China tiene un problema: el aumento de la desigualdad. La brecha entre beneficios y salarios se está disparando. Aunque ha habido intentos por parte de elementos del gobierno que han intentado impulsar los ingresos de los trabajadores, se han visto desbaratados por empresas y bancos importantes «que no quieren conceder más ganancias al país y […]
China tiene un problema: el aumento de la desigualdad. La brecha entre beneficios y salarios se está disparando. Aunque ha habido intentos por parte de elementos del gobierno que han intentado impulsar los ingresos de los trabajadores, se han visto desbaratados por empresas y bancos importantes «que no quieren conceder más ganancias al país y dejar que el gobierno las distribuya» según declaraciones de Qi Jingmei, investigador de un centro de expertos gubernamental al Wall Street Journal [1].
Por supuesto, si China permitiera la creación de sindicatos, subirían los sueldos. Pero por razones fundamentalmente políticas -unos sindicatos independientes socavarían la autoridad del Partido Comunista chino- los sindicatos están descartados.
Mientras tanto, los Estados Unidos tienen también el problema de una creciente brecha entre beneficios y salarios. El estancamiento de los sueldos se ha convertido en un dato admitido por todo el espectro político; columnistas conservadores como Michael Gerson y David Brooks han reconocido que las rentas de los trabajadores parecen haberse estancado.
Lo que los conservadores no han reconocido y lo que hasta los comentaristas más liberales no consiguen apreciar es hasta qué punto resulta central el derrumbe de la negociación colectiva en la incapacidad de los trabajadores norteamericanos de conseguir un aumento. Sí, globalizar y mecanizar puestos de trabajo ha recortado el sustento de millones de trabajadores norteamericanos, pero eso dista de ser toda la historia. Aproximadamente 100 millones de los 143 millones de trabajadores con empleo del país tienen puestos de trabajo que no se pueden mandar fuera, que no compiten con los trabajadores de acerías de Sao Paulo o con quienes montan los iPod en Shenzhen (China). Vendedores, camareros, bibliotecarios y carpinteros utilizan todos tecnología en su trabajo, pero no hasta el punto de haberse convertido en prescindibles.
Sin embargo, aunque no se puede prescindir de ellos, tampoco pueden negociar colectivamente un aumento. Hoy en día, menos del 7% de los trabajadores del sector privado son miembros de sindicatos. Esa cifra puede reducirse un poco más con las nuevas leyes de «derecho al trabajo» [«right-to-work»] de Michigan, término propagandístico para los decretos que permiten a los trabajadores beneficiarse de contratos sindicales sin tener que pagar cuotas a los sindicatos.
Los defensores de las leyes de «derecho al trabajo» argumentan que mejoran la economía de un estado al crear más puestos de trabajo. Pero un estudio exhaustivo [2] de la economista Lonnie K. Stevans, de la Universidad Hofstra, ha determinado que los estados que han puesto en práctica esas leyes no han registrado ningún aumento en empresas incipientes o su tasa de empleo. Los salarios e ingresos personales son más bajos en esos estados que en los que no disponen de dichas leyes, concluía Stevans, aunque las rentas de los propietarios sean más altas. En resumen, las leyes de «derecho al trabajo» simplemente redistribuyen los ingresos de trabajadores a propietarios.
¿Por qué se aplican entonces dichas leyes? La diferencia entre las rentas del capital y las de trabajo en los EE.UU. no era tan grande desde antes del New Deal; ¿por qué ensancharla todavía más? La respuesta, en Lansing [capital del estado de Michigan] no menos que en Beiying, es política. Los republicanos, que se hicieron con el control de la legislatura del estado de Michigan en 2010, han entendido que los soldados de a pie de los demócratas proceden en número desproporcionado del mundo del trabajo. Los esfuerzos del Partido Republicano por reducir la influencia de los sindicatos ayudan políticamente a los conservadores bastante más de lo que les ayudan los negocios o gobiernos municipales con sede en Michigan. (La legislación, que el gobernador republicano, Rick Snyder, ratificó mediante su firma el martes por la tarde [11 de diciembre] establece requisitos de «derecho al trabajo» también para el sector público).
Los que dudan de que la intención de las leyes de Michigan es más política que económica deberían tomar en consideración las dos clases de sindicatos exentos de su aplicación: los sindicatos de la policía y los bomberos. Sus contratos se encuentran entre los más costosos a los que han de hacer frente los gobiernos municipales: policías y bomberos se jubilan por lo general (y con razón) antes que otros empleados públicos, con prestaciones relativamente generosas en sus pensiones. Pero, en Michigan, los sindicatos de policía y bomberos respaldan con frecuencia a los republicanos. Hacer que se contrajeran su erario y su poder político sometiéndolos a las restricciones del «derecho al trabajo» no haría otra cosa que dañar las perspectivas electorales de los republicanos (y bien puede tener malos resultados en relación con los votantes).
Con la firma de Snyder, Michigan se convierte en el segundo estado del Medio Oeste, antaño fuertemente sindicalizado e industrial, en adoptar ese decreto; hasta ahora, esas leyes habían quedado limitadas a estados del Sur, de las llanuras y del Oeste montañoso. Los United Auto Workers (UAW) [Trabajadores Sindicados del Automóvil] fueron en otro tiempo un coloso de la política de Michigan, pero la afiliación al sindicato ha caído hasta 381.000 personas – aproximadamente una cuarta parte de lo que era hace 35 años -, víctima de la globalización y los obstáculos legales y culturales que han encontrado los UAW para organizar a nuevos miembros.
Los republicanos de Michigan han visto la posibilidad de debilitar a los UAW y el poder sindical en un momento de elecciones. Al obrar así, disminuye el número de trabajadores que pueden negociar un aumento. Está bien que los conservadores estén reconociendo por fin que se están estancando los ingresos de los trabajadores, Pero los trabajadores no consiguen aumentos si no pueden negociar colectivamente, y todo ese mesarse los cabellos sobre la creciente tasa de desigualdad no será más que vacua retórica a menos que insistamos – en Lansing y Beiying – en el derecho de los trabajadores a crear sindicatos fuertes.
Notas:
[1] «China Tries to Shut Rising Income Gap», Bob Davis, The Wall Stret Journal, 10 de diciembre de 2012.
[2] «The Effect of Endogenous Right-to-Work Laws on Business and Economic Conditions in the United States: A Multivariate Approach», Review of Law and Economics, Vol. 5, No. 1, pp. 595-614, 2009, Lonnie K. Stevans, Hofstra University – Frank G. Zarb School of Business
Harold Meyerson es un veterano y reconocido periodista estadounidense, director ejecutivo de la revista The American Prospect y columnista de The Washington Post
Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón