El gobierno español acordó solicitar a Guatemala la extradición del ex gobernante de facto guatemalteco José Efraín Ríos Montt, al que acusa de genocidio, tortura y detenciones ilegales, durante la guerra civil que sacudió a ese país, de 1962 a 1996. La propuesta del ministro de Justicia español, Juan Fernando López Aguilar, fue aprobada en […]
El gobierno español acordó solicitar a Guatemala la extradición del ex gobernante de facto guatemalteco José Efraín Ríos Montt, al que acusa de genocidio, tortura y detenciones ilegales, durante la guerra civil que sacudió a ese país, de 1962 a 1996.
La propuesta del ministro de Justicia español, Juan Fernando López Aguilar, fue aprobada en Consejo de Ministros.
En ella se solicita, además, la extradición de Benedicto Lucas García y del ex general Óscar Humberto Mejía Victores (ambos ex gobernantes militares de Guatemala), Ángel Aníbal Guevara Rodríguez (ex ministro de Defensa), Donaldo Álvarez Ruiz (ex ministro del Interior), y de Germán Chupina Barahona y Pedro García Arredondo (ambos ex directores de la Policía Nacional).
La extradición ya había sido solicitada, en julio de este año, por la Audiencia Nacional Española -el máximo tribunal del país latinoamericano- pero ahora es el propio gobierno español quien hará la solicitud al gobierno guatemalteco.
Hasta el momento no se conocen reacciones de las autoridades de Guatemala.
Por su parte, el director de la Fundación Rigoberta Menchú, Eduardo de León, dijo a la agencia de noticias EFE que «el gobierno (guatemalteco) debe responder de inmediato a la petición, demostrar su voluntad política y velar porque los órganos de justicia cumplan con su papel».
Luego de la solicitud de la Audiencia Nacional, un tribunal guatemalteco ordenó la detención con fines de extradición de todos mencionados, con excepción de Ríos Montt, quien gobernó al país entre 1982 y 1983.
El ex mandatario ha negado en diversas ocasiones las acusaciones en su contra.
«No he sido citado, escuchado ni vencido en juicio, y en consecuencia, hay un debido proceso aquí y en todas partes del mundo que se debe seguir», dijo este año, al conocer la solicitud de extradición la Audiencia Nacional española.
Acusaciones
A las siete personas se les vincula con el asalto y la matanza ocurrida en 1980 en la embajada de España, cuando un grupo de campesinos, entre ellos el padre de Rigoberta Menchú, se refugió en la legación diplomática para denunciar la situación de acoso que vivían.
En total, 37 personas murieron en el ataque.
La Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú fue la persona que elevó ante la Audiencia Nacional española la demanda contra los siete imputados, al considerar que la respuesta de la justicia de su país fue insuficiente.
Según señala el comunicado de prensa del Ministerio de Justicia español, los hechos que fundamentan la solicitud de extradición «se basan en que los imputados diseñaron, en los años 1980 y 1981, un plan para diezmar la etnia maya, con continuos actos de violencia, que se materializó en asesinatos, torturas y violaciones de mujeres».
Además, indica el comunicado, se les acusa de «instigar intelectualmente y ordenar el asesinato de cuatro sacerdotes españoles, crimen que fue llevado a cabo por el ejército guatemalteco entre junio de 1980 y agosto de 1981».
Los sacerdotes misioneros asesinados denunciaban los hechos y prestaban auxilio a los campesinos.
El comunicado del Ministerio de Justicia español también indica que «desde marzo de 1982, los ataques dirigidos a la población civil se convirtieron en crímenes de aún mayor intensidad, dirigidos casi en su totalidad a la población indígena maya».