En noviembre de 2018, el grupo de los 19 países considerados los más desarrollados y emergentes del mundo más la Unión Europea se reunirán en la Argentina para discutir temas decidir qué medidas regirán el funcionamiento del mundo bajo un contexto de crisis global. Lo que debería ser motivo de celebración, sin embargo, es un […]
En noviembre de 2018, el grupo de los 19 países considerados los más desarrollados y emergentes del mundo más la Unión Europea se reunirán en la Argentina para discutir temas decidir qué medidas regirán el funcionamiento del mundo bajo un contexto de crisis global.
Lo que debería ser motivo de celebración, sin embargo, es un elemento de preocupación entre los movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos. La atención está puesta en la forma que los temas abordados por el Grupo de los 20 son tratados y también cuáles de ellos quedaron afuera de la mesa de debates.
El mundo pasa por una crisis importante que tienen por lo menos cinco puntos muy relevantes en el siglo XXI: la desconstrucción del Estado regulador, la fiebre del oro negro, la esclavitud moderna, el proceso de recolonización de territorios y la guerra contra los inmigrantes. Estos puntos son o ignorados o tratados en la agenda del G20 como secundarios.
Los tres ejes centrales del G20 para este año son: el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y la seguridad alimentaria. La posible salida para las problemáticas del desempleo, del maldesarrollo y del hambre es la misma lógica del crecimiento infinito utilizando recursos finitos y no renovables. Para lograr el objetivo de tal crecimiento es necesario aplicar medidas que precarizan las relaciones de trabajo, que permitan el libre comercio de bienes y servicios, y que profundicen la desigualdad.
Nada distinto se puede esperar de países que pretenden discutir el futuro del trabajo, en los cuales los derechos de las personas trabajadoras son sistemáticamente violados. Según un informe de la Confederación Sindical internacional (CSI), en China, India, Corea, Turquía, Indonesia, Arabia Saudita y México, las personas trabajadoras no tienen sus derechos laborales garantizados y muchas sufren violencia y represión. En Brasil, Reino Unido y Estados Unidos las personas trabajadoras son impedidas de sindicalizarse y no son pocos los casos de personas que trabajan bajo condiciones análogas a las de la esclavitud. Todos estos países son integrantes del G20.
El Grupo de los 20 apuesta en la uberización del trabajo. Es decir, el trabajo en plataformas digitales que hace de la persona trabajadora una emprendedora y que también tiene como consecuencia la flexibilización del empleo. Según el investigador francés André Lamarche, este proceso de uberización tiene un fuerte componente de desregulación neoliberal que busca reformar el poder del mercado. La consecuencia de la implementación de esta lógica de trabajo es precarización, destruición de los derechos laborales y desamparo social. Asimismo crea una autoexplotación y una subjetivación individual meritocrática.
La infraestructura para el desarrollo -planteada por el G20 como fundamental para atraer inversiones- busca avanzar sobre los territorios e implementar rutas eficientes que permitan la mejor circulación de bienes y mercancías. Sin embrago, no se habla de las consecuencias que estos megaproyectos tienen en la vida de campesinos/as y pueblos originarios, como también el impacto ambiental producido.
Estos megaproyectos como los de Colombia – que pretenden conectar los océanos Pacífico y Atlántico a través de un canal seco-, tienen un impacto directo en las culturas y en el territorio de negros e indígenas de la región; pasan por encima de la población, que no es consultada sobre la construcción de estos proyectos. El abogado y profesor de Derecho Ambiental, Juan Pablo Vismara afirma que el costo ambiental de los megaproyectos de ingeniería es una preocupación real en todos los lugares donde se desarrollan y, con la modernización de la cadena productiva, este es un tema aún más importante.
El planteamiento del G20 sobre la seguridad alimentaria es preocupante. Decir que el problema del hambre es la insuficiente producción de alimentos, sin problematizar el modelo productivo dominante y la distribución, es solamente una forma de seguir con la profundización de la desigualdad en un mundo que produce alimentos suficientes para alimentar a 12 mil millones de personas.
La decisión de no tratar el cambio climático como un eje central del debate es un nítido alineamiento de la reunión del G20 a los intereses de las grandes corporaciones petroleras. Sobre este tema , el abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, Marcos Filardi señala que «comemos petróleo». Filardi remarca que los intereses de las compañías petroleras en este sistema agroindustrial descansa en el petróleo, desde el fertilizante sintético, la mecanización agrícola a base de combustibles fósiles y el packaging; asimismo agrega que no producimos alimentos, sino que el objetivo de la producción es el mercado internacional de commodities.
Al observar los objetivos de la agenda del G20, es nítido que no hay una preocupación en buscar alternativas que puedan realmente terminar con la crisis. En este sentido el G20 es parte del problema, no la solución. La probabilidad de que la crisis se profundice aún más si estas medidas se concretaren es enorme. Sin dudas es un paquete suicida impuesto por un sistema en el cual garantizar las ganancias está por encima de garantizar la vida misma en el planeta.
Referencias:
https://www.pagina12.com.ar/92
Fuente: http://virginiabolten.com.ar/p