Traducido del inglés para Rebelión y Tlaxcala por Germán Leyens
«Eres una perra… deberías morir. Vamos a colocarte un neumático alrededor del cuello y quemarlo,» murmuró una voz con acento británico por el teléfono.
Fue la última en una cadena de amenazas de muerte recibidas por Athena Kolbe, Investigadora de Derechos Humanos y trabajadora social a nivel de Maestría en la Universidad Estatal Wayne. Según funcionarios policiales, Kolbe comenzó a recibir llamadas amenazadoras a su casa y a su teléfono celular a las 4 de la mañana del lunes 4 de septiembre.
Kolbe, que coordinó un estudio de derechos humanos realizado a fines de 2005 por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Estatal Wayne con el doctor Royce Hutson, dirigió a un equipo de doce entrevistadores haitianos en el sondeo de 1.260 grupos familiares elegidos al azar en el área del gran Puerto Príncipe. Los investigadores haitianos entrevistaron a residentes de Puerto Príncipe sobre sus experiencias con abusos de derechos humanos desde la instalación de Gerald Latortue como primer ministro interino después del violento derrocamiento del presidente elegido de Haití, Jean-Bertrand Aristide.
El artículo de The Lancet intitulado «Abusos de derechos humanos y otras violaciones criminales en Puerto Príncipe Haití: Un estudio aleatorio de grupos familiares» saca a la luz masivas violaciones de derechos humanos en Haití, bajo el gobierno instalado por el extranjero de Gerald Latortue. Calcula que 8.000 personas fueron asesinadas y aproximadamente 35.000 abusadas sexualmente en el área del gran Puerto Príncipe entre febrero 2004 y diciembre de 2005. Más de un 90% de los abusos sexuales de los que se informa en el estudio involucraron penetración, explicaron los autores. El estudio se conoció por primera vez el 30 de agosto cuando Flashpoints de Pacifica Radio transmitió una entrevista con Kolbe y Royce en la que discutió las conclusiones del estudio. Ha provocado controversias desde entonces.
Días después de una entrevista con Dennis Bernstein de Flashpoints, Charles Arthur, presidente del Grupo de Apoyo a Haití del Reino Unido, denunció a Kolbe como una «periodista favorable al partido Fanmi Lavalas» implicando que Kolbe manipuló las conclusiones del estudio. Artículos sobre el estudio fueron rápidamente publicados en el Guardian y en el Toronto Globe and Mail, en los que se citó de forma destacada a Charles Arthur, dejando muchas cosas sin mencionar – sobre todo las conclusiones del estudio – pero asimismo lo que ha tenido que sufrir Kolbe desde que el estudio fue publicado.
Arthur afirmó que el servicio voluntario de Kolbe en 1995 en Lafanmi Selavi, un orfanato para niños de la calle y sirvientes domésticos infantiles en Puerto Príncipe la llevó a ser demasiado «parcial» para poder realizar la investigación. Aristide fundó el orfanato cuando era sacerdote de la parroquia diez años antes. Kolbe encontró a Aristide y dice que la «impresionó su compromiso en la promoción de la idea de que los niños son gentes que necesitan ser amadas, respetadas y valorizadas.» Kolbe trabajó de voluntaria en varios orfanatos durante estadías en Haití, Croacia e Israel.
Kolbe escribió anteriormente para Pacific News Service bajo el nombre Lyn Duff (el nombre de soltera de su madre), publicando una serie de artículos durante los siguientes diez años sobre las experiencias de haitianos marginados incluyendo sobrevivientes de violaciones, niños sin hogar, trabajadores industriales, niños jornaleros, y víctimas de derechos humanos. Kolbe dice que sus experiencias en Haití y en otros países en desarrollo la llevaron a volver a la universidad para seguir una carrera académica. El co-autor de Kolbe en el estudio es Royce Hutson, un ex asociado doctoral de Madison, un Instituto de Investigación de la Pobreza basado en Wisconsin y actual profesor asociado de trabajo social en la Universidad Estatal Wayne.
Kolbe dice: «Consideré que en el mundo académico tendría mayor impacto en el desarrollo de ideas sobre políticas que ayuden a promover la justicia y la recuperación de víctimas de derechos humanos,» explicando que el apoyo a la justicia social es una tesis esencial del código de ética de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales. Al comenzar sus estudios a fines de 2004, Kolbe decidió utilizar el apellido de su padre en lugar del nombre separado por un guión que había estado usando previamente. Esa decisión, dice, fue evitar persecución por su orientación sexual, ya que había sido previamente objeto de informes en los medios sobre el trato discriminatorio de jóvenes gay.
