Un gesto que trasciende la mera anécdota: el pasado 14 de septiembre, en la última sesión del 64 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU una rebelión de países impidió, con su voto, que la Unión Europea tuviese prerrogativas especiales en ese organismo. Quienes pusieron la voz a esa rebelión fueron […]
Un gesto que trasciende la mera anécdota: el pasado 14 de septiembre, en la última sesión del 64 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU una rebelión de países impidió, con su voto, que la Unión Europea tuviese prerrogativas especiales en ese organismo. Quienes pusieron la voz a esa rebelión fueron Irán, Lesoto (en nombre y representación del grupo de países africanos), Nauru (que daba voz a los Estados-isla del Pacífico), Surinam (que hacía lo mismo por la Comunidad del Caribe) y Venezuela. El resultado de la votación fue ajustado (76 en contra, China entre ellos, 71 a favor y 26 abstenciones como las de Canadá, Australia y Nueva Zelanda) y ello no impide que la UE no logre su objetivo el año que viene en otro intento. Pero, por el momento, tendrá que esperar.
La UE pretendía se elevase la categoría de observador y, en calidad de tal, tuviese una serie de derechos especiales y privilegios dentro de la Asamblea General y en otros organismos de la ONU, como que su presidente de turno -dos al año, los períodos de presidencia duran seis meses- y la Alta Representante para las Relaciones Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, pudieran hacer uso de la palabra en el plenario, formular propuestas de resolución, presentar enmiendas y plantear cuestiones de orden.
Las presiones y chantajes de la UE con los países que forman parte de la Asamblea General lograron inicialmente la prolongación del período de sesiones un día más de lo que suele ser habitual, con la finalidad de dar tiempo a que se pudiese «llegar a un consenso». Esto, en términos diplomáticos, significa que se tenía la esperanza que las presiones fructificasen y la votación fuese finalmente favorable a los intereses de los países europeos.
La UE tuvo que hacer concesiones que no estaban previstas cuando a comienzos del año, coincidiendo con la presidencia de turno española, se presentó la propuesta. En estos nueve meses transcurridos, los 27 países de la UE tuvieron que ir introduciendo modificaciones como el apuntar que si se admitía a la UE con voz, pero sin voto, dentro de la Asamblea General «se podría abrir un precedente para las aspiraciones de otras organizaciones regionales con un nivel de integración que les permita hablar con una única voz». Se pretendía, así, contentar a los países africanos, árabes y latinoamericanos que eran quienes habían manifestado con mayor contundencia su rechazo a las pretensiones europeas. Pero, por otro lado, provocó la ira de Estados Unidos, molesto porque ello podría traducirse en un futuro en la pretensión de organizaciones como UNASUR de seguir el mismo camino que la UE.
Pese a ello, no logró una votación mayoritaria y la UE se verá obligada a iniciar de nuevo el cabildeo y la presión para lograr ese reconocimiento el año que viene. A priori, contará con un presidente más favorable, el ex canciller suizo Joseph Deiss, que se estrenó en el cargo el pasado 20 de septiembre para el 65 periodo de sesiones de la Asamblea General.
Es una victoria, modesta si se quiere, pero victoria al fin de los países del Sur en un ámbito en el que sólo cuenta lo que dice y decide el Norte. Los países del Sur consideran que la UE ya está suficientemente representada tanto en la ONU (de forma especial en el Consejo de Seguridad, donde Gran Bretaña y Francia tienen derecho de veto) como en sus diferentes organismos. Los 53 países africanos, que no tienen ni peso ni representación alguna más allá de cuando les corresponde el turno de ser miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, fueron los más críticos con la UE.
El empeño de la UE en ampliar sus espacios de influencia política tiene mucho que ver con el debate sobre las necesarias reformas internas dentro de la ONU -como la del Consejo de Seguridad- o el cambio en las fórmulas del derecho de voto dentro de instituciones como el Fondo Monetario Internacional a favor de los llamados países emergentes, que se intenta ralentizar o condicionar para que los países que forman parte del llamado G-20 (es decir, la mayoría de los emergentes más los clásicos como la UE y resto de occidentales) no adquieran un mayor poder. El presidente de ministros de Finanzas de la zona euro, Jean-Clause Juncker, lo ha dicho alto y claro: «en el G-20 hay demasiada gente, lo ideal sería que el G-8 [EEU, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y China] llegasen a acuerdos como el referente a las divisas» (1).
