La organización Fortify Rights ha solicitado al gobierno tailandés que investigue la reciente destrucción, por parte de sus soldados, de un puente transfronterizo. La improvisada pasarela era utilizada por personas refugiadas, en su huida de los ataques mortales que tienen lugar en el este de Myanmar.
Un vídeo filmado y obtenido por Fortify Rights, muestra a soldados tailandeses destruyendo el puente improvisado sobre el río Wa Le (también conocido como Waw Lay), afluente del río Moei, que forma parte de la frontera entre Tailandia y Myanmar. Nueva evidencia también implica a las autoridades tailandesas en la detención arbitraria y la presunta extorsión de personas refugiadas en la ciudad fronteriza de Mae Sot.
«Las autoridades tailandesas deben garantizar que cualquier investigación sobre la situación en la frontera tiene como objetivo proteger los derechos de las personas refugiadas, y no violar sus derechos todavía más», ha declarado Amy Smith, directora ejecutiva de Fortify Rights. «Las detenciones arbitrarias y la destrucción de este puente exigen atención urgente».
El vídeo filmado desde el lado birmano de la frontera birmano-tailandesa, obtenido y publicado el 3 de mayo por Fortify Rights, muestra a dos soldados tailandeses uniformados destruyendo la pequeña pasarela de bambú sobre el río Wa Le, mientras otro soldado tailandés los observa. Este puente improvisado conectaba la provincia tailandesa de Tak con el estado birmano Karen, devastado por la guerra y en donde el ejército de Myanmar ha atacado y asesinado a personas civiles, incluyendo a menores, en las últimas semanas y meses.
En el vídeo, de más de 16 minutos de duración y en los archivos de Fortify Rights, un soldado tailandés corta el puente con un machete y, a continuación, otro soldado le ayuda a desmantelar sistemáticamente la pasarela, arrojando sus trozos al río que fluye debajo. Fuera de cámara se escucha a un niño llorando y a personas hablando en lengua karen. Un soldado tailandés utiliza lenguaje obsceno y amenaza de muerte, en tailandés, a las personas situadas fuera de cámara y en el lado birmano de la frontera. En el audio se puede escuchar: «¿Qué estás filmando, cabrón? ¿Quieres morir?». Al final del vídeo, los soldados han desmantelado por completo el puente.
Fortify Rights ha confirmado que el vídeo fue grabado en marzo de 2022.
Otras imágenes obtenidas por Fortify Rights y filmadas el 25 de enero de 2022, antes de que los soldados tailandeses destruyeran el puente, muestran al menos a 45 mujeres, hombres y niños utilizando la pasarela o haciendo cola para utilizarla, en un lapso de apenas un minuto y 36 segundos. En ese vídeo, habitantes de Myanmar, entre ellos muchos menores, se desplazan con prisa, pero cuidadosamente, cargando sacos con objetos personales y provisiones. Fuentes familiarizadas con la zona y con el uso del puente informaron a Fortify Rights que personas refugiadas birmanas, particularmente mayores y niños, utilizaban la pasarela para huir de la violencia y la persecución, y que trabajadores informales de la cooperación humanitaria lo usaban también para transportar ayuda vital, desde Tailandia, a las personas desplazadas internas en Myanmar.
El 3 de febrero de 2022, Fortify Rights habló con un soldado de la Fuerza Naresuan del Ejército Real tailandés, unidad especial designada para «proteger» la frontera de Tailandia, destinado en la orilla del río Moei, en la frontera birmano-tailandesa. El soldado confirmó a Fortify Rights que tenía órdenes de impedir que las personas refugiadas cruzaran el río desde Myanmar hacia territorio tailandés. En marzo de 2021, tras el golpe de estado y durante el ataque inicial de la junta militar birmana contra la población civil, el primer ministro tailandés Prayut Chan-o-cha dio instrucciones a los organismos gubernamentales para que impidieran la «inmigración ilegal» desde Myanmar, un eufemismo para bloquear la entrada de personas refugiadas a Tailandia. De acuerdo con esta orden, las autoridades tailandesas han obligado a miles de personas refugiadas a regresar a Myanmar.
Desde febrero de 2022, Fortify Rights ha entrevistado a 15 personas refugiadas birmanas en la frontera entre Myanmar y Tailandia, entre ellas siete mujeres, así como a tres trabajadores de agencias de la ONU y a cuatro personas más de la cooperación humanitaria en Tailandia. Además del vídeo publicado hoy, los testimonios de primera mano obtenidos por Fortify Rights revelan cómo las autoridades tailandesas han arrestado, detenido y presuntamente extorsionado a las personas refugiadas en el último año.
