La ley de transparencia y acceso a la información pública, en vigor en Honduras desde enero, viola convenios internacionales de libertad de expresión y lucha contra la corrupción, al tiempo que pone trabas a la desclasificación de información bajo la categoría de reserva. «Prácticamente todo documento podrá ser clasificado como reservado. Cualquier ministro podrá hacerlo […]
La ley de transparencia y acceso a la información pública, en vigor en Honduras desde enero, viola convenios internacionales de libertad de expresión y lucha contra la corrupción, al tiempo que pone trabas a la desclasificación de información bajo la categoría de reserva.
«Prácticamente todo documento podrá ser clasificado como reservado. Cualquier ministro podrá hacerlo si considera que el acceso a esa información pone en riesgo o perjudica la ayuda humanitaria, la seguridad nacional, la estabilidad económica o la gobernabilidad, entre otros criterios difusos», dijo a IPS Jaime López.
Según la ley, toda la información vinculada a la ayuda humanitaria es secreta y no pueden divulgarse montos y usos a los que se destinen.
«Es increíble que una ley que tiene un fin positivo pueda llegar a ser desnaturalizada hasta el punto de invertir su sentido», acotó el experto salvadoreño que dirige la red regional no gubernamental Probidad y conoce de cerca el caso de Honduras, en alusión al esfuerzo ciudadano de casi cuatro años por obtener una norma de transparencia en este país.
La ley contempla la creación de un Instituto de Acceso a la Información Pública para su regulación, pero con capacidad imitada porque debe compartir funciones con otras instituciones estatales y esa dualidad puede entorpecer su independencia, advirtió López.
Además, hay aspectos graves en cuanto a la información clasificada como reservada. La ley establece un plazo de 10 años para su desclasificación, pero en otro artículo crea la figura de «depuración de archivos», que puede efectuarse cada cinco años sobre cualquier documento, sea secreto o no, puesto que la norma no lo aclara.
«En el caso de documentos reservados, éstos podrán ser destruidos antes de que venza su periodo de reserva y con ello el público nunca podría tener acceso a ellos ni conocerlos. Hecha la trampa, hecha la ley», sostuvo.
El jurista Leo Valladares, ex ombudsman (defensor del pueblo) de derechos humanos, dijo a IPS que la ley presenta incongruencias con convenios internacionales firmados por este país.
Por ejemplo, se limitan los alcances del derecho a la información, pues el texto sugiere que es una concesión del Estado, «lo cual no es cierto, es un derecho ciudadano irrenunciable garantizado por la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y la libertad de expresión» consagrada en la Constitución, dijo.
La ley también violenta la Convención Interamericana contra la Corrupción cuando en su artículo final establece que «queda sujeta a la presente normativa, únicamente la información pública que se genere a partir de la vigencia de esta ley».
«Esto significa que no se puede investigar lo que ha pasado años atrás, ni siquiera el año pasado ni este año, porque dice que la vigencia plena de la ley es a partir de 2008. Eso es una violación abierta a la Constitución y a la convención anticorrupción», dijo Valladares, impulsor de un primer proyecto de ley de acceso a la información nunca tratado por el Congreso legislativo.
Ni la Constitución hondureña ni las leyes establecen el derecho de acceso a la información pública. Las únicas garantías constitucionales vinculadas son el derecho a la libre expresión y a la petición, este último en términos muy generales.
La ley de transparencia y acceso a la información pública fue una promesa electoral del presidente Manuel Zelaya, después de que el Congreso congelara desde 2004 un proyecto presentado por Alianza 72, una coalición de organizaciones civiles que tomó su nombre del artículo constitucional que consagra la libertad de expresión.
En una marcha convocada el 10 de febrero por el estatal Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que agrupa a miembros de sociedad civil, empresarios, sindicatos y organismos del Estado, Zelaya juró frente al público, texto legal en mano, que «con esta ley van a temblar los corruptos».
«Su aplicación será inmediata, y en seis meses tendremos creado el Instituto de Acceso a la Información Pública para que comience a trabajar y empiecen a temblar los corruptos. Esta es la mejor ley aprobada en América Latina, y la primera de su género en Centroamérica. Hemos pasado a la historia porque somos transparentes y no queremos a los corruptos», arengó Zelaya arrancando aplausos de muchos de los 15.000 manifestantes.
La presencia del mandatario no estaba contemplada por los organizadores de la marcha, «asaltada» por miles de seguidores del gobernante Partido Liberal, afirmaron varias organizaciones sociales.
El diario El Heraldo divulgó el lunes 12 que esos manifestantes recibieron en pago un plato de comida y 10 dólares para tomar parte de la marcha.
«Nuestro papel era vitorear al presidente, evitar que lo criticaran», dijo uno de los manifestantes al diario. En tanto, el silencio se apoderaba de la casa presidencial, cuyos ministros y asesores habían encabezado la marcha «Por la Integridad y contra la Corrupción».
La manifestación «fue arrebatada por el gobierno como una iniciativa propia, y resulta preocupante ver como un acto de esta naturaleza terminó prácticamente siendo corrompido por un gobierno que promueve la transparencia», dijo el analista político Ramón Romero, abogado, filósofo y catedrático de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
«Y todo indica que la ley de transparencia también ha sido una burla. Fue manoseada en el Congreso y aquí la sociedad parece no reaccionar y cuando lo hace, el gobierno viene y les come el mandado», dijo Romero a IPS, tras declararse «frustrado» y «burlado» por haber marchado.
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) que lideró con Alianza 72 la lucha por una ley específica, condenó ocho artículos que a su juicio constituyen un «cerrojo» para la transparencia, relativos a la información reservada, a las dualidades del Instituto, al secreto sobre las ayudas humanitarias y, sobre todo, a su aplicación restringida a funcionarios de tercera categoría.
En efecto, quedan fuera del alcance de la ley los presidentes de los tres poderes del Estado, sus ministros, asesores, alcaldes, regidores y diputados. «Es una ley para empleados públicos y ello sólo refuerza el círculo de la secretividad en Honduras», dijo Félix Molina, del C-Libre.
Las organizaciones sociales harán uso de lo que queda de la ley, es decir la difusión de aquella información de oficio que, a criterio del representante de la red Probidad, «serán grandes volúmenes de documentos que podrán ser puestos al público» si bien «estarán excluidos los datos críticos» sobre «el abuso de poder y la protección a grupos privilegiados».
Según el Foro Social de la Deuda Externa en Honduras, este país pierde diariamente 38 millones de lempiras, unos dos millones de dólares, por actos de corrupción, y en lo que va del gobierno de Zelaya han estallado más de 20 casos de corrupción. Cuatro de ellos llegaron a la fiscalía, que desestimó tres este mes.
Paradójicamente, esos hechos parecen no afectar la imagen del gobernante, que el 27 de enero cumplió su primer año con una aceptación popular de casi 70 por ciento, según las encuestas.
En ese año, Zelaya realizó 29 viajes al exterior. Lo acompañaron 145 periodistas, cuyos gastos de viaje, hospedaje y alimentación –unos 72 millones de dólares– fueron pagados por el gobierno, según informes de medios digitales hondureños con base en investigaciones propias.