Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
La noche del 8 de marzo de 2019, cuatro empleados de una clínica sanitaria gestionada por Suecia en la provincia de Wardak, Afganistán, cenaron juntos, charlaron alrededor de un termo de té y se acostaron para pasar la noche en la habitación del guardia. Algún tiempo después les despertó el ruido de los rotores de los helicópteros, seguido por explosiones distantes que retumbaban desde lejos, en el valle de Tangi. Esos sonidos no eran inusuales en Wardak, donde la guerra no ha dado tregua desde hace 20 años, y los cuatro se volvieron a dormir.
En algún momento, después de la medianoche, los hombres volvieron a despertarse tras una nueva sacudida. La puerta principal de la clínica, que estaba al lado de la habitación del guardia, había sido volada, y el personal escuchó pasos apresurados por la destrozada entrada. Los intrusos pasaron corriendo junto a la habitación del guardia y entraron en el edificio principal de la clínica. El personal sanitario se acurrucó a oscuras en la habitación mientras escuchaban cómo pateaban varias puertas al otro lado del patio del recinto. Después de un tiempo, que uno de los trabajadores de la clínica describió como cinco o seis minutos, los empleados, preocupados por la posible reacción de los intrusos cuando finalmente llegaran a la habitación del guardia, gritaron: «¡Estamos aquí!»
Segundos después, la puerta de la habitación del guardia se abrió de golpe. Los soldados que irrumpieron llevaban gafas de visión nocturna y les dijeron a los empleados de la clínica que miraran hacia la pared. Ataron a los hombres, les cubrieron la cabeza con capuchas y les condujeron a una habitación que uno de los trabajadores, que The Intercept identifica solo como Hashmatullah por motivos de seguridad, creyó que se trataba de la farmacia de la clínica. Hashmatullah no podía ver, pero supuso que había cinco o seis soldados en la sala.
«Estáis aquí para ayudar a los talibán», afirmaron los soldados. Hablaban en darí y pastún, las dos lenguas principales de Afganistán, pero los detenidos también escucharon algunas palabras en inglés.
«Sabemos que son extranjeros cuando utilizan el inglés», dijo Hashmatullah a The Intercept.
El asalto del mes de marzo a la clínica del Comité Sueco para Afganistán, o SCA (por sus siglas en inglés), en Wardak, del que no se había informado con anterioridad, fue solo uno de la cifra creciente de asaltos perpetrados por unidades de milicias afganas respaldadas por la CIA en instalaciones médicas en Afganistán, según testigos y documentos vistos por The Intercept.
La milicia secreta progubernamental afgana, responsabilizada de varios de estos ataques en Wardak, es conocida como la 01. Ostensiblemente supervisada por la Dirección Nacional de Seguridad, el servicio de inteligencia de Afganistán, la unidad y sus homólogos por todo el país están entrenados y dirigidos por la CIA.
La 01, que opera en el centro de Afganistán, incluidas las provincias de Wardak, Logar y Ghazni, es conocida por su irrupción nocturna en las aldeas y por dejar un rastro de muerte y destrucción. Las unidades son «responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, ataques aéreos indiscriminados, ataques a instalaciones médicas y otras violaciones del derecho internacional humanitario o las leyes de la guerra», declaró Patricia Gossman, directora asociada de Human Rights Watch para Asia, quien ha escrito un informe , que se publicará el miércoles por la noche, sobre los abusos cometidos por milicias respaldadas por la CIA en Afganistán. Muchos testigos de redadas nocturnas dicen que la 01 está atacando deliberadamente a civiles.
La ley prohíbe al gobierno de Estados Unidos utilizar dinero para entrenar o equipar unidades militares extranjeras cuando exista «información creíble» de que esas unidades han cometido abusos graves contra los derechos humanos. Sin embargo, esa restricción solo se aplica a los departamentos de Estado y Defensa; no existe una ley análoga para las operaciones de inteligencia.
En respuesta a las detalladas preguntas de The Intercept, el secretario de prensa de la CIA, Timothy Barrett, dijo que la agencia «lleva a cabo sus operaciones globales de acuerdo con la ley y bajo un sólido sistema de supervisión. Los talibanes no operan con reglas similares y, lo que es peor, llevan a cabo una extensa campaña de propaganda para desacreditar a quienes apoyan al gobierno legítimo de Afganistán».
Pero los supervivientes de los asaltos, los familiares de los muertos y algunos funcionarios afganos tienen una opinión diferente. «Lo único que crea distancia entre la gente y el gobierno son esos ataques nocturnos», dijo Amir Mohammad Malikzai, gobernador del distrito de Sayedabad, en Wardak, donde se produjo el ataque del 8 de marzo.
