El peso de la ‘realpolitik’ sigue marcando la agenda de la política exterior de Estados Unidos
Bajo la administración Obama Estados Unidos ha cometido asesinatos extrajudiciales, ha bombardeado territorios extranjeros y matado a civiles, ha vendido armas a dictaduras y gobiernos ilegítimos que las han empleado para reprimir a la población, ha mantenido abierta la cárcel de Guantánamo, ha renovado ayudas económicas a Ejércitos represores o ha protegido a agentes de la CIA acusados de tortura. Pero nada de esto ha acaparado la atención del debate político durante la campaña electoral.
Existen claras diferencias entre las políticas de Romney y Obama. Pero el carácter hegemónico de Estados Unidos pesa, hasta el punto de que Obama no ha sido lo que muchos esperaban de él en materia de derechos humanos.
Tal es así, que el propio ex presidente estadounidense, Jimmy Carter -nada sospechoso de querer favorecer el triunfo republicano- escribía el pasado mes de junio un artículo en The New York Times muy crítico, en el que acusaba al gobierno actual de violar claramente «al menos diez de los treinta artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluida la prohibición contra el castigo cruel, inhumano y degradante».
El presidente estadounidense no ha estado a la altura de las expectativas que generó en ciertos sectores. A pesar de sus promesas, la cárcel de Guantánamo sigue abierta, con más de ciento cincuenta presos en ella, sin cargos y sin derechos a un juicio civil.
El gobierno ha bloqueado sistemáticamente las iniciativas adoptadas por ex detenidos, que reclaman un resarcimiento por las violaciones de los derechos humanos y las torturas a las que fueron sometidos.
Los drones
A pesar de ser premiado con el Nobel de la Paz, Obama se ha erigido como el presidente de la guerra de los drones, los aviones espías no tripulados con los que Estados Unidos lanza ataques en Pakistán, Afganistán, Somalia o Yemen.
Desde 2009 hasta la actualidad solo en Pakistán los drones estadounidenses han matado a al menos 1.488 personas. Según diversas fuentes, como la New American Foundation, al menos 155 de esas víctimas eran civiles. 50 murieron mientras socorrían a otras víctimas, y más de 20 fueron atacadas en ataques deliberados de drones en plenos entierros o funerales.
Es el propio Obama en persona quien tiene la última palabra para decidir si se lleva a cabo o no un ataque con aviones espías no tripulados en el que exista riesgo de poner en peligro a población civil. En realidad Washington define como militante, es decir, como objetivo legítimo, a cualquier hombre en edad militar que se encuentre en una zona atacada por drones.
Como recientemente denunciaba un relator de Naciones Unidas, a través del programa de drones estadounidenses se han podido cometer crímenes de guerra que deben ser investigados y denunciados.
El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, ha advertido de que el programa de drones de Estados Unidos pone en peligro la ley internacional y podría animar a otros países a impulsar tácticas semejantes.
Si hay vía libre para que Washington bombardee territorios ajenos, ¿con qué legitimidad se le podría exigir el día de mañana a Irán, por ejemplo, que no bombardeara puntos específicos de un país extranjero determinado?
No hace falta explicar las consecuencias que esta estrategia militar tiene en las poblaciones castigadas: un reciente estudio de las Universidades NYU y Stanford denunciaba el trauma psicológico que tales operaciones provocan en niños y adultos.
«Los drones atacan viviendas, vehículos y espacios públicos sin advertencias previas. Su presencia aterroriza a hombres, mujeres y niños, provocando un claro aumento de casos de ansiedad y traumas psicológicos entre los civiles», indica el informe. Y añade:
«Las pruebas sugieren que los ataques estadounidenses han facilitado el reclutamiento de militantes en grupos armados violentos, y han motivado ataques más violentos».
«Llegamos, vimos y él murió»
Obama quiso pasar por Libia de puntillas, pero la cosa se le complicó. Estados Unidos y sus aliados optaron por mantener la operación militar en Libia a pesar de que la resolución de Naciones Unidas que aprobó la intervención establecía como único objetivo proteger a la población civil.
Se abrió de ese modo el camino a una injerencia extranjera que actuó en favor de un bando, algo no estipulado por la ONU, y en la que la OTAN perpetró varios ataques a civiles y mató a tres hijos de Gadafi.
En realidad la operación no terminó hasta que no se dio muerte a Gadafi. Ante su asesinato extrajudicial, la Secretaria de Estado Hillary Clinton manifestó lo siguiente: «Fuimos, vimos y él murió», y estalló en una carcajada.
