En septiembre de 2024, el comunista Anura Kumara Dissanayake, del Janatha Vimukthi Peramuna, JVP (Frente de Liberación Popular), ganaba las elecciones presidenciales de Sri Lanka frente al candidato de la derecha, Sajith Premadasa, del Samagi Jana Balawegaya, SJB(Partido Nacional Unido, UNP), mientras el partido gubernamental, el Sri Lanka Podujana Peramuna, SLPP, de los Rajapaksa, se hundía por completo. Un pequeño país de 25 millones de habitantes, que había sido gobernado alternativamente desde la independencia por el SLPP y el UNP, surgía de nuevo en toda la prensa mundial que ya había olvidado los días de Sirimavo Bandaranaike, que fue la primera mujer del mundo en dirigir un gobierno, y los años de la guerra con los tamiles.
En los últimos años se han sucedido presidentes del Sri Lanka Podujana Peramuna, una escisión del Partido de la Libertad, SLFP, (con Kumaratunga, hija de Banderanaike; y con Mahinda Rajapaksa, Sirisena y Gotabaya Rajapaksa) y el país entró en una crisis profunda. Los atentados suicidas de abril de 2019 contra hoteles e iglesias cristianas, que causaron casi cuatrocientos muertos y fueron reivindicados por el turbio Daesh durante la presidencia de Maithripala Sirisena, han sido objeto de investigaciones (como el “informe Malalgoda”) que no han dado resultados concluyentes, aunque todo apunta que sus inspiradores pretendían forzar enfrentamientos entre las distintas comunidades étnicas y religiosas del país y sembrar el caos en un momento en que Sri Lanka se estaba aproximando más a China.
En octubre de 2020, Mike Pompeo, el halcón que dirigió el Departamento de Estado en Washington durante la presidencia de Trump, visitó Colombo, la capital de Sri Lanka. Su gira asiática tenía como objetivo limitar la influencia de China en el país y en Maldivas, además de en Indonesia. En Colombo, le había precedido Yang Jiechi (uno de los principales dirigentes chinos, quien durante la “cumbre de Alaska” entre China y Estados Unidos unos meses después, lanzó ante la prensa una dura denuncia de la política exterior estadounidense, tras la provocación de Blinken), que aseguró la llegada de nuevas ayudas económicas a Sri Lanka. Pekín, inmerso en el desarrollo de la nueva ruta de la seda, había concedido créditos al país por varios miles de millones de dólares y construido un puerto de aguas profundas. Tras entrevistarse con el presidente Gotabaya Rajapaksa, Pompeo, como hizo después Blinken, calificó a China de “depredadora”, recordó los entrenamientos militares que prestaba el Pentágono a Sri Lanka, y alertó sobre las consecuencias que tendrían los créditos chinos concedidos al país, aunque el propio Rajapaksa negó después que el país estuviese cayendo en una “trampa de deuda china“. De hecho, en 2022, del total de la deuda del país apenas un diez por ciento la mantenía con Pekín. Pompeo no olvidó insistir en “el peligro que representa para el mundo el Partido Comunista de China”.
Siglos de colonización, portuguesa, holandesa y británica, culminaron en la vieja Ceilán con un régimen de servidumbre, robo de tierras y represión política hasta la independencia de 1948, que dio paso a un período de nacionalizaciones de empresas y tierras hasta que en 1972 el Ceilán colonial se convirtió en la moderna Sri Lanka, que la Constitución de 1978 definió como una República socialista democrática (“El Estado se compromete a establecer en Sri Lanka una Sociedad Socialista Democrática”), aunque sus disposiciones quedaron reducidas al papel. La vecindad con la India, y la presencia de la importante minoría tamil de origen indio, delimitan desde hace décadas la política del gobierno de Colombo, que se vio obligado a transigir con la intervención de Delhi durante la larga guerra contra los tigres tamiles.
