Desde hace cerca de un año la Unión Europea comenzó a negociar Acuerdos de Asociación con Centroamérica y con la Comunidad Andina de Naciones (CAN). También, tímidamente se ha anunciado la posibilidad de retomar negociaciones con MERCOSUR, suspendidas hace algunos años y ya se cumplen varios años de los acuerdos suscritos con Chile y México. […]
Desde hace cerca de un año la Unión Europea comenzó a negociar Acuerdos de Asociación con Centroamérica y con la Comunidad Andina de Naciones (CAN). También, tímidamente se ha anunciado la posibilidad de retomar negociaciones con MERCOSUR, suspendidas hace algunos años y ya se cumplen varios años de los acuerdos suscritos con Chile y México. En diciembre pasado, culmino la suscripción de acuerdos con los países del Caribe y, en forma similar, la Unión Europea ha negociado y suscrito este tipo de tratados con numerosos países del mundo, especialmente del «Tercer Mundo«.
Estas negociaciones se han realizado en forma paralela al desenvolvimiento de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC), pero han cobrado dinamismo en la medida en que dicha ronda no se desbloquea y, aparece como reemplazo de la misma.
Por su parte Estados Unidos avanzo hasta el año pasado en su agenda comercial, firmando tratados de libre comercio con numerosos países, especialmente los de Centroamérica y dos de la región andina, Perú y Colombia, aunque el de este último país parece empantanado por el momento.
La firma de este archipiélago de tratados es calificada, aún por autoridades de la OMC, como obstáculo en las negociaciones multilaterales en la OMC, pero parece que existiera una extrema urgencia de la UE y de EEUU de firmar estos tratados como una forma de asegurarse el acceso a los mercados regionales y a lugares de inversión, independientemente del éxito o no de la Ronda de Doha.
Más allá de la imagen
La Unión Europea ha señalado, reiteradamente, que no está buscando la firma de Tratados de Libre Comercio sino de Acuerdos de Asociación que incluyen además del componente comercial, el diálogo político y la cooperación. Con ello pretende presentar una apariencia más benévola y comprensiva. Por otra parte, proclama que la negociación se hace con bloques de países, con la finalidad de fortalecer la integración regional y que concede importancia a los derechos humanos por medio de la cláusula democrática.
Aunque son innegables sus intereses comerciales en materia de bienes, son inocultables sus aspiraciones de fortalecer la seguridad de sus inversiones y el acceso al mercado de servicios, en el cual la Unión Europea ocupa un papel de liderazgo, ocupando un lugar incluso más importante que el de Estados Unidos en materia de inversiones. La imagen primitiva y brutal que Estados Unidos tiene, contrasta con la imagen humanista, culta y liberal que ha cultivado la UE durante años.
Sin embargo, a pesar de todas estas argumentaciones, la realidad de la relación de Europa con América Latina y el curso mismo de las negociaciones, ha desmentido la mayoría de estas percepciones. La realidad evidentemente es mucho más cruda y debemos llamar la atención sobre lo que está sucediendo. Primero que todo, los resultados de los TLC firmados por la UE con Chile y México distan mucho de las promesas que se hicieron. Los balances realizados arrojan resultados francamente negativos. Las inversiones europeas en ambos países han gozado de protección, pero los ciudadanos afectados por las consecuencias de dichas inversiones no están protegidos.
La inversión europea ha estado ligada al sector financiero, a los servicios públicos y a la extracción de recursos naturales con lo cual, simplemente, se ha profundizado un modelo económico basado en una división del trabajo internacional que asigna a los países atrasados la producción de materias primas y a los países «desarrollados» la de productos elaborados. Los países se especializan en materias primas, desnacionalizan la prestación de servicios esenciales y radicalizan las disparidades en la distribución del ingreso. Abandonan cualquier proyecto de desarrollo nacional, condena a las oligarquías locales a cumplir el papel de furgón de cola de las multinacionales y no tienen ningún efecto positivo en materia de derechos laborales o derechos humanos.
Los estudiantes chilenos, los mapuches, los pobladores de Oaxaca, la masacre de mujeres y el fraude electoral en México son testimonios de esto y no existe ningún mecanismo en los Acuerdos de Asociación que hayan impedido, atenuado y mucho menos transformado la realidad de esos países. El aumento en los precios del petróleo y del cobre ha velado esta situación, pero quien escudriña un poco mas se puede dar cuenta de que el modelo inequitativo, depredador y autoritario se mantiene y se consolida.
Distintas visiones
La propuesta europea en materia de integración es tremendamente inviable. Los países de Centroamérica ya habían depuesto sus esfuerzos integradores dándole supremacía al TLC con EEUU sobre cualquier esfuerzo de integración regional. La UE trabaja sobre esta realidad y cualquier intento de restaurar los procesos de integración subregional está condenado al fracaso, pues no hay una dinámica de cooperación y complementación sino de rivalidad, de «sálvese quien pueda». Los países de la región compiten por la atracción de inversión extranjera, por ofrecer mano de obra barata y han abandonado los propósitos integracionistas regionales.
En la CAN suceden cosas similares o peores. La CAN está en franca desintegración. Los países han adoptado diversas medidas para disminuir los esfuerzos integradores. Renunciaron a la adopción de un arancel externo común, y la firma del TLC con EEUU asestó un golpe mortal a la integración regional, sin olvidar que Venezuela no forma parte de este acuerdo. Están flexibilizando las normas con la teoría del «regionalismo abierto» y existe un evidente contraste entre las posiciones de Ecuador y Bolivia, por un lado, y las de Colombia y Perú, por otro. Los primeros le apuestan al desarrollo endógeno y los segundos ponen todos los huevos en las posibilidades del acceso al mercado de Estados Unidos, el «mercado más grande del mundo».
En las negociaciones con la CAN se ha revelado que los desacuerdos no provienen de una diferencia de ritmos o de tiempos sino en una diferencia de modelos de desarrollo. Bolivia y Ecuador no quieren un TLC y Colombia y Perú si lo quieren. Unir en el seno de la CAN a estos dos sectores es buscar la cuadratura del círculo. En el MERCOSUR la situación está estancada. La UE no ofrece a Brasil y a Argentina ninguna concesión en materia agrícola en la cual los dos países son potencias, pero además celosos de sus intereses. Con los países del MERCOSUR, las negociaciones están paralizadas y la única esperanza de la UE es sobornar a Uruguay y Paraguay, pequeños países cuyo mercado es limitado. Con Brasil y Argentina las negociaciones son a otro precio.
Para Europa un problema vital es el de las inversiones pues las tiene fuertes y crecientes en América Latina, pero ronda sobre ellas el fantasma del nacionalismo. Bolivia se retiró del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Materia de Inversión, CIADI, Ecuador está a punto de desconocer la ilegítima deuda externa. Argentina desconoció una parte de ella. Hay una presión social por revertir las privatizaciones y recuperar para los Estados el control del sistema financiero y de los servicios públicos.
Los europeos temen sobre el futuro de sus inversiones, pero el mandato negociador de la UE no les permite amarrar totalmente el tema de inversiones en el Acuerdo de Asociación, esto está remitido a los Acuerdos Bilaterales de Inversiones, BIT, para los cuales los acuerdos de Asociación, apenas proporcionan un entorno positivo. Por otra parte, aunque algunos países de América Latina quieren a toda costa hacer acuerdos bilaterales con Europa, el mandato negociador suscrito entre los 27 países de la Unión exige que los tratados sean con bloques. Una decisión en sentido diferente, o sea negociar individualmente con cada país, implicaría un nuevo mandato y eso es un problema que podría retrasar la agenda durante años.
La UE ha suscrito Acuerdos de Cooperación con los países de América Latina hace varios años y en muchos casos apenas están en proceso de ratificación. Estos acuerdos de cooperación implican unos fondos y unas prioridades definidas por lo menos hasta el año 2013. Al sentarse a negociar los Acuerdos de Asociación con los andinos y Centroamérica, la UE ha aclarado que no tiene recursos frescos y tampoco se puede reorientar el destino de los mismos. Entonces, cualquier definición en materia de cooperación, sólo tendrá validez después del 2013 y eso si los tratados se firman rápidamente.
