Conille, el primer ministro haitiano, anticipó que un segundo contingente de la misión multinacional debería llegar “muy rápidamente”, “en las próximas semanas”, sin dar detalles sobre la cantidad de miembros que lo componen “por razones de seguridad”.
Para tranquilizar a la población, traumatizada por intervenciones extranjeras del pasado, insistió en que la misión de esa fuerza será “acompañar a la policía”.
“La responsabilidad de restablecer la seguridad es ante todo una responsabilidad haitiana”, insistió Conille, quien ya había sido primer ministro durante un breve período entre 2011 y 2012.
La misión “no sustituye a la policía. Se trata realmente de un apoyo inmediato que nos da tiempo para reforzar la capacidad de la policía y del ejército para que estas dos instituciones puedan desempeñar eficazmente su papel”, explicó.
“Todo lo que se planifique y diseñe será preparado y diseñado por las autoridades haitianas” en consulta con la fuerza multinacional, añadió.
Policías kenianos comienzan a patrullar Puerto Príncipe
El primer ministro haitiano, Garry Conille, partió de Puerto Príncipe el viernes 29 de junio con destino a Washington y Nueva York. Su salida coincidió con el despliegue de patrullas policiales kenianas en la ciudad, como parte de una misión respaldada por las Naciones Unidas para enfrentar a las bandas armadas que han tomado el control de la capital.
La oficina de Conille indicó que viajaría acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores, Dominique Dupuy; el ministro de Finanzas, Ketleen Florestal, y el jefe de gabinete, Nesmy Manigat. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Carlos Hercule, fungirá como primer ministro interino.
Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos mencionó que el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Jon Finer, se reunirá con Conille el lunes 1° de julio.
Estados Unidos es el principal apoyo financiero de una fuerza de seguridad internacional liderada por Kenia y ratificada por las Naciones Unidas, que ha sido enviada a Haití para ayudar a su policía a combatir las bandas armadas que han sumido al país en una crisis humanitaria.
El anterior gobierno haitiano solicitó esta fuerza por primera vez en 2022, y esta semana llegó un primer despliegue de policías kenianos. Sin embargo, no está claro cuándo llegará el resto de la fuerza, que se supone contará con más de 2,500 miembros.
El colapso haitiano, Biden y el Gran Caribe
Por Carlos Fazio
Sumido en una crisis multidimensional sin precedentes, producto de una inestabilidad estructural heredada de una historia marcada por la colonización franco-española y los intereses económicos, militares, geopolíticos y de seguridad nacional de Estados Unidos en el Gran Caribe a partir del siglo XX −así como por una cadena de desastres naturales y ambientales recientes−, Haití, emblema de la revolución antiesclavista y primer país independiente de las Américas, vive hoy un caos gansteril necropolítico planificado, y su población, que protagonizó una insurrección antineoliberal en 2018, es presa de un pánico y un terror inoculados por una federación de bandas paramilitares denominada Viv Ansanm (Vivir Juntos, en creole haitiano), que controlan al menos 60 % del territorio metropolitano, incluida la capital, Puerto Príncipe, lo que ha provocado un éxodo constante.
Dicho modelo de tonton macoutización o tercerización (mercenarización) del control territorial por actores armados no estatales −remedo de los escuadrones de la muerte al servicio de la dictadura de François Papá Doc Duvalier−, como instrumentos de la corrupta y lumpenizada élite político-empresarial haitiana para desarticular la protesta social y el tejido comunitario, resurgió durante la fraudulenta llegada al poder del neoduvalierista y ultraconservador PHTK (Partido Haitiano Tèt Kale), primero bajo la presidencia de Michel Martelly (2011-16) y luego con el empresario bananero Jovenel Moïse (2016-21), ambos bajo la tutela de Washington.
Tras el magnicidio de Moïse a manos de mercenarios colombianos y estadunidenses, bajo la batuta de la administración Biden, el Core Group −una especie de consejo colonial encabezado por EE UU, Francia, España, Alemania, Brasil, Canadá, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos que impulsa la diplomacia del caos− impuso a Ariel Henry como jefe de Estado de facto, y en abril último, cuando éste estaba en Kenia negociando el arribo de una misión militar multinacional auspiciada por la Casa Blanca para restablecer el orden, la alianza paramilitar Vivir Juntos, encabezada por el ex policía Jimmy Chérizier, alias Barbecue, desató una feroz ola de violencia, exigió su renuncia y amenazó con una guerra civil. Presionado por Washington, Henry renunció, y el 25 de abril el Core Group logró integrar un Consejo presidencial de transición que rige hasta nuestros días bajo el toque de queda y el estado de emergencia.
