La empresa Transcanada planteaba construir el oleoducto llamado «Keynstone XL», de 1.900 kilómetros de longitud y con una capacidad de transportar 830.000 barriles de crudo al día. El punto de inicio sería Alberta (Canadá) y atravesaría Estados Unidos hasta alcanzar el Golfo de México. Después de siete años de polémica y una fuerte presión de […]
La empresa Transcanada planteaba construir el oleoducto llamado «Keynstone XL», de 1.900 kilómetros de longitud y con una capacidad de transportar 830.000 barriles de crudo al día. El punto de inicio sería Alberta (Canadá) y atravesaría Estados Unidos hasta alcanzar el Golfo de México. Después de siete años de polémica y una fuerte presión de organizaciones sociales, ambientalistas e indígenas de Estados Unidos, Obama rechazó la construcción del oleoducto en noviembre de 2015. Pocos meses después la compañía Transcanada anunció una demanda contra Estados Unidos en la que pedía la exorbitante suma de 15.000 millones de dólares para compensar las expectativas de beneficio frustradas. La empresa se acogía, para ello, a las disposiciones del NAFTA (Tratado de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos, México y Canadá, que entró en vigor el 1 de enero de 1994).
La activista Melinda St Louis (Nueva Yok, 1975), directora de campañas internacionales en el «Global Trade Watch» de la organización estadounidense Public Citizen, alerta de que estas demandas ante tribunales de arbitraje privados no son una excepción. Antes de participar en un acto organizado por la Campaña «No al TTIP» de Valencia en la universidad de esta ciudad, recuerda que en Canadá han ocurrido muchos casos similares. La minera estadounidense Bilcon presentó una demanda contra el estado de Canadá porque resolvió paralizar el macroproyecto de ampliación de una cantera de grava en Nueva Escocia, después de un estudio de impacto ambiental realizado por expertos independientes. Los inversores ganaron el pleito en el tribunal de arbitraje (marzo de 2015), y la cifra compensatoria que se apuntó rondaba los 300 millones de dólares.
Melinda St.Louis ha informado sobre «La campaña contra el TTIP desde el otro lado del Atlántico». Es licenciada en Políticas Públicas y Desarrollo Internacional, y como activista se ha centrado en la solidaridad internacional, básicamente en la deuda que somete a los países del Sur pero también en el funcionamiento de las instituciones financieras internacionales (Banco Mundial y FMI, entre otras) y la situación de los derechos laborales en los países que producen para Estados Unidos. Estas actividades las ha desarrollado en países como Nicaragua, El Salvador, Colombia y México, entre otros. La organización en la que actualmente trabaja, Public Citizen, fue fundada hace cuatro décadas por el abogado y activista Ralph Nader, candidato por el Partido Verde a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 1996 y 2000. El objetivo es, según su definición, la protección de los consumidores en aspectos tan diferentes como la salud o la regulación financiera y, en general, disminuir la influencia del dinero en la democracia.
Los movimientos sociales estadounidenses han focalizado su oposición no tanto al TTIP como al Acuerdo Transpacífico (TPP, por las siglas en inglés), un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y otros once países del Pacífico, tanto de América Latina como de Asia y Oceanía. El tratado «supuestamente de libre comercio», matiza la activista, terminó de negociarse en 2015. Fueron siete años de conversaciones e intercambio de propuestas a puerta cerrada, «en un proceso muy opaco y en el que influyeron notablemente las grandes transnacionales».
La rúbrica del Tratado Transpacífico, espacio económico que abarca el 40% del PIB mundial, se produjo en febrero de 2016, pero las más de 6.000 páginas que contenía el acuerdo se hicieron públicas en noviembre del año anterior. «Era mucho peor de lo que pensábamos», apunta Melinda St Louis. «El mecanismo de resolución de controversias inversionista-estado no sólo se ha introducido en el tratado, sino que se ha extendido». Por ejemplo, se permite que los bancos extranjeros puedan utilizar estos mecanismos contra las regulaciones financieras, critica. El modelo es idéntico al del TTIP (Acuerdo Transatlántico para el comercio y la inversión) entre Estados Unidos y la Unión Europea. «También va a ser mucho más difícil de parar la importación de productos contaminados». «Hay una preocupación muy seria por la seguridad alimentaria».
¿Qué percepción tiene la opinión pública estadounidense de los grandes tratados comerciales, sea el NAFTA, el TPP o el TTIP? «Hay un sentimiento generalizado de que han perjudicado a la población», asevera la coordinadora de campañas internacionales del «Global Trade Watch», observatorio que desde los años 90 analiza los acuerdos comerciales y de inversiones suscritos por Estados Unidos. Los TLC han llevado a pérdidas de empleo, reducciones salariales y un incremento de las desigualdades, y la gente en la calle así lo percibe.
