La convergencia de la destitución de Bo Xilai como jefe del PCCh en Chongqing, la presentación del documento «China 2030» a instancias del Banco Mundial y el Consejo de Estado, las declaraciones testamentarias de Wen Jiabao tras la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional y la aceleración de los preparativos del XVIII Congreso del […]
La convergencia de la destitución de Bo Xilai como jefe del PCCh en Chongqing, la presentación del documento «China 2030» a instancias del Banco Mundial y el Consejo de Estado, las declaraciones testamentarias de Wen Jiabao tras la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional y la aceleración de los preparativos del XVIII Congreso del PCCh previsto para otoño, configura un panorama que parece abocar a China a una importante toma de decisiones. No se trata solo de la elección de los líderes de la quinta generación sino del rumbo a seguir en los próximos y claves años, en los que la reforma pudiera jugarse tanto su naturaleza como la identidad final del proceso.
La defenestración de Bo Xilai, quien extrañamente sigue siendo miembro del Buró Político manteniendo su caso en stand by , ha sido leída en clave netamente política pese a los esfuerzos por asociarle a conductas fraudulentas y hasta delictivas. Oficialmente poco ha trascendido, pero el expediente sigue creciendo dejando entrever manejos oscuros, corrupciones diversas a contrapelo de su imagen de Míster Proper y prácticas represivas más allá de los cánones al uso, incluyendo posibles asesinatos a instancias de su actual esposa. No debería demorarse mucho un dictamen inicial de lo ocurrido que aclare las responsabilidades e implicaciones de Bo y su entorno familiar directo y de su segundo, Wang Lijun. Este argumentario parece ser la clave para recuperar el consenso en la dirección china en este asunto y para aclarar el propio futuro de Bo Xilai.
Más allá de estas peripecias, se ha interpretado que todo ello no es más que una oportuna excusa para justificar el fin de la experiencia que había liderado en Chongqing. En este sentido, con la purga de Bo se pondría fin a un intento de influir en la dirección del PCCh para imprimir un nuevo rumbo a la reforma, más afín a cierto ideario tradicionalmente asociado con la izquierda y el maoísmo. Pero ¿es Bo de izquierda? ¿es Bo neomaoísta? Esto es más que dudoso, habida cuenta de su trayectoria errática, convulsa y controvertida. Sí es incuestionable que una oportuna convergencia de sus ambiciones con un movimiento que llevaba tiempo latente en el país le ha granjeado una proyección que ni siquiera había logrado anteriormente con su denodada lucha contra el movimiento Falun Gong. Esa corriente, con presencia en el mundo académico, en el ejército y en instancias burocráticas, encontró en Bo la palanca de articulación y visibilización necesaria, alcanzando al propio Buró Político. De ahí, la alarma y la reacción.
Desbaratada dicha propuesta, la cúpula del PCCh se esfuerza ahora por volver al consenso inicial, es decir, aquel establecido sobre la base de la reforma iniciada en 1978 con los consabidos diferendos en torno a ritmos, procedimientos y hasta objetivos. Este parece ser el debate actual, si bien no está claro que aquella senda dibujada por Deng Xiaoping para transformar el país y el socialismo chino sin cambiar la naturaleza del poder, pueda llevarse a cabo, afrontando quizás su momento más decisivo.
Durante el mandato de Hu Jintao, iniciado en 2002, se atisbó una nueva ola del proceso reformista prestando (¡por fin!, dicho sea de paso) mayor atención a otras dimensiones del desarrollo que habían sido menospreciadas por sus antecesores, obnubilados con los destellos de un crecimiento tantas veces ciego. Las políticas sociales, tecnológicas o ambientales tomaron nuevos bríos y el debate sobre un modelo alternativo basado en un mayor valor agregado ganó las unanimidades precisas, aunque no sin resquemores por parte de quienes habían aparcado el objetivo de una elemental justicia social. Todo ello siempre adobado con la reafirmación del papel incuestionable del PCCh que en 2007 se aprestaba a experimentar una democracia corporativa convirtiéndose en un singular colegio electoral de más de 80 millones de militantes. El fomento de la armonía se complementaba así con un neomandarinato que debía hacer de la defensa de la «pureza» la norma para ganarse el respeto de la ciudadanía y para acreditar la autoridad consiguiente a fin de impedir el surgimiento de actores rivales que pudieran disputarle su hegemonía política.
