El domingo se decide quienes serán los 130 encargados de redactar la nueva Carta Magna que planteará un quiebre a las modelos añejos que se impusieron en el país durante la década pasada. El próximo domingo más de nueve millones de personas tendrán la posibilidad de elegir a los ciento treinta representantes de la Asamblea […]
El domingo se decide quienes serán los 130 encargados de redactar la nueva Carta Magna que planteará un quiebre a las modelos añejos que se impusieron en el país durante la década pasada.
El próximo domingo más de nueve millones de personas tendrán la posibilidad de elegir a los ciento treinta representantes de la Asamblea Constituyente que trabajaran en la reforma de la Carta Magna de Ecuador.
Esta elección representa el tercer desafío electoral al que se enfrentará el presidente ecuatoriano, Rafael Correa en lo que va del 2007. Antes se había consagrado primer mandatario del país en el ballotage y, más tarde, su propuesta de reforma de la Constitución fue aprobada ampliamente en el referéndum de abril.
Los electores podrán optar entre 3.229 candidatos para ocupar los ciento treinta lugares disponibles. Estos serán repartidos de la siguiente manera: 24 representantes a nivel nacional, 100 miembros provinciales y 6 delegados de los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior.
Además de la reforma a la Constitución, la disputa electoral del domingo también supone un fuerte examen para el Congreso de ese país. Este último concentra mayoría de oposición al poder ejecutivo y en sus filas se pueden encontrar los resabios del pasado neoliberal, signados por la vieja «partidocracia».
Se presume que la victoria de los candidatos propuestos por Correa para la Asamblea, daría lugar a que el presidente disolviera la actual conformación del parlamento. Esta medida provoca el rechazo de la oposición que aduce que esto provocará concentración de poderes en manos del mandatario. Como contrapartida, en caso de una derrota, Correa pondría su cargo a disposición de la Asamblea Constituyente.
«En Ecuador no hay ni habrá ninguna ruptura constitucional ni democrática», manifestó Correa saliendo al cruce de las críticas efectuadas por la oposición. De llevarse a cabo la medida, el congreso sería reemplazado por una comisión legislativa mientras se organizan nuevos comicios.
En una entrevista difundida ayer por la cadena de noticias CNN, Rafael Correa acusó a los miembros del Congreso de ser los únicos culpables de la inestabilidad en el país, «con su mediocridad, con su falta de transparencia, con su ilegitimidad». Además, recordó que en los pasados comicios para diputados, el voto nulo ganó en 15 de las 22 provincias. Este rechazo masivo no tuvo ningún efecto debido al sistema electoral que rige el Ecuador, concluyó el presidente ecuatoriano.
De cara a los comicios, la oposición llega dividida y agitando, como en las pasadas contiendas, el miedo frente a un gobierno que, según sus principales líderes, quiere quedarse con todos los poderes para instalar un régimen como el venezolano y sacar de circulación el dólar.
Excusas y más excusas de quienes en el pasado impulsaron la imposición de la moneda estadounidense, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Washington y la instalación de una base militar de Estados Unidos en Manta, entre otras políticas que no hicieron más que perjudicar a la mayoría de los ecuatorianos.
Los dos principales partidos de añeja derecha -el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian) y el Partido Social Cristiano (PSC)- insisten con una estrategia que en el pasado reciente no les trajo más que fracasos electorales: la deslegitimación. Renuevan su estrategia de agresión verbal a las propuestas de Correa con el objeto de impedir un triunfo del oficialismo denunciando un presunto modelo autoritario y alertando sobre los supuestos males que encerraría una Constitución hecha a la medida del actual gobierno.
En declaraciones formuladas a la agencia de noticias AFP, el sociólogo Hernán Reyes de la Universidad Andina Simón Bolivar expresó su sensación de que al propagar temores más que propuestas, la derecha limita sus posibilidades de atraer a los sectores que no representa. Además, refirió a que la estrategia de la derecha sólo puede atraer a los sectores medios y altos de la sociedad y no a los sectores populares, mayoritarios en Ecuador. Este estrato representa el principal apoyo del actual presidente.
Esta Constitución que propone el actual gobierno, sería la vigésima en la historia de Ecuador. Si el oficialismo consigue la mayoría de asambleístas, la nueva Carta Magna, a diferencia de la anterior, contendría un corte socialista que reforzaría el papel estatal en la economía tras una década de políticas liberales que, a juicio de Correa, intentaron «privatizar hasta el agua».
En este mismo sentido, la nueva Ley Fundamental plantearía regular los poderes del Congreso, despolitizar tribunales y democratizar los medios de comunicación, varios de ellos en manos de grandes empresarios. Es por ello, que la propuesta de la reforma constitucional encontró mucho rechazó en la mayoría de los grandes multimedios del país.
Muchos de los hombres que manejan las empresas en Ecuador ven con malos ojos las políticas que implementa el gobierno de Correa. En la anteriormente mencionada entrevista realizada ayer a Correa, este ironizó respecto al nerviosismo que producen las medidas gubernamentales en estos sectores, «si representantes de empresas, que por años se han creído los dueños del país están nerviosos, que se tomen una valium (tranquilizante)».
En este mismo sentido, en una entrevista realizada por la Agencia Bolivariana de Noticias, el embajador ecuatoriano en Caracas, Francisco Suéscum, manifestó que «la actual Constitución que tenemos (la de 1998) es el resultado de una Asamblea Constituyente que se ocupó en beneficiar a los sectores de los partidos políticos tradicionales, los mismos que con acierto el Presidente Correa denomina la «partidocracia ecuatoriana», porque «representan los intereses viciados de grupos desgastados que ya no gozan de ninguna credibilidad y que han sido rechazado en todas las elecciones».
En conclusión, el acto eleccionario del domingo representa un paso más hacia la consolidación del modelo que propone Correa. Este modelo supone una ruptura con el pasado reciente del país donde los anteriores presidentes privilegiaron las políticas económicas propuestas por el neoliberalismo. Es decir, sumisión al capital extranjero y a las grandes empresas. En palabras de Correa, los ecuatorianos están «ante la encrucijada de votar para continuar con los gobiernos anteriores o por un nuevo Ecuador».