Unicef, Amnistía y la oposición política denuncian un fallo judicial que avala el siniestro centro de detención de Nauru, donde ha habido violaciones sexuales y muertes violentas. Una sentencia del Tribunal Supremo de Australia abre la puerta a la deportación de cientos de inmigrantes y refugiados a una isla del Pacífico, incluidos niños, un fallo […]
Unicef, Amnistía y la oposición política denuncian un fallo judicial que avala el siniestro centro de detención de Nauru, donde ha habido violaciones sexuales y muertes violentas.
Una sentencia del Tribunal Supremo de Australia abre la puerta a la deportación de cientos de inmigrantes y refugiados a una isla del Pacífico, incluidos niños, un fallo que ha alarmado a Unicef, Amnistía Internacional y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, además de la oposición política australiana.
La decisión del alto tribunal puede afectar a 267 solicitantes de asilo, entre ellos 39 niños y 33 bebés, que fueron trasladados a Australia por razones médicas desde los centros de detención que el país oceánico dispone en Nauru y la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea. Entre ellos se encuentra un niño de cinco años que supuestamente fue violado en Nauru y podría ser devuelto al lugar donde sigue su agresor.
Unicef afirma en un comunicado que el fallo judicial «no tiene en cuenta la responsabilidad moral de Australia o su obligación de proteger los derechos de los niños de acuerdo con la ley humanitaria internacional, y subraya su preocupación por «los niños que, habiendo nacido en Australia, pueden ser trasladados a Nauru por decisión del ministro de Inmigración», Peter Dutton.
La República de Nauru es una isla de la Micronesia, de solo 23 kilómetros cuadrados y una sola ciudad. Su medio ambiente quedó arrasado por la minería de fosfatos y sus 10.000 habitantes -que concentran la mayor tasa de obesos del mundo- viven sobre todo de las ayudas de Australia, que tiene allí una prisión y un infausto centro de detención de inmigrantes y refugiados.
La isla, pues, no tiene nada de paradisíaca y Amnistía Internacional advierte que «todos los solicitantes de asilo sufren los efectos de unas condiciones de vida muy duras en Nauru», ya que este centro «pone a personas vulnerables en peligro y funciona con una falta de transparencia inaceptable».
Activistas de derechos humanos y Naciones Unidas han denunciado la detención de inmigrantes en terceros países, que Australia recuperó en 2012, y las condiciones en estos centros, donde ha habido motines, muertes violentas y violaciones sexuales en medio de una «cultura de secretismo». Muchos de los inmigrantes han huido de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria, y otros que han escapado de la discriminación o de la condición de apátridas como las minorías rohinyá, de Birmania, o bidún, de la región del Golfo.
«Enviar a esos niños a Nauru sería cometer un abuso contra los menores», dijo la senadora Sarah Hanson-Young, del Partido Verde. El exdirector de un programa de protección infantil de Save the Children, Lee Gordon, dijo que ha sido testigo del «devastador daño psicológico y físico que se causa a los solicitantes de asilo y refugiados que viven en Nauru», en una entrevista para la edición australiana del diario The Guardian.
El Gobierno australiano impulsó un paquete de enmiendas retroactivas para reforzar sus poderes para detener inmigrantes ilegales en terceros países a raíz del caso de una mujer de Bangladehs, que pasó tres meses en Nauru antes de su traslado a Australia en enero de 2014.
El Tribunal Supremo rechazó hoy la demanda de esta mujer contra su traslado al centro de detención de Nauru, lo que constituye precedente para la deportación de inmigrantes. La mujer, que fue traslada a territorio australiano para recibir atención médica por complicaciones en el embarazo, cuestionaba en su demanda la potestad del Gobierno para enviarla de regreso a Nauru junto a su bebé, que ya cumplió un año.
El fallo, aprobado por mayoría en el pleno de magistrados, señala que la detención de la mujer, identificada como M68/2015, no era ilegal y sostiene que el acuerdo de tramitación de solicitantes que tiene Australia con Nauru es válido de acuerdo a la Constitución. Desde la celebración del juicio, de dos días, hasta la decisión judicial han pasado cuatro meses.
El primer ministro, Malcom Turnbull, dijo que su Gobierno tendrá en cuenta el fallo y remarcó que éste avala la actual política de procesamiento de las solicitudes de asilo en terceros países como «válido legal y constitucionalmente». «El contrabando de personas no prevalecerá sobre nuestra soberanía. Nuestras fronteras están seguras», recalcó Turnbull en el Parlamento ante las peticiones de la oposición yde activistas para que no se interne a los inmigrantes en estos centros.
Según las leyes australianas sobre migración, aquellos que intentan llegar al país en barco son interceptados y enviados a Nauru o a la isla de Manus. Tras el juicio a la mujer de Bangladesh, las autoridades de Nauru modificaron el régimen de los solicitantes de asilo, que dejaron de estar detenidos permanentemente y se les autorizó a salir del centro en el que están internados.