La defensa de cinco acusados por los atentados del 11 de septiembre de 2001 invocó el martes la Convención Internacional contra la Tortura al iniciarse una nueva serie de audiencias en Guantánamo para abordar los malos tratos que dicen haber sufrido durante su detención secreta. El fondo del problema -los episodios de casi ahogamiento (el […]
La defensa de cinco acusados por los atentados del 11 de septiembre de 2001 invocó el martes la Convención Internacional contra la Tortura al iniciarse una nueva serie de audiencias en Guantánamo para abordar los malos tratos que dicen haber sufrido durante su detención secreta.
El fondo del problema -los episodios de casi ahogamiento (el llamado ‘submarino’) y las privaciones de sueño que los acusados habrían sufrido en las prisiones de la CIA- será abordado a puerta cerrada, al tratarse de informaciones clasificadas, como ordenó el juez a cargo, James Pohl. Previamente, los abogados habían protestado de entrada contra las nuevas violaciones de sus «relaciones privilegiadas» con sus clientes, con registros permanentes de la correspondencia legal que intercambian con los reclusos, pese a una orden judicial que los prohíbe.
«Usted tiene el poder de desestimar la pena de muerte o de estos cargos por los obstáculos a los que nosotros nos enfrentamos en este caso», dijo el comandante Walter Ruiz, el abogado de Mustafá Al-Husaui. «Esta convención (contra la tortura) da algunos derechos (…), derechos que no existen absolutamente en este tribunal», argumentó Ruiz, señalando que su cliente «vive dentro de una caja en la Bahía de Guantánamo, Cuba».
El autoproclamado cerebro de los atentados, Jaled Cheij Mohamed, vestido con una larga túnica blanca y el tradicional kufi, lucía como siempre una espesa barba naranja teñida. Junto a los otros cuatro acusados, escuchó en silencio a los abogados defensores exigir que declaren expertos internacionales, entre ellos el antiguo relator especial de la ONU a cargo de la tortura, para invocar la «Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes», firmado por la Organización de Naciones Unidas. «Algunos aspectos reclaman un cierto conocimiento del derecho internacional», declaró James Connell, el abogado del sobrino de Mohamed, Ali Abd Al-Aziz Ali.
El Gobierno estadounidense dijo que se opondría a esos testimonios, afirmando que el tribunal militar de excepción no era el ámbito apropiado para dirimir si se aplicaba o no la Convención contra la Tortura. El juez James Pohl señaló que no tenía la potestad «de ordenar a nadie que deje Estados Unidos para venir a Cuba» a testificar ante el tribunal militar de excepción.
Por su parte, el comandante Ruiz argumentó que su cliente, ciudadano saudí, debería poder comunicarse con su país, también signatario de la Convención, pero «el gobierno estadounidense no se lo permitirá». Según el abogado James Harrington, esto será un test para los tribunales militares especiales, ya «bajo sospecha en el mundo».