Como reacción a las afirmaciones de «parcialidad» por parte de Arthur, Kolbe responde: «De ninguna manera soy una propagandista de Lavalas como implica Arthur. Sólo porque haya escrito sobre Haití y no crea que Aristide haya sido un dictador, no me convierte en Fanmi Lavalas. Es ridículo,» dijo. «Este estudio fue realizado justa y exactamente. Los investigadores trabajaron ellos mismos imparcialmente y entrevistaron y obtuvieron información de 1.200 hogares seleccionados al azar. Insinuar que el informe sea engañoso es pretender que exista una inmensa conspiración que involucra a docenas de personas, incluyendo al comité de ética de nuestra universidad que tenía pleno conocimiento de mi historia pasada en Haití y no vio problema alguno al respecto cuando aprobó nuestros protocolos de investigación.»
Una residente haitiana, que desea mantener el anonimato debido a las amenazas de muerte, explica que el 2 de septiembre Charles Arthur le dijo a ella y a varias otras personas que «Necesitamos encontrar su número de teléfono para que la gente pueda tomar contacto con ella y quejarse directamente.» El día siguiente publicaron un panfleto con la foto de Kolbe intitulado: «¿Quién es Athena Kolbe?» «¡¡¡Respondan a la propaganda de Fanmi Lavalas!!!» Otro testigo, que desea mantener el anonimato por temor a ser perseguido, explica que Arthur fue responsable por la distribución de los panfletos. El texto del panfleto es idéntico a partes de la carta de Arthur a The Lancet, que colgó en la red. Termina alentando a la gente a «preguntarle por qué oculta su afiliación a Fanmi Lavalas» y da los números de teléfono, la dirección de correo electrónico, su dirección personal y la dirección y el teléfono de miembros de la familia de Kolbe.
Los llamados comenzaron el día siguiente, explica Kolbe, ya que ha recibido más de una docena. Un llamador con «un evidente acento haitiano» la llamó «chimère (quimera) de Lavalas,» diciendo «Sabes lo que hacemos con los chimere de Lavalas? Merecen morir dolorosamente. Sabemos donde estás. Sabemos quien eres.» En un llamado posterior la amenazaron con violación, destripamiento y muerte, dijo un funcionario policial. El acoso está siendo investigado por el FBI que ha dado «varias opciones» para encontrar a los llamadores a los investigadores de la Universidad Estatal Wayne, dice Hutson.
El 6 de septiembre, Kolbe recibió una rata muerte en su correo. Los investigadores postales investigan la fuente del paquete, que fue matasellado en Brooklyn, Nueva York. Sólo seis días más tarde, después de que Kolbe recibiera la rata muerta en su correo, un colaborador frecuente en el foro de Internet Haitiforever.com, Michel Nau, analista sénior de la Universidad Georgetown, comentó sobre el sondeo de The Lancet diciendo que olía «como una rata muerta.»
«La intimidación y la violencia contra periodistas e investigadores de derechos humanos que critican al gobierno resultante del golpe no es nada nuevo, las amenazas de muerte contra Kolbe son las más recientes,» explica Randall White editor de Haitiaction.net, que cubrió frecuentemente ataques contra los pobres por fuerzas de seguridad del gobierno interino. El reportero de la Radio WKAT, Abdias Jean, fue ejecutado el 12 de enero de 2005, según testigos después de fotografiar la ejecución sumaria de tres jóvenes por policías del gobierno interino. Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, miembros del SWAT de la Police Nationale d’Haiti (PNH) arrestaron al periodista usamericano Kevin Pina y a un fotógrafo haitiano que trabajaba para AP, Jean Ristil. Ristil fue nuevamente arrestado y sometido a torturas más adelante en 2005 por orden del Cuartel Central de la Policía Judicial de Haití.
Era de esperar que se perseguiría a los que denuncian los abusos contra los derechos humanos, dice Hutson, que explica que el equipo de investigación esperaba que «nuestra metodología y conclusiones serían sometidas a un intenso escrutinio porque examinamos modelos de violaciones por parte de actores políticos que posiblemente no querían que esas violaciones fueran denunciadas.» Pero, dice, «las acusaciones de parcialidad no tienen base alguna. Sabíamos que Athena había escrito bajo otro nombre y no vimos conflicto alguno. Lo que nos preocupa es la manera como los soldados de la ONU interactúan con los haitianos.» El editor de The Lancet, Richard Horton, explica que el estudio tuvo excelentes reseñas de credenciales y de sus pares, y declaró en el periódico británico Guardian: «Fue estudiado de modo muy exhaustivo por cuatro asesores externos.»
