Millones de dólares, aportados por el FMI en fondos de ayuda para la lucha contra la pandemia, han desaparecido bajo el régimen militar, mientras el país se enfrenta a una nueva oleada de casos de COVID-19.
Mientras Myanmar lucha por contener una tercera oleada de COVID-19, han desaparecido millones de dólares en fondos de ayuda a la pandemia procedentes del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pocos días antes del golpe militar del 1 de febrero, el FMI transfirió 372 millones de dólares a las autoridades de Naypyidaw para ayudar a combatir el virus. Sin embargo, ocho meses después, el portavoz del FMI, Gerry Rice, declaró en una rueda de prensa que «no es posible para el Fondo determinar si el régimen está utilizando los fondos como estaba previsto, es decir, para hacer frente a la pandemia de COVID y apoyar a las personas más vulnerables».
Gran parte del problema es que la junta militar no es tan transparente como el anterior gobierno civil. Cuando el FMI concedió, en junio de 2020, un lote anterior de fondos de ayuda de COVID-19 a Myanmar por un total de 356 millones de dólares, el gobierno liderado por la Liga Nacional para la Democracia o NLD acordó divulgar cualquier contrato de adquisición por valor de más de 100 millones de kyats birmanos (unos 72.000 dólares en ese momento) en el sitio web del Ministerio de Planificación, Finanzas e Industria.
Otras condiciones incluían la publicación en línea de informes trimestrales de todos los desembolsos relacionados con COVID-19 y una auditoría por parte de la Oficina General de Auditorías de Myanmar.
Ambos préstamos, que suman más de 728 millones de dólares, se concedieron en el marco de los programas del FMI para países de renta baja y se destinaron específicamente a «aumentar el gasto sanitario, las medidas de reducción de impuestos y las transferencias a hogares vulnerables» en Myanmar.
Un tercio del dinero procede del Mecanismo de Crédito Rápido, y debe devolverse íntegramente en 10 años tras un periodo de gracia inicial de 5,5 años a interés cero. El resto procede del Instrumento de Financiación Rápida, con un periodo de gracia inicial de 3,25 años y luego 5 años de reembolso al tipo de interés básico del FMI, sumado a un cargo adicional por el servicio.
Sin embargo, el nuevo régimen no ha publicado ningún informe sobre adquisiciones desde que tomó el control. El último, que apareció el 29 de enero, fue publicado por el gobierno encabezado por la NLD, el partido liderado por Aung San Suu Kyi, quien está actualmente bajo arresto domiciliario por cargos que van desde el incumplimiento de las restricciones de COVID-19 hasta la importación ilegal de walkie-talkies y corrupción. El anterior gobierno utilizó los fondos del FMI para comprar guantes, mascarillas y medicamentos, entre otros artículos.
El primer comunicado de prensa relacionado con la pandemia y emitido por el Ministerio de Planificación tras el golpe mencionaba un fondo para la vacuna COVID-19 en el Banco Económico Myanma, de propiedad estatal, con saldos de 30 billones de kyats (unos 22 millones de dólares en ese momento) y 178 millones de dólares, lo que hace un total de sólo 200 millones de dólares. No se mencionó el resto de los fondos del FMI, que suman unos 171 millones de dólares, recibidos apenas unas semanas antes. El ministerio no respondió a una solicitud de comentarios.
El Relator Especial de las Naciones Unidas para Myanmar, Tom Andrews, declaró en julio que «la junta militar debe rendir cuentas de los 350 millones de dólares de ayuda COVID que el Fondo Monetario Internacional proporcionó al pueblo de Myanmar pocos días antes del golpe de estado».
No es la primera vez que los gobernantes militares de Myanmar se enfrentan a preguntas sobre el mal uso de la ayuda extranjera. En 2009, investigadores de la Universidad John Hopkins descubrieron que habían confiscado fondos destinados a las víctimas del devastador ciclón Nargis y que habían vendido los artículos en mercados locales.
Mientras tanto, la situación de COVID-19 en el país empeora. Hasta el 17 de octubre, solamente el 8,5% de los 53 millones de habitantes de Myanmar había sido completamente vacunado. La junta militar planea producir vacunas en el país con ayuda de Rusia y China, y el régimen compró otros 24 millones de dosis a China.
