La iniciativa fue aplaudida por gobiernos extranjeros, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e instituciones de la sociedad civil, pero causó malestar en amplios sectores de la población ruandesa, que quieren ver a los genocidas en la horca. La masacre registrada entre abril y junio de 1994 acabó con 800.000 vidas, dejó miles de […]
La iniciativa fue aplaudida por gobiernos extranjeros, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e instituciones de la sociedad civil, pero causó malestar en amplios sectores de la población ruandesa, que quieren ver a los genocidas en la horca.
La masacre registrada entre abril y junio de 1994 acabó con 800.000 vidas, dejó miles de heridos y muchas mujeres portadoras del virus del sida a causa de las violaciones masivas.
El ministro de Justicia, Tharcisse Karugarama, recordó que la mayoría de los ciudadanos refrendaron una Constitución que no descarta la pena capital, dada la magnitud del sufrimiento causado por el genocidio.
Los responsables fueron combatientes extremistas de la etnia hutu, mayoritaria en el país, que atacaron con saña a integrantes de la minoritaria comunidad tutsi, tradicionalmente en el poder, y a hutus moderados.
Entrevistado por IPS, Karugarama consideró que la abolición de la pena de muerte es necesaria para cerrar una etapa oscura de la historia de Ruanda, pues, de lo contrario, será imposible juzgar a los autores del genocidio en los tribunales del país.
El gobierno pidió hace más de un decenio la estradición de los sospechosos residentes en el extranjero. Algunos países, en especial Bélgica, Dinamarca, Holanda y Suiza, se negaron a entregar a los acusados por temor a su ejecución.
Esos países prefieren juzgarlos en su propio territorio. Sólo Estados Unidos, uno de los países donde con más ejecuciones, extraditó a Ruanda a un supuesto genocida a Ruanda, Enos Kagaba, capturado en el septentrional estado de Minnesota en 2005 donde se lo procesó por haber ingresado ilegalmente al país.
La Corte Penal Internacional para Ruanda revisa el caso de 57 acusados, detenidos en una prisión construida especialmente en Tanzania. Ruanda quiere repatriarlos o, si llegan a ser culpables, encarcelarlos en su territorio.
La ONU también rechazó la solicitud de Ruanda por temor de que los sospechosos sean ejecutados, violando los principios del foro internacional.
Si Ruanda suprime la pena de muerte podrá lograr con rapidez la extradición de los acusados, sostuvo el ministro Karugarama.
«Estamos satisfechos con la rapidez de las negociaciones con los funcionarios del Corte Penal Internacional para Ruanda. Todos los requisitos necesarios para la transferencia de los procesos se han cumplido, excepto la abolición de la pena de muerte», añadió.
El mandato de la Corte Penal Internacional para Ruanda establece como plazo para su mandato diciembre de 2008, pero los funcionarios en Tanzania creen que no cumplirán con ese plazo.
Desde que comenzó su trabajo en 1996, el tribunal proceso a 28 sospechosos, de los cuales 25 fueron condenados a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad.
El tribunal internacional en Tanzania comenzó a negociar la reclusión de los condenados con países en los que se derogó la pena de muerte y cuentan con cárceles modernas.
«Ruanda es uno de los dos países que han expresado su deseo de recibir los casos en manos de la Corte Penal Internacional. Aceptamos la propuesta, pero debemos establecer un sistema de control riguroso para asegurar que se cumpla con la ley», dijo a IPS el fiscal del tribunal en Tanzania, Hassan Bubacar Jallow.
Ruanda debe garantizar que ningún responsable del genocidio será condenado a muerte, indicó Jallow.
Unos 650 condenados languidecen en los pabellones de la muerte en las atestadas cárceles ruandesas, según el Ministerio de Justicia.
Cuarenta personas fueron condenadas en 2002 a la pena capital por su participación en el genocidio. En 2003, fueron 18. Todas ellas esperan en los pabellones de la muerte. Los 22 condenados en 1998 fueron ejecutados.
Desde entonces, funcionarios del gobierno parecen haber evolucionado hacia la defensa de la abolición de la pena de muerte.
«A pesar de las secuelas dejadas por el genocidio, Ruanda sigue siendo un país que necesita reconstruirse e integrarse a los principios de justicia predominantes en el mundo», dijo Karugarama.
Pero la inminente abolición de la pena de muerte es una noticia dolorosa para los sobrevivientes de la matanza.
«Los responsables del genocidio deben ser ejecutados para erradicar por siempre la cultura de impunidad que ha perjudicado a Ruanda. La única solución es imponerles un castigo grave», sostuvo François Ngarambe, presidente de la organización de sobrevivientes Ibuka (Recuerda, en idioma kinyarwanda).
Además, esa organización sostiene que personas muy cercanas a los responsables, cuando no ellos mismos, siguen amenazándolos.
«Abolir la pena de muerte sería una nueva humillación para los sobrevivientes. Motivaría a los asesinos a terminar su plan de exterminio», sostuvo el editor Jean Glauber Burasa de la independiente revista quincenal Rushyashya, de Kigali.
«Es lamentable que la gran mayoría de los genocidas mantengan su ideología extremista luego de 10 años en prisión», añadió.
Un abogado de Kigali que pidió reserva de su identidad no comparte esa opinión.
«El genocidio tuvo consecuencias desastrosas para la estructura social del país. Aunque haya que cumplir con la justicia, tenemos que admitir las ventajas que la reforma supone para la justicia ruandesa, al ponerla a tono con los principios internacionales», sostuvo.
Un informe de mayo de 2005 de la organización Abogados Sin Fronteras, con sede en Estados Unidos, considera ineludible no sólo abolir la pena capital sino también indemnizar a las víctimas para que se haga justicia.
«Difícilmente haya víctimas indemnizadas por el genocidio de 1994. Las autoridades ruandesas deben asumir su responsabilidad y resolver este problema inmediatamente», dijo a IPS Hugo Jombwe Moudiki, director de la oficina en Ruanda de esa organización.