El alcance de la participación estadounidense en las redadas varía, pero en la misma noche de marzo que la clínica SCA fue allanada, al menos tres casas y una mezquita cerca de la clínica quedaron destruidas por ataques aéreos o explosivos en lo que parece haber sido una operación relacionada. Esos ataques mataron a cuatro hombres que los aldeanos describieron como combatientes talibán, así como al menos a cinco civiles, incluida una mujer y una niña de 12 años. Un vecino le dijo a The Intercept que vio estadounidenses cuando un grupo de soldados lo llevó a él y a su familia fuera de su casa antes de destruirlo todo con un ataque aéreo mientras observaban.
Los datos del ataque aéreo proporcionados públicamente por las Fuerzas EE. UU.-Afganistán, que desde entonces han sido eliminados, mostraban que hubo tres ataques que machacaron un lugar no especificado en Wardak el 8 de marzo, y que otros tres atacaron el distrito de Sayedabad el 9 de marzo.
En respuesta a las inquietudes planteadas por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, o UNAMA, sobre las víctimas civiles de los ataques, el ejército de los EE. UU. «llevó a cabo una investigación exhaustiva de estos incidentes, incluida una revisión a fondo de toda la inteligencia disponible recopilada de las fuerzas aéreas y terrestres poco después del ataque», dijo a The Intercept un portavoz del contingente estadounidense de la OTAN, conocido como USFOR-A. «En base en esta evaluación, USFOR-A determinó que ningún civil había resultado herido o muerto en estos ataques».
EL AUMENTO DE LOS ATAQUES a instalaciones médicas, que constituyen crímenes de guerra a menos que las clínicas se estén utilizando para llevar a cabo hostilidades, sigue las instrucciones del presidente Donald Trump a sus jefes militares y espías, poco después de su toma de posesión, con objeto de que intensificaran la lucha contra los talibanes. Trump suavizó las reglas de combate introducidas durante la administración de Obama para reducir las bajas civiles, amplió la autoridad de los comandantes del campo de batalla y desplegó 3.000 tropas estadounidenses más. En octubre de 2017, el entonces director de la CIA, Mike Pompeo, dijo que la agencia «debe ser agresiva, cruel, despiadada e implacable… Debemos centrarnos cada minuto en aplastar a nuestros enemigos y proporcionar una ventaja inalcanzable a nuestros diplomáticos, nuestros militares y nuestro presidente».
Los cambios pueden haber tenido la intención de crear condiciones en el campo de batalla que obligaran a los talibanes a negociar un acuerdo político con EE. UU. Sin embargo, el acuerdo de paz está desactivado y los civiles continúan pagando un precio más alto que nunca. Un informe reciente de la UNAMA documentó el mayor número de víctimas civiles registradas en un solo mes, julio, desde que empezaron a contarse las bajas hace una década. La cantidad de muertes de civiles causadas por ataques aéreos este año aumentó en un 71% en comparación con el mismo período del año pasado, según el informe.
La UNAMA informó también de un aumento este año en el número de civiles muertos y heridos en las llamadas operaciones de búsqueda, también conocidas como incursiones nocturnas. Más de la mitad de las bajas documentadas por la UNAMA (147 en total) se atribuyeron a unidades de las fuerzas especiales del Directorado Nacional de Seguridad afgano, incluida la 01.
En ningún lugar ha sido peor la violencia que en Wardak, donde desde el pasado enero el personal de las clínicas del Comité sueco ha informado de 20 incidentes de seguridad. En uno de los más atroces, un grupo de soldados, que el personal de las ONG cree que pertenecen a la 01, allanaron una clínica en Tangi Saidan que se encuentra en otra zona de la provincia del valle de Tangi, forzando su camino hacia la clínica y disparando contra una persona que iba acompañando a un paciente. Otros cuatro pacientes fueron llevados afuera y tres, incluidos dos empleados del SCA, fueron ejecutados; otro empleado del SCA fue detenido violentamente y hecho desaparecer antes de ser liberado. Según los testigos, en esta redada solo intervinieron soldados afganos.
«Esto representa una flagrante violación del derecho internacional humanitario e instamos a las partes beligerantes a que dejen de atacar de inmediato a los civiles y las instalaciones sanitarias», dijo el Dr. Khalid Fahim, director del programa del SCA, en un comunicado tras el asalto.
Las unidades de la milicia afgana acusan habitualmente a los trabajadores clínicos de atender a los combatientes o simpatizantes de los talibán. «Si creen que los talibán pueden estar utilizando sus servicios, tratan de impedirlo», dijo el secretario general del SCA, Andreas Stefansson. «Es muy inquietante que se instrumentalicen de esta forma los servicios de salud».
La misma clínica había sido allanada antes, en febrero de 2016, cuando las tropas afganas ejecutaron a dos pacientes y a un niño que estaba de visita, según un informe del SCA sobre el incidente. En ese caso, los afganos iban acompañados, «casi con toda seguridad», por soldados internacionales. El informe no dice que las tropas extranjeras fueran estadounidenses, pero Estados Unidos era el único país que continuó las operaciones de combate en Afganistán después de que la OTAN hizo la transición oficialmente a una misión de entrenamiento, asesoramiento y asistencia allí en 2014.
El Comité sueco y el Gobierno sueco exigieron que el Gobierno afgano y las fuerzas extranjeras realizaran una investigación independiente. Desde entonces, los funcionarios afganos le han comunicado al SCA que se ha llevado a cabo una investigación sin proporcionar información sobre quién la realizó, ni cómo ni cuáles fueron los hallazgos, dijo Stefansson a The Intercept .
«¿Quién tiene que rendir cuentas?», dijo Stefansson. «La respuesta es un gran signo de interrogación».
EL COMITÉ SUECO tiene una larga historia en Afganistán. Cuando los talibán gobernaron el país entre 1996 y 2001, el grupo empleaba a 11.000 personas en todo el país. Sus raíces son especialmente profundas en Wardak, donde lleva operando desde la década de 1980; desde 2003, administra 77 centros de salud, incluido el hospital provincial de Maidan Shahr.
Después de que la clínica del SCA en Tangi Saidan fuera allanada en julio, comenzaron a surgir rumores de que había sido atacada porque era considerada como un «hospital talibán». Pero los datos de la clínica lo refutan. En los primeros seis meses de 2019, Fahim le dijo a The Intercept que el personal médico de la clínica atendió 279 partos, puso 1.374 vacunas a mujeres, realizó 453 visitas prenatales y 343 visitas postnatales, así como 39 visitas de planificación familiar y 12 cesáreas. En los primeros cuatro meses del año, en la clínica del Valle de Tangi, se trataron 3.270 casos de morbilidad infantil general.
Sin embargo, el SCA se encontró atrapado entre las partes en conflicto, incapaz de apaciguar a ninguna de ellas. El día después de la incursión de la 01 en marzo, el representante de la comisión local de salud de los talibán le dijo al personal del SCA que si no cerraban la clínica, «los talibán se asegurarían de que todas las instalaciones sanitarias del SCA en la región de Wardak y en todo el país tuvieran que cerrarse», según un informe interno del SCA.
El SCA cerró la clínica durante tres días, pero según un miembro del personal de la oficina de SCA en Wardak, se debió principalmente a que el personal estaba «bajo un gran estrés» después del asalto y «una gran parte del equipo había quedado destruido». Tras el ataque a la clínica del SCA en julio, los talibán obligaron a la ONG a cerrar sus 42 clínicas en Wardak ubicadas en territorio bajo control talibán durante cinco días. Si el SCA no lo cumplía, se les dijo, habría consecuencias.
Durante las incursiones nocturnas, los miembros de la milicia afgana reprenden a los civiles por dar comida y refugio a los talibán, según declaran los supervivientes. Pero la situación es complicada, dijo Fahim. «Se trata de la hospitalidad de las personas en las aldeas… [y] también es la incapacidad de las personas para decir ‘no’. Permiten la entrada [a sus hogares] como estrategia de supervivencia».
A las tres de la madrugada del 9 de marzo, el valle de Tangi había quedado en silencio. Todos los helicópteros y aviones de guerra se habían ido. Las explosiones habían cesado.
Cuando el color volvió al cielo, un puñado de aldeanos salió con cautela de sus hogares. Habían sobrevivido a las explosiones de la noche, pero no había ocurrido lo mismo con algunos de sus vecinos.
Anteriormente, esa misma noche, un ataque aéreo había afectado a una casa, sacudiendo la construcción y haciendo que el agua hirviendo que había en un fogón cayera sobre una niña de 12 años llamada Sana. El padre de Sana, Mohammad Wali, estaba sosteniéndola entre sus brazos cuando una segunda bomba impactó y «todo desapareció», según un primo que habló con Wali en la mañana del 9 de marzo y luego transmitió su relato a The Intercept.
