El fuero, en un orden democrático, debe entenderse como protección para el legislador. Su existencia facilita el trabajo del servidor público. No se trata de blindaje frente a la justicia que deje impunes a quienes cometen delitos. Por el contrario, su existencia busca dotar la decisión política de autonomía en un orden constitucional fundado en […]
Estos pueden ser los casos del desafuero al tirano Augusto Pinochet en Chile, para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, o de José Barrionuevo, ministro del Interior, y Rafael Vera, subsecretario del Interior, durante los gobiernos de Felipe González en España, igualmente para ser juzgados por el caso GAL y apropiación indebida de fondos públicos. Pero, instrumentalizado con propósitos espurios, de-sacredita a quien lo invoca y pierde peso como herramienta para revertir procesos de abuso de poder. Sin embargo, una vez decidido alterar su sentido se desata un proceso cuyo objetivo es obtener réditos políticos en la arena judicial. Convertido en arma para eliminar a «indeseables» enemigos políticos se desestabiliza y bloquea el desarrollo de procesos democráticos. La potestad para el desafuero en manos de una mayoría antidemocrática y sin escrúpulos podemos definirla como terrorismo jurídico. Violencia y terror judicial con fines políticos. Ello supone entender el desafuero como una técnica procedimental al servicio de un poder despótico. Vaciado de contenido democrático y sin valor ético, su invocación se limita a modificar el ordenamiento democrático en función de intereses partidarios y militantes, lo que puede romper el estado de derecho, alterar elecciones, recusar candidatos o impedir la presentación de coaliciones. Esta última opción fue ejercida por el gobierno de José María Aznar al inhabilitar a los militantes de Batasuna para presentarse en los recientes comicios. Otra forma de aplicación pueril se vivió en Bolivia durante el gobierno de Hugo Bánzer al inhabilitar al parlamentario Evo Morales. Para lograrlo se configuró una mayoría bastarda entre el MNR, el MIR y la bancada de Bánzer. Este terrorismo jurídico se encubrió inhabilitando a la par a otro diputado, familiar del tirano. Con ello se consumó la felonía de un acto ilegítimo. Esta maniobra, urdida en connivencia con el Departamento de Estado estadunidense y su embajada, resulta un ejemplo que se expande en la región.
En otras ocasiones los grupos parlamentarios, sabiendo que no lograrán los votos para el desafuero, lo piden a gritos a modo de propaganda. Así se transforma en un recurso para desacreditar y provocar la desconfianza hacia personas con un expediente cabal. Asimismo, agotados los argumentos políticos y ante la incapacidad para destruir al molesto diputado, senador, ministro, gobernador o alcalde, el desafuero es un buen medio para aniquilar una carrera política. Basta con construir argumentos ad hominem y realizar campañas incriminatorias no imputables al desempeño del cargo o la responsabilidad del imputado. Una vez logrado el objetivo, el resto queda en manos de la judicatura, en la cual la decisión de aprobar la inhabilitación esta comprometida de antemano. Ello se consuma cuando la separación de poderes es formal y el Poder Judicial responde a los designios del Poder Ejecutivo o de una mayoría parlamentaria construida ex profeso para el desafuero e inhabilitación. Esta circunstancia, más propia de regímenes tiránicos, es homologable a gobiernos despóticos, en los cuales parte de los miembros de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo responden a intereses oligárquicos pactados fuera del orden institucional.
También el uso del desafuero y la inhabilitación política contra representantes públicos puede concebirse como parte de una reversión de procesos democráticos, donde los legítimos vencedores suponen un riesgo para el orden imperante. En Chile, durante el mandato de Salvador Allende (1970-1973), la emergencia de este terrorismo jurídico de acudir al desafuero buscó paralizar las actividades del gobierno y la eliminación política de los ministros de la Unidad Popular. No siempre se salieron con la suya, pero se generó que las fuerzas reaccionarias se parapetaran en los desafueros buscando la de-sestabilización y con ello encontrar los argumentos para un golpe de Estado.
Hoy podemos apuntar una nueva estrategia de terrorismo judicial amparada en mayorías espurias que utilizan el desafuero con fines electorales. Su objetivo es eliminar con anterioridad a probables candidatos cuyas posibilidades de triunfo suponen alterar los planes de gobernabilidad. Para conseguirlo se le imputa un acto criminal con consecuencias inhabilitantes. Maniobra que descubre las redes de poder extramuros y evidencia los déficit democráticos de orden incapaces de frenar dicha estrategia. Así, la solicitud, aprobación y la decisión judicial que ratifica el desafuero e inhabilitación revela la connivencia y docilidad de jueces y magistrados. Es decir, se juega sobre seguro. La sentencia condenatoria no se cuestiona. No se contempla el veredicto de inocencia. Menos aún la probabilidad de ser sus impulsores acusados de prevaricación. Cuando el horizonte se vislumbra con estos nubarrones, lo que se constata es un déficit democrático institucional y falta de respeto hacia la ciudadanía. Si se consuma el desafuero e inhabilitación de Andrés Manuel López Obrador, la vergüenza recae sobre quienes lo han tramado. Pero tal acto compromete el buen nombre de todos los mexicanos y por esta razón la dignidad de un pueblo se refleja en esta batalla. Los mexicanos honrados no se merecen semejante desaguisado.