Los medios de comunicación informaron muy poco de los tratados anteriores, pero actualmente, con el TPP, «hay más gente consciente porque se ha organizado una campaña muy fuerte, por ejemplo con sindicatos, organizaciones ambientalistas y de consumidores». «Se ha hecho un trabajo importante de divulgación, también en las redes sociales», resalta Melinda St Louis. Por el contrario, «el TTIP no se conoce apenas en Estados Unidos». A veces se publicaba en «The New York Times» o «The Washington Post» algún artículo, lamenta la activista, pero en los canales de televisión, por los que la mayoría de la población se informa, «no se habla de todo esto». Tal es la oposición al Acuerdo Transpacífico, que todos los precandidatos a las elecciones de noviembre han manifestado su oposición. Tanto Donald Trump como Ted Cruz por el Partido Republicano, como Hillary Clinton y Bernie Sanders por los demócratas. Una gran parte de los congresistas del Partido Demócrata no quieren el TPP, al igual que un sector importante de los republicanos. También los sindicalistas rechazan de plano este acuerdo comercial.
Tal vez sea por razones estratégicas. «Observan que la población no está de acuerdo y para resultar elegidos rechazan el TPP», explica Melinda St Louis. «Aunque realmente no nos creemos que ésta sea su verdadera opinión». De hecho, Obama demostró un gran interés por aprobar, y por hacerlo sin debate, el TPP antes de que se echara encima el año electoral. Otro de los frentes es el corporativo. Hay cerca de 500 empresas con asesores directos influyendo para la aprobación del TPP y el TTIP. Según la miembro de Public Citizen, «la agroindustria estadounidense está muy interesada en deshacer la regulación de los transgénicos». Multinacionales como Monsanto, productora de agroquímicos y biotecnología, se han implicado de lleno. Las grandes corporaciones del sector farmacéutico tienen asimismo un gran interés en expandir sus monopolios y poder presionar a los gobiernos en la fijación de los precios de las medicinas. La petrolera Chevron también tiene entre sus prioridades el mecanismo de arbitraje y resolución de conflictos (ISBS). «Ellos hicieron su comentario: el mecanismo tiene que estar ahí». Las comunidades indígenas ecuatorianas demandaron a Chevron por el derrame de 80.000 toneladas de residuos de crudo en su territorio.
Las campañas contra los dos macroacuerdos comerciales (el TTIP y el TPP) en Estados Unidos tienen el punto de partida hace dos años, cuando las organizaciones populares se emplearon a fondo contra el llamado «Fast Track», que suponía una delegación de autoridad a Obama por parte del Congreso para que el presidente pudiera negociar los tratados comerciales, y los llevara a la Cámara para que ésta emitiera simplemente un «sí» o un «no». Ni siquiera el Congreso podría enmendar los tratados. En junio de 2015 se aprobó el procedimiento, «pero no les resulto nada sencillo por la campaña tan fuerte de protesta». Se articularon coaliciones a escala local en las que participaban sindicatos, grupos ambientalistas, de la tercera edad e iglesias, entre otros. «Se planteó la batalla congresista a congresista y senador a senador», apunta Melinda St Louis. Los informes y las investigaciones de los activistas, en los que se señalaban los impactos en cada región, se remitían a los cargos públicos. Y, por tanto, se tenían que posicionar.
Se multiplicaron las acciones reivindicativas: recogida de firmas (se presentaron un millón en el Congreso), artículos en los periódicos locales o manifestaciones en las oficinas de los políticos. «Todo se hacía distrito a distrito». La proyección estatal se buscaba a través de campañas de divulgación, que trasladaban la sustancia tóxica de los tratados. Melinda St. Louis recuerda la protesta de los pacientes de cáncer que resultaron detenidos en la puerta de las grandes farmacéuticas. Pretendían así hacer visible el alza vertiginosa en los precios de los tratamientos, que en algunos casos pueden llegar a los 100.000 dólares anuales. La activista señala, sin embargo, la necesidad de afianzar la relación entre quienes se oponen a los TLC y los militantes que batallan en otros frentes, por ejemplo contra la violencia policial o el racismo. En el largo plazo las pautas se repiten o al menos se asemejan, también los discursos y los cantos de sirena. Antes de que entrara en vigor el NAFTA en 1994, la propaganda oficial anunciaba la creación de centenares de miles de empleos. Pero más de dos millones de campesinos mexicanos perdieron su trabajo y muchos tuvieron que emigrar, mientras las grandes empresas de Estados Unidos podían vender su maíz a precios subsidiados.
En la manufactura estadounidense también se han destruido cinco millones de puestos de trabajo (uno de cada cuatro), resalta Melinda St Louis. Y se trata de «políticas similares a las previstas en el TPP y el TTIP». Los empleos en la manufactura tenían en muchos casos cobertura sindical, pero se sustituyeron por otros en el sector servicios, sin prestaciones y con salarios más bajos. En resumen, el modelo ha disminuido el poder de negociación de los sindicatos, porque pende siempre la amenaza de que la fábrica se marche a otro lado. «La clase media y la clase obrera no ha visto aumentar el salario en 20 años, aunque se haya producido un gran aumento de la productividad». «Esto ha conducido a una desigualdad enorme», concluye la miembro de Public Citizen.
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