El despliegue de la Misión de Apoyo de Seguridad Multinacional liderada por Kenia, había sido negociado durante un viaje a África, en abril de 2019, por el senador republicano Marco Rubio, y en marzo último, durante una reunión con la Comunidad del Caribe (Caricom) sobre Haití, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció en Jamaica una aportación de 300 millones de dólares para su funcionamiento. La administración Biden quiere mantener el control de ese enclave geoestratégico en el Gran Caribe −cercano a Cuba y Venezuela−, pero tercerizando la conducción de la operación, para no pagar los costos políticos traducidos en un eventual voto rechazo de la diáspora haitiana en las elecciones de noviembre en EE UU.
A su vez, con el objetivo de afectar electoralmente al demócrata Biden, el legislador Marco Rubio, republicano por Florida, vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha venido alentando de manera subrepticia un éxodo migratorio de haitianos, cálculo que también está presente en su agenda desestabilizadora contra Cuba. El accionar de Rubio, un ultraconservador con raíces cubanas forma parte de su pacto con el candidato presidencial Donald Trump, dirigido a destruir la carrera política del gobernador de Florida, Ron de Santis, correligionario de ambos, y forzar una intervención militar en Haití, lo que ante probables bajas estadunidenses, podría complicar aún más la gestión de Biden y sus aspiraciones releccionistas.
Fiel defensor de los asesinatos vía drones y los golpes quirúrgicos made in USA, en marzo pasado Rubio visitó la Base de la Reserva Aérea de Homestead (HARB, por sus siglas en inglés), en Florida, sede del Comando Sur de Operaciones Especiales del Pentágono y de numerosos activos de la Patrulla Fronteriza, Aduanas y la Guardia Costera de EU, y destacó su importancia estratégica para disuadir y destruir amenazas a la seguridad nacional estadunidense, que podrían provenir, dijo, de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela, al utilizar esos territorios como base para armar terroristas. Incluso fantaseó con un escenario como el de los hutíes en el mar Rojo, replicado para atacar barcos cerca de Florida con drones similares. También hizo alusión a la desmentida idea sobre la presunta existencia de una base militar y de espionaje de China en Cuba, y añadió que ante el crecimiento del condado Miami-Dade, la Base HARB, asiento de los F-15 Eagles y los F-16C Fighting Falcons, sigue siendo un recurso vital para la seguridad de EE UU al sur de la Florida en caso de conflicto a gran escala, en clara alusión al aumento de emigrantes cubanos asentados en esa localidad. Aseguró que HARB podría ser necesaria antes de lo previsto.
Para la administración Biden, la eventualidad de tener que enfrentar un conflicto militar con epicentro en Haití −que pudiera cobrar vidas civiles y desencadenar una contingencia migratoria muy cercana a sus costas en pleno periodo prelectoral−, sólo beneficiaría a Trump y los republicanos. A la vez, un éxodo masivo de haitianos incendiaría la región del Gran Caribe, afectando también la seguridad de Cuba, por lo que para la Casa Blanca sería mejor adoptar una posición pragmática y coherente con sus intereses nacionales, lo que conllevaría a un cambio en su política hacia La Habana, sobre la base de que se produzca un verdadero avance de las relaciones en materia de cooperación con la mayor de las Antillas.
Levantamiento popular inédito en Kenia
Miles de jóvenes kenianos están protagonizando un levantamiento popular inédito en Kenia, para oponerse a una fuerte subida de impuestos.
Las manifestaciones, en más de 30 ciudades, llegaron a su pico el martes 25 de junio, y es en Nairobi, la capital, donde la represión policial ha sido más feroz. Ya se cuentan al menos 17 muertos, y es que, de los gases lacrimógenos y los cañones de agua, pasaron a balas reales cuando los manifestantes irrumpieron en el Parlamento, lugar que significa para ellos “la traición de sus líderes” y sitio donde se iba a votar el polémico proyecto de ley.
Los jóvenes digitales de la generación Z, que hace tan poco fueron acusados de “poco comprometidos” por su baja participación electoral, lo han preparado todo por internet, y reclaman justicia, derechos, y que “se les deje de robar”.
