Trump y Musk están tratando a USAID como un hospital lleno de pacientes, en el que están sacando a todos los médicos y enfermeras, cortando la electricidad y el agua, y cerrando las puertas al salir. Luego, en un par de meses, volverán para ver si alguien ha sobrevivido.
Tras las elecciones del pasado noviembre en Estados Unidos, hubo mucha especulación entre el personal diplomático, ONGs y activistas sobre lo que supondría la ascensión del presidente Donald Trump para la política estadounidense relacionada con Myanmar. Hubieron muchas predicciones de una retirada gradual, reflejando un giro interior para concentrarse en lo de “América primero”. Pero entonces quedó claro que, probablemente, Trump no tiene ni idea de dónde se encuentra Myanmar en un mapa, y mucho menos de lo que realmente está ocurriendo allí.
Muchas personas predijeron tiempos más oscuros para el Gobierno de Unidad Nacional de Myanmar, gobierno en el exilio democráticamente elegido. Otras personas especularon con que las fuerzas democráticas de Myanmar, que anteriormente habían sido defendidas por la Administración Biden, sufrirían consecuencias negativas. Gran parte de estas conjeturas se basaban en la realidad conocida de que Trump carece de un historial de apoyo ni a las causas de los derechos humanos ni a los movimientos democráticos.
Más esperanzas suscitó la confirmación del senador Marco Rubio como secretario de Estado. Y dado su historial relativamente sólido de defensa de la democracia en Myanmar mientras formaba parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, esta conjetura parecía algo plausible para algunos observadores.
Pero nadie esperaba la total aniquilación estadounidense que Trump y su secuaz, Elon Musk, han infligido a Myanmar desde que asumieron el cargo. Su congelación de la ayuda exterior, principalmente mediante el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), ha provocado el caos en todo el mundo. Por si fuera poco, parece probable que suspendan indefinidamente el programa de asistencia y reasentamiento de personas refugiadas de la Oficina de Población, Personas Refugiadas y Migración del Departamento de Estado, echando más leña al fuego.
Estados Unidos está abandonando en gran medida cualquier tipo de papel serio a la hora de abordar el conflicto más grave del sudeste asiático. Y cortar la ayuda, ignorando el sufrimiento, los abusos contra los derechos y el desastre humanitario que se está produciendo en Myanmar, equivale a una política de crueldad.
Hay poca preocupación aparente por lo que esto significa también para la región. El lema del movimiento MAGA de Trump bien podría significar en este contexto: “Hacer que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), funcione sola”.
El jefe de la Junta, el general Min Aung Hlaing, y sus compinches en Naypyitaw se alegrarán de estos acontecimientos. En pocos días, se han cerrado los hospitales y clínicas financiados por Estados Unidos en los campos de personas refugiadas en la frontera tailandesa. Las iniciativas sanitarias de asistencia a las personas desplazadas por la guerra a través de las fronteras se han empezado a agotar. Y el Consorcio de Educación de Myanmar, que apoya programas educativos en zonas étnicas y liberadas, se enfrenta ahora a recortes masivos. Además, han comenzado a cerrarse las redes de casas seguras para apoyar a las personas que huyen del país, se ha puesto fin a los esfuerzos de documentación sobre derechos humanos y se han interrumpido los programas de lucha contra el fraude cibernético relacionado con la trata de seres humanos. La lista es interminable.
La muerte de la anciana refugiada Pe Kha Lau en el campo de personas refugiadas de Umpiem es probablemente la primera de muchas muertes evitables, y todo porque ya no podía recibir el oxígeno médico que le proporcionaba la ayuda estadounidense.
Los futuros también se desvanecen, como el prometido en el acuerdo de 2023 entre Estados Unidos y Tailandia para reasentar de los campos fronterizos a unas 90.000 personas refugiadas oficialmente reconocidas. Ese programa se ha evaporado gracias al archienemigo de las personas refugiadas de todo el mundo: Stephen Miller, jefe adjunto de personal del gabinete de la Casa Blanca.