La lucha por el poder en el Consejo de Seguridad
La pretensión de la UE, pese a atravesar uno de los momentos de su mayor debilidad, política y económica se produce en uno de los momentos de mayor auge de los llamados «países emergentes» y de desarrollo e influencia política del eje BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Dos de estos países se sientan en el Consejo de Seguridad de la ONU en calidad de miembros permanentes. Los otros dos llevan años impulsando su candidatura a miembros permanentes del máximo organismo de la ONU dado que consideran su reforma como prioritaria para un nuevo marco de las relaciones internacionales. Frente a ellos, Occidente ha presentado también sus candidatos, Alemania y Japón, para desactivar así el eje BRIC.
Japón no es occidental en su cultura, obviamente, aunque cada vez se acerca más y, desde luego, no tiene política exterior propia: es absolutamente dependiente de la de EEUU. Si como muestra vale un botón, ahí está el caso de la base de Futenma (Okinawa). El vencedor de las elecciones de primeros de 2009 y más tarde primer ministro de Japón, el socialdemócrata Yukio Hatoyama, había prometido en su programa electoral que la desmantelaría si llegaba al gobierno. No duró ni un año en el cargo. Las presiones de EEUU le obligaron a dar marcha atrás en su promesa aunque, eso sí, dimitió de la presidencia (2) por esta razón.
Y, precisamente, la pretensión de la UE de contar con más poder dentro de la Asamblea General tiene mucho que ver con el debate existente dentro de la ONU sobre quién debe sentarse en el Consejo de Seguridad, que todo el mundo considera debe ser reformado (se viene discutiendo sobre ello desde el año 2000, incluso con documentos, borradores y propuestas por medio) pero que nunca avanza hacia esa reforma por las reticencias de quienes verían mermado su poder. Es decir, por quienes ya están y que hoy, como es el caso de Francia y Gran Bretaña, no representan a nivel mundial más que una imagen antigua, sin presencia más allá de la de los abuelitos que ganaron una guerra mundial… y cuentan con poder nuclear.
El Consejo de Seguridad es anacrónico y no representa, en absoluto, las crecientes necesidades del Siglo XXI. Desde su creación, sólo se ha reformado una vez, en 1965 -al calor de la independencia de los pueblos africanos y asiáticos, tras una dura lucha anticolonial contra la mayoría de los países que forman parte del mismo- y para aumentar de 6 a 10 el número de miembros no permanentes.
La reforma del Consejo de Seguridad implica automáticamente la reforma de la Carta de Principios de la ONU, que exige no sólo dos tercios de los votos en la Asamblea General sino también el acuerdo unánime de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, EEUU, Francia, Gran Bretaña y Rusia) y ello es, hoy por hoy, imposible en ese aspecto. Máxime cuando la propuesta que hay encima de la mesa (impulsada, entre otros países, por Brasil e India con el apoyo de Alemania y Japón, que también tienen interés en estar ahí, como se ha dicho) es que se amplíe a 11 el número de miembros permanentes -entre los cuales debería haber dos africanos-y a 14 el de no permanentes, que son elegidos cada dos años. En la actualidad son cinco y diez, respectivamente.
Por una parte, esto puede ayudar a entender el por qué Alemania ha sido incluida junto a los países del Consejo de Seguridad (el llamado G5+1) en la cuestión de Irán. Por otra, también puede ayudar a entender el papel de Brasil en el acuerdo alcanzado con Turquía e Irán sobre el tratamiento de uranio iraní para la investigación nuclear pacífica.
Inicialmente, tanto en Europa como en América Latina hubo divisiones respecto a esta propuesta. Por un lado, ni a Italia ni a España les gustaba demasiado el papel que se otorga a Alemania y lo mismo sucedía con Argentina y México respecto a Brasil. La crisis económica que sufren esos países europeos y la imagen de México como «Estado semi-fallido» como consecuencia del narcotráfico han hecho desaparecer esas divisiones, al menos por el momento, y de ahí que se haya acelerado el ritmo para que la UE tenga mayor poder de decisión, y presión, dentro de la Asamblea General.
Nueva estrategia de intervención mundial: la «responsabilidad de proteger»
La postura de la UE en política exterior no difiere un ápice de la de EEUU, tal como se pone de manifiesto en Afganistán o Palestina, por poner un ejemplo. Si se echa un vistazo a la página web de la delegación de la UE ante la ONU (3) se verá que se pone en acento en cuestiones relevantes y de gran importancia para el mantenimiento de la supremacía occidental en el mundo, tal como denunció quien fuese presidente de la Asamblea General de la ONU en 2009, el nicaragüense Miguel D’Escoto. Uno de ellos es la «responsabilidad de proteger», presentada por Occidente como una nueva norma en las relaciones internacionales, un nuevo referente que permite el uso de la fuerza por razones pretendidamente humanitarias porque la doctrina de la «intervención humanitaria», vigente hasta ahora, es rechazada de plano por los países del Sur que contraponen frente a ese concepto el de soberanía nacional (cumbres de La Habana 2000 y Kuala Lumpur 2003).
