Mientras los países ricos acaparan la mayor parte de las vacunas a través de opacos contratos comerciales con los fabricantes, varios actores internacionales advierten de los graves peligro que implica desatender a los más pobres.
Desde que estalló la pandemia de coronavirus, a principios de 2020, la humanidad entera comenzó a mirar con ansiedad al futuro, anhelando una vacuna que pusiera fin a este repentino y gigantesco contratiempo mundial. La experiencia previa no alentaba demasiadas esperanzas sobre la posible creación rápida de un antígeno seguro y eficaz: las voces más optimistas daban un plazo de al menos un año medio para generar un antídoto mínimamente fiable.
Sin embargo, una decidida acción conjunta por parte de la comunidad científica, los poderes públicos y la iniciativa privada, urgida por la necesidad de atajar una crisis sanitaria sin precedentes, hizo posible que las primeras referencias vacunales hayan estado listas para su aplicación en menos de un año.
Así las cosas, con las vacunas ya disponibles, aunque aún en cantidades limitadas, la comunidad internacional enfrenta ahora su segundo gran reto: distribuirla a la población mundial.
¿Cuál es el criterio de ese reparto? ¿Cómo se prioriza? En el seno interno de cada país no ha habido grandes dudas: los planes de vacunación, plenos de sentido común, establecen prioridades entre los distintos colectivos sociales en función de su riesgo de contagio y de su vulnerabilidad a la enfermedad.
Pero en la otra coordenada del reparto, en su dimensión planetaria, a la hora de decidir qué regiones del mundo tienen acceso prioritario al fármaco, todo criterio se ha abandonado al albedrío de la «mano invisible» de los mercados.
En otras palabras: los países que han podido establecer contratos con las empresas productoras de vacunas y pagar por ellas, ya las tienen, mientras el resto parece abocado a depender de la solidaridad y la buena voluntad de los diferentes actores internacionales implicados.
Por ello, es en esta fase de la lucha contra el covid-19 donde la estructura básica del capitalismo imperante, profundamente asimétrica, comienza dejarse sentir, una vez más, a través de la brutal desigualdad que impone al reparto de los recursos valiosos en el mundo. El resultado de esta inercia socioeconómica ya arroja cifras alarmantes: el 16% de la población ya ha reservado el 60% del suministro de vacunas, según datos de la Universidad de Duke, en EE.UU.
«No es momento de seguir haciendo negocios»: liberar las patentes
Ante la gravedad de la actual emergencia sanitaria y la amenaza que supone para la salud de millones de personas en todo el mundo, ya son varias las voces que se han alzado contra esta evidente prerrogativa que el poder económico está demostrando tener de cara al acceso a la vacuna, y proponen una controvertida vía para re-equilibrar la situación: liberar las patentes de la vacunas.
«Una pandemia mundial no es momento para seguir haciendo negocios como de costumbre. No hay lugar para las patentes o el lucro empresarial mientras el mundo se enfrente a la amenaza de la COVID-19″, afirmaba a mediados del pasado mes de octubre Leena Menghaney, directora de la Campaña de Acceso de la organización Médicos Sin Fronteras en el sur de Asia.
Su palabras respaldaban la propuesta que India y Sudáfrica formularon a principios del mismo mes a la Organización Mundial del Comercio (OMC), a la que solicitaron suspender temporalmente las patentes de las vacunas y medicamentos contra el covid-19 para facilitar su producción en los países en desarrollo.
Dicha propuesta está siendo estudiada ahora en el propio seno de la OMC, y por ahora no se ha podido llegar a un consenso. A pesar de que 99 países de los 164 que integran la organización apoyan la iniciativa, países como EE.UU., Canadá, Australia, el Reino Unido o los Estados miembros de la Unión Europea la han rechazado, argumentando que resultaría contraproducente, en la medida en que puede desincentivar los esfuerzos que las compañías farmacéuticas invierten en investigación y desarrollo.
