En pos de convertir a India en un estado hindú, el Gobierno de Modi desafía el secularismo constitucional y busca eliminar la herencia musulmana, redefiniendo la identidad nacional y reavivando históricas tensiones.
En 2023 el Tribunal Supremo de India, con su entonces presidente, Dhananjaya Y. Chandrachud, aprobó una polémica orden sobre la Ley de Lugares de Culto de 1991, ley que prohibía cambiar la identidad religiosa de los lugares de culto existentes al 15 de agosto de 1947, Día de la Independencia de India. Según la nueva interpretación, dicha ley no impedía que el organismo arqueológico del Gobierno “inspeccionara” la mezquita Gyanvapi, del siglo XVII en Varanasi (estado de Uttar Pradesh), para evaluar si las afirmaciones de grupos hindúes sobre su carácter religioso eran válidas.
Esa acción motivó a diversos grupos chauvinistas hindúes a presentar demandas destinadas a revisar el estatus religioso de diversos lugares de culto musulmanes, incluido el mundialmente famoso santuario sufí de Ajmer. En el estado de Rajastán, un juez local remitió un aviso a los custodios del santuario sobre la posibilidad de una “investigación” ordenada por el Tribunal, tras una demanda presentada por una organización de derecha alegando que el lugar había sido originalmente un templo hindú.
La decisión del máximo Tribunal de Justicia de India generó un daño social tal que, a fines de 2024, se decidió suspender el registro de nuevas solicitudes. Aunque esta decisión busca frenar temporalmente los desbordes de fanatismo religioso que se extienden por todo el país, será necesario mucho más para exorcizar los espectros del revanchismo y el odio religioso que acechan hoy a la política india.
Mientras el gobierno de Narendra Modi continúa atacando y vilipendiando a los musulmanes en pos de convertir a India —una República constitucional secular— en un Estado-Nación “hindú”, el ninguneo físico de la presencia histórica de los musulmanes y del Islam en todo el país se ha convertido en un pilar clave de su estrategia política. Cambiaron los nombres de calles y ciudades; las palabras en urdu están siendo reemplazadas por hindi, los líderes gobernantes del BJP (Bharatiya Janata Party) (Partido del Pueblo Indio) hablan de los musulmanes como extranjeros e “infiltrados” que siempre buscaron socavar el carácter “hindú” de India.
Al centrarse en cuestionables reivindicaciones históricas contra las mezquitas, la actual campaña del Hindutva busca aprovechar el éxito de su movimiento contra la mezquita Babri Masjid del siglo XVI en Ayodhya. En 1992, una gran turba movilizada por los líderes del BJP rodeó la mezquita y la demolió a plena luz del día, generando numerosos disturbios y tensiones religiosas con un dramático saldo de más de dos mil muertos. En 2019, cinco años después de que Narendra Modi asumiera por primera vez como Primer Ministro, el Tribunal Supremo juzgó que, aunque la demolición fue sin dudas un crimen atroz, el terreno en el que se encontraba debía entregarse a los mismos grupos y líderes Hindutva involucrados en el delito para que se construya un templo dedicado al dios hindú Rama.
El juez Chandrachud dictó esa impactante sentencia en nombre de todo el Tribunal. Para asegurar al público que no se había abierto una caja de Pandora (es decir, una catarata de demandas falsas, seguidas de demoliciones, seguidas de órdenes judiciales a favor de los demoledores), la sentencia de Ayodhya de 2019 del Tribunal Supremo reconoció la importancia de la Ley de Lugares de Culto de 1991 para preservar el tejido secular de India:
La Ley de Lugares de Culto impone una obligación
inderogable de hacer cumplir nuestro compromiso con el secularismo en
virtud de la Constitución de India. […] La no regresión es un principio
fundacional de los principios constitucionales, de los cuales el
secularismo es un componente esencial. La Ley de Lugares de Culto, por
ende, es una intervención legislativa que preserva la no regresión como
una característica esencial de nuestros valores seculares.
(Párrafo 82)
Debería haber sido obvio para el juez Chandrachud que su lectura de 2023 —según la cual la Ley no prohíbe determinar el carácter religioso de un lugar— debilitaba los mismos principios que el Tribunal había defendido en 2019. Si las acciones judiciales permiten campañas para alterar los lugares de culto, podría decirse que violan la Ley. Pero, ¿quién le exigirá cuentas al Poder Judicial por violar las normas?
Aunque la Corte Suprema, ya con un nuevo Presidente, suspendió el registro de nuevas demandas y la realización de “investigaciones”, la propia Ley de 1991 está siendo impugnada por Ashwini Upadhyay, líder del BJP, y todavía está sujeta a ser rechazada judicialmente. Tal impugnación se basa en dos afirmaciones: que el límite de 1947 de la Ley a la conversión de lugares de culto impide la reparación legal, y que “restaurar” los templos a su estado original no constituye una conversión. Su petición, sin embargo, es inherentemente sectaria: Pinta a “hindúes, jainistas, budistas y sikhs” como víctimas de “invasores bárbaros fundamentalistas” y propone el año 1192 como el nuevo límite, coincidiendo con la invasión gúrida de India. Un Tribunal Constitucional que debe su existencia a la independencia de India en 1947 debería haber rechazado de inmediato una petición de este tipo. ¿Por qué detenerse en el año 1192? ¿Por qué no remontarnos al advenimiento de los arios y a la destrucción arqueológica de los yacimientos neolíticos de Harappa?