Mientras creció la economía, se diversificaron las formas de propiedad, se promovió el mercado, etc., las bases del poder del PCCh también fueron reafirmadas. Ni mucho menos se debilitaron. De una parte, el ejército, rechazando cualquier hipótesis de profesionalización y afirmándolo en su inquebrantable lealtad al partido. De otra, el pleno control sobre los sectores estratégicos de la economía del país. Poco importaba que el sector privado aumentara su peso en el conjunto del PIB o que respondiera de hasta el 70 por ciento del empleo. Las pymes, aun siendo millones, eran políticamente «inofensivas». Sus estructuras corporativas siguen bajo control del propio PCCh. Y lo que es más determinante, la energía, la comunicación, el sector financiero, etc., seguía firmemente en manos del poder público-partidario quien controlaba su actuar a través de nombramientos clave, una presencia organizativa determinante y un procedimiento político-administrativo controlado por la burocracia que disuadía a terceros extraños.
En Mercado y control político en China (La Catarata, 2007), decíamos que la clave de la capacidad del PCCh para influir y determinar el rumbo del peculiar proceso chino descansaba sobre ambos aspectos. Si el ejército es obvio por su connotación represiva de cualquier movimiento díscolo, no lo es tanto el poder económico que se conduce siguiendo cánones menos visibles. Así, la pérdida sustancial de la base empresarial reduciría las posibilidades efectivas del PCCh de incidir y condicionar el rumbo de la reforma, quedando a merced de los intereses de las grandes corporaciones empresariales privadas, con capacidad añadida para trasladar a nivel estatal fenómenos que ya se vienen manifestando a nivel local a cierta escala a través de la compra de fidelidades y servicios en las elites inferiores e intermedias. Por otra parte, conllevaría la reducción del papel de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y sus equivalentes territoriales. En suma, quien controle el PCCh controla el proceso, pero quien controle la economía acabara controlando al PCCh.
En estos años, el PCCh fue capaz de alentar y digerir casi en silencio una intensa ola privatizadora de las empresas de propiedad social (de cantón y poblado, básicamente), las responsables reales y principales del crecimiento chino en sus primeras etapas. Los beneficiarios principales fueron sus gerentes, dando origen a una capa de empresarios «rojos» que hoy siguen naturalmente militando en el PCCh. En paralelo, la conformación de grandes grupos empresariales públicos, tanto a nivel central como territorial, le brindaba unas capacidades de influencia singulares en el tejido económico-empresarial. Tras años de saneamiento con costos económicos y sociales nada desdeñables, la alta rentabilidad de sus operaciones se acompañó de una implicación activa en las políticas centrales. De hecho, muchas de estas empresas han pasado a actuar como agentes del desarrollo en las zonas del oeste del país. El año 2011, por ejemplo, han invertido en Xinjiang, 70.150 millones de yuanes en diversos proyectos y en 2012 invertirán 724.320 millones de yuanes.
Este modelo, con una economía privada subalternizada y un sector público determinante y boyante, pareció funcionar exitosamente hasta la llegada de la crisis financiera global. La reducción de las exportaciones y las dificultades para operar a tiempo una reconducción de la demanda interna (mediante inversiones sociales, aumento de salarios, etc.) han influido sobremanera en las capacidades para generar beneficios en las empresas. El paquete inversor de 4 billones de yuanes tuvo un primer y positivo impacto, pero la dilatación de la crisis sugiere una profunda reflexión sobre el camino a seguir para poder mantener elevadas tasas de crecimiento a fin de garantizar la estabilidad social y política sin que el aumento de las capacidades del sector público vaya en detrimento del privado.
Las propuestas del informe «China 2030» -sometido ahora a la severa crítica de los economistas chinos de todas las tendencias-, sugieren que la salida de la crisis a través de una nueva espiral de crecimiento solo es posible con un mayor desarrollo de la economía privada y la limitación o supresión de los monopolios públicos. Así, de la propiedad social a la propiedad estatal, nos hallaríamos ante una segunda ola privatizadora que en una década podría poner fin, de llevarla hasta las últimas consecuencias, a esa base económica de que ha disfrutado el PCCh, circunstancia que abocaría, en opinión de algunos, a una reforma política probablemente inevitable y de signo incierto.
Los temores que suscita esta agenda en el sector más conservador del PCCh son evidentes. Hasta ahora, el reformismo económico siempre ha ido de la mano del conservadurismo político, con gestos y experimentos que en nada han afectado a la naturaleza esencial del sistema. De hecho, sus señas de identidad no se han modificado, contentándose con implementar medidas en aquellos ámbitos identificados como los más dañinos para su liderazgo (corrupción, desigualdades…), con relativo éxito y rechazando medidas lógicas como el traslado de la experiencia democrática del campo a las ciudades.
Si los «príncipes rojos» son un hecho biológico-demográfico de desigual adscripción político-ideológica -a veces antagónica-, no lo es así la confrontación entre conservadores y populistas, con sus diversas graduaciones. Hemos pasado así del debate acerca de la prosperidad común y de la reducción de las desigualdades sociales, que han liderado los segundos, al cuestionamiento de la conveniencia y posibilidad o no de la apropiación por la oligarquía partidaria de la gran tajada económica que resta por repartir en el país. Sobra decir que unos y otros se han beneficiado largamente de las prebendas que depara ese control. Basta ver la nómina de altos cargos de muchas de estas empresas para identificar a hijos, hijas y demás parientes de altos líderes chinos.
