Entre 2016 y 2017 era casi imposible imaginar un peor contexto para la minoría musulmana de Birmania conocida como rohingya, una comunidad cercana al millón setecientas mil almas, cuyo origen es una mezcla de etnias: árabes, mogoles y bengalíes, que se ha concentrado en el estado de Rakhine, también conocido como Arakan.
En ese momento el Gobierno democrático que ordenaba desde las sombras la premio Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, ejecutaba contra ellos una operación que claramente tenía la intención de realizar una limpieza étnica en que participaba el Tatmadaw (ejército) junto a bandas paramilitares y miembros de comunidades religiosas budistas del país, enrolados en las diversas congregaciones fundamentalistas, a los que se sumaban simples campesinos que iban por la posesión de sus tierras.
Diversos y bien organizados pogromos se sucedían con frecuencia, donde eran constantes el incendio de sembradíos, el saqueo de viviendas, violaciones masivas de mujeres, ejecuciones sumarias, torturas y robos de todo lo que pudieran poseer. En verdad nada de esto era nuevo, ya que en menor escala se estaba repitiendo lo que había sucedido desde siempre y que se acentuó a partir de la declaración de la independencia en 1948.
Los rohingyas siempre habían sido marginados, considerados extranjeros y perseguidos por pertenecer a una minoría religiosa, el islam, frente al casi noventa por ciento de confesión budista. Sin derechos constitucionales de ningún tipo, a los rohingyas les estaban vedados la educación y el acceso a la salud, carecían de documentos y derechos de propiedad. Incluso para casarse entre ellos, ya que os matrimonios mixtos estaban prohibidos, debían pedir permiso a las autoridades y también para movilizarse fuera de sus aldeas debían solicitar un salvoconducto.
Aquella escalada de 2016 obligó a cientos de miles de rohingyas a lanzarse al mar en busca de otras tierras, mientras cerca de un millón de personas peregrinaron hasta Bangladesh, Estado vecino y de mayoría musulmana, en búsqueda de refugio.
El gobierno de la ex-Primera Ministra Sheikh Hasina los hacinó en campamentos como el de Cox’s Bazar, donde en las peores condiciones se amontonaron hasta hoy en refugios improvisados armados con plásticos y hojas de palma, sin cloacas ni agua ni electricidad, sometidos a altísimas temperaturas y a las contingencias producidas por las temporadas de los monzones. Con una muy precaria atención médica perduran desde entonces dependiendo absolutamente para todo de la asistencia internacional.
Como decíamos más arriba, en 2016 y 2017 era difícil imaginar un peor contexto para esta comunidad en la que a pesar de todo unas 600.000 personas entre las que volvieron o permanecieron en Birmania, hoy siguen padeciendo su condición, que se agravó en septiembre de 2021 con el estallido de la guerra civil que se libra entre la junta militar que tomó el poder en febrero de ese año y un sinnúmero de organizaciones etno-regionales que desangran el país. (Ver: Birmania a orillas de un infierno). Como era previsible, la guerra tampoco ha dejado de lado a los rohingyas y es justamente en el estado de Rakhine donde se ha montado uno de los frentes más activos contra la junta militar, en la que el Ejército de Arakan (AA) que forma parte de la poderosa Alianza de las Tres Hermanas, junto al Ejército Nacional de la Alianza Democrática de Myanmar Kokang (MNDAA) y el Ejército de Liberación Nacional de Ta’ang (TNLA) lanzaron la Operación 1021 (octubre del 2021), poniendo contra las cuerdas al Tatmadaw.
En los constantes combates que se producen en Rakhine, centenares de rohingyas están siendo víctimas del fuego cruzado. A principios del mes de agosto más de 200 de ellos murieron en cercanías de la ciudad de Maungdaw (estado de Rakhine), mientras escapaban de ataques combinados de artillería y drones. Trescientos resultaron heridos. Los rohingyas intentaban llegar al río Naf, en la frontera entre Birmania y Bangladesh, donde son obligados a pagar importantes sobornos de uno y otro lado del cruce.