Bajo el concepto de «responsabilidad de proteger», pretendidamente altruista y defensor de unos derechos humanos más que cuestionables (en ningún momento se abordan los derechos económicos y sociales) se encubre la hegemonía de Occidente y su evaluación de cuándo se está produciendo una tragedia en virtud si se está hablando de un país amigo o enemigo. Bajo ese paraguas, Occidente ya tendría que haber intervenido militarmente contra Israel, por insistir en el ejemplo, para proteger a la población palestina. No sólo no lo hace, sino que se convierte en cooperador necesario del genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino, de forma especial el residente en Gaza. ¿Aún se necesitan ejemplos de que ello es así? El 24 de septiembre de este año, la Agencia Internacional para la Energía Atómica rechazó un proyecto de resolución que instaba a Israel a aprobar el Tratado de No Proliferación Nuclear. ¿Quiénes se opusieron? Todos los países occidentales. La UE y EEUU argumentaron que su aprobación «podría perturbar las actuales negociaciones israelo-palestinas y también haría peligrar un proyecto de conferencia en 2012 en pro de desnuclearizar la región» (4).
Aunque aún no se ha adoptado formalmente por la ONU, el debate sobre la «responsabilidad de proteger» está muy vivo dentro del sistema multinacional -de naciones- y hay, incluso, un documento elaborado por el secretario general, Ban Ki-moon, en el que aparecen los tres pilares sobre los que se asentaría la «responsabilidad de proteger» (R2P en el lenguaje técnico anglosajón) y que diferenciaría esta doctrina de la «intervención humanitaria»: la responsabilidad de los estados para evitar los crímenes contra su pueblo, la responsabilidad de la comunidad internacional para detectar y evitar situaciones de este tipo y la responsabilidad de aplicar diferentes grados de coerción contra los responsables llegando, en caso necesario, hasta la intervención militar. Para mitigar el recelo de los críticos, especialmente de los países que componen en Movimiento de No Alineados, Ban Ki-moon añadía en su propuesta que además del Consejo de Seguridad de la ONU tendría un papel en esa última y drástica decisión la Asamblea General, aunque sin especificar qué tipo de papel (5). De ahí el relieve de la pretensión de la UE de formar parte de la Asamblea General con prerrogativas especiales. Aunque no tuviese derecho de voto, su capacidad de presión y cabildeo inclinaría la balanza hacia los intereses occidentales.
La UE argumentó en su pretensión ante la Asamblea General que el conjunto de 27 países «comprende más de una octava parte del total de los votos en la Asamblea General» y que «los Estados miembros de la UE y los países candidatos a incorporarse a ella representan actualmente una tercera parte de los miembros que componen el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», por lo que quedarse fuera de ese organismo de la ONU no tendría mucho sentido. Añadía, además, que los valores de la UE (la democracia, la solidaridad, la sostenibilidad, la economía de mercado, la diversidad cultural y el Estado de Derecho) son también los de la ONU y «colabora con todos los órganos, organismos y programas de las Naciones Unidas en prácticamente todas las actividades de la Organización, desde la política de desarrollo y la pacificación hasta la asistencia humanitaria, el medio ambiente, los derechos humanos y la cultura, en todo el mundo».
Y por si todo ello no resultaba suficientemente convincente, recordaba que paga el 38% del presupuesto ordinario de la ONU, «un porcentaje mucho mayor al que representa su participación en la economía mundial». Venía a decir que quien paga, manda. La UE también planteaba la necesidad de impulsar para el 2012 un nuevo sistema de cuotas que refleje mejor «el principio de capacidad de pago». Es decir, bajo la apariencia de una mejor gestión lo que se está diciendo es que quien no paga, o paga poco, no tiene el mismo peso en las votaciones. Luego lo de un país un voto, se relativiza casi hasta desaparecer.
El boicot al Informe Mac Bride sobre comunicación democrática
La UE aquí se vuelve a reflejar en su aliado EEUU, quien viene abogando desde hace años por un cambio en ese sentido y ha mostrado con reiteración sus reticencias a pagar sus obligaciones. Este país debe 850 millones de euros a la ONU (unos 1.200 millones de dólares), lo que supone más de una cuarta parte del total de la deuda de todos los Estados miembros con la organización. A pesar de ser quien controla la ONU, es el principal deudor aunque no el único. También lo son la mayoría de los países de la UE, como ha recordado Angela Kane, secretaria general adjunta de gestión de la ONU y sólo el escaso número de 13 de los 192 países que forman parte del sistema multinacional están al corriente de sus pagos y cuotas (6). Estos países son Australia, Azerbaiyán, Dinamarca, Alemania, Liechtenstein, la República Democrática del Congo, Tanzania, Sudáfrica, Suiza, Singapur, Holanda y Mónaco.