Se cree que la tasa de infección es mucho mayor que las cifras oficiales, ya que la falta de instalaciones hospitalarias obliga a muchas víctimas a cuidarse ellas mismas en casa. Se han detectado casos en el 90% de los municipios del país y los crematorios están desbordados.
A pesar de los millones perdidos del FMI, el líder de la junta, el general en jefe Min Aung Hlaing, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que done más vacunas, y Myanmar también está tratando de aprovechar un fondo COVID-19 de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN.
El FMI no se compromete actualmente con el régimen militar. Las conversaciones para duplicar el importe de la ayuda para la pandemia se suspendieron tras el golpe de estado. Myanmar también tiene prohibido el acceso a los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI por valor de 700 millones de dólares.
El FMI liberó la friolera de 650.000 millones de dólares en DEG para impulsar la economía mundial tras la pandemia. El récord anterior era de 250.000 millones de dólares en 2009 para combatir la crisis financiera global. Los receptores pueden canjear los DEG por monedas fuertes determinadas, como el dólar estadounidense y el renminbi chino. Sólo tres países miembros están excluidos de recibir fondos de este mecanismo: Afganistán, Myanmar y Venezuela.
«El FMI sólo se compromete con los países si la mayoría de los miembros reconoce a su gobierno», informó Sargon Nissan, especialista del FMI en Recourse, un grupo sin ánimo de lucro que examina la rendición de cuentas en la financiación del desarrollo. «Pero el FMI no tiene un mecanismo preciso para determinar cuándo desvincularse de los gobiernos y depende de la comunidad internacional para esta determinación».
Por el momento, la legitimidad de la junta militar de Myanmar sigue en el aire. La cuestión de quién debe representar al país en las Naciones Unidas, por ejemplo, se ha aplazado hasta noviembre. Mientras tanto, el actual embajador, que fue nombrado por el gobierno de la NLD, sigue denunciando el golpe.
Christine Schraner Burgener, que dejó el puesto de enviada especial de la ONU para Myanmar a finales de octubre, intensificó sus ataques al régimen militar en su última sesión informativa. En la condena más clara hasta ahora de las Naciones Unidas a la toma de poder por parte de los militares, pidió a Min Aung Hlaing que dimitiera y devolviera el poder al gobierno electo. Asimismo, Min Aung Hlaing no fue invitado a la cumbre de tres días de la ASEAN celebrada a finales del mes pasado.
En lugar de trabajar a través de la junta, Andrews, el Relator Especial de la ONU, ha aconsejado a la comunidad internacional que «ayude a facilitar un organismo apolítico y no relacionado con la junta para la coordinación de una iniciativa de respuesta al COVID». Según Andrews, el ejército carece de las capacidades y de la confianza pública para controlar la pandemia.
Un sondeo reciente de la Voz Democrática de Birmania, grupo de medios locales de comunicación, reveló que el 59% de las personas encuestadas no aceptaría una vacuna si fuera administrada por la junta militar.
Keel Dietz, consultor de políticas de la organización sin ánimo de lucro Global Witness, con sede en Londres, dijo que la junta militar ha demostrado que «no es un buen custodio» de los fondos de ayuda de COVID-19. «Ya hemos visto cómo han convertido el COVID en un arma, con la detención de profesionales de la medicina y prohibiendo la distribución privada de oxígeno», informó, y añadió que «hay otros canales de ayuda» que eluden al gobierno, como las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil.
Con millones de dólares en fondos de ayuda en paradero desconocido y la vía para nueva financiación del FMI cerrada, el golpe militar está haciendo mella en la economía de Myanmar y en su población. Solo en septiembre, el kyat perdió el 60% de su valor. De acuerdo con Reuters, una persona funcionaria estadounidense no identificada atribuyó la crisis económica a la inestabilidad política y a la «flagrante mala gestión de la economía».
La agencia humanitaria Save the Children advirtió el 3 de octubre que «mientras la atención del mundo se ha desplazado, en Myanmar se está desarrollando una crisis de hambruna». El Programa Mundial de Alimentos ha calculado que el golpe de estado podría duplicar el número de personas que pasan hambre de 2,8 a 6,2 millones. Y para empeorar las cosas, dijo Schraner Burgener, el conflicto armado interno está avanzando imparable en el país.
Anrike Visser es periodista de investigación y ex investigadora de delitos financieros.
Fuente original en inglés: https://thediplomat.com/2021/11/myanmars-missing-millions/