Pero, amenazador y desafiante, el presidente William Ruto ha reaccionado con arrogancia a la ira de la población. Les ha llamado criminales, ha desplegado el ejército, y asegura que va a restablecer el orden con los medios que sean necesarios. Sin mencionar en ningún momento, la ley en el centro de las protestas.
Ruto llegó al poder como el “hombre de la clase trabajadora”, pero presionado por el FMI y la deuda pública, ahora se encuentra confrontado a aquellos que contaban con él, para que aligerara el costo de la vida.
Estallido social contra el ajuste fiscal para pagar al FMI
Desde hace años, Kenia es asfixiada por el FMI. El Parlamento aprobó el presupuesto fiscal con el que el gobierno de William Ruto buscó aumentar impuestos a alimentos y combustibles para pagar los vencimientos de deuda externa al FMI.
Ante ello miles de personas salieron a las calles a oponerse. La policía asesinó a 17 manifestantes, Mientras, Ruto enviaba a 600 policías a Haití para comenzar la intervención militar.
Kenia tiene más de 54 millones de habitantes, de los cuales 31 millones viven en la pobreza y el 73% sufre graves dificultades financieras o no consigue llegar a fin de mes. En este marco, el aumento de precios de los artículos de primera necesidad por la aplicación de aumento impositivo empujaría aún más a los trabajadores kenianos al hambre y la pobreza.
A poco de asumir, el Gobierno de Ruto aplicó en septiembre del 2022 fuertes medidas de austeridad anulando los subsidios a la harina y al combustible. En julio del 2023 aplicó un impuesto del 1,5% sobre la vivienda y duplicó el IVA sobre el combustible del 8% al 16%, llevando el litro de gasolina súper a 212,36 chelines (1,6 USD) a fines del 2023. Ante esta situación, en julio de 2023, se desarrollaron enormes movilizaciones contra el aumento del costo de la vida. La política del Gobierno fue reprimir brutalmente, cientos de detenidos y decenas de asesinados que quedaron en la impunidad. Las cosas no cambiaron, Ruto sigue su política y vuelve a la carga para ajustar al pueblo y pagar al FMI. Mientras, la rabia crece ante la impunidad de los grandes empresarios que evaden impuestos y reciben enormes beneficios tributarios por parte del Gobierno.
El Gobierno mete la mano en el bolsillo de los trabajadores empobrecidos para pagar los intereses de la deuda externa, pidiendo más deuda externa. Mientras aumenta los precios de los productos de primera necesidad, Kenia liquidó 560 millones de dólares (72.000 millones de chelines) del eurobono de 2014 utilizando una parte de los ingresos de un préstamo del Banco Mundial de 1.200 millones de dólares que habían recibido a fines de mayo. Este ciclo vicioso y saqueador, lejos de resolver el problema lo empeora aún más. El columnista de Nation.África, Macharia Gaitho, describió la situación el pasado 3 de junio: “Parece que nuestros mandarines del Tesoro Nacional y del Banco Central son meros perros falderos de las instituciones de Bretton Woods, que copian y pegan demandas que constituyen los elementos centrales de otro proyecto de ley de finanzas polémico y totalmente objetable”.
Como toda esta política no fue suficiente, el jueves 25 de junio el Parlamento aprobó, con 195 votos a favor, 106 en contra y tres nulos, el presupuesto 2024/25. Su único objetivo fue recaudar 2.700 millones de dólares adicionales y pagar así el resto de los vencimientos de deuda externa que asciende a unos 3.500 millones de dólares, el 68% de PBI de Kenia.
El proyecto de ley presentado buscaba un incremento del 5% las tasas que gravan las transferencias bancarias y pagos a través del teléfono móvil, un aumento del 16% al impuesto sobre el pan y del 25% al aceite vegetal, un cargo adicional del 2,75% para los asalariados inscritos en el plan nacional de seguro médico y un impuesto anual del 2,5% para los vehículos. Con el crecimiento de las movilizaciones, el martes 18 el Gobierno retiró algunos artículos, como el pan o las transacciones bancarias, del proyecto de presupuesto. Pero era demasiado tarde. Las movilizaciones en Nairobi, la capital, no pararon y llegaron al Parlamento el día de su aprobación para demostrar toda la bronca y radicalidad de la juventud que ya no está dispuesta a pagar la crisis que los gobiernos y grandes capitalistas han provocado.