El debate en torno a la Ley involucra tres preocupaciones claves: la narrativa histórica que adopten los tribunales, la naturaleza de la fe y la cuestión de quién puede buscar reparación judicial.
Debates parlamentarios
La Ley de Lugares de Culto surgió en 1991 en medio de la escalada comunal contra la mezquita Babri. Estableció el 15 de agosto de 1947 como fecha límite para mantener el statu quo religioso. Se hicieron excepciones para la mezquita Babri, los edificios bajo el control del Servicio Arqueológico de India y los casos resueltos antes de la entrada en vigor de la Ley.
El debate parlamentario de 1991 reveló profundas divisiones. Los diputados del BJP interrumpieron con frecuencia los procedimientos, objetando la prohibición y exigiendo exclusiones para la mezquita Gyanvapi y el Mathura Idgah. Uma Bharti afirmó que se sintió “herida” al ver una mezquita cerca de un templo hindú. Los parlamentarios musulmanes plantearon preocupaciones legítimas sobre el estado de las mezquitas y dargahs después de la Partición, que se habían reutilizado como establos para vacas o residencias. El Partido del Congreso defendió la ley como algo vital para el secularismo de India, mientras que algunos cuestionaron la exclusión de la mezquita Babri, dado que la movilización del BJP en su contra fue el impulso inmediato de esa ley.
La judicialización de la historia
Los tribunales deciden sobre reclamaciones históricas, pero su interpretación suele privilegiar narrativas específicas. Por ejemplo, la confianza que la Corte Suprema depositó en los informes de la Agencia de Investigación en Arqueología en la sentencia de Ayodhya ignoró a los historiadores disidentes y desestimó el contexto de la demolición de la mezquita Babri.
En el caso de Gyanvapi, las capas de historia complican la narrativa. Madhuri Desai destaca que la demolición realizada por Aurangzeb en 1669 tenía como blanco un templo construido bajo el patrocinio mogol en 1590. Esto es convenientemente ignorado por los defensores del Hindutva, que se centran únicamente en la destrucción. De manera similar, las disputas sobre el control local de los santuarios se magnifican para obtener beneficios políticos.
El Hindutva enmarca selectivamente la historia para demonizar a una comunidad mientras glorifica a otras
Sin embargo, la conversión de estructuras religiosas nunca fue exclusiva de los musulmanes. Hay numerosos casos de reyes hindúes que destruyeron templos rivales como actos de conquista, a menudo apoderándose de deidades estatales como trofeos. Fueron casos políticos, no comunitarios, muy parecidos a las demoliciones mogoles. Sin embargo, el Hindutva enmarca selectivamente la historia para demonizar a una comunidad mientras glorifica a otras.
Cuestiones de Justicia más amplias
La Ley de Lugares de Culto impide interminables batallas legales por lugares que pueden haber cambiado de manos varias veces. Por ejemplo, el Fuerte Daulatabad albergaba un templo jainista, que se convirtió en mezquita y luego en santuario Bharat Mata. ¿Quién debería reclamarlo con derecho? Una historia con múltiples capas no puede reducirse a las reivindicaciones de una sola comunidad.
Las realidades modernas exponen aun más la hipocresía Hindutva. El Gobierno dirigido por el BJP derriba rutinariamente templos hindúes con objetivos de desarrollo, pero sin demasiadas consecuencias. En contraste, cada mezquita o santuario musulmán que se apunta para ser demolido se convierte en un sitio de triunfalismo nacionalista.
La tumba de Vali Gujarati de Ahmedabad, destruida para construir una carretera, y las propiedades del Waqf de Delhi, confiscadas con pretextos dudosos, ilustran este enfoque unilateral. Mientras tanto, “antiguos templos” ilegales siguen apareciendo sin oposición en tierras públicas, a menudo con apoyo tácito del Estado.
La reivindicación de los adivasi
Mientras los intentos de avanzar en la agenda Hindutva y el señalamiento de los musulmanes se llevan la atención, un grupo que merece reparación en virtud de la Ley de Lugares de Culto son los adivasis, grupos indígenas indios cuyos espacios sagrados están siendo profanados por la minería y la violencia estatal. Los tribunales hacen hincapié en las prácticas de culto para determinar la validez de las pretensiones: los adivasis han rezado en estos lugares durante generaciones pero su fe sigue siendo invisible en los debates generales.
La historia del templo de Sabrimala, arrebatado a la comunidad de Mala Araya por sacerdotes brahmanes, y la colina de Marang Buru en Giridih, disputada entre adivasis y jainistas, pone de relieve la marginación sistémica de las religiones autóctonas.
El compromiso secular
En un marco de creciente imposición estatal, la Ley de Lugares de Culto representa el compromiso secular y constitucional de India de mantener la armonía religiosa y abordar las injusticias históricas sin perpetrar otras nuevas. Quienes la desafían no buscan restaurar la fe o la Historia, sino privilegiar una ideología. Los tribunales deben resistir esta manipulación.
Cualquier erosión de la Ley corre el riesgo de desmantelar definitivamente el tejido secular de India y abrir paso a un conflicto interminable.
Nandini Sundar y Siddharth Varadarajan. Respectivamente: Catedrática de Sociología en la Universidad de Delhi. / Editorialistas de The Hindu, Nueva Dehli.