Incluso si la USAID logra sobrevivir a la «trituradora de madera» del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) dirigido por Musk, como éste se jactó de hacer en su plataforma de medios sociales X, no quedará mucho de la agencia.
En realidad, Trump y Musk están tratando a USAID como un hospital lleno de pacientes, en el que están sacando a todos los médicos y enfermeras, cortando la electricidad y el agua, y cerrando las puertas al salir. Luego, en un par de meses, volverán a entrar para ver si alguien ha sobrevivido. La respuesta es que probablemente no habrá supervivientes.
La financiación del Departamento de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo en Myanmar también está en la cuerda floja, junto con las ONG contratistas que recibieron y programaron esos fondos. Incluso la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), agencia de financiación independiente respaldada por el Congreso que ha sostenido económicamente durante mucho tiempo la labor de Myanmar en materia de derechos humanos, medios de comunicación y democracia, tiene actualmente bloqueada la recepción de fondos. Trabajadores del grupo afirman que no pueden acceder al Tesoro estadounidense para realizar las transferencias financieras del dinero comprometido con la NED.
Aunque es posible que con el tiempo se restablezcan pequeñas sumas de dinero, la realidad es que la ciudadanía de Myanmar y su revolución van a tener que dar por perdida la mayor parte de la ayuda estadounidense.
Incluso si USAID perdura, será una sombra de lo que ha sido hasta ahora. En los próximos cuatro años, es probable que la ayuda estadounidense se redirija a países más cercanos, aquellos dispuestos a acoger a los cientos de miles, quizá millones, de migrantes sin documentación que la administración Trump planea deportar.
Es probable que la escasa presión política que Estados Unidos mantiene sobre Myanmar, ya menguante por negligencia, se desplome todavía más. Las sanciones contra la junta, los líderes militares y sus compinches empresariales se han convertido cada vez más en un ejercicio anual, programado para coincidir con la fecha del golpe militar del 1 de febrero. Pero es posible que sean aún menos frecuentes a medida que el equipo de Trump devalúe la preocupación por los derechos humanos.
La Administración Trump tiene fijación por castigar a los países con superávit comercial con EEUU, pero el superávit de 579 millones de dólares de Myanmar en 2024 es una gota de agua en comparación con sus vecinos.
Los gobiernos de países como Vietnam (superávit de 123.500 millones de dólares) y Tailandia (superávit de 45.600 millones de dólares) tienen de qué preocuparse. Incluso Camboya tenía un superávit comercial de 12.300 millones de dólares en 2024, lo que demuestra lo atrás que está Myanmar en esta área crítica de consideración para Trump, al que le gustan los aranceles.
De cara al futuro, la Unión Europea, junto con Canadá, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y otros gobiernos democráticos van a tener que cubrir el hueco que queda con la ausencia voluntaria de Estados Unidos. Y van a tener que cubrir mucho.
Se necesitará más ayuda para atender las necesidades humanitarias urgentes y voces públicas con más fuerza para defender los derechos humanos y la democracia en Myanmar, al tiempo que se lucha contra planes como las elecciones fraudulentas planeadas por Min Aung Hlaing. También será necesaria una mayor presión política y sanciones mejor coordinadas para acabar con los planes bélicos y ávidos de dinero de la junta militar y sus compinches.
El pueblo de Myanmar se ha acostumbrado a librar su batalla en solitario, luchando por expulsar a la junta depredadora y a sus líderes al tiempo que reclama su democracia. La decisión de Trump de recortar la ayuda exterior estadounidense y abandonar la democracia en Myanmar es solo el último golpe. Pero, como dice el refrán, lo que no te mata, te hace más fuerte.
Phil Robertson es un veterano activista birmano por los derechos humanos y la democracia, y director de la organización de Defensores de los Derechos Humanos y Laborales en Asia (AHRLA, por sus siglas en inglés).
Fuente original en inglés: https://myanmar-now.org/en/news/usaid-cuts-will-cost-lives-in-myanmar/