Este 2 de septiembre la Corte Penal Internacional (CPI) denunció y rechazó las sanciones tomadas por Estados Unidos el mismo día contra dos de sus funcionarios, siendo una de ellos la propia Fiscal de la CPI. Una reacción inmediata a un hecho insólito (e inédito) en la historia de la justicia penal internacional y, más generalmente, en la historia del derecho internacional.
Por su parte el Presidente de la Asamblea de Estados Partes, el surcoreano O-Gon Kwon, llamó de inmediato a todos los integrantes de la comunidad internacional a rechazar enérgicamente estas sanciones unilaterales, al tiempo que anunció la convocatoria de una reunión urgente de los Estados Partes del Estatuto de Roma (veáse texto completo de su carta -versión en español- difundida desde el sitio oficial de la CPI).
La reacción de la CPI en breve
En su comunicado de prensa (véase texto completo de las versiones en inglés y en francés reproducidas al final de esta nota), la CPI indica que:
«These coercive acts, directed at an international judicial institution and its civil servants, are unprecedented and constitute serious attacks against the Court, the Rome Statute system of international criminal justice, and the rule of law more generally.
The Court continues to stand firmly by its personnel and its mission of fighting impunity for the world’s most serious crimes under international law, independently and impartially, in accordance with its mandate. In doing so, the Court benefits from the strong support and commitment of two thirds of the world’s States which are parties to the Rome Statute«.
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«Ces actes coercitifs, dirigés contre une institution judiciaire internationale et ses fonctionnaires, sont sans précédent et constituent de graves attaques contre la Cour, le système de justice pénale internationale du Statut de Rome et l’état de droit en général.
La Cour continue d’appuyer fermement son personnel et sa mission de lutter contre l’impunité pour les crimes les plus graves du monde au regard du droit international, de manière indépendante et impartiale, conformément à son mandat. Ce faisant, la Cour bénéficie du soutien et de l’engagement résolus des deux tiers des États du monde qui sont parties au Statut de Rome.»
Las sanciones de Estados Unidos y su verdadera motivación
Las sanciones fueron anunciadas este mismo 2 de septiembre desde Washington por el Secretario de Estado en persona, señalando que (véase texto oficial del comunicado de prensa):
«Today we take the next step, because the ICC continues to target Americans, sadly. Pursuant to Executive Order 13928, the United States will designate ICC Prosecutor Fatou Bensouda, and the ICC’s Head of Jurisdiction, Complementary, and Cooperation Division Phakiso Mochochoko for having materially assisted Prosecutor Bensouda. Individuals and entities that continue to materially support those individuals risk exposure to sanctions as well. Additionally, the State Department has restricted the issuance of visas for certain individuals involved in the ICC’s efforts to investigate U.S. personnel «.
Véase también esta nota de prensa con video incluido que refiere en el comentario las investigaciones en curso de la CPI por hechos ocurridos en Afganistán que involucrarían a personal militar estadounidense. Una mención a Afganistán que encontramos también esta nota de prensa de la BBC y en muchas otras notas.
Un comentador u observador curioso se percataría de que al revisar el expediente sobre la investigación en Afganistán (véase enlace oficial de la CPI), nada nuevo desde el 5 de marzo del 2020 logra explicar las repetidas gesticulaciones iracundas del aparato estatal estadounidense contra la CPI de estos últimos meses. Por lo que las justificaciones oficiales dadas (y replicadas por algunos analistas al unísono) no son muy convincentes si las limitamos a la investigación relacionada a Afganistán que realiza la CPI.
La inminente decisión de la CPI sobre Israel
En una nota nuestra anterior del mes de junio de 2020 habíamos tenido la oportunidad de sugerir que la situación en Palestina y las exacciones cometidas por Israel en los territorios ocupados palestinos no son para nada ajenas a estas sanciones proferidas por Estados Unidos contra el personal de la CPI, precisando que:
«La línea de tiempo no se adecúa a la explicación dada en algunos medios de prensa (véase por ejemplo esta nota explicativa de l´Express en Francia o esta nota más reciente de Voice of America) que ponen -casi al unísono- el acento en las investigaciones de la CPI relacionadas a Afganistán para justificar esta reciente reacción estadounidense»
(véase nuestra breve nota nuestra titulada «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)»).
Cabe precisar que el texto oficial de las sanciones enunciadas el pasado 11 de junio por Estados Unidos contra la CPI se encuentra disponible en este enlace oficial de la Casa Blanca: su lectura y relectura evidencian el esfuerzo hecho para no referirse expresamente a Israel en su fundamentación oficial. Esta misma omisión fue la que sí se detectó por parte de un observador más acucioso en Israel en este artículo de Haaretz de junio del 2020 titulado » US decision to sanction International Crime Court was coordinated with Israel, souce says«, al leerse que:
«Israel was not mentioned in Trump’s executive order, but it was mentioned in a White House press statement that explained the decision«.
