Dos años después de que Michelle, de 15 años, fuera secuestrada, vendida, obligada a convertirse al Islam y casada con un desconocido, sus familiares siguen condenándola al ostracismo.
«Mis tíos nos han abandonado, y mis dos hermanos mayores, hasta hace unos meses, ni siquiera me hablaban», dijo Michelle a IPS por teléfono desde Faisalabad, en la provincia pakistaní de Punjab. Creen que ella les ha traído deshonra.
Sus captores e incluso el clérigo que ofició el matrimonio están libres a pesar de haber cometido múltiples delitos, como secuestro, trata y violación.
«Hay varias leyes a las que se puede recurrir para hacer frente a delitos como el secuestro y los raptos», lamentó Peter Jacob, director ejecutivo del Centro para la Justicia Social (CSJ), una organización de investigación y defensa de personas vulnerables. «Pero la fiscalía no lo ha hecho», observó.
La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes que pertenecen a las minorías cristiana (en el Punjab) e hindú (en Sindh) y que han sufrido el mismo patrón de violencia.
«Este año se registraron al menos 42 casos de ese tipo», dijo Jacob a IPS por teléfono desde la ciudad oriental de Lahore, en la provincia de Punjab.
En esta nación predominantemente musulmana de 220 millones de habitantes, los cristianos e hindúes en Pakistán se estima que representan 1,27 % y 2,14 %, respectivamente, de la población, según el censo de 2017.
El doctor Ramesh Kumar Vankwani, miembro de la asamblea nacional del partido gobernante Pakistan Tehreek-e-Insaf, también padrino en jefe del Consejo Hindú de Pakistán, dijo a IPS que «cientos de casos» siguen sin ser denunciados.
Por su parte, Rukhsana Khokhar, directora de proyectos de la Sociedad de Ayuda Legal, con sede en Karachi, coincidió con Vankwani. «La familia de la víctima no se atreve a acudir a la policía por su dura actitud», confirmó.
«La familia afectada no se atreve a denunciar el delito por las repercusiones de la otra parte, poderosa e influyente», explicó.
Además, dijo Khokhar, el camino en la justicia es tedioso y complicado, aparte de costoso y, a menudo, fuera de sus posibilidades.
En la mayoría de los casos, las adolescentes de las comunidades hindúes no tienen estudios, pertenecen a familias pobres y están «rodeadas de misoginia y patriarcado», abundó.
Sin embargo, el motivo de la conversión de muchachas hindúes con estudios y pertenecientes a familias acomodadas es diferente. «Quieren escapar de la obligación de casarse con hombres hindúes, sin educación, de su comunidad», explicó Jacob. La única salida para ellas es convertirse al Islam», acotó.
Khokhar, quien lleva más de una década estudiando esta cuestión, cree que la sensibilización es una forma de superar el problema, ya que los prejuicios sociales siguen siendo la barrera más importante. La sensibilización debe incluir a los clérigos que ofician la nikah (la ceremonia por la cual la pareja se casa legalmente, según la ley islámica), a los agentes de investigación que trabajan en estos casos y a la administración del distrito.
Según Vankwani, muchos parlamentarios admiten que el problema persiste, pero no está tan extendido como para ser preocupante.
«Yo digo que, aunque sea una sola persona la que obliguen a convertirse, es nuestra responsabilidad poner fin a esta práctica mediante leyes», subrayó.
Hubo varios intentos de regular las conversiones por vía legislativa, pero sin éxito.
En 2019, la asamblea de Sindh, rechazó por segunda vez un proyecto de ley que criminalizaba las conversiones religiosas forzadas. El primer intento había sido en 2016.
En 2020, el Comité Permanente de Asuntos Religiosos y Armonía Interconfesional rechazó el Proyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Minorías, 2020, que recomendaba un límite de edad de 18 años para poder convertirse.
