Precisamente, en este contexto Amigos de la Tierra, con la colaboración del Observatorio de multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad, presenta un informe que demuestra cómo la UE fortalece las leyes de comercio para proteger los intereses de sus compañías en la región centroamericana mediante acuerdos comerciales. Si bien la década de los 80 propició la firma de algunos acuerdos bilaterales entre estados de las dos regiones, fue a partir de los 90 cuando estos contaron con un auge mayor. A día de hoy los mecanismos que emplea la UE responden a 56 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre países europeos y centroamericanos, y al Acuerdo de Asociación firmado entre Centroamérica y la UE. De esta forma, junto con la extensión de las políticas neoliberales que han privatizado y desregulado sectores como el energético, se crea un marco favorable a la entrada de las transnacionales. Una situación que no ha pasado desapercibida por las multinacionales europeas, especialmente las del sector de la electricidad, que se han hecho un hueco en el mercado, tanto de la generación como de la distribución. Las más importantes son la italiana Enel/ Endesa, la francesa GDF Suez, la británica Actis Globeleq y la española Gas Natural Fenosa.
La implantación de estas empresas en la región centroamericana va asociada a los consecuentes impactos ambientales y sociales que contradicen los discursos oficiales de progreso y desarrollo. Las comunidades afectadas denuncian el saqueo de los recursos naturales, la mala calidad o ausencia del servicio supuestamente prestado, la precariedad laboral, atropellos a los derechos humanos y el deterioro de los ecosistemas. Sin embargo, las víctimas no encuentran respuestas en los tribunales estatales, pero tampoco existe una estancia internacional que juzgue a las empresas transnacionales y sus dirigentes por la violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional del Trabajo. Por esta razón, la sociedad civil se ve obligada a buscar una vía de justicia alternativa, en particular ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Así las empresas españolas Gas Natural Fenosa e Hidralia y la italiana Enel han sido denunciadas ante este tribunal popular por sus prácticas destructivas en Centro América.
Mientras, las transnacionales tienen a su alcance, no sólo la propia justicia estatal, sino que también, gracias precisamente a estos tratados de libre comercio, pueden acudir a tribunales de arbitraje internacionales donde denuncian a los Estados cuando consideran que éstos atentan contra sus inversiones e intereses. En 2009 Iberdrola demandó a Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), con motivo de una disputa en el establecimiento de tarifas, y en el año 2013 la italiana Enel demandó a El Salvador por la paralización de un proyecto geotérmico cuando el Estado centroamericano detectó irregularidades.
Según Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra, «la experiencia entre la UE y Centroamérica deja claramente de manifiesto cómo los tratados de libre comercio e inversiones representan un potente instrumento de protección de los intereses de las transnacionales, creando una armadura de seguridad jurídica de las inversiones, por encima de los derechos sociales, ambientales y democráticos de las poblaciones. Europa debería tomar buena nota de esta advertencia, rechazando la firma del TTIP con Estados Unidos y la ratificación del CETA con Canadá».
Amigos de la Tierra y OMAL llaman a un control efectivo sobre los efectos del statuo quo comercial, y las operaciones de las compañías transnacionales. Para ello piden una valoración de los efectos sociales y ambientales de los más de 3.000 tratados comerciales aprobados en todo el mundo, un control público sobre las negociaciones de cualquier acuerdo de comercio e inversión, la garantía del respeto a los derechos humanos en el comercio, un tratado vinculante ambicioso de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y la puesta en marcha de iniciativas ciudadanas como el «Mandato de comercio alternativo» y el «Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales».
Notas:
Informe Tratados comerciales y transnacionales: europeas eléctricas en Centroamérica:
http://www.tierra.org/spip/