Bin Laden era otro de los objetivos de Washington y Obama decidió liquidarlo al margen de la ley internacional. Que el terrorista más buscado del mundo estuviera desarmado no evitó que el equipo de operaciones especiales estadounidense le disparase para darle muerte. Con él murieron uno de sus hijos y tres personas más.
También en Yemen Estados Unidos lleva a cabo una intensa campaña de ataques, presuntamente contra grupos anti gubernamentales, en los que han muerto civiles.
Venta de armas a gobiernos represores
Con la administración Obama Estados Unidos ha marcado un nuevo récord en exportación de armas. En 2011 se triplicó la cifra de las ventas de armamento estadounidense, que alcanzó los 66.300 millones de dólares, 21.400 millones más que el año anterior. El 77,7% de las ventas mundiales de armas fueron realizadas por la administración estadounidense.
Entre sus grandes compradores hay gobiernos represores, como la monarquía absolutista de Arabia Saudí, primer productor de petróleo mundial y por tanto uno de los grandes aliados de Washington en Oriente Medio.
En 2011 la Casa Blanca aprobó el envío de armas a Arabia Saudí por un valor de 33.400 millones de dólares. Dicho acuerdo se produjo después de que el Ejército saudí hubiera reprimido con brutalidad las manifestaciones en demanda de libertad tanto en territorio saudí como en el vecino Bahrein, mientras Washington miraba hacia otro lado.
Y, aunque Estados Unidos dice promover el embargo de armas a Siria, dicha venta de material militar a Arabia Saudí se gestó cuando ya se sabía que los saudíes estaban proporcionando armamento a los rebeldes sirios.
Existe además un acuerdo que prevé la exportación de armas estadounidenses a Arabia Saudí en un plazo de quince años por un total de 60.000 millones de dólares, lo que constituiría la venta de armas individual más grande de la historia.
Washington ha vuelto a vender armas también a Bahrein, donde el gobierno sigue atacando y encarcelando a manifestantes que piden democracia, o a Egipto, donde el Ejército lo ha empleado para atacar a manifestantes con demandas democráticas. Eso no ha impedido que Estados Unidos haya vuelto a renovar su ayuda anual de 1.300 millones de dólares al Ejército egipcio.
Otros países que violan los derechos humanos y la ley internacional a los que Washington ha transferido armamento son Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait u Honduras, tal y como han advertido diversas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos.
Tales denuncias han caído una y otra vez en saco roto. Como ocurriera con gobiernos estadounidenses anteriores, la ‘realpolitik’ pesa más que los derechos humanos en la política internacional de la administración Obama.
La lista de la muerte de Obama y otras disposiciones
El diario The New York Times desveló este año la presunta vinculación del presidente Obama a lo que llaman la «lista de la muerte» o «kill list», un conjunto de nombres de presuntos terroristas buscados por la Casa Blanca. Dicha lista, a través de la llamada «disposición matrix», incluye los recursos que se necesitarían para localizar, capturar e incluso matar a los sospechosos.
Durante la administración Obama también se ha aprobado una ley que permite al presidente ordenar la detención de una persona de forma indefinida por ser sospechosa de pertenecer a organizaciones terroristas o «fuerzas asociadas», un concepto vago y demasiado amplio que podría dar rienda suelta a los abusos y a la violación de la presunción de inocencia y de la libertad de expresión. Por el momento un juez federal ha bloqueado dicha ley.
Además, con la administración Obama se acaba de conceder inmunidad formal a la CIA en dos casos de homicidio en dos cárceles secretas. Las víctimas murieron a causa de la tortura.
Las estructuras de poder obstaculizan también los derechos de habeas corpus de los seis mil prisioneros de la cárcel secreta de Bagram que estuvo bajo mando estadounidense, así como los derechos de los torturados en Guántamo y de las personas secuestradas y trasladadas por aviones de la CIA a cárceles extranjeras, para ser interrogadas, a veces con violencia (el llamado rendition program).
Como indicaba Adam Serwer en un artículo en Mother Jones, «puedes torturar a un detenido bajo tu custodia hasta la muerte y salir impune. Simplemente no puedes hablar de ello».
Dicho en palabras del ex presidente demócrata Jimmy Carter, «la violación de los derechos humanos internacionales por parte de Estados Unidos ayuda a nuestros enemigos y aleja a nuestros amigos».