El viejo Partido de la Libertad, SLFP, que fundó Solomon Bandaranaike, impulsó una política progresista de tinte socialista hasta que fue asesinado, continuada por su viuda Sirimavo Bandaranaike, que fue evolucionando hacia posiciones centristas. La política exterior se basaba en la pertenencia al Movimiento de Países no Alineados, posición que mantuvo durante la guerra fría. La intervención del FMI a finales de los años setenta inició un proceso de liberalización económica, privatizaciones y destrucción de las moderadas garantías sociales anteriores, a lo que se añadió desde 1983 hasta 2009 la guerra con los tigres tamiles (Tigres de Liberación del Eelam Tamil), un movimiento nacionalista que combatió la discriminación de los tamiles con la pretensión de formar un nuevo Estado en el norte de la isla. En 1991, los tigres asesinaron a Rajiv Gandhi, que hasta dos años antes había sido primer ministro de la India, y también al presidente esrilanqués Premadasa.
La guerra civil terminó en 2009, tras casi tres décadas de lucha con los tigres tamiles por conseguir la independencia y con la muerte de su principal dirigente, Velupillai Prabakharan. La guerra causó unos cien mil muertos; y el gobierno de Maithripala Sirisena reconoció en 2016 que más de 60.000 personas continúan “desaparecidas”. Quince años después del fin del conflicto siguen existiendo campamentos de refugiados, y fosas comunes que no se han investigado pese al denonada esfuerzo de las mujeres que siguen luchando por saber qué les ocurrió a sus maridos y sus hijos a manos del ejército y de los grupos paramilitares. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ha constatado que la violencia y las desapariciones forzadas afectaron a los tamiles y a miles de militantes cingaleses de izquierda, comunistas y socialistas.
El fin de la guerra no supuso el fin de los problemas del país, y la crisis se precipitó en 2022: las protestas y una poderosa movilización popular (janathaaragalaya, «lucha del pueblo» en cingalés, que surgió de forma espontánea en la mayoría de las regiones) y lanzó a las calles a centenares de miles de trabajadores exigiendo la caída del gobierno Rajapaksa, y unas elecciones parlamentarias que barriesen a los diputados de los partidos que se han turnado en el poder. El gobierno suspendió el pago de la deuda y no pudo hacer frente a las importaciones. En el verano de ese año, las protestas contra el presidente Gotabaya Rajapaksa (que había dirigido la victoria sobre la guerrilla tamil) fueron aplastadas por la policía y las masivas manifestaciones de protesta terminaron ocupando y saqueando el palacio presidencial en julio de 2022 mientras Rajapaksa huía en avión a las Malvinas. La llegada de un nuevo presidente (Ranil Wickremesinghe, del Partido Nacional Unido, UNP, una formación socialdemócrata) que ganó las precipitadas elecciones de ese mismo año, no solucionó la gravísima crisis del país con una inflación desbocada, una abultada deuda externa, y donde faltaban alimentos, medicinas y combustibles, que agravaron las consecuencias de la pandemia dejando al país sin turismo, uno de sus principales sectores económicos, mientras arreciaba la represión política: el Inspector General de la Policía, el siniestro Deshbandu Tennakoon, un hombre implicado directamente en torturar a los detenidos, fue destituido el verano de 2024 por su actuación ante los atentados de 2019. El Fondo Monetario Internacional pactó con Wickremesinghe un plan de rescate en 2023 con 3.000 millones de dólares, crédito que exigía aumentar los impuestos a la población, la reforma de las empresas públicas y aumentar las reservas del banco central, con el obligado ornamento de que debía combatirse la corrupción. El FMI no olvidó adornar sus exigencias pidiendo que se atendiese a “las personas pobres”… mientras exigía privatizar las principales empresas del país, como la CEB (Ceylon Electricity Board) y la CEYPETCO (Ceylon Petroleum Corporation) y desregular el mercado interior permitiendo la entrada de compañías petroleras. Las reformas, que el FMI aseguraba meses después que estaban funcionando, no han mejorado la vida de la población. El nuevo gobierno tiene ante sí una dura labor: más de la mitad de la población urbana vive en la pobreza, millones de personas necesitan ayuda alimentaria. El presidente Dissanayake quiere desarrollar el país, acabar con la pobreza y el hambre, reducir la dependencia de la India y fortalecer los lazos políticos y económicos con China.
El JVP de Dissanayake es un partido comunista que participó en la lucha armada hasta los años ochenta, aunque en 2024 solo tenía tres diputados en el parlamento. Los períodos de clandestinidad forzada por su prohibición, la represión, los enfrentamientos armados con otros partidos, y el asesinato de sus principales dirigentes han marcado su trayectoria. El fundador y principal dirigente del JVP, Rohana Wijeweera, fue asesinado en 1989 en la operación Combine, organizada por el gobierno. Lo sustituyó Saman Piyasiri Fernando, que también fue torturado y asesinado quince días después junto con otros dirigentes y su cadáver arrojado a una hoguera por la policía, y Lalith Wijerathna, que tomó el relevo en la dirección del JVP, fue asesinado tres días después. La represión fue atroz: tras el asesinato de Wijeweera, el ejército mató a doce de los trece componentes del politburó del JVP, y de los once miembros de la dirección que lo sustituyó con Piyasiri, nueve fueron también asesinados.
En los años de la división en muchos países entre partidos prosoviéticos y prochinos, el JVP fundado por Wijeweera surgió en 1965 de una división del Partido Comunista de Ceilán (maoísta), también conocido como Izquierda de Pekín, que a su vez se había separado en 1964 del histórico Partido Comunista de Ceilán fundado durante la Segunda Guerra Mundial. Aún bajo el denominado Dominio de Ceilán con la monarquía británica de Isabel II, el JVP impulsó la lucha armada en 1971 contra el gobierno de Sirimavo Banderanaike (donde contó con la participación de Samuel Dias Bandaranaike, primo de Solomon Banderanaike, fundador del Partido de la Libertad y primer ministro del país cuando fue asesinado en 1956), contra el gobierno del Partido de la Libertad, y en los años ochenta contra el gabinete del Partido Nacional Unido. A finales de la década de los setenta, el JVP reanudó sus relaciones con la Unión Soviética, mientras mostraba recelo hacia la India y desconfiaba de las reclamaciones de la minoría tamil. Prohibido por el gobierno, el JVP actuó en la clandestinidad durante años, como hizo el Partido Comunista de Ceilán, también prohibido en los años ochenta. Los principales dirigentes del JVP, Rohana Wijeweera y Upatissa Gamanayake, fueron asesinados por el ejército en 1989 en una operación dirigida por el ministro de Defensa, Ranjan Wijeratne, y el presidente Ranasinghe Premadasa, ambos del Partido Nacional Unido.La represión causó decenas de miles de muertos y en los años noventa todavía miles de miembros del JVP eran presos políticos en las cárceles del país.
A inicios del siglo XXI, la izquierda comunista había retrocedido. Tras un análisis de la nueva realidad del país, el JVP abandonó la lucha armada y se esforzó en impulsar campañas políticas, moderando su discurso. En enero de 2004, el JVP llegó a un acuerdo con el SLFP bajo el nombre de United People’s Freedom Alliance, UPFA, para enfrentarse al gobernante Partido Nacional Unido, UNP, pacto al que se adhirieron el Partido Comunista de Sri Lanka, una Alianza musulmana y otros partidos menores. La victoria electoral llevó a la formación de un gobierno de la UPFA en minoría parlamentaria, aunque en 2005 el JVP abandonó la alianza y el gobierno (donde contaba con tres carteras) en desacuerdo por el nombramiento de Mahinda Rajapaksa como primer ministro y por la respuesta ante el trágico tsumani que asoló las costas del océano Índico en diciembre de 2004 y causó 35.000 muertos en Sri Lanka y una enorme destrucción. Entonces, los diputados comunistas pasaron a la oposición.
