No se sabe cuántos son, pero podrían ser más de mil. El tema volvió a surgir días pasados a raíz de la visita que una comisión especial de Naciones Unidas hizo a Chile para investigar qué es lo que está pasando con la presencia de «mercenarios» de varios países de América latina en Irak, y […]
No se sabe cuántos son, pero podrían ser más de mil. El tema volvió a surgir días pasados a raíz de la visita que una comisión especial de Naciones Unidas hizo a Chile para investigar qué es lo que está pasando con la presencia de «mercenarios» de varios países de América latina en Irak, y también en Afganistán, a donde llegan para trabajar en tareas de seguridad, pero que terminan envueltos en la guerra.
El anzuelo es uno sólo: el abultado sueldo prometido. Pero por el camino se fueron enterando de que el salario no sería de 4.000 dólares mensuales, como les habían ofrecido inicialmente, sino de 34 dólares al día, es decir, unos 1.000 al mes.
Algunas fuentes norteamericanas, como Danna Harman, del Christian Science Monitor, consideran que esos «mercenarios privados» serían 25.000 hombres de todo el mundo, que suponen la segunda fuerza en la coalición «aliada», sólo por detrás de las propias tropas norteamericanas.
En un informe elaborado el año pasado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios, que presidió el español José Luis del Prado Gómez, denunció que los fichan como guardias, pero les dan material bélico y los convierten en combatientes. Una parte importante de ellos procede directamente de América latina.
Lo que preocupa a la ONU son las diferentes fórmulas que han creado las empresas privadas de seguridad para formar auténticas fuerzas de choque mercenarias, no sometidas a ninguna ley en particular, algo que en teoría está prohibido por la legislación internacional.
El fenómeno creció en países como Perú, Honduras, Colombia, Chile y Ecuador. No se sabe, al menos no se desprende de la investigación, que haya argentinos entre ellos. De hecho, un grupo de trabajo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encargado del uso de mercenarios, visitó el año pasado Perú, Ecuador y Honduras para estudiar la situación y aconsejar sistemas que ayuden a atajar esa contratación encubierta e ilegal de soldados.
En Colombia, la revista Semana denunció que una empresa asociada con la norteamericana Blackwater, muy conocida por sus servicios de seguridad en Irak, contrató a dos grupos de 35 y 34 ex oficiales y suboficiales del Ejército colombiano, les dio dos semanas de entrenamiento a cargo de dos ex militares norteamericanos y los envió a Bagdad.
Informes oficiales de Honduras señalan que entre agosto y octubre del año pasado la empresa Your Solutions trasladó unos 218 hondureños, 105 chilenos y 17 nicaragüenses a Irak para trabajar en ese convulsionado país como guardias de seguridad. Muchos de ellos denunciaron haber sido maltratados allí. Y aseguraron que habían viajado como guardias de seguridad, pero que en Irak se convirtieron en combatientes.
En agosto de 2005, en Ecuador se conoció que la empresa de seguridad «EPI & Security», sin registro legal, dirigida por el estadounidense Jeffrey Shippy habría contratado y reclutado, mediante avisos de prensa, a ecuatorianos y colombianos para trabajar en el extranjero. Luego de que las autoridades conocieron el caso, Shippy escapó sin que los jueces hayan avanzado en esclarecer el asunto.
Denuncias de familiares de ex soldados y policías peruanos contratados para combatir en Irak desenrollaron la madeja de un negocio aún vigente, conducido por la empresa Triple Canopy con participación de empresas y del ejército de Perú.
En agosto comenzaron a aparecer en los principales diarios de Lima avisos convocando a ex miembros de las FF.AA. y de la policía interesados en trabajar en «tareas de seguridad». Se ofrecían «excelentes ingresos». Centenares de personas se presentaron.