La comisión parlamentaria rechazó un proyecto de ley contra las conversiones forzadas al que se opuso a principios de año el Ministerio de Asuntos Religiosos, incluso antes de que pudiera presentarse en la Asamblea Nacional.
La excusa del ministro de Asuntos Religiosos, Noorul Haq Qadri, fue el contexto «desfavorable».
Según la analista de riesgos políticos y de integridad Huma Yusuf, el actual «entorno social, religioso y político» es demasiado opresivo en Pakistán, que se ha talibanizado, como para que la ley encontrara apoyo en alguna parte.
Un problema clave es que el término «conversión forzada» oculta lo que realmente está en juego. Según los informes, unas 1.000 niñas de minorías religiosas, principalmente hindúes, son obligadas a convertirse cada año», precisó Yusuf.
«Estas conversiones pueden implicar secuestros, violaciones, violencia, tráfico de personas y extorsión. También enriquecen a los clérigos que reciben pagos por solemnizar esos matrimonios, a los funcionarios de policía corruptos que aceptan sobornos en lugar de investigar, y a los magistrados que miran para otro lado. Al rechazar el proyecto de ley, nuestros legisladores están aprobando estas actividades. ¿Cómo sirve esto al Islam?», se preguntó.
Las razones por las que el ministerio y la comisión parlamentaria rechazaron el último proyecto de ley tienen que ver con la edad mínima (fijada en 18 años) que se mantiene para convertirse a otra religión, un periodo de contemplación de 90 días antes de la conversión y la declaración ante un juez.
El proyecto de ley preveía que «la edad se determinara a partir del certificado de nacimiento del menor, del certificado de escolarización o de la base de datos oficial. En ausencia de todos ellos, la edad de la persona podrá determinarse mediante un examen médico».
«Hay una veintena de leyes que imponen unas u otras restricciones a una persona menor de 18 años», señaló Jacob, entre ellas la de obtener el permiso de conducir, votar o buscar empleo.
«Se trata de restricciones razonables que amplían el ámbito de las libertades y protegen los derechos en esos ámbitos específicos», justificó.
También considera lógico el plazo de 90 días de contemplación para un «asunto que es individual y socialmente importante y que no debe tratarse de forma casual o precipitada», prosiguió.
Además, según Jacob, declarar ante un juez elimina la posibilidad de encubrir el delito de secuestro por matrimonio y garantizará que la conversión no se haga bajo coacción, engaño, amenaza o falsa declaración.
Calificando el proyecto de ley de «dique» redactado para «frenar la difusión del Islam», Pir Abdul Khaliq, de 66 años, y director de la centenaria madraza (escuela islámica) Ahya Darul Uloom, en Dharki, en el distrito de Ghotki, en la provincia de Sindh, se alegró de que fuera «rechazado».
Esta madraza (un «semillero» de supuestas conversiones), junto al santuario de Khanqah-i-Aalia Qadria Bharchundi Sharif, tiene una cadena de casi 200 seminarios repartidos por Sindh (140), Punjab (30) y casi dos decenas en Baluchistán.
Desde que tomó las riendas del seminario, siguiendo los pasos de su padre, hace 50 años, ha convertido a decenas de hombres y mujeres por su “libre albedrío”, aseguró. Hablando con IPS por teléfono desde Dharki, reconoció que fue uno de los que amenazó al ministerio con que sus seguidores «saldrían a la calle a protestar» si se aprobaba el proyecto de ley.
Habiendo convertido a familias enteras, «desde personas de 80 años hasta algunas de tan solo ocho», aseguró que nadie se opuso, así que se preguntó por qué sería necesaria una ley al respecto.
A lo que Khokhar respondió: «Si un menor de edad se convierte junto a sus padres o tutores, no hay ninguna objeción». La objeción que se plantea es la de la conversión de adolescentes solteras como Michelle. «¿Por qué nunca son mujeres mayores de edad, por qué tienen que huir a otra ciudad para convertirse y por qué no se permite a los padres reunirse con ellas?», cuestionó.
