Activistas por los derechos humanos criticaron a la justicia de Taiwán por negarse a procesar a un exministro de Defensa y a otros ocho oficiales retirados responsables de las torturas a un joven soldado, a la postre ejecutado. El caso se remonta a septiembre de 1996, cuando una joven fue hallada muerta y con señales […]
Activistas por los derechos humanos criticaron a la justicia de Taiwán por negarse a procesar a un exministro de Defensa y a otros ocho oficiales retirados responsables de las torturas a un joven soldado, a la postre ejecutado.
El caso se remonta a septiembre de 1996, cuando una joven fue hallada muerta y con señales de haber sido violada en un complejo de la Fuerza Aérea en Taipei.
Un mes después, el soldado Chiang Kuo-ching, de 20 años y miembro de esa fuerza, fue acusado de haber violado y asesinado a la muchacha. Tras ser condenado por un tribunal castrense, a pesar de haberse retractado de su confesión, fue ejecutado el 13 de agosto de 1997.
El caso de Chiang se convirtió en Taiwán en paradigma de la lucha por los derechos humanos, sobre todo debido a la larga campaña llevada a cabo por su padre, Chiang Chih-an, y su madre, Wang Tsai-lien, por limpiar la imagen de su hijo. Ellos insistían en que Chiang era inocente, y que lo habían torturado para extraerle una confesión falsa.
En mayo de 2010, la organización gubernamental Control Yuan ordenó la reapertura del caso. A comienzos de 2011, la División Especial de Investigación de la Fiscalía Suprema volvió a estudiarlo, y Chiang fue exonerado en septiembre pasado por un tribunal militar.
En su lugar fue condenado Hsu Jung-chou, de 35 años, también de la Fuerza Aérea. Fue sentenciado a 18 años de prisión.
Ese tribunal reconoció que Chiang había admitido el crimen solo por las torturas a las que le sometieron oficiales al mando del entonces jefe del Comando de Operaciones de Combate de la Fuerza Aérea, Chen Chao-min, quien luego se desempeñó como ministro de Defensa entre mayo de 2008 y septiembre de 2009.
Por primera vez en la historia de Taiwán, una investigación oficial identificó a responsables y a víctimas de torturas perpetradas por el Estado.
Pero en mayo de 2011, la Corte de Distrito de Taipei, se negó a acusar a los oficiales implicados, arguyendo que habían prescrito los delitos de «coerción» e «intimidación». La pena para ambos delitos no excede los tres años de prisión.
A pesar de que la Fiscalía de la Suprema Corte de Justicia exigió que se revisara el caso, la Corte de Distrito de Taipei se negó otra vez el 24 de agosto a procesar a los oficiales.
La Corte rechazó el pedido de los abogados de la familia de Chiang de que Chao y los otros oficiales fueran procesados por asesinato o por «causar la muerte a través del abuso de poder».
El portavoz de la Fiscalía de Distrito de Taipei, Huang Tieh-hsin, dijo el 24 de agosto que Chen Chao-min y los otros militares no podían ser procesados por homicidio porque nunca tuvieron la intención deliberada de llevar al soldado al patíbulo, sino que querían «ganar méritos resolviendo el caso».
«Como no hay una relación causa-efecto, decidimos no iniciar ningún procesamiento», explicó.
Pero el abogado Yo Po-hsiang dijo a IPS que, para la madre de Chiang, la exoneración de su hijo «carecía de significado» a menos que sus torturadores fueran llevados a la justicia, y que estaba «furiosa» por los argumentos de la justicia.
«Su furia es entendible, pues esa razones van más allá del sentido común», dijo Yo, director ejecutivo de la Asociación de Abogados de Taipei.
«Chao y los otros oficiales eran plenamente conscientes de que una condena por violación y asesinato significaba la pena de muerte bajo la ley castrense, y por tanto tenían la certidumbre de que una confesión resultaría en la ejecución de Chiang», dijo a IPS.
Los defensores de la madre de Chiang no presentarán una moción para que la Corte de Distrito de Taipei reconsidere su decisión, informó Yo.
El director ejecutivo de la Alianza de Taiwán contra la Pena de Muerte, Lin Hsin-yi, dijo a IPS que la decisión de la justicia «enviaba un escalofriante mensaje de que el sistema judicial taiwanés considera que no hay nada malo con la tortura».
Además, sugiere que «las víctimas de la tortura nunca recibirán justicia, y que las personas que los torturaron nunca serán responsabilizadas».
Lin dijo que había varios condenados en el pabellón de la muerte que también fueron torturados, entre ellos Chiou Ho-shun, arrestado en 1989 por supuestamente haber secuestrado y asesinado a un niño de nueve años y a una mujer.
Su sentencia a muerte se basó casi por completo en las confesiones que le extrajo la policía en interrogatorios.
El director ejecutivo de la organización Covenants Watch, Kao Yung-cheng, dijo a IPS que la decisión de la justicia ponía en duda la disposición y la capacidad del gobierno de Taiwán para implementar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ratificó e incorporó a sus leyes nacionales en diciembre de 2009.
Kao, exfiscal, dijo a IPS que el artículo 2 del Pacto requiere que las partes garanticen que las personas cuyos derechos hayan sido violados tengan medios efectivos de reparación.
«La responsabilidad más importante del Estado es encontrar y exponer la verdad, y los fiscales se negaron a asumir esa obligación», dijo Kao a IPS.