Los familiares de las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá para capturar al ex general Manuel Antonio Noriega, cuyo aniversario 19 se cumplió ayer, pidieron que se complete la lista total de muertos y que se les resarza apropiadamente. Las organizaciones populares calculan que fueron asesinadas unas 5 mil personas. El Frente […]
Uno de los dirigentes del grupo, Silvestre Díaz, declaró que el Gobierno debe investigar a fondo cuántos panameños murieron durante la invasión a este país, el 20 de diciembre de 1989, ante la diferencia de cifras que se manejan, ninguna con el visto bueno oficial.
«Hemos iniciado una campaña con el objeto de ir agregando los nombres de víctimas de la invasión que no aparecen en un listado preliminar que tiene Frenadeso y que esperamos completar el próximo año, cuando se cumpla el 20 aniversario de la intervención militar de Estados Unidos», agregó Díaz.
Extraoficialmente se calcula que murieron unas 500 personas, entre civiles y militares. Sin embargo, organizaciones populares locales consideran que se registraron más de 5.000 muertos.
Los familiares de las víctimas del operativo militar marcharon hoy desde una céntrica plaza de esta capital hacia el populoso barrio de El Chorrillo, uno de los vecindarios más castigados por los bombardeos del ejército norteamericano y donde Noriega tenía su cuartel general.
Una dirigente de ese grupo, Elisabeth Ayola, dijo a la prensa que seguirán presionando para que el gobierno declare el 20 de diciembre día de «duelo nacional», ya que no se justifica que esa fecha, en la que murieron muchos panameños, se considere «un día normal».
El Movimiento Patriótico Nacional 20 de diciembre, que agrupa a familiares de las víctimas, presentó el viernes una nota a la cancillería en la que solicita «aclarar el limbo jurídico diplomático causado por la invasión», para que los afectados puedan ser «resarcidos» antes de que termine la gestión del presidente Martín Torrijos, en julio del próximo año.
La conmemoración de la efeméride contempló este sábado diferentes actos religiosos y de protesta, que incluyeron la celebración de una misa y la visita a los principales cementerios donde están enterrados los que perdieron la vida durante la ocupación militar estadounidense.
El ministro de Obras Públicas de Panamá, Benjamín Colamarco, quien dirigió los denominados «Batallones de la Dignidad», civiles que fueron armados y entrenados por los militares panameños para enfrentarse al Ejército de EE.UU., fue uno de los asistentes.
El Grupo de Familiares de los Desaparecidos pidió el año 2000 al Gobierno de EE.UU. la aplicación de un programa de indemnizaciones, tras alegar que los únicos compensados por la intervención habían sido 3.451 moradores de El Chorrillo, que recibieron 11,5 millones de dólares. Según este grupo, unos 135 pequeños comerciantes de ese populoso barrio, totalmente destruido durante la invasión, también recibieron 2,4 millones de dólares por concepto de indemnización por las pérdidas materiales sufridas.
Noriega, que ya cumplió su condena por lavado de dinero y tráfico de drogas en Estados Unidos, sigue bajo custodia estadounidense en espera de que se resuelva una petición de extradición de Francia y Panamá, donde aún pesan cargos en su contra.