Al principio el gobierno británico intentó justificar esa decisión. Pero a lo largo del día, ante la trascendencia de la denuncia, comentó que encontraron una «ruta segura» para el traslado de los presos al sistema judicial afgano. Hay unos 90 prisioneros sin cargos en la base británica de Helmand, según confirmó el secretario de Defensa, […]
Al principio el gobierno británico intentó justificar esa decisión. Pero a lo largo del día, ante la trascendencia de la denuncia, comentó que encontraron una «ruta segura» para el traslado de los presos al sistema judicial afgano.
Hay unos 90 prisioneros sin cargos en la base británica de Helmand, según confirmó el secretario de Defensa, Philip Hammond, el miércoles. La transferencia de los insurgentes sospechosos, algunos de ellos supuestamente responsables de las muertes de personal del servicio británico, a la custodia afgana se frenó en noviembre del año pasado con el argumento de que corrían el riesgo de ser torturados.
Hammond defendió esa decisión. Pero a lo largo del día, ante la trascendencia de la denuncia, comentó que encontraron una «ruta segura» para el traslado de los presos al sistema judicial afgano. Todo comenzó con un hábeas corpus presentado por los letrados de ocho acusados, quienes argumentaron que sus defendidos están bajo arresto desde hace 14 meses sin que se presentara ningún tipo de cargo en su contra y sin fecha de juicio. Los abogados compararon el lugar con Guantánamo, el centro de detención que Estados Unidos tiene en Cuba, y pidieron a la Suprema Corte («High Court») en Londres que los libere.
Hammond confirmó que hay entre 80 y 90 afganos arrestados en Camp Bastian, la base más importante que tiene el Reino Unido en Afganistán, a la espera de ser transferidos a las autoridades del país centroasiático, pero señaló que el Parlamento británico conoce la situación. Añadió que las afirmaciones de una prisión secreta y de mantener al Parlamento a oscuras eran totalmente ridículas y absurdas. «Los gobiernos sucesivos han informado al Parlamento sobre las operaciones de detención en Afganistán», precisó posteriormente el ministerio, señalando que esto está recogido en actas de sesiones parlamentarias desde por lo menos 2009.
El ministerio también precisó que se había comunicado públicamente el número de detenidos y que la instalación había sido inspeccionada por miembros de una comisión parlamentaria británica y «regularmente» por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). «Muchos de ellos son sospechosos de haber matado a militares británicos o conocidos por haber estado implicados en la preparación, el suministro o la colocación de artefactos explosivos improvisados (IED)», agregó, alertando del riesgo que supondría su liberación. Hammond reconoció sin embargo que normalmente no debería haber más de 20 detenidos en el centro en un momento dado, pero explicó que la elevada cifra actual se debía a que «el sistema fue bloqueado por problemas en la transferencia al sistema afgano».
Hammond dijo que se estaba trabajando muy intensamente con las autoridades afganas para crear condiciones seguras para que los detenidos sean transferidos al sistema afgano y dijo que esperaba que esto pudiera lograrse en cuestión de días. «Estamos deteniendo a un número de personas en esta prisión temporaria en Camp Bastian más tiempo de lo que querríamos tenerlos -admitió-. Nada nos gustaría tanto como poder entregar esta gente a las autoridades afganas para que puedan pasar por el sistema judicial afgano.»
Sin embargo, el fundador de Public Interest Lawyers, Phil Shiner, abogado de varios de los acusados, desmintió esa información y sostuvo que «se trata de una instalación secreta de la que el Parlamento y las cortes no saben nada». En ese sentido, recalcó que el gobierno británico se está comportando «de forma totalmente inconstitucional» y comparó la situación con la prisión militar de Guantánamo, que el presidente estadounidense, Barack Obama, reiteró la semana pasada que iba a cerrar, según lo prometido durante su primera campaña electoral.
Las fuerzas británicas, como parte de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad establecida por Naciones Unidas (ONU), están autorizadas a retener a sospechosos insurgentes durante 96 horas. Sin embargo, bajo «circunstancias excepcionales», pueden mantenerlas bajo custodia por más tiempo.
«Nuestro cliente ha estado detenido en Camp Bastian desde agosto de 2012 -dijo Rosa Curling, una abogada de la firma Leigh Day, que está representando a un detenido de 20 años-. No ha sido acusado de ningún crimen y no ha tenido acceso a un abogado para poder recibir asesoramiento legal sobre su permanente detención.»
Kim Sengupta. De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-221110-2013-05-30.html