El asesinato de Timir Baran Chakma, un activista indígena jumma, en agosto de 2014, presuntamente bajo custodia militar de Bangladesh, fue denunciado por sus seguidores. Pero su muerte, así como la inoperancia de la justicia y la difícil situación de su pueblo en la región de Chittagong Hills, recibieron poca atención internacional. Representantes de la […]
El asesinato de Timir Baran Chakma, un activista indígena jumma, en agosto de 2014, presuntamente bajo custodia militar de Bangladesh, fue denunciado por sus seguidores. Pero su muerte, así como la inoperancia de la justicia y la difícil situación de su pueblo en la región de Chittagong Hills, recibieron poca atención internacional.
Representantes de la comisión de Chittagong Hills llegaron a Nueva York este mes para arrojar luz sobre la grave situación en la región fronteriza entre India y Birmania. Describieron la crisis en curso ante el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas y expresaron su objetivo, que finalmente se apliquen las condiciones de un acuerdo de paz pactado hace casi 20 años entre el gobierno y los grupos armados locales.
Uno de los miembros de la comisión dijo al Foro Permanente que el gobierno de Bangladesh tomó «medidas represivas y utilizó equipos militares pesados», y añadió que, en lugar de asegurar su protección, la presencia militar «solo agravó la violación de los derechos humanos».
En el Bangladesh predominantemente musulmán, los grupos indígenas, que en su mayoría practican el budismo theravada y hablan dialectos tibeto-birmanos, soportan el desplazamiento y el sufrimiento desde hace décadas.
A fines de los años 70, el entonces presidente Ziaur Rehman instituyó un «programa de transferencia de la población» por el cual el gobierno daba dinero en efectivo e incentivos en especie a la población bengalí, la mayoritaria del país, para que se mudara a la zona de Chittagong Hills, desplazando así a los habitantes locales.
A partir de 1977, la región tuvo presencia militar en respuesta al surgimiento de grupos armados locales, opuestos a los «colonos» y la imposición de la identidad y la lengua bengalíes.
En los años siguientes hubo denuncias creíbles de que los soldados sometieron a los civiles indígenas a abusos, incluidos desalojos forzosos, destrucción de propiedades, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. Según una fuente, más de 2.000 mujeres fueron violadas durante el conflicto entre 1971 y 1994. Las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en muchos casos de violencia sexual.
El acuerdo de paz de 1997 tuvo como objetivo poner fin a la violencia y reconoció oficialmente la singularidad étnica y la autonomía relativa de las tribus y pueblos indígenas de la región de Chittagong Hills.
Sin embargo, 17 años después, aún no se aplicaron las condiciones del acuerdo de paz. En cambio, los jummas soportan niveles crecientes de violencia de parte de los colonos bengalíes, sin que haya una respuesta estatal efectiva.
Los miembros de la comisión de Chittagong Hills, un grupo de activistas que vigilan la aplicación del acuerdo de 1997, dijeron a Human Rights Watch que los colonos atacaron casas, tiendas y lugares de culto indígenas, en algunos casos con la complicidad de las fuerzas de seguridad. También hay informes de enfrentamientos entre las dos comunidades.
La situación es tan tensa que incluso algunos miembros de la comisión fueron atacados por un grupo de colonos en julio de 2014. Los responsables aún no fueron identificados ni procesados.
El acuerdo de paz determinó específicamente la desmilitarización de la zona de Chittagong Hills. Pero casi 20 años después la región se mantiene bajo ocupación militar. La incapacidad del ejército para proteger a los jummas de los colonos, y en algunos casos su complicidad en los ataques, está bien documentada.
Los sucesivos gobiernos de Bangladesh no otorgaron la autonomía prometida por el acuerdo de paz, dijeron representantes de la comisión. En cambio, el gobierno central designó directamente a representantes a los consejos locales sin la celebración de elecciones, como lo disponía lo pactado.
Con el acuerdo tácito de los militares, colonos bengalíes se mudaron a Chittagong Hills, en algunos casos desplazando a los jummas de sus tierras sin indemnización ni resarcimiento.
La Fundación Kapaeeng, que defiende los derechos de los pueblos indígenas de Bangladesh, denunció que al menos 51 mujeres y niñas sufrieron violencia sexual infligida por los colonos bengalíes y los militares en 2014. Este año ya se produjeron 10 casos.
Entre ellos, un grupo de colonos bengalíes violó a una mujer bagdi y su hija, según la Fundación. Los responsables de estos delitos rara vez son procesados. En algunos casos, los sobrevivientes, como las mujeres bagdíes, que realizaron la denuncia ante la policía recibieron amenazas de los presuntos autores si no retiran la acusación.
Con el fin de bloquear la atención internacional sobre la situación de los jummas, en enero el Ministerio del Interior de Bangladesh aplicó una disposición discriminatoria que, entre otras cosas, incrementó el número de puestos de control militares y prohibió, tanto a extranjeros como nacionales, la posibilidad de reunirse con la población indígena sin la presencia de representantes del gobierno.
En mayo, bajo la presión de la opinión pública nacional, el Ministerio del Interior retiró las restricciones. Pero en la práctica, el gobierno sigue limitando el acceso al exigir a los extranjeros que informen al Ministerio antes de toda visita.
Los jummas han esperado demasiado para que se les tome en cuenta. Es hora de que lo hagamos. La aplicación del acuerdo de paz de Chittagong Hills sería un primer paso importante.
Julia Bleckner es integrante de la división de Asia de la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad de la autora y no representan necesariamente las de IPS, ni pueden atribuírsele.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2015/05/pueblos-indigenas-bajo-persecucion-en-bangladesh/
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga