Con la condena de tres jóvenes que participaron en las protestas de noviembre de 2019 y que fueron acusados de ser «mohareb», que significa «enemistad contra Dios», el régimen pretende utilizar el miedo para evitar nuevas manifestaciones. En todo caso, para intentarlo.
Cuando el abogado Babak Paknia aceptó defender a los tres jóvenes por su participación en los levantamientos populares de noviembre de 2019, esperaba al menos poder consultar el expediente de la fiscalía. No le fue posible hacerlo.
«Lamentablemente, no tuve acceso al expediente ni a los procedimientos y ni siquiera he podido ver los detalles del caso», dijo en el sitio web de noticias iraní Emtedad News Channel (cercano de la corriente reformista). Durante el juicio, tampoco se le permitió seguir las audiencias que terminaron con las sentencias de muerte de Amir Hossein Moradi, Saeed Tamjidi y Mohammad Rajabi por la 15ª Cámara del tribunal revolucionario de Teherán. Los tres son menores de 30 años.
Saeed Tamjidi y Mohammad Rajabi habían logrado escapar a Turquía y llegar a Antalya, donde habían solicitado asilo político. Sin embargo, Ankara los arrestó y los transfirió de nuevo a Teherán. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) permaneció en silencio sobre esta extradición contraria a todas las normas de asilo.
Los tres jóvenes también fueron condenados a penas de flagelación como parte de otras condenas. Para los delitos de los que se les acusa, no hay posibilidad de apelación en el sistema judicial iraní. La semana pasada, el Tribunal de Casación iraní refrendó los veredictos.
Entre los diversos cargos presentados contra los tres jóvenes está el de ser «mohareb», («enemistad contra Dios»), un delito castigado con la pena de muerte.
En febrero de 2020, las autoridades iraníes los habían acusado de haber «liderado disturbios», lo que incluía «incendiar bancos y estaciones de servicio, de filmar sus actos delictivos con videos que habían enviado al extranjero» y de haber cometido «robo a mano armada». El juicio había tenido lugar un mes antes, a puertas cerradas, sin la presencia de sus abogados. Según Amnistía Internacional, que investigó las tres sentencias de muerte, el proceso está viciado por las irregularidades más atroces.
Amir Hossein Moradi fue detenido el 19 de noviembre, fue puesto en régimen de aislamiento, torturado con descargas eléctricas y si finalmente aceptó «confesar» todo lo que le pedían fue, según la organización de derechos humanos, porque los funcionarios encargados del interrogatorio le habían prometido a cambio atención médica para curar sus heridas, lo que luego le negaron. Su «confesión», junto con las de otras 12 personas, incluida una mujer, fue grabada y transmitida por la televisión estatal. Luego fueron utilizadas contra él durante su juicio.
Para Saeed Tamjidi, de 27 años, y Mohammad Rajabi, de 25, la tortura y los malos tratos fueron igualmente graves: según Amnistía, recibieron puntapiés, fueron apaleados, colgados boca abajo y golpeados en las piernas y los pies.
En los tres casos, hubo una fase de desaparición forzada que aterrorizó a sus familias y los privó de todo tipo de contacto con sus abogados durante la fase de instrucción.
Después de las movilizaciones de noviembre de 2019, que se extendieron a más de 100 ciudades en todo el país, la represión del régimen iraní fue terrible. Aunque muchas de las manifestaciones fueron pacíficas, muchas de ellas fueron más violentas que nunca en la historia de la república islámica.
Muchos edificios oficiales habían sido incendiados: más de cien bancos según un censo oficial, varias decenas de centros comerciales y de estaciones de servicio y también muchos comercios. Los francotiradores del régimen entraron en acción, como lo muestran los videos publicados por Amnistía Internacional, y provocaron más de 300 muertos y varios miles de heridos.
Sin embargo, según varios testimonios, las cifras reales son probablemente mucho más altas, tal vez del orden de mil muertes. Las detenciones, según las estimaciones oficiales y las efectuadas por las organizaciones humanitarias, ascendían al menos a 4.000 el 23 de noviembre, y continuaron en los meses siguientes.
Con las sentencias de muerte a los tres jóvenes, a las que probablemente seguirán las de otros ocho manifestantes, anunciadas en Isfahan, el régimen utiliza el miedo para evitar otras protestas. Mohammad Reza Habibi, el presidente del Tribunal Supremo de Isfahán, lo dijo claramente en su sermón del viernes: «Si lo que ocurrió en 2009 (las protestas contra la reelección fraudulenta de Mahmud Ahmadineyad, Nota del Editor), en 2017 y 2019 comienza de nuevo, actuaremos con determinación contra los alborotadores. El enemigo trabaja para provocar la disidencia y su esperanza es provocar un conflicto interno.»
Para el abogado iraní Karim Lahidji, ex presidente de la FIDH (Federación Internacional por los Derechos Humanos), «estas sentencias se dirigen evidentemente a la población para señalarle que el precio a pagar será aún más alto si sale a la calle, sobre todo cuando no faltan razones para ello, ya sea para protestar contra una vida tan cara que se ha vuelto insoportable, contra la inflación o contra la gestión del coronavirus».
«En su conjunto, agregó, la táctica del régimen se basa se basa en el garrote. Esto puede funcionar probablemente durante cierto tiempo y puede retrasar el regreso de las manifestaciones. Pero no creo que sea suficiente para evitarlas.»
Hay otras señales de que el régimen, ahora casi totalmente controlado por los Pasdaran (Guardia Revolucionaria), que en mayo impusieron a uno de sus miembros a la cabeza del Majlis (Parlamento), sigue a la defensiva. Esto puede verse en particular en la cantidad creciente de mensajes de «arrepentimiento» por parte de periodistas, activistas de los derechos humanos, ambientalistas o escritores en las redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook, donde se refieren a sus propias declaraciones publicadas anteriormente para deplorarlas y disculparse por haberlas hecho.
Según la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF), ese cambio de opinión se explica por las amenazas de arresto que los oficiales de los servicios secretos del ejército ideológico del régimen les han hecho llegar.
La sentencia de muerte dictada el martes 30 de junio contra Rouhollah Zam, que dirigía Amadnews, un canal de noticias de Telegram, también forma parte de esta política para intimidar a la oposición. El propio abogado Karim Lahidji, pensaba que tendría una fuerte condena, incluso a cadena perpetua, pero no su ejecución.
Hace unos años, Rouhollah Zam había hecho público un importante escándalo de pedofilia, que incluía la violación de adolescentes, en el que estaba implicado un famoso qāri’ (persona con voz melodiosa que recita el Corán) llamado Saeed Toosi, el que fue detenido y posteriormente liberado, lo que conmocionó profundamente a los iraníes. Debido a que Saeed Toosi era un allegado del régimen y muy conocido porque trabajaba además para la radio y la televisión iraníes, Rouhollah Zam había logrado que sus seguidores aumentaran a más de un millón.
Cuando este periodista opositor -que vivía en Francia y que había viajado a Iraq- fue secuestrado en octubre de 2019 en Bagdad con el pretexto de que era «dirigido por la inteligencia francesa y apoyado por los servicios estadounidenses y el régimen sionista» (es decir, Israel), los Pasdaran saludaron la «trampa» tendida por los agentes encargados de localizarlo. Estos últimos habían logrado sus objetivos «utilizando métodos modernos de inteligencia y tácticas ingeniosas», decía la declaración.
Según la información obtenida por Mediapart, aparentemente fue su asistente, Shirin Nadjafi, quien condujo a Rouhollah Zam a la trampa de Bagdad. Efectivamente, Shirin Nadjafi no ha sido vista desde el secuestro del periodista.
Por su parte, la sentencia de cinco años de prisión contra la investigadora franco-iraní Fariba Adelkhah, fue confirmada en apelación el mismo martes.
Estas dos últimas condenas se producen en un momento en que el Consejo de Seguridad está debatiendo en Nueva York el programa nuclear de Irán. Por lo tanto, también parecen ser una advertencia de Teherán a París, que junto con Londres y Berlín busca salvar el acuerdo de Viena sobre el programa nuclear (Plan de Acción Global Común, JCPoA en inglés), más amenazado que nunca tanto por la escalada estadounidense como por la política de Teherán. Por etapas y desde la primavera de 2019, Teherán ha venido eludiendo sus obligaciones sobre el plan nuclear como respuesta a la denuncia del acuerdo por parte de Washington.
Jean-Pierre Perrin fue gran reportero en Libération en el Medio Oriente. Es periodista y autor de novelas policiales y escritos de guerra (Afganistán, Irak, Siria), por los que ha sido premiado.
Fuente: https://www.mediapart.fr/journal/
Traducción de Ruben Navarro