Los acuerdos electorales han sido controvertidos en muchas ocasiones: para las elecciones de 2019, confluyeron en la coalición Sri Lanka People’s Freedom Alliance los dos partidos más fuertes del país (el Sri Lanka Podujana Peramuna, SLPP, y el Partido de la Libertad de Sri Lanka, SLFP) y otros quince partidos, entre ellos el Partido Comunista de Sri Lanka y el Lanka Sama Samaja, una organización de origen trostkista que llegó a tener un relevante apoyo electoral: durante décadas consiguió aproximadamente un diez por ciento de los votos. Esa coalición, Sri Lanka People’s Freedom Alliance, se dispersó en medio de las grandes movilizaciones populares de 2022.
Tras años de disputas y divisiones en el interior del JVP, que dieron lugar al nacimiento de otras organizaciones, el partido articuló la coalición victoriosa, JathikaJanaBalawegaya (NPP, Poder Popular Nacional) para las elecciones presidenciales de 2024. Ahora, tras su victoria electoral, deberá enfrentarse a un viejo dilema de la izquierda: limitar su programa político (frente a las exigencias del FMI, cuyos préstamos condicionados siguen vigentes) puede permitirle ampliar su electorado entre los sectores más moderados del país pero puede hacerle perder una parte de sus bases de izquierda. Las elecciones legislativas convocadas por el presidente Dissanayake en el segundo día de su mandato para el 14 de noviembre han ofrecido un resultado: XXXXX
Tras su victoria electoral, Dissanayake nombró como presidenta del nuevo gobierno a Harini Amarasuriya, una profesora universitaria que investigará los privilegios y asignaciones concedidas a diputados, ministros y expresidentes por los gabinetes anteriores. El presidente ostenta también la cartera de Defensa, con un viceministro formado en China, el vicemariscal del Aire, Sampath Thuyacontha. Dissanayake, hijo de campesinos, pretende acabar con la pobreza y la corrupción, atajar la desnutrición infantil, impulsar la educación y un sistema de salud públicos, detener la degradación de la naturaleza, renegociar el préstamo del FMI y fortalecer las relaciones con China. Su victoria fue una mala noticia para Washington que ha visto en los últimos meses en la gran región de Asia-Pacífico, cómo Pekín fortalecía sus lazos con Nepal, Maldivas y la mayoría de los países de la ASEAN.
China, India y Japón, están inmersos en la nueva configuración de sus relaciones y el control de las respectivas áreas de influencia, bajo la atenta mirada y la intervención de Estados Unidos, a veces, discreta, y en ocasiones, abierta y agresiva. Sri Lanka se encuentra en la ruta marítima hacia la ASEAN, por un lado, y hacia el estrecho de Suez y África por el otro, y colabora con la nueva ruta de la seda china, donde el puerto de Hambatota es un punto logístico importante. Pekín construye un nuevo puerto en Colombo, aunque los gobiernos anteriores limitaron la colaboración entre los dos países, sin romperla: el gobierno chino ayudó a Colombo en la crisis de 2022 aplazando su deuda. La India, que sigue siendo el gran vecino, pierde influencia en la isla aunque construye depósitos petroleros en Trincomalee y, asociada con Japón, levanta una terminal en Colombo: por aguas esrilanquesas navegan los grandes buques de contenedores, chinos, japoneses y coreanos. Delhi mantiene, además, diferencias con Colombo a causa de la minoría tamil de origen indio y por las drogas: a través del istmo de Mannar, donde existe una pequeña cadena de arrecifes y bancos de arena, los traficantes introducen los cargamentos de droga en Sri Lanka. Muchas de las recolectoras de té son descendientes de los tamiles que deportaron los ingleses para hacerlos trabajar en las plantaciones en condiciones de esclavitud, son mujeres parias que no disponen de tierra, y por sus extenuantes jornadas de trabajo reciben de salario menos de cien euros mensuales. Las malas condiciones de trabajo afectan a todo el país, en los campos de arroz y de té y en las fábricas textiles.
