La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda sobre la culpabilidad del Estado salvadoreño en la matanza de 765 civiles en «El Mozote» (1981), informó hoy la Tutela Legal del Arzobispado. David Morales, representante de esa oficina eclesiástica, consideró muy positivo y trascendental que la comisión adscrita a la Organización de Estados Americanos […]
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda sobre la culpabilidad del Estado salvadoreño en la matanza de 765 civiles en «El Mozote» (1981), informó hoy la Tutela Legal del Arzobispado.
David Morales, representante de esa oficina eclesiástica, consideró muy positivo y trascendental que la comisión adscrita a la Organización de Estados Americanos aceptara la denuncia, presentada el 2 de marzo.
El Centro por el Derecho de la Justicia Internacional y la Tutela suscribieron la petición, orientada a abrir un proceso tendiente a delimitar responsabilidades en la mayor masacre ocurrida durante el conflicto armado en El Salvador (1980-1992).
Morales recordó que el envío de la demanda al foro regional respondió a la negativa del Estado de esta nación centroamericana de hacer justicia en este caso de lesa humanidad.
Registros de la Tutela Legal del Arzobispado reflejan que en el cantón El Mozote perecieron 765 campesinos, en su mayoría niños, ejecutados de manera masiva por soldados del Batallón Atlacatl.
El hecho ocurrió el 11 de diciembre de 1981, en el ámbito de una operación de «limpieza arrasada» organizada por el Ejército, en el oriental departamento de Morazán.
Después de la firma de los Acuerdos de Paz (1992), la Comisión de la Verdad investigó y recopiló evidencias de la matanza, denunciada antes por familias de sobrevivientes y grupos de derechos humanos.
En 1990, el Juzgado Segundo de Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, 167 kilómetros al este de esta capital, impidió que las familias de las víctimas lograran justicia, rememoró el activista humanitario.
Entonces «hubo un boicot de la Fiscalía» y de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que era dirigida por el abogado, Mauricio Gutiérrez, explicó.
A eso se sumó la Ley de Amnistía adoptada por el gobierno en 1993, la cual obstaculizó el procesamiento de los responsables de ese y otros hechos sangrientos en el ámbito del conflicto.
Las exhumaciones iniciadas desde esa fecha por la Tutela Legal, con la ayuda de antropólogos argentinos, posibilitaron encontrar 143 cadáveres, 136 de ellos pertenecientes a niños.
Pesquisas de esa naturaleza reiniciadas en 2004 pusieron al descubierto cientos de esqueletos humanos más, añadió Morales.
Aceptada la demanda en la CIDH, el Estado salvadoreño apenas tendrá dos meses para presentar alegatos.
Según lo previsto, es probable que el organismo delibere y dé una respuesta a finales de este año, de lo contrario, el caso podría pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es importante que en esta masacre como tantas otras que ocurrieron en El Salvador, donde los militares tenían mayor responsabilidad, se conozca la verdad y se haga justicia a las familias, expresó el activista.
La nueva demanda contra el Estado salvadoreño coincide con las exigencias de la familia de las hermanas Serrano, desaparecidas en 1983.
Los parientes de las menores reclaman el cumplimiento del fallo de la CIDH, de pedirles perdón, luego de haberles negado investigar el paradero de las pequeñas.
Aunque las autoridades lamentaron de manera pública lo sucedido en esa época, los familiares de las infantes consideraron poco serios estos pronunciamientos y enviaron una carta a la CIDH.