En realidad los temas de cooperación son secundarios en esta nueva etapa de negociaciones y ni siquiera tienen el poder de convertirse en un anzuelo creíble para que los países hagan concesiones comerciales, para lograr fondos de cooperación. Por otra parte en esta materia no hay tanta diferencia entre lo que propone Europa y lo negociado con Estados Unidos. En el TLC con EEUU hubo una mesa de cooperación y de allí se derivaron programas que buscaban adaptar los países a los dictados del libre comercio y atenuar contradicciones con los críticos. En ambos TLC hubo el componente de cooperación, luego esto no es una diferencia entre los TLC y los Acuerdos de Asociación.
Diálogo, ¿sobre qué?
El famoso «Diálogo Político» es mas etéreo aún. Lo que están tratando de hacer es dialogar sobre qué es lo que se debe dialogar. Colombia quiere hablar de la «seguridad democrática», Bolivia del modelo de desarrollo, Ecuador de la deuda, Europa del cambio climático. Cada uno quiere hablar de lo suyo, sin embargo, ponerse de acuerdo implica largas negociaciones y eso no asegura sobre qué temas se hablarán. Este pilar de las negociaciones parece un simple adorno, cosa que es corroborada en que es un tema adicional que compromete una sola mesa de las 14 que se negocian y que es particularmente difícil dadas las agudas contradicciones políticas que existen, especialmente por el impasse reciente entre Colombia y Ecuador, pero también por las múltiples diferencias en la región tales como las que separan a Argentina de Uruguay, Perú y Chile etc.
Es notoria la confusión que se ha creado alrededor de la llamada cláusula democrática que aseguraría los derechos humanos, los económicos y sociales o la democracia. La experiencia de México y Chile es reveladora. No ha existido ningún mecanismo en los TLC con esos países que hayan surtido algún efecto en estas materias y simplemente es una forma a través de la cual, al interior de la UE, se neutralizan sectores que tienen algunos escrúpulos ante gobiernos antidemocráticos.
Los intereses de fondo
La sustancia del nuevo Acuerdo de Asociación es la negociación de un TLC. En octubre de 2006 la Unión Europea presentó el documento «Una Europa global. Competir en el mundo», en el que plantea su política de comercio exterior. La estrategia es sencilla y directa : firmar acuerdos de libre comercio que vayan más allá de la OMC, con el objetivo de desregularizar al máximo las economías eliminando las barreras comerciales, abrir el sector servicios, aumentar el acceso a materias primas y mano de obra barata, abrir los mercados de compras públicas, proteger la propiedad intelectual y facilitar la penetración del capital europeo promoviendo la inversión, todo en beneficio de las trasnacionales europeas.
En las relaciones entre Europa y América Latina pesa enormemente la acción de las multinacionales del viejo continente. Las denuncias que en diversos países se han hecho por medio de los Tribunales de los Pueblos, han revelado que dichas multinacionales están seriamente involucradas en daños al medio ambiente, violación de derechos laborales, obtención de superganancias en países empobrecidos e incluso casos de violencia y asesinatos en complicidad con autoridades nacionales o regionales para criminalizar la protesta social.
Entre las motivaciones que la UE persigue se destaca la imperiosa necesidad de evitar verse desplazada de los mercados latinoamericanos por la fuerte consolidación en la zona de Estados Unidos, tras los TLC con México, Centroamérica y Chile.
Al igual que Estados Unidos, la Unión Europea tiene una importante experiencia suscribiendo acuerdos económicos y comerciales con diversas naciones subdesarrolladas y en el caso de América Latina quiere que los que se firmaron en la región con Estados Unidos sean el piso de ellos, lo cual pone en un aprieto a los países que no los han firmado, pues significa intentar imponérselos por la puerta de atrás.
Más de lo mismo
Al igual que los TLC, los acuerdos de la UE se ultiman sin ninguna participación de las organizaciones sociales y civiles y se pretenden aprobarlos en los congresos sin mayor discusión. La experiencia de las tres rondas de negociación, realizadas con Centroamérica y la CAN muestran que no existen mecanismos válidos de participación de la sociedad civil, no hay diagnósticos previos sobre el impacto y hay una posición dura y exigente de la UE.