El radical cambio en el gobierno de Sri Lanka afecta a todo el sur de Asia. China trabaja intensamente en el desarrollo de las infraestructuras de todo el sudeste asiático; desde la región de Yunnan, su ruta comercial llega a Laos y Thailandia, y prepara otra vía desde Guangxi hacia Vietnam, Camboya y Thailandia. Las dudas del gobierno vietnamita sobre el trazado ferroviario y los anchos de vía han sido superadas y el nuevo gobierno del presidente Tô Lâm y del primer ministro Phạm Minh Chính está reforzando los lazos con Pekín. En los países de la ASEAN los automóviles eléctricos chinos están desplazando a las compañías japonesas, y todo tipo de productos desde teléfonos hasta productos industriales sofisticados, y las cadenas de suministros están cada vez más enlazadas. También la seguridad: el operativo militar Aman Youyi de 2023 fue organizado por cinco países de la ASEAN y China, y el gobierno de Pekín trabaja para crear un nuevo acuerdo de seguridad para la región.
Por su parte, el gobierno de Narendra Modi ve con suma preocupación la dirección de Dissanayake, a causa de su cercanía a Pekín y de la oposición que mantuvo el JVP a la actividad de los servicios secretos indios en la isla, y a los acuerdos de paz de 1987 entre Junius Jayewardene, entonces presidente de Sri Lanka, y el primer ministro indio Rajiv Gandhi, que contemplaban una autonomía para los tamiles del norte de la isla y el despliegue de fuerzas militares indias para asegurar la paz en la región tamil. Pese a ello, hoy Dissanayake quiere mantener buenas relaciones con su gigantesco vecino, consciente de que no tiene nada que ganar si Delhi impulsa una política hostil hacia su gobierno.
También afectan a la estabilidad de la región los difíciles equilibrios en el Mar de China meridional, donde Washington juega con fuego azuzando las disputas. Al este de la península de Malaca, donde confluyen las costas de Birmania, Thailandia, Malasia e Indonesia que miran el gran golfo de Bengala que termina con Sri Lanka en el sur. Filipinas y Estados Unidos realizaron en abril y mayo de 2004 maniobras militares conjuntas, denominadas «Balikatan», donde participaron 17.000 militares estadounidenses, filipinos, australianos y franceses, además de observadores japoneses. Se llevaron a cabo en zonas marítimas reclamadas por China, y desde 1991 era la primera vez que se organizaban fuera de las aguas territoriales filipinas. Por eso, China ha exigido a Filipinas que ponga fin a las provocaciones en el Mar de China meridional que lleva a cabo con la Navy estadounidense. Además, Estados Unidos ha desplegado un sistema de misiles de alcance medio, MRC, en el norte de la isla filipina de Luzón.
Estados Unidos sigue incrementando su acoso y sus amenazas en Asia: a finales de abril de 2004 se conoció que Jimmy Chen, secretario de Asuntos Internacionales de la United States Air Force (USAF) y responsable de los asuntos para China y Taiwán, había visitado recientemente Taiwán para conocer la situación y ayudar a Taipei a prepararse, según sus palabras, para “un posible ataque” chino a la isla y para contraatacar después. En un artículo para el Global Taiwan Institute, Chen consideraba que la mayoría de los hombres taiwaneses en edad de reclutamiento están dispuestos a defenderse hasta el final si reciben armas y adiestramiento. Según Chen, la lucha de los taiwaneses contra China depende de dos factores: entrenamiento de calidad, y apoyo y ayuda logística estadounidenses. Además, considera que deben mejorarse los ejercicios de entrenamiento para el combate y debe equiparse al ejército taiwanés con armamento moderno. No eran precisamente palabras conciliadoras.