«No hay edad para la conversión», respondió Khaliq, pero insistió en que «respetaba la edad del matrimonio», que es de 18 años en Sindh.
Sin embargo, muchas niñas hindúes menores de edad de Sindh son trasladadas a Punjab, donde la edad legal para casarse es de 16 años, precisó Khokhar. Ella cree que ayudaría a detener la conversión forzada si la edad de 18 años para convertirse y contraer matrmonio se «aplicara de manera uniforme» en todo el país.
En 2019, dos hermanas hindúes, Raveena y Reena, fueron noticia al acudir a los tribunales en busca de protección frente a su familia, alegando que habían aceptado voluntariamente el Islam. La familia insistió en que habían sido secuestradas.
Las hermanas se convirtieron antes de su matrimonio en Sindh (donde la edad para casarse es de 18 años), pero se casaron en Punjab (donde es de 16 años).
Sin embargo, el tribunal permitió a las hermanas regresar con sus maridos, aunque envió un equipo de investigación de cinco miembros para comprobar que no se trataba de una conversión forzada.
El informe recomendó que la conversión religiosa se llevara a cabo mediante un «proceso adecuado y se formalizara o se registrara en un tribunal».
A veces, observa Khaliq, las chicas se fugan y se convierten al Islam porque se han enamorado de hombres musulmanes y «no por amor a la religión».
En ese caso, dice el clérigo, se le da a la mujer «un día o dos para pensar en su decisión». Pero si ella sigue insistiendo en la conversión, él celebra la ceremonia. «El matrimonio entre un musulmán y una hindú no está permitido en el Islam», precisó, entonces ella se convierte.
También señaló que algunas veces la mujer se da cuenta de que tomaron una decisión equivocada, pero tras haber huido de la casa de sus padres, las posibilidades de ser aceptada nuevamente por su familia son escasas.
«No le queda más remedio que seguir el plan original de convertirse al Islam», añadió.
Sin embargo, reiteró que su seminario no realizará el nikah si la muchacha es menor de edad.
«Sólo la convertimos, y luego puede volver con sus padres hasta que alcance la edad para casarse. Si su familia no acepta su nueva religión, lo que ocurre en la mayoría de los casos, le damos cobijo hasta que alcance la edad legal para casarse», dice Khaliq.
Respondiendo a la pregunta de Khokhar sobre el traslado a otra ciudad para convertirse, Khaliq explica: «Una vez que la muchacha se fuga para casarse con el hombre y los padres acuden a la policía, entran en juego muchas fuerzas, entre ellas el señor feudal de la zona y la policía. Temiendo por su vida, lo primero que piensan es en encontrar un lugar seguro».
De haberse aprobado, el proyecto de ley habría resuelto con eficacia esta cuestión al restringir la posibilidad de que la persona que solicita un certificado de conversión lo obtenga del juez de la zona en la que reside la persona no musulmana, dice Jacob, quien no se desanima. «No tenemos otra opción que luchar por la vía legal para garantizar que se siga un proceso fijo de conversión», añadió.
Junto con Vankwani, trabaja con el Consejo de Ideología Islámica (encargado de asesorar jurídicamente sobre cuestiones islámicas al gobierno y al parlamento) para elaborar un proyecto de ley aceptable para todas las confesiones.
La Red Global de Sostenibilidad (GSN ) persigue el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 de las Naciones Unidas, con especial énfasis en la meta 8.7, que «adopta medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y a la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y para 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas».
El origen de la GSN se remonta a los esfuerzos de la Declaración Conjunta de Líderes Religiosos firmada, el 2 de diciembre de 2014. Líderes religiosos de diversas confesiones se reunieron para trabajar juntos «para defender la dignidad y la libertad del ser humano contra las formas extremas de la globalización de la indiferencia, como la explotación, el trabajo forzado, la prostitución y la trata de personas».