La violenta arremetida de las fuerzas de seguridad contra las protestas estudiantiles de los últimos días denota hoy que el Ecuador atraviesa por una creciente inestabilidad política. La situación tiende a agravarse y de continuar la violencia policial, el país podría avanzar hacia un proceso de desestabilización sin retroceso, sostuvieron analistas políticos. Movimientos populares, de […]
La violenta arremetida de las fuerzas de seguridad contra las protestas estudiantiles de los últimos días denota hoy que el Ecuador atraviesa por una creciente inestabilidad política.
La situación tiende a agravarse y de continuar la violencia policial, el país podría avanzar hacia un proceso de desestabilización sin retroceso, sostuvieron analistas políticos.
Movimientos populares, de derechos humanos, gremios de trabajadores y hasta bloques parlamentarios condenaron el atropello y la represión de las fuerzas antimotines contra jóvenes de centros universitarios y colegios de esta capital.
La reprobable actuación de la Policía generó la víspera que institutos y otras escuelas secundarias se sumarán a las movilizaciones en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y de un posible aumento del pasaje del transporte.
Andrés Quispe, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), denunció que los gendarmes ‘nos están reprimiendo brutalmente’.
Los estudiantes son detenidos, arrastrados, incluso atacados con balas de goma y encerrados en los sótanos del edificio del Congreso, ubicado en el centro de esta capital.
Tal situación fue reprochada por los Movimientos Popular Democrático (MPD) e Indígena Pachakutik, además de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU).
De acuerdo con la CEDHU, los baños de las entradas al Legislativo han sido usados como calabozos; allí los chicos permanecen durante horas, dependiendo el momento en que hayan sido arrestados, antes de ser enviados a un centro de detención.
El MPD pidió la comparencia ante el Parlamento del ministro de Gobierno Alfredo Castillo, y el comandante de la Policía, José Vinueza, para que respondan por la violenta represión de las manifestaciones.
El dirigente estudiantil, Paúl Velasco, señaló, por su parte, que presentarán una demanda para enjuiciar a Castillo, y Vinueza, por la represión.
Los estudiantes reclaman además la declaratoria de caducidad del contrato con la petrolera estadounidense Oxy, que violó 30 regulaciones nacionales y la entrega del carné estudiantil.
La FESE y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) amenazaron con radicalizar las protestas y recordaron que el único lenguaje que han entendido los Gobiernos de turno es la lucha.
Por ello, analizarán este lunes la convocatoria a un paro nacional estudiantil en reclamo de sus derechos y del pueblo ecuatoriano.
Hasta el momento, según balance de la Cruz Roja, en las manifestaciones de ayer 123 personas resultaron heridas y más de 20 fueron arrestados, entre ellos varios menores.