Varios estudios más de derechos humanos, como los de la Universidad de Derecho de Miami, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, de la Comunidad Nacional de Abogados, y de Amnistía Internacional, establecieron la culpabilidad del gobierno interino y de fuerzas paramilitares por violencia extra-judicial, en informes que recibieron poca cobertura en la prensa (Sprague, 2006). Uno de los pocos grupos de derechos humanos locales de Haití que se concentraron en la violencia dentro de las comunidades de chabolas de Puerto Príncipe, la Asociación de Graduados Universitarios Motivados por un Haití con Derechos (AUMOHD), ha informado frecuentemente sobre la violencia contra comunidades de Lavalas.
Kolbe concluye: «Nuestro tipo de estudio no puede ser utilizado para probar que no ocurrieron violaciones por parte de un grupo en particular; sólo puede ser utilizado para mostrar modelos más amplios de abuso contra la población. Los trabajadores de derechos humanos informaron sobre modelos de violaciones por participantes políticos contra la gente en todo Puerto Príncipe durante 2004 y 2005 y es «exactamente lo que encontramos.»
El estudio de The Lancet estableció que un 21% de los asesinatos fueron atribuidos a miembros de la Policía Nacional Haitiana del gobierno interino (HNP), un 13% al ejército desmovilizado y un 13% a bandas anti-Lavalas como Lame Timachet. La mayor parte de las violaciones restantes fueron atribuidas a elementos criminales. El estudio también encontró una gran cantidad de violencia sexual cometida desde el derrocamiento de Aristide, cometida en gran parte por participantes políticos contrarios a Lavalas. Aunque Kolbe señala que el estudio concluyó que una serie de amenazas sexuales y amenazas de violencia física provinieron de soldados de la ONU y de partidarios de Lavalas.
La organización de Charles Arthur, el Grupo de Apoyo a Haití, reconoce entre sus asociados a una serie de organizaciones que no informaron sobre la ola de violencia del gobierno interino contra los habitantes de las barriadas de Haití, como ser la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (POHDH) que recibió fondos de la agencia casi-gubernamental canadiense «Rights and Democracy», socia de la Fundación Nacional por la Democracia (NED). También afiliada al Grupo de Apoyo de Haití, Batay Ouvriye (BO) que instó a que Aristide «dejara el país» es el receptor reciente de 450.000 dólares en programas de la NED y del Departamento de Estado a través del Centro Usamericano por la Solidaridad Laboral Internacional (ACILS). Camille Chalmers, jefe de Haitian Advocacy Platform for Alternative Development (PAPDA), otro grupo afiliado al Grupo de Apoyo a Haití, cabildeó por la renuncia de Aristide y escribió una carta calificando a Aristide de «dictador» conjuntamente con otro funcionario de PAPDA, Yves Andres Wainwright, que luego fue nombrado ministro del medio ambiente del gobierno Latortue. Chalmers estableció posteriormente estrechos lazos con la agencia canadiense Alternatives de «Democracy Promotion», que trabaja con la NED y recibe un 50% de su presupuesto de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA). Christian Aid, financista del Grupo de Apoyo a Haití, recibe importantes fondos del gobierno británico así como de CIDA.
El controvertido activista de derechos humanos, Pierre Esperance, y su organización Coalición Nacional por los Derechos Haitianos (NCHR) se negó a ingresar a vecindarios pobres después del golpe, lo que explicaron a una delegación del Quixote Center en marzo de 2004. Cuando ocurrió la expulsión de Aristide, Esparance era tesorero de POHDH, mientras su otra organización, NCHR, recibía 100.000 dólares de CIDA, renovables cada seis meses.
En circunstancias que el estudio de The Lancet fue realizado con un pequeño presupuesto, los grupos arriba mencionados, fuertemente financiados y estrechamente conectados a los gobiernos canadiense, europeos, y de USA y a agencias casi-gubernamentales aún no han sometido sus afirmaciones sobre abusos de los derechos humanos en Haití a similares estudios por sus pares.
——-
Joe Emesberger es un escritor interesado en Haití residente en Canadá.
Jeb Sprague es estudiante graduado y periodista independiente. Visite su blog en: http://www.freehaiti.net
Germán Leyens es miembro de los colectivos de Rebelión y Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. Esta traducción es copyleft y se puede reproducir libremente, a condición de mencionar al autor, al traductor y la fuente.