En todo ese complejo escenario estratégico, Estados Unidos persigue desde hace años convertir a Sri Lanka en un estado-cliente, y estimula en el país la privatización de la tierra y la entrada de multinacionales estadounidenses, objetivo que el nuevo presidente Dissanayake puede poner en peligro. En 2019, Estados Unidos estaba tras el proyecto de ley para agrupar todas las tierras del Estado esrilanqués en un organismo que facilitase su privatización posterior. Washington, cuyo objetivo sigue siendo atraer a Sri Lanka a su alianza con Japón, India y Australia, pretende convertir a la isla en un centro logístico para su ejército para contener el aumento de la influencia china en el Índico y el Pacífico, y ve con desagrado que Sri Lanka apoye las tesis de Pekín en las disputas sobre el Mar de China meridional, y sus alarmas han aumentado ante el anuncio del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, el comunista Vijitha Herath, de que el país solicitará su adhesión al BRICS+ y al Nuevo Banco de Desarrollo que dirige Dilma Rousseff desde Shanghái.
Otro problema preocupa a Washington: el retorno a Mauricio de las islas Chagos (la mayor y la única habitada es la de Diego García que ocupada por Gran Bretaña cedió a Estados Unidos su uso, y donde el Pentágono mantiene una de sus principales bases militares del mundo, utilizada para las guerras de agresión en Afganistán e Iraq y para el control de toda la región de Asia-Pacífico). En su puerto naval pueden fondear los portaaviones estadounidenses, y los B-52 apenas necesitan dos horas de vuelo para llegar a Sri Lanka y cuatro horas a las aguas del Mar de China meridional.
Los atentados de 2019 en Sri Lanka sirvieron a Estados Unidos para persuadir al gobierno del primer ministro Ranil Wickramasinghe la firma del acuerdo con el Millennium Challenge Cooperation, MCC, que afirma brindar ayuda y asistencia para impulsar el desarrollo y las reformas económicas, aunque el presidente Sirisena se mostraba contrario. Antes, Washington y Colombo suscribieron la Acquisition and Cross-Services Agreement, ACSA, (un pacto militar firmado en 2007 que fue renovado en 2017, mantenido en secreto y de duración indefinida) que facilitaban la intervención y control de Sri Lanka y la introducción de fuerzas militares estadounidenses en el país, acuerdo que fue duramente criticado por el JVP de Dissanayake, y que levantó la campaña STOP USA. El embajador estadounidense, Robert Blake, ya comunicó a su gobierno que con el acuerdo de 2007 Sri Lanka “puede desempeñar un papel significativo en la preparación militar a medida que los esfuerzos políticos y militares cambian de enfoque en Asia”. Para culminar los siempre ambiciosos objetivos imperialistas, Estados Unidos forzó el acuerdo Status of Forces Agreement, SOFA (denominado después Visiting Forces Agreement, VFA), que asegura inmunidad diplomática a los militares y empleados estadounidenses que pueden así circular armados por Sri Lanka sin restricciones, además de entrar y salir en el país sin pasaporte ni visado. También, el acuerdo concede inmunidad diplomática a los mercenarios (“contratistas”) que trabajen en Sri Lanka por cuenta del Pentágono. Toda la zona, desde Mongolia, China, Corea, Japón y la India hasta Nueva Zelanda pasando por todo el sudeste asiático, es vigilada por el U.S. Indo-Pacific Command, USINDOPACOM, y el objetivo estadounidense sigue siendo convertir a Sri Lanka en una gran plataforma logística para sus ejércitos, limitando así la influencia y presencia china en esa gigantesca región de los océanos Índico y Pacífico. Dissanayake y su gobierno saben que tienen ante sí un difícil y arriesgado futuro.
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