Frente a ellos, los países que abogan por ejecutar la exención de las patentes consideran que la medida aumentaría la capacidad de producción de vacunas en todo el mundo, y por ello incrementaría el alcance y la velocidad de la respuesta mundial al covid-19. De lo contrario, la pandemia podría causar verdaderos estragos en los países donde tardasen en llegar los fármacos, y se correría el riesgo de que la enfermedad se volviese endémica en varias regiones del mundo.
Ello constituiría un grave fracaso sanitario a nivel mundial, ya que en esas zonas el virus podría continuar su desarrollo y expandirse de nuevo globalmente a través de nuevas mutaciones que escaparán a la protección de las vacunas existentes.
¿Qué es una patente?
Una patente es un documento expedido por un Estado, o un grupo de Estados, que da derecho a explotar una invención en exclusiva en su territorio, impidiendo legalmente que otros fabriquen, vendan o utilicen en esa demarcación territorial el objeto de la patente durante un tiempo determinado, que suele extenderse, por regla general, 20 años.
El titular de una patente conserva en todo caso el derecho a permitir a otros explotar su invención, a cambio, por ejemplo, de un beneficio económico. Por otra parte, el Estado otorga ese derecho de exclusividad a cambio de que se ofrezcan al público los conocimientos técnicos que han hecho posible la invención, a través de una descripción detallada.
La misma solicitud de patente se puede presentar en varios Estados, siempre que se cumplan los requisitos necesarios. Existen tratados internacionales que permiten y facilitan que una solicitud de patente presentada en un país se pueda extender a otros. Aunque cada Estado tiene su propia normativa en materia de patentes, en la practica existen muchas similitudes entre ellas.
¿Pueden los Estados revocar las patentes?
En general, y bajo las circunstancias adecuadas, los mismos Estados que conceden las patentes disponen de recursos legales para revocarlas, suspenderlas, o limitar de diversas maneras el derecho de exclusividad que conllevan.
Una de esos recursos es la licencia obligatoria, un instrumento legal que permite al poder político ejecutar la suspensión temporal del derecho de exclusividad del titular sobre una patente, permitiendo así la producción, el uso o la venta del producto o servicio patentado a terceros, sin necesidad de consentimiento del titular, pero siempre pagándole por ello.
Los gobiernos pueden activarlo como mecanismo de defensa frente a posibles abusos cometidos por el propietario de una patente, o cuando estimen que el interés público debe prevalecer sobre sus legítimos derechos de explotación exclusiva.
Además, entre la documentación emitida al respecto por la OMC existe la llamada ‘Declaración de Doha‘, que no sólo reconoce la potestad de los Gobiernos para aplicar limitaciones a los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, sino su derecho a «determinar lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia» para justificar esa aplicación, especificando incluso que «las crisis que afectan a la salud pública, como el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias, pueden considerarse situaciones de esa naturaleza».
En 2001, precisamente bajo el azote de la pandemia del VIH/SIDA, los Estados miembros de la OMC llegaron a un consenso, similar al que algunos reclaman ahora, para ejecutar una exención de patentes de ciertos fármacos amparada por esta Declaración.
La iniciativa sirvió para establecer un mecanismo para que los países que producían medicamentos genéricos bajo una licencia obligatoria los suministraran a otros países que no tenían la capacidad de fabricarlos.
Una medida posible pero improbable
En el contexto de la actual pandemia, una acción internacional conjunta dirigida a la suspensión temporal de las patentes sobre las vacunas es, por lo tanto, legalmente posible, pero también compleja y de momento improbable.
En primer lugar, no hay una mayoría suficiente en el seno de la OMC para sacar adelante la iniciativa. De los 164 países que conforman la entidad, casi un centenar quieren aplicar la medida, pero deben apoyarla tres cuartas partes de sus miembros, así que tendrían que ser al menos 123 los países que respaldaran la exención de las patentes para que ésta obtuviera luz verde.
Además, sería un proceso legal y administrativo considerablemente complicado. Aunque en general existe cierta armonización internacional para la tramitación y reconocimiento de las patentes, para este tipo de casos hay que atender a las normas específicas de cada país. Por ejemplo, en la UE existe una Oficina Europea de Patentes (OEPM) que unifica todos los trámites de solicitud en uno solo, pero en la práctica expide una patente para cada uno de los países miembros. Por lo que su revocación exigiría un proceso diferente en cada territorio.