Según indican los signatarios del «China 2030», esto permitiría una nueva etapa de crecimiento y haría a China más homologable internacionalmente reduciendo, en paralelo, la tan temida carga nacionalista de su proyecto. No obstante, este factor es el que aúna buena parte de las motivaciones de liberales y conservadores, aunque difieran en los caminos. ¿Puede China alcanzar mejor su objetivo y mantenerlo perseverando en su singularidad? ¿O una homologación conllevará una mayor cooperación con rivales estratégicos que finalmente podrían adulterar el objetivo nacional de la reforma? ¿Estamos ante una estrategia que domesticaría el dragón chino? La hipótesis de un desarme del poder del PCCh en el área económica se evoca como riesgo político demasiado elevado. Así pues, el consenso, en proceso de gestión actualmente, marcará un nuevo equilibrio, a riesgo de que sin él, el cisma, que nadie desea, pudiera llegar a producirse.
Los partidarios de este impulso económico parecen igualmente simpatizar con una liberalización política, aunque las unanimidades son muy frágiles y lo matices abundantes. Sigue habiendo más claridad en el reformismo económico que en el reformismo político. No hay unas «36 Cláusulas» para la reforma política como sí las hay, desde mayo de 2010, para apoyar al sector privado aunque hayan tenido escasa aplicación práctica. A pesar de ello, a juzgar por los datos oficiales, no le ha ido tan mal en 2011. La economía privada creció el año pasado un 46 por ciento, frente al 34 de la propiedad colectiva y el 15 del sector estatal.
Sin duda, la debilitación de la demanda por la crisis en el mundo desarrollado ha complicado las perspectivas de muchos negocios privados. El espejo de esa realidad ha sido Wenzhou, referente de la economía privada china y donde muchos empresarios se han fugado o suicidado. Hoy se lidera desde el Consejo de Estado la interpretación de que la falta de crédito público llevó a los empresarios a involucrarse en manejos ilegales. El ejemplo es la empresaria Wu Ying, prototipo de la exitosa mujer de negocios y hoy condenada a muerte a espera de la revisión del Tribunal Popular Supremo. La presencia del sector privado en el mundo financiero lo habría evitado, se dice, ya que éste ha privilegiado el sector público descuidando la economía privada. La ruptura de los monopolios, sentencia la representación del FMI en China, permitiría un aumento de 10 veces del PIB per cápita de China…. en el largo plazo. Las empresas privadas están entusiasmadas con la posibilidad de entrar en estos sectores ya que «suelen traer grandes beneficios», asegura Yuan Gangming, investigador de la CASS.
Precisamente Wenzhou, tildada por algunos como la Grecia china, se ha convertido, en la mejor tradición de la reforma, en el laboratorio financiero del PCCh, con objeto de dar respuesta a las necesidades financieras de la pymes de esta ciudad, muchas de ellas en manos de entidades para-mafiosas en las que han podido encontrar el auxilio negado por la banca oficial.
La clave, pues, del actual momento chino consiste en definir de nuevo el espacio y funciones del sector público, según unos para suprimir los obstáculos que impiden mantener y socializar la prosperidad y según otros para impulsar una reorganización de las elites oligárquicas que tomarían el control de apetitosos bocados del sector público, acompañado de un debilitamiento del papel del PCCh
La gestión de esa tensión determinará el carácter de la nueva cúpula china. De ahí la gran movilización que protagonizan clanes y grupos de presión, líderes en activo y veteranos, para ganar influencia en un Comité Central que se renovará en otoño en más de la mitad al igual que el Buró Político y el Comité Permanente.
Los líderes chinos son plenamente conscientes del valor y transcendencia de la variable económica. La usan a menudo en sus relaciones más conflictivas, dentro y fuera del país. La apuesta que dibuja Wen Jiabao y que parece compartir su probable sucesor Li Keqiang convierte en agua de borrajas discursos recientes como el de Hu Jintao contra «las fuerzas hostiles que occidentalizan China» o sus referencias a la pureza del PCCh con las que pretende mantener una equidistancia mal disimulada y muy cuestionada por los sectores afines al anterior secretario general Jiang Zemin, que plantarán batalla hasta el final. En la misma línea podría posicionarse Xi Jinping.
En su atolladero, la reforma parece haber desatado inexorables fuerzas con capacidad para dinamitar las cautelas y previsiones de Deng Xiaoping cuando aventuraba que con ella solo pretendía construir el socialismo dando un rodeo por el capitalismo. Con tanto rodeo ¿no se habrán perdido?…
Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China y autor de China en 88 preguntas .
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.