Mauritania, que vivió en agosto un golpe de Estado que terminó con un Gobierno democráticamente elegido, sigue siendo un socio obligado: sus caladeros de pesca y su ayuda en inmigración son vitales para el Gobierno español. Un mes. Es el plazo que le dio el 20 de octubre la UE al nuevo Gobierno mauritano -designado […]
Mauritania, que vivió en agosto un golpe de Estado que terminó con un Gobierno democráticamente elegido, sigue siendo un socio obligado: sus caladeros de pesca y su ayuda en inmigración son vitales para el Gobierno español.
Un mes. Es el plazo que le dio el 20 de octubre la UE al nuevo Gobierno mauritano -designado tras el golpe de Estado del pasado 6 de agosto- para restituir al presidente depuesto, Mohammed Ould Cheikh Abdallahi y volver al orden constitucional.
Éste es el resultado de las reuniones mantenidas en París en el marco de los Acuerdos de Cotonú, que regulan las relaciones de la Unión con los países ACP (África, Caribe, Pacífico). De momento, el principal artífice del golpe y líder de la junta militar, el general Mohamed Ould Abdel Aziz declaró que no habría marcha atrás en lo que él y los golpistas califican de «rectificación».
Podrían materializarse dos tipos de sanciones. Aquellas dirigidas al Estado amenazan con ahogar aún más a un país donde casi la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Las medidas individuales, dirigidas a los golpistas y a los que les apoyan, apuntan a restringir sus movimientos y bloquear sus cuentas. La Unión Europea observa con prudencia la posibilidad de bloquear la ayuda y paralizar diversos proyectos. Mientras, los autores del golpe calculan qué margen de maniobra tienen, conscientes de que la comunidad internacional puede ser determinante en el desarrollo de los acontecimientos.
En Mauritania confluyen intereses vitales para la UE y especialmente para España. Al ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se le acusa de minar la presión internacional, al apostar por la continuidad en las relaciones bilaterales a pesar del cambio. Hay dos puntos sensibles que preocupan al ejecutivo: la pesca y la inmigración. La UE ha desbloqueado finalmente el pago de los 86 millones de euros anuales previsto por el acuerdo de pesca bilateral de 2006. Son barcos españoles los principales beneficiarios de este acuerdo firmado durante el periodo de transición que siguió al golpe de Estado de 2005. Estos dan continuidad a los primeros, a los que se cerraran en 2001, con el presidente Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya, quien no era famoso por su legitimidad democrática: había llegado al poder en 1984 con un golpe de Estado, donde se perpetuó con contestadas elecciones hasta que otro golpe de Estado lo destituyese en agosto de 2005.
Acuerdos sobre inmigración
Los acuerdos sobre inmigración datan del mismo poco democrático periodo. Por ellos, Mauritania se compromete a ocuparse de los inmigrantes interceptados en su travesía a España o aquellos expulsados que procedan de sus costas. En 2005, con la nueva mano dura de Marruecos y la vigilancia constante de los muros de Ceuta y Melilla, los movimientos migratorios provenientes de Mauritania se intensificaron considerablemente. Es la época de la externalización de las fronteras europeas: España se compromete a asistir a Mauritania en el refuerzo de los controles fronterizos, apoyando técnica y logísticamente a los servicios mauritanos de inmigración. Por otro lado, entre 2003 y 2008 Mauritania pasa a recibir de cuatro a 11 millones de euros de la cooperación española.
Mientras tanto, Abdallahi continua retenido a pesar del ultimátum de la Unión Africana, que instaba a los golpistas a liberarle antes del pasado 6 de octubre. Fue elegido en marzo de 2007, en unas elecciones vistas como un gran hito democrático en la región, que culminaron la transición posterior al golpe de Estado de 2005. Durante éstas, se le acusaría de ser el candidato de los militares. Pero las desavenencias de Abdallahi con los generales fueron creciendo y de hecho, la causa inmediata del golpe fue la destitución por decreto presidencial de sus principales percusores, entre ellos el mismo Mohamed Ould Abdelaziz, con un completo currículo golpista. A Abdallahi se le acusaba también de no haber sabido atajar los grandes problemas económicos, principalmente la subida de los alimentos básicos. Aún así su destitución no solo ha molestado en el exterior. En la capital se suceden manifestaciones que exigen su excarcelación y que, si bien no son multitudinarias, constituyen una novedad en un país donde ya están acostumbrados a los golpes de Estado (ha habido dos golpes amagados y dos consumados en menos de seis años), y donde la ausencia de tradición democrática junto a la radical estratificación de la sociedad, impulsa a la población hacia un discurso más práctico por la mejora de las condiciones de vida.
La legitimación a través del miedo
Pocos días antes del golpe de Estado del 6 de agosto, el presidente Abdallahi viajaba a España en una visita de Estado. Durante ésta firmó con su homólogo español, Rodríguez Zapatero un tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación destinado a regir las relaciones entre ambos países en los próximos años. El texto aborda en su artículo siete los flujos migratorios y en su capítulo ocho la lucha contra el terrorismo. Los que depusieron a Abdallahi conocen bien la preocupación europea por la cuestión migratoria, quien a veces parece dispuesta a prácticamente todo para combatirla. Un informe de Amnistía Internacional presentado el pasado julio denunciaba detenciones colectivas y repatriaciones arbitrarias por parte de las autoridades mauritanas, como resultado a la fuerte presión europea, y particularmente la española.
Muchos de estos migrantes son retenidos en un centro situado en la ciudad de Nuadibú y conocido popularmente como «Guantanamito» por sus pésimas condiciones y el limbo jurídico que supone para sus residentes. El 1 de octubre la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, advertía de que la situación en Mauritania incrementará la llegada de cayucos. Pocos días después el Gobierno mauritano llamaba, a través de su portavoz, Mohamed Ould Meine, a la comunidad internacional a «apoyarnos en los esfuerzos que sobrepasan nuestras capacidades con el fin de garantizar el éxito de esta importante misión de seguridad y humanitaria» refiriéndose a la lucha contra la inmigración ilegal.
La lucha contra el terrorismo también cotiza alto en el mercado de la legitimidad ante Occidente y de la cohesión interna. El pasado 14 de septiembre, 11 militares y su guía civil fueron asesinados en un ataque reivindicado por Al Qaeda en el Magreb Islámico.