Debajo de las ruinas, Sana luchaba por respirar a pocos metros de donde su madre yacía muerta. El techo aplastó el pecho de su padre cuando cayó sobre ellos. Gravemente herido y ciego debajo de su casa destruida, Wali sintió a Sana morir en sus brazos.
Al menos otras tres edificaciones habían sido destruidas con gente adentro. En la casa contigua a la de Wali, los aldeanos sacaron de entre los escombros los cuerpos de tres jóvenes -dos de ellos habían regresado recientemente de trabajar en Irán y había un amigo con ellos en ese momento-. Los cuerpos de tres hombres, que se cree que eran combatientes talibán, fueron encontrados hechos pedazos debajo de las ruinas de una mezquita. «No sabíamos qué mano pertenecía a qué cabeza», dijo un aldeano a The Intercept . «Pusimos todas las partes de los cuerpos en bolsas de plástico y las distribuimos en tres ataúdes».
Wali había sufrido heridas graves y estaba cubierto de sangre. Sana todavía no había sido recuperada de entre las ruinas. «Yo estoy bien», imploró al primo que había venido a ayudar. «Por favor, encuentra a mi hija».
Esa mañana, en la clínica del SCA, unos hombres de la localidad se acercaron para ayudar a los empleados que habían quedado atrás después del ataque. Habían sido golpeados y seguían encapuchados y atados a unas sillas con bridas de plástico. Uno de los supervivientes les dijo a los aldeanos que los soldados se habían llevado a Hashmatullah y a un conductor de ambulancia llamado Mujahid.
Los miembros de la milicia afgana que allanaron la clínica del SCA parecían particularmente interesados en Mujahid, quiz á s porque su nombre significa «guerrero isl á mico» (el nombre no es raro en Afganist á n). Hab í an interrogado a Hashmatullah y al resto del personal de la cl í nica sobre Mujahid. Uno de los trabajadores de la cl í nica, a quien The Intercept identifica solo como Farid, dijo a los soldados que el conductor de la ambulancia era «un buen tipo» que solo ganaba alrededor de 190 dólares al mes, un salario relativamente bajo.
Los soldados se habían llevado a Hashmatullah y Mujahid, atados y encapuchados, en medio del aire gélido de la noche. Hashmatullah había caminado durante media hora, cayendo sobre la nieve antes de que le subieran a un helicóptero, recordó más tarde. Los soldados lo sentaron en el piso de acero. No tenía ni idea de si sus tres colegas estaban con él. Tenía escalofríos a causa del frío. Si hablaba, le golpeaban. El helicóptero despegó y aterrizó media hora después.
Le llevaron a un centro penitenciario donde le interrogaron y le negaron el acceso a un teléfono para llamar a su familia, que no tenía idea de dónde estaba o de si estaba vivo. Después de doce días, le trasladaron en un vehículo durante un trayecto que duró 20 minutos, le entregaron el teléfono celular y los aproximadamente 9 dólares que llevaba con él la noche del 8 de marzo y le depositaron en una rotonda en Kabul. Llegó a casa después de un viaje en taxi de cinco horas en la víspera del Año Nuevo persa, el Nowruz. Pasó las vacaciones con su familia y volvió a trabajar en la clínica al día siguiente. Fue solo entonces cuando se enteró de todo lo sucedido durante la noche en que fue detenido.
Mujahid, el conductor de la ambulancia, seguía desaparecido. Sus colegas esperaban que Mujahid y Hashmatullah hubieran sido detenidos juntos. Se sintieron desanimados cuando Hashmatullah regresó solo.
A fines de abril, siete semanas después de la incursión, el propietario de una casa destruida la noche del asalto regresó al valle de Tangi para comenzar la reconstrucción. El cuerpo de un presunto luchador talibán ya había sido recuperado de las ruinas de la casa, y entonces el propietario descubrió otro cuerpo debajo de un bloque de la pared derrumbada.
«Fue difícil reconocerle después de tanto tiempo», dijo Hashmatullah, pero los soldados afganos «se habían llevado todos los documentos [de los trabajadores de la clínica], los metieron en bolsas de plástico y los ataron con cuerdas alrededor del cuello. Mujahid todavía tenía el suyo alrededor del cuello».
Andrew Quilty es un fotoperiodista independiente. Ha ganado los premios Polk y World Press Photo por sus trabajos. Vive en Kabul desde 2013. Web: www.andrewquilty.com
Fuente: https://theintercept.com/2019/10/30/afghanistan-health-clinics-airstrikes-taliban/
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