Por otra parte, hay otro elemento que podría resultar disuasorio para los gobiernos a la hora de apoyar o emprender una exención de patentes a los fabricantes de vacunas: habría que indemnizarles por ello, lo cual supondría un gasto muy elevado, a afrontar justo en el inicio de una de las crisis económicas más graves de la historia reciente.
Algunos argumentos en contra
La industria farmacéutica cuestiona la utilidad de esta posible intervención pública en su negocio, y avisa de los supuestos peligros que puede generar a largo plazo. El director general de la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas, Thomas Cueni, explicaba en un artículo de opinión publicado en el New York Times hace exactamente dos meses, que suspender las patentes «pondría en peligro el futuro de la innovación médica, haciéndonos más vulnerables a otras enfermedades».
«Las empresas y los inversores que financian la investigación asumen tanto riesgo porque tienen la posibilidad de obtener una recompensa«, expone Cueni en su escrito, en el que se refiere a la protección que otorgan las patentes como «la forma en que el sistema garantiza que la investigación farmacéutica siga siendo financiada».
Por otra parte, en una entrevista concedida al diario.es, el presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, alerta de otros posibles efectos no deseados derivados de una suspensión de las patentes. En concreto, teme que surja «un mercado paralelo» de vacunas en los países en desarrollo a los que se les permita fabricar los fármacos tras aplicar la exención, ya que considera que en estos territorios, «el control es menor».
«Un sistema con profundas fisuras»
Mientras la iniciativa sigue bloqueada, la pandemia no da tregua y los países más pobres del planeta miran a la vacuna todavía de lejos, sintiendo como sus poblaciones y sus economías permanecen gravemente amenazadas por la inexorable propagación del virus.
Por ello, varias organizaciones humanitarias claman a favor la liberación de las patentes como respuesta a una situación que juzgan intolerable.
La responsable de relaciones externas de Médicos Sin Fronteras en España, Raquel González, denuncia que «el momento actual está desnudando los problemas de un sistema con profundas fisuras desde hace décadas pero que ahora se hacen más evidentes que nunca».
En este sentido, señala que «el acaparamiento de vacunas por los países ricos ha venido a generar una mayor desigualdad» y explica que «los riesgos de estas ‘dos velocidades’ de vacunación mundial son varios» entre los que destacan, por su gravedad, «la pérdida de vidas humanas» y el peligro «de que la pandemia se prolongue e incluso aparezcan nuevas variantes del virus».
Para avalar su tesis, González cita una proyección de la Northeastern University de Boston, que afirma que si los primeros 2.000 millones de dosis de vacunas se distribuyeran en proporción a la población de los países, la mortalidad mundial podría reducirse en un 61 %. «En cambio, si los 47 países más ricos acaparan las dosis, la reducción será de un tercio», indica González.
«Los países que más pagan son los que más población tienen vacunada y las corporaciones farmacéuticas abusan y operan con impunidad mediante acuerdos de compra bilaterales secretos», critica González, que lamenta la «absoluta falta de transparencia» en los contratos de compra de las vacunas.
Especialmente grave le parece que esto suceda en un negocio «con unos niveles de financiación pública que no tienen precedentes», ya que «se estima que se han invertido más de 10.000 millones de dólares en I+D, ensayos clínicos y fabricación de las seis potenciales vacunas» que la UE pretende adquirir.
En definitiva, en Médicos Sin Fronteras están convencidos de que la suspensión temporal de las patentes de las vacunas, al menos hasta lograr la inmunidad de grupo mundial, daría entrada a más fabricantes y permitiría aumentar la producción«, contribuyendo así de forma determinante a un equilibrio en el reparto internacional de los fármacos sobre cuyos beneficios globales no caben dudas.
Por ello piden a los países más desarrollados «que apoyen, o al menos no pongan palos en las ruedas» de una iniciativa que consideran urgente y vital en la lucha contra el COVID-19.