La labor de la Organización de las Naciones Unidas para fiscalizar la vigencia de los derechos humanos en Nepal es apreciada y criticada por activistas de este país que derrocó el autoritarismo apenas a fines de abril. Pero nadie quiere que el personal de la ONU se marche. El flamante gobierno nepalés prometió el 5 […]
La labor de la Organización de las Naciones Unidas para fiscalizar la vigencia de los derechos humanos en Nepal es apreciada y criticada por activistas de este país que derrocó el autoritarismo apenas a fines de abril. Pero nadie quiere que el personal de la ONU se marche.
El flamante gobierno nepalés prometió el 5 de este mes que se haría justicia con las víctimas de la revolución de abril, en un paso considerado fundamental para terminar con la impunidad de larga data en esta nación del Himalaya.
«Se sabe quién ordenó los disparos en Katmandú y otras localidades en las que 19 personas murieron y decenas más están desaparecidas», recordó el parlamentario Ishwor Pokharel el 4 de mayo al hablar en la restablecida Cámara de Representantes. Poco después, el cuerpo aprobó por unanimidad la creación de una comisión judicial destinada a juzgar a los sospechosos, informó el diario The Kathmandu Post.
Más de 6.000 personas resultaron heridas, decenas fueron alcanzadas por balas de goma y miles más brutalmente golpeadas por la policía durante las tres semanas de protestas democráticas contra el régimen absolutista del rey Gyanendra, quien había disuelto el gobierno civil en febrero de 2005.
Progresivamente, se fue sumando población a las manifestaciones, al punto de que cientos de miles de personas inundaron las calles de la capital obligando a Gyanendra a reinstalar el parlamento, que había sido disuelto en 2002.
A cargo de seguir muchas de las cientos de protestas y manifestaciones que se desataron en este país de Asia meridional estuvo el personal de la oficina instalada en Nepal por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la canadiense Louise Arbour.
La labor de la Oacnudh durante estos acontecimientos, al igual que otras desarrolladas en su primer año de presencia en Nepal, ha sido objeto de elogios y de críticas.
«No creo que tuvieran suficiente personal para controlar todas las manifestaciones, los golpes y los asesinatos. Pero aun con más funcionarios, la gente dice que sólo eran observadores, no podían intervenir», dijo en una entrevista un experimentado activista de derechos humanos y dirigente de la sociedad civil, Padma Ratna Tuladhar.
«Nuestro personal intervino permanentemente ante los responsables de los abusos recordándoles sus obligaciones. No es competencia de esta agencia de la ONU intervenir físicamente como fuerza de mantenimiento de la paz», declaró el jefe de la Oacnudh en Nepal, Ian Martin, en una entrevista realizada en su despacho, a pocos minutos del congestionado centro de la capital.
La presencia de la Oacnudh «tuvo cierto efecto al reducir el alcance de las violaciones» de los derechos humanos, sostuvo la abogada Mandira Sharma. Aunque a la agencia le llevó casi un año entero instalarse de modo correcto y disponer del personal necesario.
La Oacnudh tiene una oficina en Katmandú y cuatro más en otras partes de este pequeño país situado entre China e India. Su presupuesto total para el periodo 2006-2007 es de 14,1 millones de dólares, buena parte del cual procede de países occidentales.
La Oacnudh se instaló en Nepal cuando el régimen de Gyanendra incumplió un acuerdo de último momento ante la ahora disuelta Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en abril de 2005, dos meses después de haber perpetrado un golpe de Estado incruento e impuesto el toque de queda.
Gyanendra se justificó alegando que el gobierno derrocado era ineficaz para combatir a la poderosa guerrilla maoísta.
Por entonces, muchas organizaciones de derechos humanos reclamaban duras sanciones del foro mundial contra el régimen.
Pero casi de dos semanas después de que el «poder popular» derrotara a la monarquía absolutista, Nepal vive una primavera política.
Retornó la democracia multipartidaria, y la guerrilla maoísta declaró el alto el fuego indicando su disposición a participar en conversaciones de paz serias y a apoyar un sistema político republicano. El parlamento le correspondió y se comprometió a organizar elecciones para una asamblea constituyente encargada de redactar un proyecto de constitución y decidir el destino de la monarquía.
La Oacnudh tiene condiciones para trabajar en este nuevo contexto, indicó Martin, quien llegó a Nepal el 7 de mayo de 2005.
«Nuestro mandato actual cubre gran parte de lo que se necesita para controlar un cese del fuego, por lo que considero que la oficina puede cumplir un rol muy importante haciendo todo lo necesario para respaldarlo», añadió.
La agencia posee elementos «de valor» para la tarea como «una comunicación establecida con los maoístas (à) y una relación de respeto con las fuerzas de seguridad», sostuvo Martin.
Además, «creo que en las últimas semanas hemos visto a la mayoría de los dirigentes políticos en la cárcel, así que puedo decir que ellos también nos conocen», agregó riéndose.
«Hay un amplio consenso acerca de que la presencia de la agencia de derechos humanos de la ONU ha sido beneficiosa. Debe ampliarse su mandato a incrementarse su capacidad» de acción, sostuvo la jefa de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, Irene Khan, elogiando el trabajo del foro mundial en un artículo publicado en marzo en la revista Himal Southasian.
El nuevo gobierno nepalés no ha hecho ninguna declaración oficial sobre la Oacnudh, cuya misión termina en abril de 2007.
Sin embargo, el Partido del Congreso Nepalés, del primer ministro Girija Koirala, considera que la presencia de la agencia «es imprescindible hasta que puedan asegurarse los derechos humanos», señaló su secretario ejecutivo en funciones, Shobhakar Parajuli.
«Cuando les pedimos que reportaran las violaciones de derechos humanos, respondieron correctamente», dijo Parajuli a IPS.
La presencia de la agencia de la ONU dio confianza a los activistas nacionales de derechos humanos. «Comenzamos a sentir que estaban ahí en caso de que los necesitáramos», relató Sharma, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Foro de Defensa, que inspecciona las condiciones de las prisiones y de los detenidos.
Ella también cree que la oficina puede desempeñar un rol importante en el mantenimiento del cese del fuego y la observación de las elecciones.
Empero, su mandado tiene una falla, pues los resultados de sus investigaciones no pasan automáticamente a los fiscales locales, sostuvo Sharma.
«Debe haber un procedimiento por el cual todos los casos que investiga (la Oacnudh) sean llevados a juicio. Después de todo, luchamos mucho para permitir que esa agencia realizara investigaciones», subrayó Sharma.
Martin aceptó que su oficina ha avanzado poco en cuanto a las demandas de responsabilidad de la sociedad civil. «Estamos frustrados por la forma en que se desarrolla el procesamiento de los miembros de la fuerzas de seguridad involucrados en serias violaciones a los derechos humanos», admitió.
El 2 de mayo, el relator especial de la ONU sobre tortura, Manfred Nowak, quien había visitado el país el año pasado, señaló en Ginebra que «las torturas (practicadas por las fuerzas gubernamentales y maoístas) son moneda corriente» en este país.
Las detenciones ilegales y las desapariciones forzadas son el principal problema que persiste a pesar de la presencia de la Oacnudh, señaló Martin.
Varias veces Martin recomendó otorgar poder al sistema judicial para investigar y procesar a los oficiales uniformados responsables de abusos contra civiles.
Según el activista Tuladhar, mucha gente quiere que la oficina sea «más activa y tenga mayor influencia».
Pero «sí lograron llamar la atención de los nepaleses y de la comunidad internacional respecto de las violaciones (de derechos humanos) lo que impidió que el gobierno las repitiera», agregó.