Una gran movilización llegó a las cercanías del Parlamento, rodeada de policías. «Utilizaremos otras formas de llegar al Parlamento y ocuparlo», “¡No modifiques, rechaza! ¡Ruto debe irse!” insistían los jóvenes movilizados, exigiendo a los diputados que rechacen el proyecto. Miles de jóvenes se enfrentaron a la represión de la policía que quedó desbordada y algunos de ellos lograron ingresar al Parlamento dando rienda suelta a la bronca y el descontento, pero no lograron impedir la aprobación del proyecto. La represión fue brutal. Algunas organizaciones denuncian que la represión policial dejó 17 muertos, 86 heridos y 52 detenidos. (4)
En un mensaje televisivo, el presidente William Ruto defendió la represión bajo la supuesta defensa de la democracia de un supuesto ataque sin precedentes al Estado de derecho y sus instituciones y dispuso la intervención militar en Nairobi para controlar la movilización “cueste lo que cueste”.
Retiran el proyecto de presupuesto 2024-25 tras las protestas
El miércoles 26 de junio, el presidente de Kenia, William Ruto, anunció la
retirada del proyecto de finanzas para 2024-25, que incluía subidas de
impuestos y fue el origen de una fuerte protesta en el país que se sumió en una
violencia mortal el martes.
«Tras escuchar atentamente al pueblo keniano, que ha dicho alto y claro
que no quiere tener nada que ver con esta Ley de Finanzas 2024, inclino la
cabeza y no promulgaré la Ley de Finanzas 2024, que por tanto será
retirada», dijo William Ruto en un discurso al día siguiente de una
jornada de protestas contra la ley.
Situación económica complicada
Los diputados aprobaron el Proyecto de ley financiero por 195 votos a favor y
106 en contra, allanando el camino para que el presidente de la nación, William
Ruto, lo apruebe y se convierta en ley.
En ese contexto, la población ha estado luchando para hacer frente a la
crisis económica causada por el impacto persistente de la pandemia de covid-19,
el conflicto en Ucrania, dos años consecutivos de sequías y la depreciación de
la moneda.
Ante tal panorama, la enmienda pretende recaudar 2.700 millones de dólares
adicionales en impuestos como parte de un esfuerzo por aligerar la pesada carga
de la deuda, puesto que los pagos de intereses consumen el 37 % de los ingresos
anuales.
Aliado principal fuera de la OTAN
En tanto, la Casa Blanca declaró a Kenia como un aliado principal de Estados
Unidos fuera de la OTAN.
El comunicado afirma que el presidente Joe Biden, en uso de la autoridad que le
otorgan la Constitución y las leyes estadounidenses, designa a Kenia como un
aliado principal del país norteamericano fuera de la OTAN.
La medida se ha decidido en un contexto en el que cada vez más países africanos
redefinen sus vínculos con Occidente. El Pentágono está buscando nuevos países
en África para acoger contingentes militares y ampliar la cooperación tras la
retirada «forzada» de sus tropas de Níger y Chad.
¡Fuera las tropas kenianas de Haití! ¡No a la intervención imperialista!
El Gobierno, a la orden del imperialismo, mientras asesinaba a 17 manifestantes y disponía la militarización de Nairobi, comenzó el envío de tropas policiales hacia Haití para ejecutar una nueva intervención militar sobre el castigado país caribeño. La nueva intervención militar se da luego del fracaso del Gobierno de facto de Ariel Henry, que no puede controlar la gangsterización del país en manos de delincuentes y mafiosos armados. El nuevo Consejo Presidencial formado por los partidos burgueses PHTK y Lavalas, luego de la salida de Henry, junto a la Comunidad del Caribe (CARICOM), la ONU y el imperialismo yanqui y francés financiarán las tropas enviadas por Kenia y otros países africanos para replicar, esta vez sin Canadá ni Brasil, la MINUSTAH.
Esta política no busca resolver los problemas de la isla, su objetivo es sostener la intervención militar colonialista que les devuelva el control a los capitalistas y cuidar así sus ganancias y el saqueo de la isla al servicio del imperialismo y las multinacionales.
Fuentes: Resumen Latinoamericano, Diario Libre, La Jornada, Telesur, Lucha Internacionalista, rebelión.org
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.