El 8 de abril, Associated Press sacó a la luz la expedición de unas «tarjetas policiales», a través de intermediarios, a personas refugiadas de Myanmar, por un coste medio mensual de 350 baht tailandeses (10 dólares estadounidenses). Las personas refugiadas compraron estos documentos no oficiales en Mae Sot, con la premisa de que las tarjetas les ayudarían a evitar la detención.
En declaraciones a Associated Press, el gobierno tailandés «negó categóricamente» haber extorsionado a personas refugiadas; sin embargo, la Policía Real Tailandesa anunció posteriormente que investigaría la trama y castigaría a las personas responsables. El portavoz adjunto de la policía, Krisana Pattanacharoen, informó que cualquier agente de policía «que se encuentre culpable de este tipo de infracciones se enfrentará a cargos penales y será objeto de un castigo disciplinario».
Varias personas refugiadas en Mae Sot describieron a Fortify Rights el sistema de tarjetas policiales. Una persona comentó a Fortify Rights: «Las tarjetas policiales que utilizamos no nos dan garantía ni seguridad aquí. Solo lo hacemos porque otras personas utilizan las tarjetas, y hemos oído que si las mostramos no nos arrestarán».
Otra persona birmana, refugiada en Mae Sot, expresó preocupaciones similares a Fortify Rights: «Aunque tengamos una tarjeta de la policía, no estamos seguros de si nos arrestarán o no. Nunca mostramos la tarjeta a nadie. Sólo pagamos dinero. No estamos seguros de nuestra seguridad. Este es el único documento que tenemos».
Las personas refugiadas mostraron a Fortify Rights sus tarjetas policiales, que son trozos de papel y pequeñas tarjetas de diversos tamaños, con números, letras o símbolos escritos a mano en una de las caras. Una persona refugiada explicó a Fortify Rights: «Tenemos que dar dos fotos de tamaño pasaporte . . . No hay ningún sello o señal oficial». Supuestamente, las personas refugiadas pueden “renovar” su tarjeta policial mensualmente pagando dinero adicional.
«El gobierno tailandés debería crear un sistema oficial, de ámbito nacional, para expedir tarjetas de identificación que ofrezcan una verdadera protección a las personas refugiadas «, afirmó Amy Smith. «Sin un sistema de este tipo, las personas refugiadas en Tailandia esperan encontrar protección a través del sistema de tarjetas policiales. Al gobierno tailandés le interesa facilitar un proceso acorde con las normas internacionales para identificar y reconocer a las personas refugiadas dentro de sus fronteras. Este proceso ayudaría a prevenir la extorsión y otros abusos, y proporcionaría información fundamental sobre las personas recién llegadas al país».
Las personas refugiadas de Myanmar también informaron que se enfrentan a la detención y el encarcelamiento por parte de las autoridades tailandesas, debido a su falta de estatus legal en Tailandia. Las autoridades tailandesas, por ejemplo, detuvieron a Kyaw Aung (nombre ficticio) y a su amigo en Mae Sot, diez días después de que Kyaw Aung huyera a Tailandia para escapar la persecución de la junta militar birmana en diciembre de 2021. Kyaw Aung es un estudiante de Rangún que se unió al Movimiento de Desobediencia Civil (CDM, por sus siglas en inglés), la campaña nacional de oposición a la junta militar organizada tras el golpe de estado.
Kyaw Aung explicó a Fortify Rights cómo los militares tailandeses lo detuvieron a él y a su amigo en Mae Sot. «[Los] militares vinieron con armas. Nos preguntaron cómo habíamos cruzado la frontera. En ese momento, sentimos miedo».
Los soldados tailandeses trasladaron la custodia de Kyaw Aung y de su amigo a agentes de inmigración tailandeses. Kyaw Aung describió la experiencia a Fortify Rights: «[Los funcionarios de inmigración tailandeses] nos tomaron las huellas dactilares, como si fuéramos criminales. En la oficina de inmigración, nos amenazaron diciendo que nos deportarían a Birmania [Myanmar]. Luego, nos llevaron a la frontera».
Abogados tailandeses que trabajan con una organización de apoyo a las personas refugiadas intervinieron, y pudieron conseguir la liberación de Kyaw Aung y su amigo.
Fuente original en inglés: https://mizzima.com/article/myanmar-refugees-face-arbitrary-arrest-and-alleged-extortion