La Unión Europea exige a los países subdesarrollados desmontar todos los mecanismos de protección a la agricultura y les hace casi imposible acudir a cualquier tipo de salvaguardia, mientras que ella sí mantiene los recursos otorgados a los agricultores del viejo continente a través del PAC, los cuales sumaron 51.412 millones de euros en 2006. En áreas de vital importancia para el desarrollo de las naciones, las imposiciones de la Unión Europea implicarán la violación del derecho de los Estados a llevar adelante políticas autónomas y soberanas en beneficio de sus productores nacionales.
El Sistema General de Preferencias (GSP), que otorga de forma unilateral la UE y del que hoy gozan los países de la CAN y los centroamericanos, se convertirá, al igual que el ATPDEA de Estados Unidos, en un instrumento de extorsión para amenazar con perderlo a quienes vayan en contravía de las imposiciones europeas. Los países centroamericanos y andinos pensaron que el SGP era el piso de las negociaciones o sea que se sentaban para conseguir algo más, pero la realidad de las rondas iniciales muestra que para la UE ellas son el techo, o sea que los países deben «conquistarlas» nuevamente y no se parte de ellas como algo ya conseguido.
Esto significa volver a negociar las cosas que ya se tenían y hacer nuevas concesiones a cambio. Gracias a esta cláusula, la Comisión Europea dispone de un instrumento de extorsión muy eficaz. Los gobiernos, que no están de acuerdo con las demandas europeas, arriesgan la pérdida de sus preferencias actuales. Según los borradores de los mandatos de la UE, los Acuerdos de Asociación deberán tratar «en forma amplia a todos los áreas de comercio, y ser completamente consistentes con las reglas y obligaciones de la OMC». Servirán para la «liberalización progresiva y recíproca del comercio de bienes y servicios».
Liberalización recíproca significa que los países latinoamericanos tendrán que implementar los mismos niveles de apertura de mercado que la UE, sin considerar la brecha económica gigantesca entre ambas partes. Los Acuerdos de Asociación apuntan al desmantelamiento de todos los aranceles de importación en un período de tiempo que «no debería exceder los 10 años». Una llamada «cláusula de revisión» deberá posibilitar la apertura progresiva de mercados para productos que no han sido liberalizados completamente después de entrar en vigencia las áreas de libre comercio.
Por medio de sucesivas rondas de negociación, la UE busca eliminar todas las barreras comerciales restantes. En consecuencia, los gobiernos andinos y centroamericanos perderán cualquier instrumento para proteger a pequeños agricultores o empresas locales frente a las exportaciones altamente competitivas y muchas veces subvencionadas de la Unión Europea.
Para facilitar y proteger a las inversiones europeas, el mandato prevé «marcos para el establecimiento» que se basarán en los principios de la «no-discriminación, acceso a mercados» y «principios generales de protección». Además, la UE quiere «reglas de competencia» que restrinjan «comportamientos anti-competitivos», como por ejemplo, ayudas estatales para entidades públicas o empresas locales. La UE promueve el control privado progresivo de los servicios públicos y demanda una «liberalización progresiva» de los mercados de compras gubernamentales latinoamericanos, incluyendo a las «entidades públicas de los sectores de agua, energía y transporte».
Los mandatos negociadores europeos constituyen una ofensiva neoliberal en contra de servicios públicos ya debilitados. Mientras ignoran a todas las malas experiencias de privatizaciones fallidas, los mandatos se contraponen a los muchos esfuerzos por recuperar el control democrático sobre bienes públicos como agua, energía o tierra. Al mismo tiempo, socavan las políticas de redistribución de la riqueza, las reformas agrarias o nacionalizaciones de recursos naturales, que se están llevando a cabo en Bolivia o Ecuador. Es especialmente molesto mirar como la UE reintroduce los llamados «temas de Singapur» que comprenden reglas de inversión, competencia y compras gubernamentales, que ya han sido rechazados en la OMC. En este sentido, los Acuerdos de Asociación serán acuerdos «OMC plus» muy peligrosos.
* Enrique Daza, integrante de la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio (RECALCA), y de la Secretaría Ejecutiva de Alianza Social Continental, AS