Tanto la UE como EEUU ya tienen antecedentes en cómo utilizan el pago de las cuotas de la ONU como chantaje para echar abajo iniciativas que no les satisfacen. Especialmente, EEUU. La historia se remonta a 1980, cuando la UNESCO aprobó un informe elaborado por el irlandés Sean MacBride sobre democratizar la comunicación y que giraba alrededor de dos grandes cuestiones: primera, que la creciente concentración del poder de informar desembocaba en nuevas formas de control; segunda, que la información es un recurso clave en cuyo tratamiento no se pueden dejar de lado las interacciones entre comunicación, tecnología y cultura. Se cumplen ahora 30 años de la aprobación del Informe MacBride y debería recuperarse por parte de cualquier sector progresista y preocupado por el debate sobre el papel de los llamados medios de comunicación en las estrategias de desestabilización de los procesos emancipatorios en el mundo.
En este informe se apuntaban unas líneas de acción para enfrentar la concentración del poder informativo: promover la inclusión de la comunicación como derecho fundamental de los individuos y las colectividades; reducir los desequilibrios, desigualdades y distorsiones que afectan a las estructuras y a la circulación de noticias; alentar los esfuerzos para promover una estrategia global para una comunicación democrática en un mundo interdependiente, pero respetando las identidades culturales y los derechos individuales; impulsar la formulación de políticas nacionales de comunicación, coherentes y duraderas en el marco más amplio de los procesos de desarrollo, y explorar las bases sobre las que debería establecerse un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación como componente de un Nuevo Orden Económico Internacional (7).
EEUU consideró este informe «casus belli» y se retiró de la UNESCO en 1984, siendo secundado por Gran Bretaña y Singapur, bajo la acusación de contener «conceptos sovietizantes que socavaban las libertades democráticas». Al mismo tiempo, importantes ONG, estadounidenses y británicas, asumieron un destacado papel de «lobby» crítico contra el Informe MacBride. Además, ni qué decir tiene que todos, sin excepción, los grandes medidos de comunicación y sus «lobbys» internacionales hicieron lo posible e imposible no ya por criticar el Informe MacBride sino por desautorizar su contenido y alentar a sus gobiernos a que no pusiesen en práctica sus conclusiones y recomendaciones. Para ellos se ponía en cuestión «el libre flujo de la información», algo que sigue siendo muy actual -véase lo que sucede el Bolivia con la Ley contra el Racismo-, y por ello había que echar abajo la iniciativa. Lo lograron unos años más tarde, con la desaparición de la Unión Soviética. Sin un contrapoder, tenían manos libres para hacer cualquier cosa. Y eso nos ha llevado a la situación actual.
Tal vez este tipo de relatos de la historia ayuden a entender cuestiones como el rechazo a la pretensión de la UE de tener más poder dentro de la Asamblea General o como la reciente concesión del Premio Nobel de la Paz a un disidente chino. Es un premio contra el auge político, económico y cultural chino y un intento de socavar el poder de quien es ya una superpotencia.
Ser disidente del sistema capitalista, como recordó Evo Morales, no comprensa y nunca habrá premio alguno para él o ella. Sean MacBride era un disidente del sistema capitalista y, además, abogaba por la soberanía, independencia y dignidad de los pueblos. Tampoco hubo premio para él. La UNESCO relegó al baúl de los recuerdos el Informe MacBride y EEUU retornó triunfante a ese organismo internacional. Había logrado cuestionar el rol de la UNESCO como instrumento jurídico internacional y organismo de referencia en las cuestiones culturales y comunicacionales.
La entrada de la UE en la Asamblea General de la ONU tendría importancia crucial para paralizar o ralentizar iniciativas como las investigaciones contra Israel por la violación de los derechos humanos, individuales y colectivos, del pueblo palestino que se han venido adoptando en ese marco, por ejemplo. Como ha descrito Gustav Jung en sus ensayos la UE, EEUU y los países que asumen los «valores» occidentales en cualquier parte del planeta sufren una enfermedad mental grave: la incapacidad para contener su deseo de controlar y dominar el mundo.
Alberto Cruz es periodista, politólogo y escritor.
Notas:
(1) http://www.wsws.org
(2) Alberto Cruz, «China, Rusia y las sanciones a Irán». http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article885
(3) http://www.europa-eu-un.org/articles/es/article_8967_es.htm
(4) AFP, 24 de septiembre de 2010.
(5) Alberto Cruz, «La ONU se reforma en círculo: la «responsabilidad de proteger». http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article625
(6) http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/10/15/eeuu-debe-1200-millones-de-dolares-a-la-onu/
(7) «Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro tiempo». http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066sb.pdf