Nótese que estas sanciones contra la CPI anunciadas este 2 de setpiembre fueron anunciadas por el jefe de la diplomacia estadounidense unos días después de finalizada su gira personal en la que no logró obtener ninguna normalización con Israel por parte de otro Estado de la península árabe: remitímos a nuestros estimables lectores a una nota anterior sobre el supuesto carácter «histórico» del anuncio hecho por los Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Israel el pasado 13 de agosto (véase la breve nota nuestra titulada: «Foro sobre Palestina y sobre supuesto «acuerdo histórico» de normalización de relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel»).
A modo de conclusión
No es la primera vez que la actual administración estadounidense la emprende públicamente contra organizaciones internacionales adscritas a las Naciones Unidas y es posible que la actual contienda electoral en EE.UU. explique (en parte) esta nueva arremetida, esta vez contra la justicia penal internacional.
Al respecto cabe señalar otro gesto político hacia Israel (escasamente comentado en la prensa) acaecido hace pocas semanas por parte de la actual administración estadounidense: por vez primera en la historia de los Estados Unidos un Secretario de Estado en ejercicio participó personalmente en una Convención del Partido Republicano. Y lo hizo desde Jerusalén.
El pasado 18 de julio en una nota relacionada con la pausa estival de la CPI en La Haya, se pudo leer en este artículo del Jerusalem Post titulado «ICC breaks without jurisdiction ruling on Israeli war crimes cases«, que para la Fiscal, no hay duda alguna sobre el juego de Estados Unidos con respecto a las sanciones tomadas:
“It is no secret that the administrations in the US and the state of Israel are coordinating their reactions and their policies toward the court,” Bensouda said.«
Con relación a estas sanciones contra el personal de la CPI, resulta un tanto sorprendente que la Administración estadounidense se preste a semejante espectáculo ante los demás integrantes de la comunidad internacional, sin percatarse que esta actitud de profunda hostilidad puede también estar influyendo en algunos jueces de la CPI para mostrarse aún más severos con Israel en su decisión preliminar (actualmente en preparación) relativa a la solicitud de investigación presentada en diciembre del 2019 por la Fiscal de la CPI.
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El texto completo del comunicado de prensa en inglés y en francés es reproducido a continuación de manera integral.
International Criminal Court condemns US economic sanctions
The International Criminal Court («ICC» or «Court») condemns the economic sanctions imposed by the US earlier today on the Court’s Prosecutor and a member of her Office.
The new measures, announced pursuant to the US Executive Order 13928 dated 11 June 2020, are another attempt to interfere with the Court’s judicial and prosecutorial independence and crucial work to address grave crimes of concern to the international community as mandated under the ICC Rome Statute.
These coercive acts, directed at an international judicial institution and its civil servants, are unprecedented and constitute serious attacks against the Court, the Rome Statute system of international criminal justice, and the rule of law more generally.
The Court continues to stand firmly by its personnel and its mission of fighting impunity for the world’s most serious crimes under international law, independently and impartially, in accordance with its mandate. In doing so, the Court benefits from the strong support and commitment of two thirds of the world’s States which are parties to the Rome Statute.
La Cour pénale internationale condamne les sanctions économiques des États-Unis
La Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour ») condamne les sanctions économiques imposées plus tôt dans la journée par les États-Unis à l’encontre du Procureur de la Cour et d’un membre de son Bureau.
Les nouvelles mesures, annoncées conformément au décret exécutif des États-Unis 13928 du 11 juin 2020, constituent une nouvelle tentative d’interférer avec l’indépendance de la justice et des poursuites de la Cour et son travail crucial pour lutter contre les crimes graves qui touchent la communauté internationale, conformément au Statut de Rome de la CPI.
Ces actes coercitifs, dirigés contre une institution judiciaire internationale et ses fonctionnaires, sont sans précédent et constituent de graves attaques contre la Cour, le système de justice pénale internationale du Statut de Rome et l’état de droit en général.
La Cour continue d’appuyer fermement son personnel et sa mission de lutter contre l’impunité pour les crimes les plus graves du monde au regard du droit international, de manière indépendante et impartiale, conformément à son mandat. Ce faisant, la Cour bénéficie du soutien et de l’engagement résolus des deux tiers des États du monde qui sont parties au Statut de Rome.