Hace un año que la UE y los EEUU comenzaron las negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio e Inversión, conocido como TTIP. Este Acuerdo, negociado en secreto, poco tiene que ver con un acuerdo comercial tradicional. Su objetivo declarado va más allá de la eliminación de aranceles y de la apertura de mercados. Su […]
Hace un año que la UE y los EEUU comenzaron las negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio e Inversión, conocido como TTIP. Este Acuerdo, negociado en secreto, poco tiene que ver con un acuerdo comercial tradicional. Su objetivo declarado va más allá de la eliminación de aranceles y de la apertura de mercados. Su objetivo principal es la eliminación de las «barreras» regulatorias, dicho de otro modo, acabar con las normas sociales y medioambientales que constituyan «barreras» a la libertad de comercio y de inversión y se «interpongan» en el flujo transatlántico.
Estamos hablando de normas sanitarias y de seguridad alimentaria (como restricciones sobre transgénicos), de normas laborales (como Convenios Colectivos), de normas sobre uso de sustancias químicas tóxicas (como el marco reglamentario europeo para gestión de sustancias químicas REACH), de leyes de protección de datos, etc… Todo un acervo normativo y de derechos que se han ido conquistando a lo largo del tiempo y se quieren eliminar con la excusa del libre comercio.
Uno de los contenidos más preocupantes que se está negociando en el TTIP es el Procedimiento de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados, conocido como ISDS. Es un procedimiento que prevé la creación de tribunales privados, ajenos a la justicia ordinaria, ante los que los inversores extranjeros (cualquier empresa multinacional) podrán demandar a un Estado para reclamar por las pérdidas de beneficios derivadas de decisiones adoptadas por ese Estado en materia de política pública.
Este tipo de procedimientos han sido ya incluidos en muchos acuerdos comerciales, y su utilización por parte de las multinacionales para atacar normas de protección de la salud, del medio ambiente, laborales, etc… no se ha hecho esperar. Que se sepa, se han presentado más de 500 demandas contra al menos 95 países. Entre ellas es conocido el caso de la tabacalera Philip Morris que reclama al gobierno australiano miles de millones de dólares como indemnización por las pérdidas derivadas de la norma que en Australia prohíbe la publicidad en los paquetes de cigarrillos. Es también el caso de la empresa francesa Veolia que demandó al gobierno egipcio porque, entre otras cuestiones, sus márgenes de beneficio se vieron reducidos por la aplicación de un salario mínimo en el país.
Este procedimiento, que constituye un atentado en toda regla contra la democracia, ha generado gran preocupación y una creciente crítica por parte de diferentes grupos y organizaciones. Esta circunstancia forzó a la Comisión Europea a anunciar la suspensión de las negociaciones en torno al ISDS y a llevar a cabo una consulta pública sobre el mismo. El plazo para la consulta concluyó en julio y se recibieron en torno a 150.000 respuestas que aún no han sido valoradas.
Pero, pese a la gran reacción suscitada por la consulta y al previsible alto número de respuestas críticas, nada parece indicar que sea intención de los negociadores renunciar al ISDS. Probablemente haya sido una operación de «lavado de cara», con el fin de neutralizar las críticas al carácter secreto del proceso e introducir algún retoque cosmético.
Junto al ISDS otro elemento central del proyecto político que es el TTIP es el de la cooperación regulatoria. A instancias del gobierno estadounidense, la Comisión Europea ha propuesto la creación de un Consejo de Cooperación Regulatoria, compuesto por los responsables de las agencias regulatorias más importantes de la UE y de los EEUU, que se encargaría de controlar todas aquellas normas de aplicación general, ya vigentes o en trámite de elaboración, que pudieran tener un impacto significativo en el comercio internacional. Para ello, el Consejo tendrá en cuenta la valoración de las partes interesadas, principalmente lobbies empresariales. En la práctica, se otorgaría a las empresas no sólo el poder de ir en contra de normas ya existentes, sino el de influir en el proceso de elaboración de nuevas normas para eliminar todo aquello que perjudique o limite sus actividades comerciales.
¿Dónde queda la soberanía de los Parlamentos? ¿Dónde queda la democracia? La idea está clara: las normas no pueden suponer un obstáculo para «el negocio» y para ello se crean tribunales privados que se van a encargar de sancionar a los gobiernos que las apliquen, consejos que van a controlar las leyes existentes y las nuevas en trámite de elaboración a fin de evitar que limiten de alguna manera «el negocio» de algunos.
Es mucho lo que está en juego. Las élites económicas de ambos lados del Atlántico llevan años diseñando este proyecto político y de clase que busca revertir todas las conquistas sociales todavía vigentes y crear un escenario de desregulación total donde las grandes corporaciones puedan campar a sus anchas.
Pese al secreto de las negociaciones, pese a la inmensa labor de lobby de los grupos empresariales, pese a la propaganda oficial, poco a poco la resistencia va creciendo.
Cada vez somos más las organizaciones y movimientos que nos oponemos a este acuerdo tanto en Europa como en los EEUU, porque cada vez más gente es consciente de las repercusiones que el TTIP tendría en sus vidas.
Una alianza plural de organizaciones y movimientos de la sociedad civil europea ha convocado una jornada descentralizada de acción contra el TTIP para el próximo 11 de Octubre. También en Euskal Herria vamos a librar esta batalla, porque es mucho lo que hay en juego y aún estamos a tiempo. Vamos a parar el TTIP, recuperar la democracia y revertir el poder de las multinacionales. Las personas y el planeta estamos por delante de los beneficios corporativos.
Laura Gonzalez de Txabarri. Responsable del Area de Internacional de ELA
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