Según algunos sobrevivientes, los muertos pertenecían a un contingente de casi 13.000 que escapaban de las aldeas en Maung Ni, Myoma Taung y Myoma Kayin, atacadas desde la tarde del día anterior. En la huida los caminos quedaron sembrados de muertos y heridos, dado que la intensidad del fuego hizo imposible que puedan ser recogidos.
Insurgentes y el Tatmadaw se han acusado mutuamente del ataque, aunque según algunos sobrevivientes habrían sido los milicianos, en su mayoría budistas fanáticos, los responsables de esta nueva matanza. Fanáticos que, en el contexto de la guerra, aprovechan la movilización y la confusión para continuar sus pogromos contra las aldeas rohingyas asesinando, incendiando sus viviendas y aplicando por la fuerza el reclutamiento de hombres jóvenes de la minoría musulmana.
Sobrevivientes insisten en que una oleada de drones habrían despegado de una aldea tomada por los arakines y desde muy baja altura atacaron repentinamente a los rohingyas. Muchos fueron sorprendidos a orillas del Naf cuando estaban intentando alcanzar embarcaciones que los cruzasen a Bangladesh. Incluso muchos murieron ahogados cuando algunas de las balsas en las que se habían embarcado zozobraron por el exceso de pasaje.
Uno de los portavoces del Ejército de Arakan comunicó que quienes murieron cuando intentaba huir a Bangladesh desde Maungdaw, habían sido alcanzados por artillería del Tatmadaw por considerarlos familiares de los insurgentes. Según fuentes de personal médico que actúa en Cox’s Bazar, en Bangladesh, muchas de las personas que habían atendido en los días posteriores de la llegada de los últimos refugiados presentaban heridas de armas de fuego.
Reclutamiento forzoso
Una manera de extender el genocidio contra el pueblo rohingya son los reclutamientos forzosos que el Tatmadaw ha incrementado desde febrero último secuestrando a miles de hombres y jóvenes de la etnia islámica en Rakhine, realizando redadas nocturnas en sus aldeas y campamentos a lo largo del estado, tras lo que son amenazados con torturas e incluso la muerte de negarse a alistarse.
Tras la incorporación son enviados a campamentos militares, por no más de diez días, por lo que la instrucción es mínima, para mandarlos enseguida a unidades desde donde parten hacia misiones extremadamente arriesgadas a combatir contra los guerrilleros con un gran entrenamiento y fogueados en tres años de guerra.
El Tatmadaw, para esos reclutamientos, se ampara legalmente en la Ley del Servicio Militar Popular de 2010, que obliga a todos los hombres de entre 18 y 35 años y las mujeres de entre 18 y 27 años, bajo pena de prisión de hasta cinco años de negarse a cumplir el servicio militar de dos años. Esta ley incluye a los rohingyas, a pesar de no ser considerados ciudadanos birmanos y no contar con ningún derecho constitucional.
Por su parte, el AA también ha incorporado de manera compulsiva a más de mil miembros de esa etnia, esperando agregar en los próximos meses unos cuatro mil más, aplicando el mismo método de reclutamiento obligatorio, brindándoles también escaso entrenamiento, por lo que se da la paradoja de que en ambos bandos combaten integrantes de la comunidad rohingya al servicio de fuerzas que los han perseguido y negado a lo largo de la historia. Se ha conocido que cientos de rohingyas han sido encarcelados por negarse a cumplir esa ley, sin conocerse si han sido incorporados al ejército o se encuentran en prisión.
Se conoció que en estos últimos meses han comenzado a operar en los campos de refugiados de Bangladesh, donde se estima que hay cerca de un millón y medio de rohingyas, bandas armadas que secuestran a hombres y jóvenes para trasladarlos nuevamente a Birmania para incorporarlos en alguna de las fuerzas.
Como a ninguna de las dos fuerzas beligerantes en Rakhine le importa la suerte de estos reclutas, las bajas entre estos son significativas, ya que son utilizados en operaciones casi suicidas con muy poco nivel de entrenamiento, desconociéndose la cantidad de muertos y el destino de sus cuerpos. Tanto de muertos como de heridos se niega la información a sus familiares.
Con este marco se constata que el genocidio del pueblo rohingya continuará y no se va a detener hasta que finalmente consigan extinguirlos, porque sabemos que el destino para ellos siempre puede ser peor.
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC
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